28/10/2014

Deplorable actuación diplomática

Por Jaime Castro Ramírez

La política internacional es una relación solemne de respeto y amistad para lograr el entendimiento entre las naciones del mundo. Esta es la manera de construir relaciones internacionales de beneficio común.

El desliz del presidente Santos frente a Panamá
El gobierno colombiano en cabeza del presidente Santos incurrió en una ligereza imperdonable en la diplomacia, pues nada menos que se le ocurrió amenazar a Panamá y a sus autoridades en el sentido de que si no firmaban un acuerdo de información fiscal de Panamá hacia Colombia sobre capitales de colombianos invertidos en ese país, procedería a darle a Panamá la denominación de ‘paraíso fiscal’, amenaza que cumplió el 8 de Octubre de 2014 como respuesta a la decisión del presidente Juan Carlos Varela de Panamá de no aceptar esa especie de chantaje por parte de Colombia.

El gobierno panameño simplemente hizo respetar su independencia para tomar decisiones en nombre de un país libre, e igualmente hizo respetar la identidad panameña y el patriotismo de su pueblo. Como esta facultad patriótica ahora está en entredicho en Colombia cuyo actual gobierno ha incurrido en el grave error de aceptar imposiciones del régimen chavista venezolano, entonces Santos pensó mal al calcular que utilizando este nefasto procedimiento podría también hacer lo propio con Panamá, pero resulta que le tocó echar reversa retirándole el calificativo que le había dado de ‘paraíso fiscal’, aceptando un plan vergonzoso de culpabilidad por haber hecho no menos que un ridículo internacional.

Coloquialmente se dice que cuando las disculpas se hicieron todo el mundo quedó bien. Tratando de engañar a la opinión sobre la dimensión de su error, Santos y la cancillería, ante el fracaso de su intentona, se preocuparon entonces por el cómo desvirtuar ante los colombianos, y ante el mundo, la realidad del problema diplomático que causaron frente a Panamá, y se inventaron frases que ante la opinión pública solo le dieron mayor énfasis al problema de su insensatez e incoherencia políticas, tales como: “Llegamos a un acuerdo con Panamá en un memorando de entendimiento” (entendimiento del fracaso), “Lo que hicimos, en nada tiene que ver Panamá como país”. Frases estas que obviamente carecen de veracidad, pues la verdad en este caso es que al gobierno Santos le salió el tiro por la culata, pues le tocó pasar de envalentonado irreverente, a la rendición de claudicante resignado.

El fondo de este asunto es que la salida en falso del gobierno Santos compromete no solo al presidente de la república y a su canciller, sino que trasciende a un problema institucional, es decir, que por afinidad es lógico que también comprometió en una indignidad al Estado colombiano.

Las sociedades modernas y sus gobiernos manejan estos temas con altura diplomática, pues la inteligencia debe conllevar a negociaciones a través de convenios bilaterales, pero nunca acudir a medidas de hecho de presiones indebidas para tratar de forzar a un Estado a concederle ventajas a otro Estado.

En consecuencia, el procedimiento adecuado debió ser que autoridades colombianas hubieran buscado interactuar previamente con autoridades de Panamá, para efecto de buscar mecanismos de entendimiento para una eventual negociación en la forma como podrían establecer el intercambio de información fiscal de gobierno a gobierno.

La inadmisible actuación del gobierno Santos equivale a la antítesis de lo permitido en los protocolos de la diplomacia internacional.

22/10/2014

El amplio bando de la paz

Por @ruiz_senior

Hay una especie de establishment colombiano formado por las familias que dominan el Estado y sus redes de influencias, de las que la llamada izquierda y hasta las bandas terroristas son sólo una faceta, como los medios de comunicación o las mafias del poder judicial. Lo que piensa ese sector dominante es muy conocido y resulta casi ocioso considerarlo sin pensar en alguna alternativa. Es decir, lo que más importa es el discurso alternativo tal como la estructura del virus del ébola sólo importa porque permite buscar el remedio o la vacuna que podría impedir las muertes que ocasiona.

