29 nov. 2016

Engaño al pueblo

Por Jaime Castro Ramírez

La democracia tiene su principal valor histórico en la respetable voluntad del pueblo para tomar decisiones en su condición de constituyente primario. Esto significa que su estatus es la máxima instancia de autoridad política, y cuando el pueblo en uso de su soberanía expide un mandato, tal decisión tiene que ser acatada íntegramente por quienes ejercen el poder, pues éstos simplemente son agentes a quienes el mismo pueblo les ha otorgado ese poder, y en consecuencia, tienen la misión de ser representantes de esa voluntad popular cumpliendo y haciendo cumplir sus mandatos. Por eso se dice coloquialmente que “la voz del pueblo es la voz de Dios”.

Lo ocurrido con el acuerdo de paz y el plebiscito
La laxitud política del gobierno en la mal llamada “negociación” de un acuerdo de paz, se configuró en un débil escenario donde predominaron las concesiones, a cambio de muy poco a favor del Estado colombiano y sus instituciones. Este estado de evidente y plena inferioridad política del país frente a la contraparte, hizo que los colombianos tomaran conciencia patriótica al observar la figura claudicante de la democracia, y la consiguiente amenaza de conformación de un sistema comunista, sistema propuesto abiertamente por las Farc.

Estas condiciones llevaron a que la mayoría de los colombianos que concurrieron a las urnas en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, le dijeran NO al Acuerdo firmado por el presidente Santos y las Farc, cuya consecuencia era entonces la negociación de un “nuevo acuerdo”, y de ninguna manera –como lo dijo el gobierno Santos– hacerle “ajustes o precisiones” al anterior acuerdo que el pueblo rechazó. Pues como se suele decir, ‘quién lo creyera’, pero el presidente de la república optó por desacatar el mandato del pueblo. Necesitó cuatro años para estructurar un acuerdo entreguista, por lo cual fue derrotado en las urnas, y en un mes y medio permitió que simplemente a ese acuerdo inicial se le maquillara con “ajustes y precisiones” menores (engaño al pueblo), ningún cambio sustancial sobre lo que el pueblo rechazó, y a eso le llamó “Nuevo Acuerdo” y con la condición de inamovible.

En conclusión, el presidente Juan Manuel Santos no respetó el mandato del pueblo y procedió a imponer el mismo acuerdo inicial. La historia le juzgará esa impostura de irrespeto contra el pueblo y la democracia.

La refrendación del acuerdo de paz
Fue promesa única, convertida en muy ‘serio’ compromiso del presidente Santos con los colombianos cuando dijo que “únicamente el pueblo tenía la facultad de refrendar el Acuerdo que él firmara con las Farc”. Después de hablar de un referendo como mecanismo de refrendación, luego dijo que el referendo era un “suicidio” (porque tenía que preguntar al pueblo sobre las concesiones a las Farc), y entonces dio todos los bandazos posibles ante el congreso de la república para que le aprobaran un plebiscito sin umbral de participación obligatorio para que hubiera decisión, que es del 25% del censo electoral vigente, y que solo le aprobaran umbral de decisión con disminución al 13% del censo electoral vigente, todas estas maromas como una estrategia electoral para ir a la fija a las urnas.

Pero todavía no era suficiente esa ventaja del umbral y entonces procedió a montar una gigantesca campaña publicitaria en todos los medios de comunicación, y a comprometer a los gobernadores y alcaldes, así como a todos los congresistas de la unidad nacional, y a los empleados públicos, para que hicieran campaña por el SI en el plebiscito. Como se puede apreciar, contra viento y marea el pueblo votó NO a la claudicación del país y su democracia.

Promesa incumplida
Sin ser la primera vez que el presidente Santos incumple lo prometido a los colombianos, en esta ocasión no tuvo inconveniente en echar reversa a su promesa de refrendación del Acuerdo por parte del pueblo (lo que él llamó “Nuevo Acuerdo”). Esta vez decidió que fuera el congreso de la república el refrendador, los mismos congresistas que fueron derrotados por el pueblo en el plebiscito, los mismos congresistas ‘enmermelados’ y por lo tanto incondicionales cuando se trata de aprobar los requerimientos presidenciales.

Ahora incluso, el presidente y el congreso, pretenden que la refrendación se cumpla simplemente sometiendo a votación una “proposición”, figura de muy poco rango de importancia política que existe en el congreso de la república. Así de fácil, a pupitrazo limpio. Además sin legitimidad porque el congreso de la república no está facultado constitucionalmente para refrendar acuerdos de paz, y menos aun puede tener facultades para aprobar por votación lo que el pueblo negó con la soberanía del sufragio. Lo que si tiene facultades el congreso es para la implementación del acuerdo de paz.

En esto ha quedado entonces el mandato del pueblo en el plebiscito, y la grande promesa del presidente Santos en el sentido de que la refrendación del acuerdo de paz la haría el pueblo en las urnas.

12 nov. 2016

Así nos miente Uribe

Por @ruiz_senior

A pesar de las desavenencias que hay entre los que no apoyan a Santos y su componenda con las FARC, casi nadie en ese bando cuestiona lo que hace y dice Uribe. En cuanto alguien desaprueba levemente sus actuaciones saltan las voces que advierten sobre el peligro de división. Y esas advertencias tienen un éxito tremendo, no por las pías intenciones de los que las reciben sino porque el "calor de establo" ejerce una atracción irresistible. Nadie quiere estar solo, todos prefieren renunciar a sus valores antes que verse aislados e irrelevantes.

Pero los 16 años que lleva Uribe como líder indiscutido de la derecha en Colombia sólo han servido para que la minoría comunista y sus aliados oligarcas triunfen de forma absoluta. A estas alturas no hay nadie serio que crea que el próximo presidente será uribista ni que el éxito rotundo de las FARC se podrá echar atrás.

Y el principal motivo por el que se mantiene esa unidad es el sentimentalismo de los seguidores, que hacen pensar en quien no rompe un compromiso matrimonial después de ver a su novia intentando robarle, o insinuándose a otros hombres, o bien en aficionados de fútbol que defienden a un director técnico a pesar de que con él el equipo siempre pierde. Por ese mismo sentimentalismo, complementado con el pragmatismo de los que sólo piensan en prosperar desde cargos públicos, es por lo que la representación del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá la dirige nada menos que la hija del genocida Angelino Garzón, siendo ese parentesco el único mérito de la pensadora, o que, gracias a los votos del mismo partido, el nuevo procurador general de la nación es un mafioso muy ligado a Santos. Todo se le perdona al amado líder, como esas madres de delincuentes que se hacen cómplices de sus desmanes.

Para evaluar lo que dice con un poco de objetividad voy a comentar sus respuestas a la entrevista que le hizo la ex diputada del PP español Cayetana Álvarez de Toledo, publicada en El Mundo el pasado 6 de noviembre.
El pasado 2 de octubre, Álvaro Uribe sorprendió al mundo y probablemente también a sí mismo. Contra todo el poder y todos los pronósticos, cuando hasta sus amigos lo tenían por un loco o por un muerto político, logró que los colombianos rechazaran el acuerdo de paz patrocinado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. El 'No' obtuvo el 50,2% de los votos en un plebiscito que se diseñó para ser ganado. Y Colombia se paralizó. 
La señora Álvarez de Toledo al parecer no sabe que durante años el uribismo se ha opuesto a la celebración de ese plebiscito porque temía perderlo y porque prefería ostentar una representación indefinida que permitiera llegar a una Asamblea Constituyente acordada con las FARC (de ahí las reuniones con Enrique Santiago y Álvaro Leyva). ¿Cómo que Uribe resulta el autor del triunfo del NO? Muchos líderes de su partido propusieron abstenerse para no tener que tomar partido en contra de la "paz". Y cuando finalmente dijeron que votarían NO lo hicieron lamentándolo, declarando que se veían obligados a hacerlo contra su voluntad. Realmente se podría decir que sin Uribe y su partido, al que la propaganda calumniosa asocia con los "paramilitares", la votación por el NO habría sido mucho mayor, dado que al narcorrégimen le haría falta un Goldstein contra el cual dirigir el odio. La inmensa mayoría de los colombianos rechazan a los terroristas, el plebiscito era claramente una propuesta de premiarlos y reconocerlos, atribuir ese éxito a Uribe, cuyo partido casi no hizo campaña por el NO porque se veía ante una nueva derrota, es una grave ligereza.
[...]
¿Qué es la paz?
...Santa Teresa decía que la paz es la tranquilidad del orden.
 
Cierto. Puede haber paz sin democracia. Por eso es un error contraponer la paz al terrorismo. ¿No cree?
En mi etapa como presidente, yo hablé siempre de una política de seguridad con valores democráticos. Me preguntaban: ¿Y la paz? Y yo decía: la seguridad es el camino a la paz.

