Imprudencia y complacencia

Por Jaime Castro Ramírez

El sentido de responsabilidad es fundamental como componente del compromiso asumido por personas decentes y serias en el transcurrir de sus actividades. Si esta cualidad cede su espacio a la imprudencia de la debilidad de criterio, pues evidentemente puede causar serios trastornos a lo que debe ser la normalidad en el desempeño de la misión encomendada. Pero si se trata de responsables de funciones de Estado, cuyo desarrollo afecta a la sociedad en su conjunto, es evidente que la conducta con que se actúe tiene mayor trascendencia en cuanto a la clase de efecto causado.

Imprudencia de canciller Holguín frente a derrota de Colombia en La Haya
Grande desconcierto causó a los colombianos la declaración de la canciller María Ángela Holguín cuando el 24 de Abril de 2012 se anticipó al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la reclamación de Nicaragua a Colombia de áreas marinas, que históricamente le han pertenecido a nuestro país. En esa ocasión se le ocurrió cometer la siguiente imprudencia, imperdonable en un canciller de la república: “cualquier cosa puede pasar con las decisiones salomónicas de la Corte, a las dos partes les dan cositas”. Lo que no sabía la señora canciller es que con base a su presunción, a Colombia no le darían nada sino que le quitarían. Pues efectivamente lo que le quitaron a Colombia resultó muy costoso en términos de pérdida de soberanía, de riqueza marina, y de espacio aéreo.

Si el mismo gobierno de Colombia daba vía libre con tal declaración para una decisión adversa, contrariando la labor del equipo de abogados que Colombia tenía allá defendiendo la soberanía nacional, pues esto le facilitó a la Corte para dictar el fallo donde le quitan a Colombia parte de su soberanía en el mar territorial y se la entregan a Nicaragua. Los primeros cálculos hablan de que el área perdida puede alcanzar mínimo 75 mil kilómetros cuadrados de mar, que es donde está la riqueza pesquera, y según estudios, hay grandes posibilidades de reservas de petróleo y gas.

Complacencia presidencial

El siguiente error grave, que validó la acción anterior, fue el del presidente de la república, Juan Manuel Santos al admitir la fatal declaración de la canciller y no salir de inmediato a corregir semejante desacierto. Es más, un gobierno respetable le hubiera solicitado la renuncia a la canciller por semejante despropósito en que incurrió. Ahí la Corte Internacional de Justicia entendió que el mismo gobierno colombiano no estaba interesado en defender la soberanía nacional representada en su propiedad histórica.

Colombia no debió someter a litigio su derecho soberano 
La lógica y la sensatez política dirían que es simplemente impensable un procedimiento en donde un país acepte el reto de otro país extranjero de someter a discusión un derecho de propiedad de muchos años de historia y donde se ha ejercido la soberanía nacional. Pues aunque parezca extraño, Colombia aceptó tal reto ante Nicaragua que le reclamaba parte de nuestro mar territorial y que nos ha pertenecido durante más de 200 años, y además ratificado por tratados internacionales, como el tratado Esguerra-Bárcenas que data del 24 de marzo de 1928 y en su respectivo protocolo Esguerra-Irías del 5 de mayo de 1930, firmados entre Colombia y Nicaragua sobre límites territoriales entre los dos países, tratado que luego Nicaragua decidió desconocer para presentar demanda contra Colombia, lo cual fue una afrenta contra nuestro país y contra el derecho internacional público. El límite marino del meridiano 82 incluso fue solicitado por Nicaragua y fue incluido como parte esencial vinculante del mencionado tratado, y ahora no lo aceptan. Aquí se presenta el grave contraste, pues mientras Nicaragua desconoció el tratado, ahora Colombia dizque ‘tiene que aceptar’ el fallo de despojo que nos decretaron en la CIJ.

No se debe aceptar el fallo por parte de Colombia

El argumento de que el fallo de la CIJ es inapelable, no puede tomarse literalmente como camisa de fuerza en esta época de la modernidad en las ideas. La sumisión incondicional fue la característica ignominiosa de la época de la esclavitud. Ahora estamos en pleno siglo XXI y en plena globalización y actualización del mundo, de manera que esos predicados arcaicos, completamente anticuados, hay que superarlos. Estas imposiciones necesitan ser revisadas ante la fuerza de la historia que revoluciona los acontecimientos hacia la modernidad y el uso ‘razonable’ de las ideas. Aquí se equivocaron en forma grave los magistrados de la CIJ, pues lo que hubo no fue un fallo jurídico sino un despojo de la soberanía colombiana.

Son numerosos los antecedentes de países que no han acatado los fallos de la Corte Internacional de Justicia por considerarlos lesivos a sus intereses nacionales y a su soberanía. Para solo citar algunos de estos países: Argentina, Estados Unidos, Francia, Irán, Albania, Israel, Malasia, Sudáfrica, Nigeria, Tailandia, Rumania, etc. No han acatado los fallos, y no se han acabado como países, ni han dejado de pertenecer a la comunidad internacional de naciones. Estos países solo han requerido gobiernos serios y responsables de la misión de gobernar defendiendo la patria, es decir, que los ciudadanos se sienten verdaderamente representados en esos gobernantes.

Aceptar este fallo por parte del gobierno de Colombia equivale entonces a admitir una grande injusticia contra la soberanía nacional y contra derechos históricos del pueblo colombiano. Ahora dice el presidente Santos: “Le pediré a la canciller que se contacte con el gobierno de Nicaragua para manejar esta encrucijada con prudencia y respeto”. ¿Será para que vaya a Managua con prudencia y respeto a arrodillarse ante Ortega para terminar la faena de rendición y entrega de la soberanía nacional, faena que empezó con su declaración irresponsable? Aquí no pueden prevalecer las ideas entreguistas que se enmarcan en conceptos expuestos por puritanos que presumen ser más papistas que el papa, tan conservadores al tradicionalismo desueto, que han sido superados por la historia sin advertirlo.