En Colombia la única alternativa que hay al régimen es el uribismo y por desgracia es imposible hacerles entender a los uribistas la peligrosa confusión en que andan, toda vez que están dispuestos a seguir a su líder a donde él quiera llevarlos y él no parece saber muy bien adónde quiere ir.

Baste pensar en las críticas a la negociación de La Habana por parte de la  mayoría de los uribistas: todas las objeciones que ponen tienen el problema de que antes Uribe ha aceptado todo eso. Tanto la no entrega de las armas ("dejación") como la elegibilidad, la impunidad y hasta la Constituyente se planteaban al comienzo de su segundo gobierno. El interesado puede consultar al respecto este documento de la Presidencia de la República del año 2006 (una entrevista a Uribe en la que acepta todo eso y aun aboga por el "intercambio humanitario").

Nadie debe pensar que siquiera remotamente Uribe es comparable a Santos, ni que esas ofertas de negociación se parecían a lo que ocurre ahora: lo que ha hecho Santos es resucitar a una banda derrotada y poner a todo el aparato del Estado a su servicio. Durante los gobiernos de la Seguridad Democrática se combatió a las bandas terroristas con los resultados que se conocen (aunque parece que ya todos los olvidaron). La tentación de  negociar no era en absoluto un peligro porque los terroristas sólo podrían sentarse estando ya desesperados, y siguiendo su costumbre esperaron al siguiente gobierno.

Es decir, es normal que Uribe considerara la negociación con todas esas condiciones como el logro completo de su obra de gobierno: de esa negociación podrían haber salido los terroristas impunes y elegibles y no obstante derrotados. De la que tiene lugar en La Habana ya son totalmente triunfadores y sencillamente tienen seguro el control del país por muchas décadas siempre y cuando mantengan la alianza con la oligarquía.

También se debe tener en cuenta que Uribe tenía que hacer frente siempre a la formidable presión de la máquina de propaganda de los aliados del terrorismo y de algún modo necesitaba mostrarse conciliador para evitar que lo presentaran como un generador de violencia sesgado a favor de los "paramilitares". Y sobre todo al eco que esa propaganda siempre ha tenido entre los colombianos, tan poco apegados a la ley que anhelan "reconciliarse" con los terroristas (que agravian a otros).

Los reproches que se le pueden hacer no tienen que ver con lo que hiciera con las bandas terroristas, a las que a fin de cuentas combatió con rotundo éxito, sino con los errores que cometió en la presidencia como líder político: la alianza con la oligarquía y la lamentable intentona de convertirse en presidente vitalicio, que son las causas de la catástrofe actual (tal vez lo peor que le ha pasado a Colombia en toda su historia, la caída en manos de unos genocidas que matarán en las próximas décadas a muchas veces más personas de las que han matado hasta ahora).

Y mucho más grave aún que eso ha sido la incapacidad de hacerle frente al conjunto del régimen y al gobierno de Santos después de salir de la presidencia. Tiene gracia que pudiera plantearse una Constituyente para conseguir la desmovilización de las FARC pero no para transformar el poder judicial que le impedía desarrollar su plan de gobierno y aun cometería desmanes atroces como el encarcelamiento de Plazas Vega durante su gobierno.

El problema está en esas limitaciones de todo tipo, no sólo de Uribe sino de todos quienes le acompañan, que acerca de la forma en que conciben el país y del proyecto que tienen son bastante confusos y "cortoplacistas". ¿Alguien cree que ha habido alguna diferencia clara de Uribe o el uribismo con la letra o el espíritu de la Constitución de 1991? En absoluto, ni siquiera con tantas increíbles endemias colom bianas como la parafiscalidad o el 4 X 1000.

Y como el gobierno de Santos plantea un proyecto siniestro, mal pueden hacerle oposición unas personas que no tienen un proyecto claro de país. De ahí vienen todas esas concesiones escandalosas (como llamar "paz" a la negociación, "replicando" la peor corrupción del lenguaje, que es la base del poder terrorista). Y todas esas máscaras de una oposición que no lo es al hecho mismo de premiar el crimen (pues, como ya he explicado arriba, tanto la impunidad como la elegibilidad o la misma constituyente habían sido aprobadas por Uribe en 2006).