Si usted acepta la necesidad de la paz, acepta la existencia de una guerra. Es decir, de un conflicto entre dos fuerzas igualmente legítimas. Como en España contra ETA, ¿no es mejor reivindicar la democracia o directamente exigir libertad?
Yo nunca he aceptado para Colombia los conceptos "conflicto" o "guerra". Esas palabras ganaron fuerza en América Latina para referirse a la lucha de insurgencias civiles armadas, sin narcotráfico, contra dictaduras militares. Colombia es una democracia, en permanente perfeccionamiento. Las FARC empezaron como una guerrilla marxista-leninista y han acabado en el narcotráfico. Hoy son el mayor cártel de cocaína del mundo. Fueron protegidas por Chávez en Venezuela. Y ahora, con el acuerdo firmado con el señor Santos, pretenden imponer ese mismo modelo marxista-leninista en Colombia. Es decir, convertir Colombia en una segunda Venezuela.
Luego, hablar de "guerra" o "conflicto" es lícito para Centroamérica pero no para Colombia debido a la participación de las FARC en el negocio de la cocaína. ¿Qué se diría de ETA? Ahí sí había un "conflicto" porque la relación de ETA con la "delincuencia común" no era tan evidente. La "salida por la tangente" (Uribe no contesta a la pregunta) corresponde a la necesidad de ocultar el apoyo de Uribe y su partido a "la paz", que no sólo presenta el problema de dar por sobreentendida la igual legitimidad de ambos bandos, sino que en Colombia simplemente significa "negociación de paz". Uribe apoya la negociación de paz y sólo pretende mejorarla con su participación, por eso evita contestar acerca de si no es mejor negar legitimidad a la negociación. La mención a las dictaduras militares es también falaz: los sandinistas, la guerrilla guatemalteca y el FMLN eran organizaciones castristas, no demócratas que se opusieran a dictaduras.
Si esos acuerdos son tan dañinos, ¿por qué los ha firmado el presidente Santos? No parece un revolucionario. Fue su amigo, su ministro, su sucesor.
No lo sé. A mí me dicen: Santos no es Castro ni Chávez. Y yo lo acepto. Pero a mí no me interesan las motivaciones personales, sino los hechos. Yo no puedo leer la mente de Santos, pero sí puedo leer los textos que firmó en La Habana. Y esos textos son una grave amenaza para la democracia y la economía colombianas.
De nuevo miente Uribe para no dar cuenta del hecho de que en aras de llegar al poder y aun de mantenerse en la presidencia se alió con la familia Santos, dueña del principal periódico e influyente en todo el Estado. ¿No conocerá la entrevistadora la historia del hermano mayor del presidente, que es el virrey de los Castro y en realidad el principal jefe del terrorismo en Colombia? Santos no es Castro ni Chávez del modo en que tampoco Castro es Chávez. Respecto de la implantación de la tiranía en Colombia Santos es lo mismo que Castro o Chávez, y Uribe tenía que saberlo pero nada de eso le importaba cuando se trataba de permanecer como presidente un tercer periodo. Todos los que podrían estorbar a Santos empezaron a sufrir persecución judicial durante el gobierno de Uribe, el coronel Plazas Vega fue encarcelado en 2007 y la campaña de difamación contra Andrés Felipe Arias empezó en 2009 sin que el gobierno hiciera nada por impedirlo. Pesaba más la alianza con los poderosos clanes oligárquicos.
[...]

Un Estado democrático ¿puede negociar con una organización terrorista?

Yo nunca he negado la posibilidad de negociar. En su día me reprochaban: usted los llama terroristas pero luego negocia con ellos. Yo respondía: es un proceso de desarticulación del terrorismo; se negocia con unas condiciones inamovibles, que no generan daño a la democracia. En mi gobierno se logró un sometimiento atípico del terrorismo a la justicia. 
¿Atípico?

Se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Los rasos no fueron a la cárcel. Los cabecillas sí, en períodos de cinco a ocho años. No se les concedió elegibilidad política y no se negoció con ellos la agenda nacional. Fue una desmovilización con beneficios judiciales de acuerdo con la ley colombiana. 
¿El Estado de Derecho no cedió?

Se hizo una ley para regular el proceso. Pero todo de acuerdo con la Constitución y la legislación ordinaria.
¿Los desmovilizados fueron juzgados por tribunales ordinarios?

Ahí siguen todavía. Por eso hablo de un sometimiento atípico a la justicia, con generosidad pero sin impunidad. Y sin riesgos para nuestra democracia. No como ahora.
A la pregunta de si un Estado democrático puede negociar con una organización terrorista, Uribe tampoco responde y en cambio habla de las desmovilizaciones de "paramilitares" y guerrilleros. ¿Qué tienen que ver los guerrilleros que desertaron con negociar con una organización terrorista? Simplemente la mención de éxitos que adornan la respuesta: SÍ. Uribe no sólo apoya la negociación del Estado con las FARC sino que la buscó por diversos medios, sin que los terroristas se avinieran porque les resultaba más cómodo guarecerse en Venezuela y Ecuador y esperar a que llegara un gobierno más conveniente.
[...]
Vamos al contenido de los textos. ¿Usted rechaza cualquier concesión a las FARC?
No. Nosotros aceptamos que hay que proteger a las FARC. 
¿Proteger?
Sí, proteger su vida. Lo que no aceptamos es que, para ello, se constituya una unidad al estilo de la policía política cubana. Con capacidad para controlar a funcionarios, empresas privadas de vigilancia... ¿Pero qué lógica tiene? El Estado y las FARC, como si fueran homologables, trabajando codo con codo contra los presuntos sucesores del paramilitarismo.
De nuevo, la cuestión de las concesiones a las FARC no se contesta. ¿Dónde estaba en la pregunta el asunto de si los terroristas quedaban desprotegidos? ¿Qué tiene eso que ver con negociar la política agraria y tantos otros temas de una negociación a la que Uribe no se opone? Tiene que parecer conciliador y a la vez firme, y la única forma en que puede hacerlo es eludiendo las preguntas.
¿La Justicia puede ser "transicional"? Es decir, ¿el Estado de Derecho puede ponerse en paréntesis para acabar con el terrorismo?
Nosotros hemos aceptado que haya una Justicia transicional sin impunidad total. Queremos que de esto se ocupe la justicia ordinaria o una justicia suficientemente articulada con ella. 
¿Qué significa "suficientemente articulada"? O hay un tribunal especial o no lo hay. O actúa la justicia ordinaria o la que actúa es especial.
Bueno, puede haber una sala de justicia transicional en la justicia ordinaria. O puede haber un tribunal especial orgánicamente integrado con la justicia ordinaria.
¿Compuesto por quiénes? ¿Escogidos por qué autoridad y cómo? ¿Sólo colombianos?
Se ha propuesto que sean magistrados colombianos y que tengan los mismos requisitos que los magistrados de nuestros tribunales ordinarios.
¿Y esto no es un cambio respecto a su postura en la campaña?
Nosotros aceptamos esto para corregir la impunidad total de las FARC que contemplan los textos de La Habana. 
Es decir, aceptan el principio de excepcionalidad.
Para eliminar el peligro de impunidad absoluta. 
¿Por qué absoluta?
Porque, según los acuerdos, una serie de delitos graves como el narcotráfico son conexos, están vinculados, con el delito político. Y los delitos políticos son amnistiables. 
Deme un ejemplo.
A un jefe de las FARC le bastaría con reconocer que estuvo implicado en el narcotráfico para financiar la revolución. Y ya. Delito político. No iría a la cárcel. Y tendría pleno derecho de elegibilidad política. 
¿Y qué ocurre con otros delitos como el asesinato o el secuestro?
Las FARC han secuestrado a más de 11.700 niños. Han violado a más de 6.800 mujeres. El acuerdo pactado por Santos dice que basta con reconocer el delito para no entrar en la cárcel. Libertad de movimiento, sí. Prisión, no. Esto es inaceptable desde el punto de vista de la legislación colombiana, de la internacional y del más elemental sentido de la proporcionalidad.
Todo este bloque de preguntas lleva a la cuestión central: todo lo que escandaliza a la entrevistadora es lo que Uribe tiene que eludir, no sólo porque nunca se ha opuesto a la negociación de La Habana sino porque ya ocurrió con el M-19 con el apoyo de Uribe. ¿Cómo es que no menciona la verdadera composición del poder judicial colombiano, una agencia castrista más siniestra que las FARC gracias a la Constituyente de 1991 que él apoyó? Cuando le preguntan (siendo que le parece intolerable que el narcotráfico sea delito conexo con el político) qué ocurre con el asesinato y el secuestro, no contesta porque tendría que reconocer que eso lo ha aceptado siempre, que está entre otras cosas en el texto de la Constitución que pudo cambiar siendo presidente pero no quiso (mientras que ahora sí quiere cambiarla consensuándola con las FARC). En la postura de Uribe ante la negociación de La Habana destaca el reconocimiento del "delito político", esa monstruosidad colombiana según la cual un crimen resta de la pena de otros y el que quiere abolir la democracia tiene menos castigo (más bien ninguno) por matar. Oponerse rotundamente a eso le cerraría a Uribe y a su partido las puertas de la negociación. No es lo que les interesa.
¿Qué alternativa propone?
Proponemos que el narcotráfico no sea un delito político. Entre otras cosas, porque es la causa de todas las tragedias colombianas. Y proponemos que para el resto de delitos graves las penas sean adecuadas y proporcionales.
 
¿Distintas a las que figuran en el ordenamiento actual?
Las del ordenamiento normal reducidas.
 
¿Reducidas?
Siempre y cuando haya verdad y reparación.
 