Nadie debe pensar que esas actuaciones de entonces comprometen a Uribe o al uribismo y que por eso no pueden oponerse rotundamente a lo que ocurre en La Habana: podrían decir que eso ocurría entre verdaderos enemigos, o aun que eran errores que no están obligados a volver a cometer. El problema no es ése, es que realmente no se oponen a negociar con los terroristas sino a ser excluidos de la negociación. De otro modo podrían declarar que liderarían una movilización popular contra la componenda y que no acatarían lo que acuerde el gobierno con las FARC. No harán nada de eso.

Sencillamente el hecho de negociar es una violación flagrante de la ley y la abolición de hecho de la democracia. Es decir, por mucho que en el lenguaje colombiano "democracia" sea cualquier cosa, es evidente que la voluntad ciudadana se ve sometida a la opresión de las bandas terroristas y mientras éstas no se sometan a las instituciones legítimas no pueden ser sino perseguidas. Los demócratas nunca pueden aceptar el resultado de esas negociaciones y puede darse el caso de que una mayoría, aun una mayoría clara del censo electoral, se someta al atraco. Eso no querría decir que el resultado fuera legítimo, lo que habría aprobado esa mayoría sería la continuación del genocidio y el premio del cometido hasta la fecha de la consulta.

El uribismo no está para eso: lo que han hecho desde que Santos es presidente es tratar de evitar que la propaganda los muestre como "enemigos de la paz", no porque sean idiotas y no entiendan que la componenda de La Habana no es "la paz" sino porque descubrieron que no tenían recursos comparables a los del Estado y los medios de comunicación bien implantados que sirven al proyecto terrorista.

Ésa es una actitud mezquina que está en la base de las derrotas electorales de este año: a fin de cuentas sólo tienen una quinta parte del legislativo y un 20% de los votos posibles en la segunda vuelta de las presidenciales. Unos políticos con valores claros preferirían oponerse a la voluntad de la mayoría (conformista ante el éxito de los asesinos de otros por pura comodidad) que obrar de forma indecente aceptando de hecho la infamia de La Habana.

Y por eso Santos sólo tiene que ganar invitando a Uribe a conversar. Si éste no acude, los medios podrán decir que se opone a la paz y entonces tendrá que ir a pedir disculpas o a poner las burdas objeciones que ha puesto hasta ahora (hasta el procurador declara que él no se opone a la "paz"). Si acude, queda como que va a bendecir la componenda y a aceptar migajas que se quedarían en nada. Muchos esperan que pida una cita pública, que se convertiría en un show, en el que como mucho plantearía objeciones secundarias a la paz, de nuevo explicando que no se opone ni es obstáculo...

Sencillamente ni Uribe ni el uribismo son respuesta a la componenda terrorista. Ya lo han demostrado por cuatro años (fíjense en esta noticia de comienzos de 2011, para ver que ya era público el designio de Santos de premiar a las FARC) y no van a decir que sencillamente la negociación es un crimen.

Pero falta una generación o dos para que aparezca gente que quiera entenderlo. Prácticamente todos los uribistas votarían por Romaña si fuera en las listas de Uribe. ¿O en qué se diferencia Romaña de Angelino Garzón o Everth Bustamante? Hace falta gente que entienda que el poder judicial es una banda criminal que debe estar en la prisión y no encarcelando inocentes. ¿Algún uribista habrá notado que todos los precandidatos declararon ante el encarcelamiento de Luis Alfredo Ramos que "demostraría su inocencia ante la justicia", sin ocultar la satisfacción por las expectativas que se les abrían? Los uribistas no son gente que esté para cambiar esas cosas y se extinguirán como corriente política significativa tras someterse a la componenda de Santos tal como Gómez Hurtado se sometió al engendro de 1991.

21/10/2014

Debilidad ante el terrorismo

Por Jaime Castro Ramírez

La dialéctica como arte del razonamiento metódico, obliga a ser cuidadoso en la expresión de las ideas utilizando las palabras adecuadas para significar lo justo, y en aplicación de la lógica para conservar la consistencia conceptual. Lo contrario puede llevar a expresar lo que no es aceptable dentro de la formalidad que se requiere para el entendimiento adecuado de terminada situación.

Lo mal dicho termina con mal significado
A mayor importancia de un personaje, y además si posee responsabilidad como representante de la sociedad, mayor es el cuidado que demanda lo que exprese ante dicha sociedad para que pueda ser interpretado en debida forma y con la claridad que cada evento requiera.

El presidente de la república, Juan Manuel Santos, ha tenido una desafortunada forma de expresarse cuando lo han requerido para que se refiera al accionar terrorista de las Farc contra la población civil (en pleno proceso de paz), y además cometiendo atentados contra la infraestructura nacional y contra la industria petrolera, lo cual está debilitando en forma grave la economía del país.

En diferentes escenarios, Santos ha respondido en forma inconsecuente con la realidad que debe afrontar, y en forma decepcionante para cualquier desprevenido analista del acontecer nacional: Por ejemplo, cuando ocurrió el asesinato -que se dice por parte de las Farc- de Adán Quinto, líder representante de comunidades negras de Antioquia y Chocó en la reclamación por despojo de tierras y otros derechos, hubo un acto donde le reclamaron con vehemencia al presidente Santos por no haber protegido la vida de este líder. Pues realmente fue desconcertante la clase de respuesta del presidente de la república: “para que no hayan más víctimas, para eso es que vamos a firmar la paz”. Similar actitud asume para referirse a otros eventos graves de violencia que están golpeando al país, como el asesinato de civiles y militares, y el caso de los atentados por parte de las Farc incinerando vehículos de pasajeros y de carga en las carreteras del país, y el terrible daño al ecosistema con voladura de oleoductos y derramando el petróleo que cargan las tractomulas.

Esta clase de respuestas debieran ser de análisis interno del presidente y no expresiones públicas, pues lo que los colombianos reclaman es autoridad y firmeza de gobernante, al igual que política de seguridad para el país, no respuestas claudicantes ante la creciente actividad criminal que afecta al pueblo. La respuesta presidencial aceptable y sensata, según el rango de su investidura y su responsabilidad como gobernante, debió haber sido la contundente condena pública a las Farc por esos actos de escalada de violencia.

Razón tenía quien aconsejaba ‘pensar para hablar’. Observando el mayor respeto hacia el presidente Santos, hay que decir que el efecto de este tipo de respuestas conlleva en cierta forma a que se interprete como debilidad de autoridad, y a que se entienda como una especie de justificación de las acciones de violencia; pues como consecuencia, las Farc así lo entenderán y decidirán acogerse literalmente al significado de las palabras presidenciales, y como, ‘no se ha firmado la paz’, entonces se sentirán con licencia para continuar cometiendo actos terroristas.

15/10/2014

Noción de "honor"

Por @ruiz_senior

¿Cuánto ha cambiado Colombia desde 2010? La inmensa mayoría de la gente de las ciudades no detecta ningún cambio importante porque en términos generales la economía no ha experimentado grandes sobresaltos y tanto los salarios como las oportunidades de empleo se mantienen. Muchos han prosperado gracias a la abundancia de recursos en manos del gobierno, que le ha permitido multiplicar los empleos públicos (a medida de los intereses de los políticos que lo apoyan).

Pero esa sensación es engañosa, como si uno tomara un taxi para un desplazamiento largo en una ciudad desconocida: no reconocería el trayecto ni sabría con certeza adónde lo estarían llevando. Respecto de lo que ocurre en La Habana la mayoría de la gente la percibe como algo lejano y a medias se resigna porque le prometen que se va a reducir la violencia, y si bien lo que ocurre es que aumenta día a día, tampoco es tan intensa la percepción que se tiene de ello en las ciudades.