O sea que usted aceptaría para los miembros de las FARC penas reducidas y menores que las impuestas a los presos comunes.
Por supuesto.
Me sorprende.
El Gobierno y las FARC quieren evitar a toda costa que los miembros de las FARC pisen la cárcel. En estos instantes se está examinando el tema. Yo he interrumpido la reunión con los representantes del Gobierno para venir a contestarle a usted... Tiene que entender que es un momento difícil. Delicado. Lo único que tengo claro es por qué nos opusimos, por qué dijimos No. Ahora estamos en la mesa de negociaciones decidiendo hasta dónde llegamos. 
¿No sabe aún cuáles son sus límites?
No sabemos cómo acabarán las negociaciones.
El lector debe saber qué se está diciendo: el tráfico de cocaína no puede quedar impune, el asesinato y el secuestro sí, y el motivo es que al menos se les arranca eso al gobierno y a las FARC, esa leve concesión, que los castiguen por algo. En Colombia eso se acepta, insisto, está en la Constitución que Uribe promovió y defendió. Y lo trágico en medio de todo es que la gente votó contra los terroristas para que Uribe y sus amigos cobren ese triunfo en cuotas de poder para ellos. ¿Quién podría interpretar cuánta impunidad puede darse a los terroristas si dejan de matar? Uribe sólo piensa en conseguir un cambio constitucional que le permita volver a la presidencia, no importa si eso significa cogobernar con las FARC, pues ¿no es promotor del antiguo miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista de Colombia y vicepresidente de la Unión Patriótica Angelino Garzón? ¿Acaso este jefe terrorista se ha opuesto alguna vez a su antiguo partido? ¿No llevó Uribe en su lista al Senado al jefe terrorista Everth Bustamante, que obviamente tampoco se ha apartado de su ideología ni menos colabora en el esclarecimiento de los crímenes de su banda? El rechazo de los colombianos a los terroristas sirve sólo para que este socio de ellos obtenga poder.
Ciertamente, es más fácil saber por qué uno no quiere una cosa que precisar lo que uno sí quiere o estaría dispuesto a aceptar.
La impunidad genera una gran vulnerabilidad jurídica. Mire la ley de amnistía de El Salvador de 1993. Todo el mundo la aplaudió. Y ahora la Corte Suprema la ha declarado inconstitucional. La historia de Colombia ha demostrado que de amnistía total en amnistía total no se va a ninguna parte. La amnistía alimenta el terrorismo. La impunidad es la partera de nuevas violencias.
Pero ¿qué pasa con la impunidad del M-19? No es que Uribe la haya apoyado, también fue el ponente de una ley que la reforzaba, pero más allá aún, hace elegir a uno de los que la disfruta. No sólo es un promotor de la impunidad sino un socio de hecho de los criminales. El que lo dude puede explicarme cuándo han colaborado Angelino Garzón o Everth Bustamante con el esclarecimiento de los crímenes en que tomaron parte, o cuándo han renunciado a su pasado terrorista. Sencillamente Uribe explota el descontento con las FARC para sus propios intereses espurios.
Sí, lo entiendo y lo comparto. Pero insisto. Ha ganado el 'No'. Y usted tiene ahora la posibilidad y la responsabilidad de negociar. ¿Hasta dónde va a llegar? No pretendo que me dé los detalles. Me refiero casi en términos morales.
Es un momento tan difícil... Tenemos buena voluntad... Hasta dónde estamos dispuestos a llegar... Por favor, que los acuerdos no pongan en riesgo la democracia. Por favor, que tengan un grado de justicia. Por favor, que se limite la elegibilidad política. 
Eso es el 'No'. ¿Cuál es su 'Sí'?

Usted me pide precisiones que no puedo darle. 
No le pido precisiones. Quiero entender su posición.

Yo he sido partidario de que los responsables de delitos atroces no puedan ser electos. Se está examinando la alternativa de que, una vez cumplidas sus condenas, sí puedan serlo. Ese tema está en discusión. 
¿Y usted eso lo apoya?

Yo creo que la democracia ya da oportunidades a las personas. Y por tanto que los responsables de delitos atroces no deben tener el derecho a ser electos. 
¿Nunca?

Nunca. Ni cumplida la condena. Es una norma sabia, introducida en muchas legislaciones. Por cierto, España es una de las excepciones. Y aquí... pues mis compañeros del 'No' están buscando alternativas... Porque el Gobierno está negociando con nosotros, pero no sabemos al final qué hará con las FARC. 
¿A qué se refiere?

Me refiero a si al final van a incorporar o no nuestras modificaciones. 
El señor Santos ha dicho en Londres que espera que usted se suba al carro de un nuevo acuerdo, pero que si no lo hace será usted el que se quede aislado porque él seguirá adelante en busca de la paz.

Él vive en eso. No acepta debates aquí. Y llega a Europa y lanza este tipo de amenazas. Yo prefiero no responderle porque lo importante es pactar reformas en defensa de la democracia colombiana. Pero sí percibo una diferencia notable entre el presidente amenazante, el soberbio a 8.000 kilómetros de distancia, y el equipo negociador del Gobierno, trabajando aquí con nosotros, con buena disposición.
Hay una cuestión que todo el mundo pasa por alto. ¿Quiénes son los responsables de crímenes atroces? Sin ir más lejos, no hay pruebas claras de que Hitler ordenara matar a los judíos en cámaras de gas. Puede que ni siquiera matar a los judíos. No digo que alguien pueda suponer que no lo ordenara, sino que ante un tribunal nadie podría llevar las pruebas. ¿No son responsables los Castro de TODOS los crímenes cometidos por sus tropas en Colombia? ¿No es responsable el Partido Comunista de todo lo que hagan las FARC? ¿Y Enrique Santos? La cuestión del castigo a los crímenes atroces termina en que algún peón (sin autoridad, sin información, sin madurez personal, asustado y ebrio de mentiras de las que producen Molano y otros amigos de la paz) termina pagando cárcel mientras que los que dan las órdenes disfrutan del poder obtenido gracias a esos crímenes. El problema no es la impunidad, no es el castigo de los crímenes, sino sencillamente que éstos no resulten la fuente del derecho, que es lo que ocurre cuando el Estado renuncia a la ley y se alía con los transgresores. La complacencia con esta atrocidad es lo que oculta Uribe.
Quiero pedirle otra reflexión sobre la elegibilidad política de los terroristas. En España una persona acusada pero no condenada, a veces ni siquiera juzgada, por corrupción queda socialmente proscrita de la política. En cambio un terrorista convicto -Arnaldo Otegi, por ejemplo- recibe todo tipo de apoyos políticos y mediáticos para volver a las instituciones. En Colombia, incluso se contempla que terroristas hagan política sin cumplir un día de condena. ¿Por qué?
Porque todavía queda el rescoldo de aquella doctrina que trataba de manera benigna, incluso exaltaba, la acción criminal si tenía argumentos políticos. En Colombia, bajo mi gobierno, aprobamos la muerte política de los responsables de actos de corrupción contra el Estado. Pero incluso personas que votaron 'No' aceptan que terroristas se dediquen a la política. Por eso es tan importante no legitimar el terrorismo. Lamentablemente, esto no va a quedar bien del todo. Lo que el Gobierno ha pactado en La Habana es tan grave que nuestras reformas no bastarán para decir claramente: el terrorismo no sale a cuenta. No lograremos eliminar del todo ese dañino premio al terrorismo. Somos conscientes de que la situación del país exigirá hacer concesiones, aceptar cosas que nos disgustan profundamente.
Puede que la señora Álvarez de Toledo, que al parecer lee mucho, dedique un ratito a conocer la historia del M-19, el EPL o la "Corriente de Renovación Socialista", cuyos líderes no sólo hacen política sin pasar un día de condena (gracias entre otros a Uribe) sino que "gobiernan" (como el anterior alcalde de Bogotá) y dan clases de moral. Todo eso a lo que Uribe tiene que resignarse es lo que antes promovió, e insisto, ¿cómo se va a entender que algún jefe de las FARC tenga que pagar cárcel por sus crímenes si los que se oponen eligen a un asesino del mismo rango como senador?
¿Está diciendo que el proceso ha causado un daño objetivo y en algunos aspectos irreparable? 
En algunos aspectos, sí. Si Santos hubiera seguido las políticas de seguridad de nuestro Gobierno, si hubiera cumplido lo que prometió, Colombia habría ganado la paz sin legitimación del terrorismo. Porque los 5.650 guerrilleros que le quedan a las FARC ya se habrían desmovilizado. Los cabecillas estarían refugiados en La Habana o en Caracas, pero ya no tendrían capacidad criminal aquí. Y este país, que vio que era posible acabar con el narcotráfico, ya prácticamente lo habría eliminado. El presidente Santos abandonó el camino de la paz democrática y se deslizó por la pendiente de la justificación y el premio al terrorismo en nombre de la paz. Y eso lo vamos a pagar todos los colombianos.
Lo que ha hecho Santos tiene un efecto espantoso e irreparable, SOBRE TODO porque no ha tenido oposición. La reciente manifestación en defensa del NO es sólo un ejemplo, con el mayor descaro apareció Uribe diciendo en Twitter que "comprendía" a quienes protestaban. Nunca ha habido una gran protesta contra las negociaciones, por el contrario, los líderes uribistas han mostrado su apoyo a la negociación y aun al gobierno, que a pesar de las persecuciones criminales mantenía con cargos a sus clientelas. Todo lo que podría haberse hecho para impedir que el genocidio resultara la forma eficaz de acceder al poder político se ha estrellado contra el "liderazgo" de Uribe, cuyos cálculos van por otro lado.
[Suprimo una larga batería de preguntas que no resultan de especial interés para el objetivo de este post. El interesado puede remitirse a la entrevista.] 
Usted ha logrado una indiscutible victoria personal. Al margen del proceso, ¿a qué aspira ahora?
Personalmente, a nada. 
No puede volver a presentarse a la Presidencia porque constitucionalmente lo tiene vetado.
Y además no lo haría. Me sentiría mal. En las actuales circunstancias, lo mejor que puedo hacer es lo que hago: promover liderazgos nuevos y buenos para Colombia. 
Pero el referente absoluto sigue siendo usted. 
Van surgiendo personas muy capaces. Hay que impulsarlas.
Usted ya impulsó en su día al señor Santos. No parece estar muy satisfecho con el resultado. ¿Cómo garantizará el éxito del segundo beneficiario de sus impulsos?
Jajaja. 
No, no le veo retirándose...
Ay, me hacen falta los nietecitos. Quisiera tener tiempo. Yo dicto clases en la universidad sobre liderazgo. Quisiera aprender idiomas. Todavía los huesos no se me han deteriorado del todo. Todavía me permiten hacer algo que me gusta mucho: adiestrar caballos criollos. 
Nada de eso me parece incompatible, ni casi comparable, con su continuidad en la política.
Jajaja... 
Eso mismo contestaba Uribe en 2007 cuando le hablaban de volver a ser candidato. Sólo falta que una nueva Asamblea Constituyente se distraiga y resulte que es posible reelegirse de forma indefinida. ¿Cómo podría Uribe negarse al clamor del pueblo que le pide que vuelva? No creo que haya nadie, salvo obviamente sus enemigos de siempre, que se atreviera a exigirle lealtad a su palabra. 

La elección de Trump y de la mayoría republicana el pasado 8 de noviembre hace completamente anacrónica esa entrevista: las posibilidades de Santos de imponer sus acuerdos con los terroristas han menguado drásticamente, ya lo hace fuera de la ley y sin el respaldo que importa. Su única baza es que en Colombia no tiene una oposición articulada y el uribismo no cuestiona en absoluto las bases de su régimen ni de su política. Los que nos oponemos a las bandas terroristas debemos exigir acuerdos que presupongan la disolución de las FARC, la entrega de las armas y el dinero que han obtenido con sus crímenes, la confesión completa de sus crímenes a cambio de alguna forma de amnistía y el castigo a sus cómplices no integrados organizativamente (como todo el Partido Comunista). Pero primero debemos saber que nada de eso puede interesar a Uribe ni a su partido, cuyo único problema son las cuotas de poder que podrían alcanzar en el futuro, para lo que no vacilarán en hacer presidente al siniestro maoísta Jorge Enrique Robledo ni en aliarse con Santos, las FARC o quien haga falta.

Bueno, uno razona así sin ningún esfuerzo. Lástima que hacerlo sea olvidarse de la realidad. Hace ya seis años que señalo la complacencia del uribismo con el gobierno, siempre por motivos mezquinos, y realmente nadie piensa que eso se pueda pensar o decir. Los mejor intencionados dicen que no se debe amenazar la unidad, que consiste en la adhesión sentimental a un líder que siempre terminará favoreciendo a la vieja politiquería y reivindicando su pasado de promotor del engendro de 1991.  

8 nov. 2016

Lamentable actuación presidencial

Por Jaime Castro Ramírez

Dentro del talante de un jefe de Estado tiene que estar siempre presente en forma muy puntual la condición natural de “Estadista”, pues ésta constituye la guía para saber interpretar a cabalidad su desempeño en la misión institucional y de gobierno que el pueblo le confiere en las urnas al elegirlo.

Esta condición de estadista adquiere grande preponderancia en todas las actuaciones del jefe de Estado como titular de la institución presidencial, y representante de su dignidad institucional, más aun cuando se trata de defender el estatus de la democracia que es el símbolo del patrimonio político, el cual a la vez garantiza el respeto a los derechos ciudadanos, respeto a la propiedad privada, y muy importante el derecho a la libertad, funciones específicas que debe cumplir en acatamiento al mandato de la Constitución y la ley.

A propósito de libertad, Miguel de Cervantes decía: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.

Viaje del presidente de la república a Inglaterra
Ningún jefe de Estado puede abstenerse de cumplir la obligación constitucional de luchar por mantener y enaltecer el rumbo histórico democrático del país.

Juan Manuel Santos, en su condición de jefe de Estado, incurrió en un muy lamentable episodio de desacreditar la democracia colombiana ante el mundo, pues no tuvo inconveniente en afirmar ante el parlamento inglés que el resultado del triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 en Colombia, según él, se debió al efecto de “desinformación y mentiras”. Difícil poder dimensionar la gravedad y trascendencia de esta salida en falso del presidente Santos: le faltó al respeto a la institución de la democracia, y a la voluntad suprema del pueblo que es quien decide en las urnas. Además, lo mínimo que le dijo a los colombianos con semejante aseveración fue tratarlos de ignorantes, que se dejaron llevar de “desinformación y mentiras”.

De lo anterior se podrían deducir dos conclusiones: o que Santos está pésimamente mal asesorado; o que su propio pensamiento es de tal talante. Si fuese lo segundo, esto constituye un vacío muy grande para los intereses republicanos y democráticos por tratarse de una conducta proveniente del jefe de Estado. Sin embargo, en todo caso predominaría su propia iniciativa, pues así fuera que estuviese mal asesorado, su propio talento de estadista no le permitiría aceptar semejante postura que desprestigia ante la comunidad internacional lo que ha sido histórica solidez de la democracia colombiana.

La realidad es que en Colombia no hubo esa tal “desinformación y mentiras”, lo cual solo fue un pretexto de autoría de Santos para tratar de disimular la derrota, y bueno, constituirse en malos perdedores. El pueblo encontró en el Acuerdo gobierno-farc una grandísima preocupación motivada en la trascendencia de las concesiones a las Farc, de lo cual se veía venir como consecuencia la claudicación de la democracia, para luego optar por un sistema político socialista-comunista (que las Farc pregonan), el cual solo garantiza la pérdida de la libertad y la miseria del pueblo.

La conclusión final es reiterar que claramente el pueblo votó NO a un Acuerdo de entrega del país a las Farc, entrega camuflada con el nombre de paz. El pueblo siempre le dirá SI a la verdadera paz. Se espera entonces que esa verdadera paz sea el contenido del nuevo Acuerdo que negocia Santos con las Farc en cumplimiento del mandato del pueblo en las urnas en las elecciones del plebiscito.

25 oct. 2016

El presidente y la constitución

Por Jaime Castro Ramírez

En todo ordenamiento democrático existe la norma de normas llamada Constitución Política, la cual conforma la guía integral del Estado de Derecho, es decir, la orientación de la vida jurídica de la república a través de instrucciones superiores, cuya aplicabilidad autoriza al poder legislativo para elaborar las leyes que implementan la conformación y desarrollo de las instituciones democráticas.

La Constitución es tan importante para sostener y consolidar la democracia que el primer compromiso patrio que la ley le exige a un presidente de la república en su acto de posesión es el de jurar respetar la Constitución y la ley, pues lo contrario significaría un acto de traición a la patria, o un acto propio de un sistema dictatorial.

El presidente Santos frente al resultado del plebiscito
Acogiéndose a lo contemplado en la Constitución de la república, el 2 de octubre de 2016 se realizó en Colombia el plebiscito que fue convocado mediante decreto del presidente Juan Manuel Santos para consultarle al pueblo sobre el “apoyo o rechazo” al Acuerdo firmado entre el gobierno y las farc. En un resultado inesperado para los votantes del SI al Acuerdo, empezando por el propio presidente Santos, triunfó sin embargo el NO que rechazó el mencionado Acuerdo.

Como Santos, su gobierno, y sus incondicionales enmermelados de la ‘unidad nacional’, en uso de prepotencia sin límite partían de un triunfalismo desbordado, incluso el presidente de la república cometió el grave error de decir que “la pregunta del plebiscito la haría como le diera la gana”, ese escenario les dio ínfulas para afirmar que sacarían 10 millones de votos por el SI, y les alcanzó apenas para 6.3 millones. Al enterarse de la realidad, que fue la derrota, y el triunfo del NO, quedaron en un estado de shock político-nervioso de difícil recuperación. Tal era el grado de triunfalismo de Santos que celebró el ‘triunfo’ en Cartagena con mucha pompa y con más de mil invitados especiales de todo el mundo, todo esto antes de consultarle al pueblo colombiano en las urnas si apoyaba o rechazaba ese Acuerdo.

Pecaron también por considerar ignorante al pueblo colombiano. Quizás calcularon que nadie iba a leer esas 297 páginas, las que primero maltrataron el idioma por mal escritas, pero por sobre todo (con el nombre de paz) contenían venenosas concesiones para el futuro del país y su democracia.

Ante tamaña sorpresa que le dieron las urnas, Santos ha pretendido incursionar en situaciones insólitas (aventuras peligrosas) que lo ubican al límite de irrespetar la Constitución colombiana, pues ha soltado expresiones de tono desafiante que implicarían pretender desconocer el resultado del plebiscito. Por ejemplo, como les dijo a los del SI: “no los voy a dejar colgados de la brocha”, y otras expresiones de similar talante, como decir que los del NO piden cosas imposibles, o que al Acuerdo hay que hacerle algunos “ajustes”, pero ya. Pareciera la sintomatología para ambientar el zarpazo de desconocer lo ordenado por la Constitución (el plebiscito), y desconocer el mandato del pueblo en las urnas (el NO al Acuerdo).

Lo cierto es que, en uso de su autonomía, el pueblo decidió en las urnas con el NO, y por lo tanto dejó sin vigencia política ni jurídica el Acuerdo gobierno-farc. Por consiguiente, no se trata de simples “ajustes”, se puede rescatar lo que sea rescatable del anterior Acuerdo, pero lo de fondo es elaborar un nuevo y buen Acuerdo de paz, y disponer del tiempo necesario para lograrlo.

La ecuación sería muy sencilla: si para hacer un mal Acuerdo gastaron 4 años, ¿cuánto tiempo se necesitará para estructurar un buen acuerdo? Bueno, de seguro no se necesitará tanto como 4 años.