No es lo mismo para los militares y policías, en especial para los que habían asumido como propio el combate contra las bandas terroristas. La verdad innegable es que el alto mando obedece a un gobierno cuyos fines son indistinguibles de los del enemigo mientras que los oficiales que más se han destacado en el combate con los terroristas están presos o destituidos. A eso se suma el hecho de que algunos altos oficiales apoyan abiertamente a las FARC y amenazan a los civiles que se oponen a premiar sus proezas. Se requiere un gran esfuerzo de prudencia para no pensar que esa valerosa disposición corresponde a intereses pecuniarios: las dos grandes organizaciones económicas del país son el Estado y las FARC, y ambas están dedicadas a lavar el dinero de la cocaína y el secuestro. Tal como todos los parlamentarios uribistas de 2010 se volvieron promotores de las FARC, aparecen muchos generales "pacifistas" que sin duda obran por las mismas motivaciones.

Esa realidad de colaboración de los altos mandos con el crimen contrasta cómicamente con la ilusión de los estúpidos de siempre que creen que podría haber un golpe militar que redimiera al país de su destino bolivariano. Todos los vicios morales e intelectuales que causan el atraso del país se resumen en esa esperanza: el sueño de que todo se arregle por una actuación de otros y la incomodidad con la democracia y la ley.

Pero esos oficiales que se lucran de la muerte de sus subalternos y todos los que los obedecen permiten hacerse una idea del país: ¿cómo es que hay oficiales que combaten a las FARC y soldados que mueren cuando es evidente que el gobierno al que sirven alienta y premia a esos criminales? Sencillamente porque tienen ese oficio y obedecen a una autoridad, y por servilismo y mentalidad de funcionarios que esperan su sueldo y su pensión, dan la vida, y sin duda en muchos casos caen gracias a información que les dieron sus superiores a los asesinos. Puede que incluso los manden a morir para dar argumentos a la "paz" (que sólo funciona gracias al miedo de la población).

Y esa extraña disposición lo lleva a uno a preguntarse ¿cómo es que ninguno deserta? La gente estúpida se burla de los aviadores suicidas japoneses de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿en qué se diferencian realmente de los demás combatientes? En esa misma guerra murieron sólo en Europa un millón de estadounidenses. En la de Vietnam murieron 58 000. El que va a la guerra sabe que se juega la vida con una probabilidad altísima de morir. El que, como "Ricaurte en San Mateo" va a una muerte segura, como los terroristas suicidas del yihadismo, va también a una gloria segura. Pero ¿qué gloria puede ser morir por no desertar ni retirarse de una fuerza que se sabe que sirve de pretexto a los criminales?

Esas palabras relacionadas con el prestigio, como gloria, me hacen pensar en el "honor". Se supone que el oficio de los militares se basa en el honor y en el amor a la patria. Lástima que ésta sea una noción escurridiza y problemática. Dentro de pocos años los militares  y policías estarán tomando parte en el genocidio, que se considerará persecución de enemigos de la patria, ¿o qué hacen los militares y policías venezolanos o cubanos? Se me ocurrió mirar en el diccionario la noción de "honor" para tratar de entender qué mueve esa extraña sumisión de tantos funcionarios colombianos a quienes los matan.
1. m. Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo.
2. m. Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea.
Tenemos, pues, que las dos primeras acepciones de la palabra remiten al compromiso con el deber y al prestigio que se deriva de él. ¿Es ese sentido el que mantiene la sumisión de los militares y policías? Parece que como todo en Colombia es la máscara de intereses mezquinos. En el de los jefes, los millones que les provee el gobierno y sus socios terroristas, en el de los mandos medios, la esperanza de ascenso, la pensión y el sueldo, gracias al cual terminarán cumpliendo órdenes de los peores asesinos, tal como en Bogotá los policías cumplen órdenes de un personaje que los mataba aliado con Pablo Escobar. En el caso de los subalternos, la incapacidad de sentirse dignos de respeto y por tanto capaces de desobedecer a unos criminales. El servilismo que tanto llama la atención a cualquiera que llega a Colombia de otro país.