Se entiende que la preocupación y apuro de Santos debe ser: primero, lo que significa el oso hecho en Cartagena ante la comunidad internacional y nacional con semejante parafernalia, y que terminó después en nada por mandato del pueblo; y en segundo lugar, le debe preocupar ir el 10 de diciembre de 2016 a recibir el Premio Nobel de paz, sin Acuerdo de paz.

Ninguna de estas circunstancias coyunturales autoriza al presidente de la república para atropellar con posturas que estén fuera de la Constitución y la ley, acudiendo a audacias jurídicas para pretender ponerle zancadillas al NO al Acuerdo, pues le corresponde es respetar íntegramente el resultado del plebiscito que es un mecanismo constitucional de expresión ciudadana, respetando por supuesto el mandato superior del pueblo.

Un presidente que pretenda desconocer mandato del pueblo en las urnas configura un peligro para la democracia.

23 oct. 2016

Si esto es periodismo...

Por @ruiz_senior
Es difícil encontrar un solo gobierno de las últimas décadas en cualquier lugar del mundo que haya contado con tanto apoyo de los medios de comunicación, tanto en su país como en el exterior, como el de Santos. Y no sólo de los medios de comunicación, también de los gobiernos y parlamentos de los países más influyentes, a tal punto que su acuerdo con las FARC ha contado con el aplauso de los gobiernos de Norteamérica y Europa y aun del papa Francisco.

A medida que pasa el tiempo se van conociendo detalles de las maquinaciones que determinan esa unanimidad, como los favores al enviado especial del gobierno estadounidense a La Habana, las concesiones petroleras a la empresa estatal del país cuyo parlamento le concedió el premio Nobel, las presiones y chantajes sobre Suiza para conseguir el compromiso de ese país con sus acuerdos con los narcoterroristas (algún día se sabrá todo lo relacionado con Novartis y la amenaza de desconocer sus derechos de propiedad que contó con el desvergonzado Alejandro Gaviria en un papel estelar) o la incentivación indirecta de influyentes think tanks estadounidenses como el Atlantic Council o Diálogo Interamericano.

También se sabrá qué relación tiene con este gobierno el magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo gracias a los favores de los gobiernos con los que tiene relación, que es hoy por hoy el primer accionista de la empresa que posee el New York Times y también posee empresas petroleras con intereses en Colombia. A lo mejor también se sabe cuánto influye el gobierno cubano y su amplísima red de propagandistas y espías, si bien es difícil encontrar pruebas de los incentivos que se pagan a través de la Caja B (la industria de la cocaína, en la que los pacifistas de las FARC y el gobierno venezolano tienen una innegable y amplia participación).

Sin algún tipo de presión por parte de Slim y de intereses espurios de por medio, es inconcebible que uno de los medios periodísticos más influyentes del mundo como es el New York Times publique una pieza de la más desvergonzada propaganda como el editorial sobre Colombia que apareció el pasado 14 de octubre, cuyas mentiras y cuya mala intención me propongo mostrar.
El hombre que bloquea la paz en Colombia
Un libro que se ocupara del pasado reciente de Colombia tendría que reconocer al ex presidente Álvaro Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, como quien estableció la base para las negociaciones de paz con las guerrillas al liderar una ofensiva contra los insurgentes que los llevó a la mesa de negociación. Sin embargo, de forma desconcertante, el señor Uribe se ha convertido en el principal obstáculo para una salida negociada al conflicto de 52 años en Colombia.
La mentira de que las FARC fueron a negociar porque las habían golpeado, como si no fuera su único objetivo y la única forma que tienen de acceder al poder: es para negociar para lo que matan y secuestran y trafican con cocaína. Sencillamente tenían a su hombre en la presidencia. Uribe abrió el camino para esa negociación porque hizo elegir presidente a Santos. Y no es en absoluto obstáculo para “la paz” sino un intermediario entre la mayoría de la población que no quiere someterse a los terroristas y la clase política, que intenta asegurarse una parte del botín. De no ser por Uribe no habría negociación de paz porque la población encontraría otros cauces para oponerse al narcorrégimen. No es el obstáculo para que los terroristas se impongan sino para que haya verdadera resistencia. No se opone a que se premie el genocidio sino que procura introducir matizaciones y hacer “críticas constructivas” para “formar parte de la solución”.
No es demasiado tarde para que Uribe, que mantiene una alta popularidad entre muchos colombianos, comience a comportarse como un hombre de Estado más que como un aguafiestas. Las decisiones que tome en las próximas semanas podrían determinar si el acuerdo de paz de su sucesor Juan Manuel Santos con la mayor guerrilla del país acabará de forma permanente con el derramamiento de sangre o si será otra oportunidad perdida. Un fracaso sería una tragedia, y lo más probable es que eche a perder el legado de Uribe, sobre todo porque no ha ofrecido una alternativa viable.
Un hombre de Estado, según se desprende del editorial, es aquel que renuncia a la ley y a la justicia en aras de complacer a unos genocidas que han cometido muchos más crímenes que los yihadistas en toda su historia y por supuesto más que los nazis cuando Francia e Inglaterra les declararon la guerra. Si hubiera que hacerle caso a ese editorial, ¿para qué iba a existir el derecho penal? También los policías arriesgan su vida al tratar de contener a los asesinos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para premiarlos y así detener el derramamiento de sangre? Todas estas preguntas son normales para un colombiano, pero no para un estadounidense que no sabe nada de las FARC y por muchos medios recibe datos falsos de la propaganda. Sólo hay que imaginarse cómo serán las noticias del New York Times sobre Colombia si en un editorial se atreven a sugerir algo así. ¿Tendrá algún lector del periódico la más remota idea de lo que contiene el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Santos? ¿Sabrá de qué modo para el gobierno colombiano y para la inmensa mayoría de los funcionarios la condena a 17 años a Andrés Felipe Arias por un "delito" que no aparece en el Código Penal es legítima mientras que el premio a los que han reclutado, violado y forzado a abortar a miles de niñas es una forma de alcanzar la paz? El hecho de leer algo tan repugnante como ese editorial hace que uno se sienta sucio, como si hubiera presenciado escenas de canibalismo. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Cómo pueden atreverse a publicar algo así?
En agosto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, aceptaron dejar las armas y participar en política después de cuatro años de negociación con la administración Santos.
No entregan las armas ni se disuelven ni piden perdón ni sobre todo desisten de su propósito de implantar la tiranía comunista. El editorial hace creer que alcanzar sus fines a pesar del tremendo esfuerzo que significó intentar aplicar la ley es una concesión generosa que habría que darles, como si en lugar de desembarcar en Normandía se acordara entregarle a Hitler algunas colonias británicas y se dijera que aceptó recibirlas. Más indecencia requiere bastante imaginación.
A comienzos de este mes, los votantes colombianos rechazaron, por estrecho margen, ese acuerdo en un plebiscito, muchos de ellos por efecto de la hiperbólica y engañosa campaña que encabezó Uribe, que acusó, junto con sus aliados, al presidente Santos de ofrecer amnistía general a los criminales de guerra marxistas, que, según advirtió, podrían terminar tomándose el poder en el país. También afirmó, sin pruebas, que el acuerdo sería lesivo para el sector privado. El político que dirigió la campaña de Uribe por el NO, Juan Carlos Vélez, incluso admitió en una entrevista que habían evitado explicar los contenidos del acuerdo y, en cambio, “enfocaron su mensaje en la indignación”.
El "estrecho margen" es nada menos que del 83% del censo electoral, sin que se pueda suponer que el 17% que votaron a favor del sí lo hicieran libremente y según su opinión leal, por no hablar de las posibilidades inmensas de fraude directo en las regiones de escasa población. ¿Se podrá imaginar el votante estadounidense la asimetría entre las campañas del SÍ (con todos los recursos públicos a su favor) y del NO (con toda clase de amenazas incluso físicas para quienes la hacían), que escandalizó por ejemplo a Fernando Savater? ¿Y las presiones a los alcaldes y a toda clase de funcionarios para que lleven a votar a sus clientelas a cambio de recursos públicos? ¿Y el adoctrinamiento a que se dedican casi todas las universidades para "formar" gente que considera paz a premiar el crimen? ¿Y la certeza generalizada de que el SÍ ganaría por amplia ventaja gracias a las encuestas mentirosas y a la propaganda incesante, que llevó a muchos posibles votantes a abstenerse? Citan al señor Vélez Uribe, para acusar a la campaña del NO de engañar a los votantes, pero ¿acaso los editorialistas han leído los acuerdos y pueden hablar de ellos? A lo mejor sí lo han hecho, sólo que quieren que gran parte del territorio del país pase a manos de una banda genocida, seguramente porque es lo que conviene a los que hoy controlan el periódico (como probables socios de Santos y los Castro).
Santos anunció esta semana que los diálogos de paz de su gobierno con el segundo grupo más grande de rebeldes, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, comenzarán formalmente dentro de poco tiempo en Ecuador.
Los asesinatos, secuestros, extorsiones, violaciones de niñas y demás atrocidades de las FARC se multiplicaron a partir de 2010 debido a que se vislumbraba un premio al poder terrorista y a que el terror es la verdadera "pedagogía para la paz". El ELN, una banda moribunda desde hace mucho tiempo, recibirá a los miembros de las FARC (como ya ocurrió con los del M-19 en los noventa, caso por ejemplo de alias Pablo Catatumbo) y multiplicará sus crímenes, pues sin ellos no tendría sentido que se negociara con la banda. No obstante, explotando el escaso conocimiento que tendrán los lectores estadounidenses, el equipo editorial del New York Times les hace creer que tal anuncio es una buena noticia.
Para que el acuerdo con las FARC vuelva a encarrilarse y los diálogos con el ELN den resultados, Uribe tendrá que desempeñar una función constructiva. Tras el plebiscito, presentó una serie de demandas poco realistas respecto del acuerdo de paz con las FARC, entre las que estaba revocar el sistema de justicia transicional con un tribunal especial, que está en el núcleo del acuerdo. Ese tribunal ofrecería amnistía a la mayoría de los combatientes rasos y castigo benévolo a los miembros de la guerrilla que confiesen delitos graves."
En este párrafo la voluntad de engañar a los lectores es manifiesta, abierta, sólo que los colombianos no leen muy bien el inglés y los estadounidenses no saben mucho de Colombia. Resulta que el tribunal que nombran los propios terroristas no sólo podría mostrarse indulgente con ellos, sino también castigar a quienes les han estorbado. El "realismo" que le "proponen" a Uribe sería sencillamente renunciar a la más elemental justicia y a la más elemental noción de democracia. El tribunal que surge del acuerdo rechazado por los colombianos es sencillamente la implantación de la tiranía comunista, pues sería un órgano de terror incontestable. Lo realista es pedir lo que para estos malhechores es imposible, el cambio completo del texto del acuerdo para impedir que desde el poder se multipliquen los asesinatos, como ha ocurrido con los comunistas en TODOS LOS CASOS en que han llegado al poder. Imagínese el lector que alguien propusiera algo así para la mafia siciliana o cualquier otra banda responsable de atrocidades que sufrieran los lectores de ese periódico. Lo "realista" es una noción gangsteril que hace pensar en esos editorialistas como verdaderos cobradores de secuestros.
Si Uribe tiene una idea mejor que sea realizable, debería enviar una delegación a La Habana, donde los líderes de las FARC están actualmente instalados, para buscar compromisos en asuntos relacionados con la justicia y la participación política. Si todas las partes están dispuestas a negociar de buena fe, un acuerdo final puede alcanzarse antes de que acabe el año. En días recientes, miles de colombianos que apoyaron el acuerdo de paz se han tomado las calles para llamar a la clase política a trabajar juntos por una pronta resolución.
La mentira alcanza cotas cada vez más atroces. ¿De modo que Uribe no quiere enviar una delegación a La Habana ni llegar a compromisos con las FARC? Pero si es precisamente lo que quiere y no le dejan hacer porque los acuerdos sólo son entre el gobierno elegido como uribista y los terroristas dirigidos por los Castro, cuyo principal socio en Colombia es precisamente el hermano mayor del presidente (cosa que muy pocos estadounidenses sabrán). Los "miles de colombianos que se tomaron las calles" son los mismos estudiantes universitarios que sirven de base social a los terroristas y que en muchas ocasiones "han tomado las calles" para cobrar los secuestros y masacres, como ocurría cuando intentaban que el secuestro de Íngrid Betancur sirviera para abolir la ley.
Si la pelea se extiende más allá de este año, la ayuda internacional comprometida para desarrollar el acuerdo de paz seguramente comenzará a debilitarse. Por ejemplo, la ONU ya envió grupos de observadores que monitorearán el cumplimiento del acuerdo y asumirán la custodia de las armas de los combatientes rebeldes. No se puede esperar que estos grupos esperen indefinidamente hasta que haya un desenlace político.
Según alias Timochenko, lo que los colombianos votamos no tiene ningún valor porque el acuerdo ya está depositado en el Consejo de la Confederación Helvética. Según estos cínicos, no debe ser atendido porque la ONU ya envió grupos de observadores. En uno y otro caso el interés de una banda terrorista, y el del gobierno que la premia, debe estar por encima de la voluntad de los ciudadanos, todo bajo la amenaza de que vuelva el derramamiento de sangre, dado que se da por sobreentendido que hay dos bandos con igual legitimidad. Ya hubo un desenlace político, los colombianos rechazamos el acuerdo en el plebiscito y el acuerdo posible va mucho más allá de lo que Uribe ha pedido hasta ahora (sus propuestas son en realidad un aplauso a la negociación). Sobre todo, los terroristas tienen que disolverse y pedir perdón, por no hablar de renunciar a producir cocaína, algo sobre lo que el editorial no tiene nada que decir.
A pesar de que el gobierno y las FARC han manifestado que están comprometidos en mantener el cese al fuego que ya lleva más de un año, es más probable que haya nuevos brotes de violencia si este punto muerto se prolonga. Un regreso a la guerra, que no se puede descartar, sería catastrófico. Si eso llegara a suceder, Uribe sería el principal culpable.
No podría terminar mejor. Así ocurre cuando llaman a cobrar un secuestro: "Su hijo podría sufrir y usted sería el principal culpable". No habría brotes de violencia si Santos hubiera persistido en aplicar la ley, aunque puede que en ese caso no tuviera que negociar con Noruega y Suiza y Carlos Slim en condiciones tan lesivas para el interés de los colombianos, ni que gastarse decenas de miles de millones de dólares en propaganda de la banda terrorista, pues ¿no se la legitima cuando se la convierte en agente de paz y cuando se la equipara a sus víctimas?

Algo atroz está ocurriendo cuando el periodismo llega a ser eso. Cuando no se esfuerza en contar la verdad sino en engañar y simplemente aplica una consigna previa para favorecer intereses espurios. Ojalá la movilización de los colombianos que no compartimos los fines del gobierno y los terroristas, en realidad ligados a la expansión de la industria de la cocaína (a efectos prácticos legalizada desde hace tiempo en Colombia), permita dar a conocer al mundo la infamia que se comete con la tal "paz".

16 oct. 2016

No, señor Vargas Llosa

Por @ruiz_senior

Mario Vargas Llosa publica desde hace varias décadas de forma regular artículos en El País sobre los más variados temas, y su prestigio como novelista refuerza la acogida que encuentran sus opiniones, expresadas en una prosa descuidada y a menudo basadas en generalizaciones más bien ligeras.

Con asombroso aplomo se lanza el hombre a pontificar sobre las negociaciones de “paz” en Colombia reproduciendo las más burdas patrañas de la propaganda terrorista, que le llegan a través de su amigo Abad Faciolince, personaje que ha llegado a ser para miles de colombianos el Goebbels de las FARC.

La relación de este escritor con la conjura terrorista se podría demostrar fácilmente pensando en su plena coincidencia con todos los demás propagandistas y con todas las falacias que propalan, la más característica de las cuales es llamar a los cobradores de masacres como Piedad Córdoba o Iván Cepeda "defensores de derechos humanos". El papel de Abad en la legitimación del genocidio llega a tal punto que es el narrador del documental La toma, creado para justificar la infame condena al coronel Plazas Vega: el premio a los violadores de niñas es “la paz”, la persecución contra quienes aplican la ley es “la justicia”.

Hoy 16 de octubre de 2016 aparece un nuevo escrito de Vargas Llosa en el que comenta el resultado del plebiscito. En él destaca la obscena oposición entre “la paz” y “la guerra”. Señor Vargas Llosa, la “guerra” que haya habido en Colombia es comparable a la que hay aún en Estados Unidos contra las organizaciones criminales creadas por ciudadanos de origen siciliano. Es rotundamente falso que los colombianos nos hayamos estado “entrematando” pues sólo lo han hecho los compañeros de Abad Faciolince y sus rivales en el negocio de la cocaína. Si toda labor criminal exitosa diera lugar a una “guerra” en la que un "bando" debiera ceder, no existiría en ninguna parte el derecho penal. Sólo primaría la ley del más fuerte, que es lo que mediante patrañas, falacias como las que usted reproduce y canalladas sin límites pretenden imponer los socios del castrismo en Colombia.

Señor Vargas Llosa, de no ser usted un indigente moral no se atrevería a escribir una mentira tan escandalosa como que “la popularidad de las FARC en algún momento del medio siglo transcurrido llegó a ser alta”. Realmente el Partido Comunista nunca ha llegado a obtener suficientes votos para superar el umbral que permitiría entrar en el parlamento a un partido en Europa, y eso que la propaganda intenta ocultar su relación con las FARC. NUNCA esta banda asesina ha figurado en ninguna encuesta con una popularidad superior al margen de error de la encuesta más indulgente.

Es obscenamente falso que "a los antiguos guerrilleros les costará muchos esfuerzos y una entrega real al quehacer político pacífico para recuperar un papel importante en la Colombia del futuro", lo que ocurre es precisamente lo contrario, que gracias a las decenas de miles de millones de dólares que tienen gracias a sus negocios criminales y al control que ejercen sus compañeros del Partido Comunista y los clanes oligárquicos sobre el poder judicial, son ahora mismo dueños del Estado, lo que es fácil comprobar viendo la situación en que están todos los líderes políticos que de algún modo podrían incomodarlos. Eso sin la menor duda empeorará cuando todas sus atrocidades resulten legalizadas por "la paz" que miles de miserables como usted promueven.

Es escandalosamente falso que los terroristas hayan renunciado a sus fines de abolir la democracia. Ya han manifestado claramente que desconocerán el resultado del plebiscito, tal como lo ha hecho su presidente (de usted y de ellos). Pero aunque fingieran aceptarlo, en centenares de ocasiones han proclamado su intención de seguir el camino de Cuba y Corea del Norte, lo que harán en cuanto puedan asegurar el control de la mayor parte del territorio y controlar totalmente a las Fuerzas Armadas. De hecho, ¿alguien ha pensado que de algún modo piensan retirarse del negocio de la cocaína? La expansión de esta industria es la base de "la paz" y del gobierno de Santos, que con increíble desfachatez se dedica a protegerla, por ejemplo cesando en la aspersión aérea de glifosato. No es sorprendente que Colombia haya vuelto a ser el primer productor mundial de esta sustancia, ni que la producción haya aumentado de 250 toneladas métricas en 2014 a 420 en 2015.