Y el problema es que esos militares y policías carecen de honor y de valor, porque de otro modo renunciarían a sus rentas en lugar de hacerse cómplices de un crimen infame del que los propios compañeros de menor rango son hoy en día las principales víctimas. No se puede pedir que infrinjan la ley ni que resuelvan los problemas de los civiles, pero ¿cabe mayor deshonra y mayor traición a sí mismos y a sus juramentos que servir al enemigo para no perder unas rentas miserables? De todos modos cualquiera que se aplique a cumplir con su deber termina en la cárcel, ¿no habrá ninguno capaz de correr a refugiarse en una embajada y denunciar lo que hacen sus mandos al servicio de la mayor empresa cocainera del mundo?

No, no lo habrá: el honor es una cosa muy rara entre los colombianos. Una máscara que usa cualquiera, tal como se considera "educación" a la recitación de la propaganda terrorista y "justicia social" al despojo de las mayorías en favor de las clientelas del terrorismo.

Uribe y Santos frente a la paz

Por Jaime Castro Ramírez

El criterio identifica el nivel de personalidad de quien lo expresa, pues es la forma de conocer la trascendencia de las ideas originadas en el rigor del pensamiento. Esta cualidad califica el estatus de importancia en que se ubica quien maneja sus ideas a través de planteamientos razonables con los cuales se justifica el fin que se persigue.

El análisis comparativo de hechos referentes permite distinguir el mejor resultado entre las situaciones que conforman su contexto, y permite entonces determinar hacia dónde asignar la respectiva razonabilidad.

Diferencias entre la paz de Uribe y la paz de Santos 
 Ahora apareció una cortina de humo originada en el gobierno Santos, y dirigida a armarle una crítica reforzada al expresidente Uribe, con el aparente ‘argumento’ simplista de que él también buscó hacer la paz con las Farc; pero la parte morbosa del cuento consiste en darle un doble sentido mal intencionado ante la opinión pública, utilizando la falsa hipótesis de señalar a Uribe como ‘enemigo de la paz’, y que por eso es que critica la negociación de Santos con ese grupo terrorista.

Que Uribe intentó negociar la paz con las Farc es cierto, y que ahora critica el proceso de paz que Santos maneja en la Habana (muchos colombianos lo critican), también es cierto. Lo importante en este tema es aclarar en qué consisten las diferencias conceptuales y filosóficas entre las ideas de los dos personajes respecto a qué ‘clase de paz’ se busca:

1. Uribe les dijo a las Farc, nos sentamos a negociar en cualquier sitio en Colombia que adecuaremos para tal fin, sin despejes de ninguna naturaleza, y con agenda definida.

2. Santos aceptó negociar en el exterior lo cual implica altísimo costo económico para el Estado colombiano, máxime cuando han pasado más de 2 años y según las Farc van en la mitad del proceso.

3. Lo esencial para Uribe era la desmovilización total de las Farc y su integración a la vida civil a través de programas de adaptación social, y por supuesto la ‘entrega’ de las armas.

4. Para la paz de Santos estos no serían aspectos relevantes y parece dispuesto a aceptar semejante adefesio, es decir, que no se desmovilicen y que no entreguen las armas, pues en cuanto a esto último el gobierno comparte el lenguaje engañoso de las Farc en el sentido de hablar de ‘dejación’ de armas, mas no ‘entrega’, lo que significa que tales armas quedan en su poder para eventualmente retomarlas en contra del Estado y de la sociedad colombiana, cuando así lo consideren.

5. Uribe de ninguna manera iba a aceptar mediaciones o veedurías de los regímenes de Venezuela y Cuba que son auspiciadores del terrorismo de las Farc, lo cual observaba como grande riesgo para la democracia en Colombia.

6. Santos fue lo primero que hizo, aceptar el acompañamiento y veeduría de estas dictaduras, por lo cual esperarán pasarle cuantiosa factura política a la democracia Colombiana (qué peligro).