Señor Vargas Llosa, como oráculo intelectual usted es un patán repugnante. Cuando en su artículo se alude a "la paz" se mantiene la misma polisemia de la propaganda de los terroristas y su gobierno, porque los significados que provee el diccionario para esa palabra se confunden en una metonimia canallesca con "la negociación de paz", con lo que los colombianos que no quieren que los que han violado a sus hijas y hecho reventar a sus hijos como bombas humanas sean sus amos resultan los partidarios de la guerra y los que han llevado a cabo esas proezas resultan agentes de paz. Los políticos colombianos, gente mediocre y mezquina, se suman a esas falacias de la propaganda y apoyan "la paz" con ese sentido de "negociación de paz" porque esperan algún beneficio particular como parte en esa negociación, pero al obrar así son como quien ayuda a despojar a la víctima de un atraco convenciéndola de que no se resista. Sencillamente, la inmensa mayoría de los colombianos desean la paz como el cese de la violencia, no como el premio a los que la practican, que desde el poder, como dueños del poder judicial y de amplias regiones sin control de ley alguna, multiplicarán sus atrocidades. Los políticos aman la negociación de paz, el pueblo quiere vivir en paz, lo que no se consigue en Colombia nunca precisamente porque los criminales siempre encuentran aliados en políticos que ven el botín del atraco y corren a ver qué obtienen gracias a él.

Para esa mayoría de europeos ansiosos de sentirse nobles y generosos, sus escritos en apoyo de los asesinos pueden caer como suaves halagos, pero eso no cambia que sean absolutas canalladas, claros ultrajes a las víctimas, que no han estado matando a nadie sino que han recibido la visita de los subalternos de gentes como García Márquez o su heredero Abad Faciolince, gentes cuyo poder e influencia dependen de las exacciones y crueldades que sufren los colombianos humildes. Como hombre público, ya en una etapa final, usted deja una herencia repugnante, al hacerse cómplice de la abolición de la democracia y el premio del genocidio.

5 oct. 2016

Mandato del pueblo con el NO al acuerdo

Por Jaime Castro Ramírez

La política decente exige asumir responsabilidades por parte de los dirigentes frente al pueblo que es la instancia superior y quien origina la política para otorgar la facultad de gobernar a través del ejercicio democrático en las urnas. Someterse al veredicto de las urnas es entonces un compromiso democrático demasiado serio, y por supuesto de responsabilidad vinculante para quienes deciden asumir el reto decisorio de la voluntad popular que les asigna un mandato solemne y patriótico. En tal virtud, ese mandato requiere asumir plenamente la consecuencia del concepto denominado “responsabilidad política”.

Resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 en Colombia
El decreto 1391 del 30 de agosto de 2016 que convocó el plebiscito del 2 de octubre del mismo año, dice en su Artículo 1. “Convocatoria. Convócase al pueblo de Colombia para que, el domingo 2 de octubre de 2016, en ejercicio de su soberanía, decida si apoya o rechaza el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Con este propósito, el pueblo responderá, sí o no, a la siguiente pregunta: “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera?”

Entonces, Colombia y el mundo conocen claramente que, de acuerdo al contenido del artículo 1 del mencionado decreto 1391 que convoca el plebiscito, y su respectiva pregunta, el pueblo respondió mayoritariamente NO, lo que significa un mandato que rechazó el Acuerdo Santos-Farc.

Igualmente, la Corte Constitucional al aprobar el plebiscito decretó en su sentencia que la pregunta tenía que referirse, no a la paz, sino al contenido del Acuerdo, y que el resultado en las urnas era vinculante para el presidente de la república, es decir, que en este caso que ganó el NO, el presidente ha recibido un mandato que consiste en que tiene que respetar dicho resultado, lo que obviamente implica que tal Acuerdo quedó sin ninguna vigencia, y se opta entonces por la alternativa de renegociar un nuevo Acuerdo con las Farc.

Inconsistencia de criterios
Quedó perfectamente claro que el pueblo no votó NO a la paz, votó NO al contenido del Acuerdo, a la forma y criterios como se negoció. A partir de este predicado, no puede generarse ninguna duda sobre la certeza de que el Acuerdo firmado Santos-Farc ya no existe, tiene una inexistencia jurídica y política per se, por ausencia de materia válida, por fuerza legal, y principalmente por fuerza de la voluntad popular que con su voto NO en las urnas lo declaró inexistente por definición. Por consiguiente no debe especularse en ningún sentido sobre el hecho de que es rescatable en el aspecto jurídico, como lo están afirmando las Farc. El mandato del pueblo en esta materia tiene la condición de ser vinculante en su integridad, y por lo tanto está por encima de cualquier otra consideración particular.

Cosa diferente es que en la renegociación y estructuración de un nuevo Acuerdo sea posible rescatar algunas partes del anterior contenido.

Causas del NO en las urnas
Aparte de lo que significaba un Acuerdo mal negociado para los intereses institucionales, sociales, políticos y democráticos del país, se unió la prepotencia con su desafortunado aliado que fue el triunfalismo excesivo del gobierno, lo que lo llevó a desestimar argumentos válidos de voceros del pueblo que durante la negociación proponían una orientación sensata para ambas partes en la mesa de diálogo. Esto significa entonces que se hizo un Acuerdo a espaldas del pueblo, y la consiguiente consecuencia fue que salió mal.

La responsabilidad política indica que el gran derrotado en este proceso fue el presidente Santos, pues con él a bordo y el manejo que le dio a la negociación, terminó convirtiéndose en el artífice de la derrotada de la ilusión de una paz verdadera para los colombianos en este intento de querer lograrla.

Además, hay que decir que el 17% del censo electoral vigente que se expresó en las urnas por el SI, representa la imagen favorable del presidente ante los colombianos, y el 83% restante que incluye a quienes votaron NO y a quienes no votaron, constituye la fuerza que ha perdido la fe en el mandatario. Panorama político muy complejo.

30 sep. 2016

Objeciones al acuerdo final entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos

Por @LSDraco

Antes de leer cada punto del acuerdo, hay que tener en cuenta el trasfondo de cómo se llegó al punto en que un grupo armado ilegal implicado en delitos de lesa humanidad ha logrado imponer al país una agenda política sin ningún tipo de limitación ni contraprestación por parte del gobierno que en el año 2010 se hizo elegir con la promesa de terminar la labor de la derrota militar de las guerrillas. Las FARC como cualquier guerrilla marxista aplica desde su fundación en 1964 la combinación de todas las formas de lucha, en una guerra de guerrillas, (atacar y huir) para desgastar al Estado económica, militar y anímicamente mientras complementa sus acciones con presión social y política dentro y fuera del país mediante organizaciones afines a su objetivo de implantar un régimen marxista totalitario y antidemocrático similar al de Cuba o al de la entonces Unión Soviética, cuando las FARC recibían aportes económicos y de armamento con Fidel Castro como intermediario.

En ningún momento hay que olvidar dos premisas fundamentales a la hora de leer el acuerdo: Las FARC buscan el poder. Jamás han renunciado a tal objetivo. En ningún momento han admitido cambiarlo por la resignación a incorporarse al sistema democrático de Colombia. Por lo tanto un diálogo de paz ajeno al contexto de una rendición militar total solo se podrá entender como una treta o una forma de lucha más que usará la guerrilla combinada con cualquier otra forma que considere conveniente a sus intereses.

Con este fin, las FARC lograron que Cuba sirviera como país base para las negociaciones, ya que es la forma de garantizar que un gobierno aliado de ellos e históricamente hostil a Colombia y su democracia, les brinde el soporte para que este acuerdo signifique un triunfo histórico para la guerrilla a costa del futuro de la democracia colombiana. De ninguna manera creo que por arte de magia los hermanos Castro han cambiado su mentalidad y sus planes regionales y ahora resulta que van a respetar la institucionalidad colombiana.

Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos en apariencia recuperó cierta legitimidad electoral en el 2014 al haber logrado la reelección ahora sí con la promesa opuesta a su campaña anterior, de negociar la paz con las guerrillas, y sin entrar a discutir los sospechosos métodos que usó para revertir la tendencia electoral desfavorable que tuvo hasta la primera vuelta en junio de ese año, hay que admitir que es un gobierno que lleva seis años a la sombra de la sospecha, la traición y el engaño de la mayor parte del electorado original que lo puso en el poder.

Finalmente, para completar el contexto de este acuerdo, hay que considerar a su principal redactor, el abogado español Enrique Santiago, miembro activo del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, agrupaciones políticas muy cercanas a la extrema izquierda armada internacional y que funge como abogado de las FARC en este proceso. Es decir, el acuerdo fue redactado principalmente por una de las partes, y la historia nos dice que por lo general es el bando ganador quien redacta las condiciones.

El acuerdo contiene seis puntos, ninguno de ellos libre de peros, sospechas, significados ocultos entre líneas y además hechos muy importantes no mencionados. A continuación haré un repaso de cada punto con mis observaciones:

Punto 1. “Reforma Rural Integral”:

Partiendo del punto de que un grupo criminal no es una fuente de derecho válida para legislar sobre los temas claves de un país, no se entiende que una guerrilla narcotraficante y terrorista famosa por el robo de ganado, la extorsión de ganaderos, la siembra de coca, la destrucción de bosques y recursos hídricos con atentados a oleoductos se presente como una entidad preocupada por el futuro del campo que ha explotado, destruido y desplazado por 52 años. Las FARC alegan que las injusticias del Estado en el campo son el “origen del conflicto”. Sin embargo esta excusa es la que siempre han usado para ocultar la intervención soviético-cubana y ahora cubano-venezolana en el país en búsqueda de la implantación de un régimen afín al bloque comunista. El disfraz perfecto para que las FARC conserven control territorial es el de las “Zonas de Reserva Campesina”, microestados farianos que coinciden territorialmente con las principales zonas de cultivos de coca. Si tomamos en cuenta que en el acuerdo las FARC jamás reconocen ser narcotraficantes, todo parece indicar que esto es un programa de reforzamiento de sus negocios ilícitos. Curiosamente el acuerdo pide restablecer la propiedad de las víctimas de desplazamiento sin que las FARC se reconozcan como un importante agente causante del mismo. También pide regularizar la propiedad incluso mediante la expropiación, aunque en ningún momento reconocen las FARC ser propietarias de una sola hectárea de tierra, de las miles que el Estado ha reconocido que han obtenido mediante desplazamiento forzado y apropiación por medio de testaferros. Aquí al parecer las FARC no van a ceder ni perder nada, pero las personas que la guerrilla indique como “víctimas” (de otros actores como AUC, por ejemplo) sí podrían recibir propiedades. Eso sin mencionar quiénes serían más testaferros de la guerrilla. Aquí tenemos: expropiación y redistribución de tierras sí y solo si las FARC no se ven afectadas en su patrimonio. Finalmente, se recalca mucho el estímulo a cooperativas de producción agrícola y todo tipo de estructura infiltrada históricamente por las FARC en el campo. Aparte, ¿tenía que negociar el gobierno con un grupo criminal la implementación de una gran cantidad de políticas públicas para mejorar la calidad de vida en el campo? Esta era una labor del poder legislativo y ejecutivo sin necesidad de la intervención de las FARC, ¿así que para qué la inclusión de todo esto en el acuerdo? Seguramente es la vía por la cual se fortalecerán las organizaciones paralelas de la guerrilla dentro de la economía rural del país.

Punto 2. “Participación Política”:

Rechazo total, ya que la violencia contra la población de un país jamás puede ser un medio aceptable para ganar espacios políticos. El precedente que se deja una vez más es que quien cometa crímenes puede acceder a cuotas de poder a cambio de dejar de cometerlos. La “paz chantajista” que jamás será paz. Curiosamente el acuerdo plantea prohibir el uso de las armas para la obtención de poder político, algo logrado gracias al uso de las armas. Suena más bien a no permitir competencia para las FARC, que de paso ya anunciaron que volverán a usar las armas si estos acuerdos no son cumplidos por el gobierno (así que todo lo declarado y firmado es falso). De mucho cuidado es la propuesta de que las zonas “más afectadas por el conflicto” tengan mayor representación en el Congreso. Eso traducido del lenguaje fariano significa que la guerrilla tendrá más representación legislativa de ahora en adelante si se modifica la fórmula para determinar el número de representantes por región con más énfasis en las zonas de influencia guerrillera. Otorgar a las FARC la posibilidad de acceder al poder aún mediante elecciones democráticas es inaceptable a menos que entonces todo tipo de organización criminal como narcotraficantes, asesinos y ladrones igualmente tengan el mismo derecho.

Con la excusa de otorgar plena participación política a las FARC se pretende crear un “Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, algo que se entiende como una especie de “policía política” o “curadores de opiniones” que vigilarán todo tipo de manifestación que pueda ser considerada contraria al ejercicio político de las FARC y sus agrupaciones afines. Precedente peligrosísimo que sugiere censura y represión contra quienes se consideren abiertamente opuestos a esta idea. De hecho literalmente menciona la facultad de “sancionar cualquier conducta en contra de los derechos de las personas que está llamado a proteger”. Inquieta el enfoque insistente en un “sistema de alerta temprana” para detectar a quienes pudieran “atentar contra el ejercicio político de las FARC”. Temprano podría ser hasta un comentario enérgico en contra de la guerrilla, lo cual ya dispararía alarmas y medidas de represión. Al mismo gobierno se le pondrá un bozal al ampliar la capacidad de las FARC para exigir rectificaciones por cualquier comentario que pueda ser considerado perjudicial para las mismas.

Adicionalmente las FARC exigen la ampliación de su red de propaganda ideológica mediante emisoras radios comunitarias ubicadas en sus zonas de influencia. Una forma legalizada de aumentar su base de reclutamiento ¿solamente político? Mientras tanto el acuerdo también exige un presupuesto especialmente enfocado en la promoción de los grupos políticos afines a las FARC con el aumento de la participación electoral de la población en las zonas bajo su control.

Punto 3. “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas, Reincorporación de las FARC a la vida civil, y Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales”:

El 27 de agosto las FARC anunciaron que si el gobierno incumple los acuerdos, retomarán las armas. Así que si entregan las armas en su totalidad a la ONU de manera gradual como anuncian en este documento, ¿acaso piensan comprar armas nuevas para volver al uso de la violencia, o están admitiendo que no entregarán la mayor parte de su armamento actual? Por algo la Fuerza Pública estará vedada en las zonas acordadas para hacer la supuesta entrega de armas a representantes de la ONU, incluso el sobrevuelo de aeronaves. ¿Qué planean esconder o a qué temen si no serían bombardeados al haber cese al fuego?

Con listas únicas y coaliciones con otros partidos, las FARC podrán optar a más de las 10 curules directas otorgadas por este acuerdo, entre las 5 al Congreso y las 5 a la Cámara de Representantes. Pero también es preocupante la creación del “centro de pensamiento y formación política”, emulación de los círculos bolivarianos con que en Venezuela se fomentó el chavismo mediante el adoctrinamiento de las masas. Y financiado por el Estado.

En cuanto a la “comisión de la verdad” que las FARC exigen exclusivamente para investigar los crímenes del paramilitarismo, llama la atención que en ningún momento aparece el gobierno mencionado como lado exigente de lo mismo para los crímenes de la guerrilla. El acuerdo es la imposición de una verdad unilateral y muy incompleta que sirve exclusivamente a los intereses estratégicos de las FARC.

De mucho cuidado: Las FARC exigen la creación de una unidad especial de protección para sus miembros y asociados, conformada por exguerrilleros armados por el Estado, el cual también les aportará el financiamiento y la logística necesarios para el funcionamiento que ellos consideren adecuado durante al menos 5 años.

Punto 4. “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”:

Tan simple como que, 1. Las FARC jamás han tocado un gramo de cocaína, si acaso tímidamente habrían tenido alguna relación con narcotraficantes y lavado de activos, 2. El problema del narcotráfico se soluciona con muchísima inversión social en las zonas productoras de drogas y con atención social al drogadicto, así como mano dura judicial y militar contra agrupaciones narcotraficantes no guerrilleras (la competencia). 3. Todo el financiamiento del “fin de la pobreza rural” tal como se propone en el acuerdo proviene del Estado. Ni un centavo de las FARC a pesar de ser el grupo narcotraficante más grande de Sudamérica.

Punto 5. “Acuerdo de Víctimas”:

Simple: Aunque las FARC admiten haber causado víctimas, hasta este punto no aportarán ni un solo centavo para su reparación, o al menos es lo que más brilla por su ausencia. Así que al parecer todo queda financiado por el Estado. El engaño: aunque aceptan penas “privativas de la libertad” de mínimo 5 años y máximo 8, solo se aplicarán penas “alternativas” (cero días de cárcel) a todos los miembros de las FARC que “reconozcan verdad y responsabilidades ante el Tribunal de Paz”. Incluso aunque mientan y sean descubiertos en la mentira, siempre y cuando se comprometan a ajustar su declaración inicial. La ñapa: serán liberados incluso los delincuentes encarcelados por haber arrojado sustancias peligrosas y ejercido violencia contra servidores públicos durante protestas. Que alguien me explique cómo esto trae paz.

Punto 6. “Mecanismos de implementación y verificación:

A duras penas se menciona una sola vez que “contribuirían a la reparación material de las víctimas” sin especificar porcentajes, montos ni maneras. Una vez más el énfasis se hace en que el Estado es quien pagará la cuenta. Las FARC aunque se comprometen a restituir tierras de comunidades indígenas, ¿se necesita un acuerdo de paz para tal fin? ¿No está obligado el Estado a expropiar cualquier tierra obtenida ilegalmente y devolverla a sus legítimos dueños? A pesar de condenar el narcotráfico de otras organizaciones, este acuerdo considera delitos comunes “sin ánimo de lucro personal” (pero colectivo sí) como “delitos conexos al delito político” y por lo tanto con derecho a amnistía. Narcotráfico legal solo para las FARC. Y no termina todo ahí. Incluso las FARC podrán reclamar legalmente la devolución de todo bien expropiado con anterioridad con tan solo el testimonio del guerrillero afectado asegurando que lo obtuvo con recursos lícitos.

Conclusiones

El acuerdo es básicamente una lista de exigencias y condicionamientos de las FARC para obtener poder político, conservar su patrimonio económico casi sin afectación y evadir el encarcelamiento por todo tipo de delitos. Es abrir las puertas en Colombia para que se implemente el modelo cubano y venezolano chavista a mediano y largo plazo mediante programas de ideologización de la población con financiamiento y autorización del Estado colombiano. El desarme anunciado en el acuerdo en realidad no es más que cambiar la lucha armada por los demás métodos tradicionales de la guerrilla en una forma potenciada y autorizada por el Estado. Es a fin de cuentas, una victoria estratégica para las FARC, algo totalmente ajeno a la noción ilusa y cándida de los ciudadanos que apoyan el proceso de paz al creer que la guerrilla ya no aspira al poder sino simplemente a la paz.