7. Uribe no iba a ceder un centímetro del territorio nacional ni a entregar la soberanía que le pertenece en su conjunto a la unidad territorial de la república.

8. Santos parece dispuesto a cederles extensos territorios con la denominación de ‘reservas campesinas’, donde mandarán las Farc, seguramente la razón por la cual no entregan las armas, y la razón entonces por la cual desde allí podrían montar la estrategia para intentar tomarse el resto del país por la vía armada.

9. Uribe no permitiría tocar la institución de las fuerzas militares disminuyendo su fortaleza con la que han defendido la patria y les corresponde seguir defendiendo la democracia.

10. Santos ha dicho que las Fuerzas militares tienen que ‘prepararse´ para la paz, y al respecto, cuando un comandante de las Fuerzas Militares - General Leonardo Barrero - dijo que dichas Fuerzas no eran negociables en la Habana, esto le costó la salida de la institución militar porque Santos de inmediato lo llamó a calificar servicios. Se sabe que las Farc exigen la disminución del tamaño de la fuerza pública (quizás creerán que así se les facilitará tomarse el poder). Las Farc tienen licencia para exigir, Santos dispone…

Estas y otras reflexiones señalan las diferencias, entre la paz que visualizaba Uribe, y la presunta paz que pretende Santos, sobre la cual hay grande desconfianza en los colombianos en cuanto eventualmente le conceda a las Farc potestad para impregnar a nuestro país del peligro que representa el castro-chavismo. En conclusión, Uribe no es enemigo de la paz, es enemigo de entregar el país a los enemigos de la democracia.

8/10/2014

La fiebre del odio

Por @Ruiz_senior

Uno desde lejos se pregunta qué será en la conciencia de los colombianos su país y su actual gobierno, y se encuentra como buscando un rastro en la selva: tal es la bruma en que parece vivir la mayoría de la gente, no porque la engañen con artes eficaces sino porque su nivel de humanización es tan limitado que no echa de menos ninguna verdad ni ninguna coherencia.

Desde su discurso de posesión, Santos ha usado como pretexto de su actuación el afán de "superar los odios", cosa que casa muy mal con la efectiva persecución del anterior gobierno y de los militares que intentaron aplicar la ley, bien con calumnias incesantes reproducidas por la máquina de propaganda, bien con actos judiciales monstruosos como la condena a 17 años de prisión a Andrés Felipe Arias sin que siquiera se pudiera argüir el dolo ni menos ningún provecho económico del ex ministro (se dirá que el poder judicial no depende de Santos, pero ¿no depende de Santos? Desde 1991, y aun desde antes, el poder judicial, como la Universidad Nacional y todos los organismos estatales que no derivan de las urnas, obedecen al régimen cubano, al mismo al que somete Santos a Colombia).

Las causas de esa persecución corresponden al afán de implantar un régimen totalitario según el programa del Partido Comunista, que comparten todas las universidades públicas y ahora también las privadas, así como los círculos de clases altas que siguen a las familias herederas de la República Liberal. Cualquier sector conservador o liberal (no en el sentido de las redes mafiosas que en Colombia usurpan los nombres de esos partidos sino de las ideas conservadoras y liberales) les resulta un estorbo y, gracias a la hegemonía que tienen entre los grupos de descendientes de las castas superiores de la sociedad colonial y al control de los medios de comunicación, consiguen generar un ambiente de persecución y odio que por sí mismo basta para explicar por ejemplo los 40 000 secuestros que ha sufrido el país (los propietarios rurales, los empresarios productivos y aun muchos empleados de alto rango de empresas extranjeras amenazan la hegemonía de esos grupos y por eso nunca hubo solidaridad con las víctimas del secuestro).

Esa pasión del odio encuentra un público muy bien dispuesto en la juventud que sale de las escuelas, donde recibe el correspondiente adoctrinamiento, pues también los profesores de todos los rangos son clientela de esos grupos de poder y abrazan con fervor una ideología que les ahorra la difícil tarea de formar lectores o trabajadores eficientes. Un muchacho frustrado en sus aspiraciones de consumo y ascenso social (gracias a la miseria y atraso del país, que sólo es el resultado del parasitismo de las clientelas de la "izquierda"), resulta un entusiasta de las doctrinas del resentimiento y la utopía que llevó a la miseria a todos los países en que se aplicó (Cuba era uno de los países más ricos de Iberoamérica en 1959, con el doble del PIB per cápita de España). El hecho de que en Colombia sea la doctrina de los ricos la hace aún más tentadora, pues el consumidor de esa propaganda siempre puede atribuir la causa de su frustración a los ganaderos o a los altos funcionarios, de los que no sabe nada, y compensa su rencor con la buena conciencia de pertenecer a una clase intelectual que aprende de Samper Ospina y otros pensadores.

El caso es que los colombianos "instruidos" de hoy en día consideran algo monstruoso el programa Agro Ingreso Seguro, sobre cuyos efectos en el mundo del agro no saben ni quieren saber nada, mientras que miran para otro lado cuando se enteran de que los terroristas usan niños bomba para matar policías. Uno mira a los ojos a alguien así, y son casi todos los que han ido a una universidad en las últimas décadas, y se siente como interrogando a un mono que hubiera presenciado un sacrilegio o un incesto: son idiotas morales, seres vacíos en los que la ínfima humanidad que podría haber se ha vaciado para reemplazarla por pasiones baratas y de fondo falaz. Otro ejemplo es la historia de Fernando Londoño como asesor de Invercolsa: no hay una sola persona a la que le interese que los empleados de una empresa estatal tuvieran el privilegio de comprar acciones y enriquecerse fácilmente, sino que un asesor externo se considerara empleado, cosa que los indigna mucho más que los miles de mutilaciones que cometen los terroristas (y que el público cobra atribuyéndoselos al "conflicto" pendiente de superación, como si el que cobra un secuestro se considerara un protector de la vida).

Esa disposición, la lealtad a la jerarquía de que se sienten parte, influye en la ceguera con que acogen las mentiras de la prensa y la propaganda del odio contra el uribismo y contra los militares que no corren a lucrarse en el lavado de activos de La Habana. Nadie detectó que el Morena de los años ochenta era "Movimiento de Reconstrucción Nacional" y que la página de los amigos del procurador y de María Fernanda Cabal se llama "Restauración Nacional" y no pueden tener ninguna relación, como sin el menor pudor afirmaba Noticias Uno, ni que en ese mismo noticiero fuera noticia la relación del asesinado Adán Quinto con el general del Río (el objeto de odio que le ofrecen a las turbas de saqueadores serviles) y no el asesinato en sí, al que justifican tranquilamente, como se ve en este video.


Tampoco le importa a ninguno de esos compatriotas el escándalo que armó El Espectador porque alguien descubrió que en la página web del programa radial La Hora de la Verdad habían publicado un artículo atribuido a Vargas Llosa y que resultó apócrifo. Los que llegaron a enterarse de que el texto maldito había aparecido antes en El Espectador (que lo borró de su página web antes del escándalo) lo consideraron una jugada de su bando y por tanto justificable. La mayoría no llegó a enterarse, ya tenían una nueva piedra con la que lapidar al periodista al que fallaron matando con una bomba lapa hace un tiempo (esa labor de comprometer en el asesinato a la población es exactamente la misma de los nazis, pero la verdad es que el público tercermundista de El Espectador tiene mucho menos interés en la verdad o en la moralidad que los partidarios de los nazis). De modo que cometen un fraude descarado, calumnian y tratan de ocultar las pruebas pero no encuentran reproche de casi nadie.

El episodio deja ver un público degradado hasta el mismo nivel de los violadores de niñas y autores de atentados con niños bomba: una chusma de canallas que aplauden cualquier infamia con tal  que sea provechosa a su causa, que sólo es el anhelo de tomar parte en la rapiña.

Más grave aún es el contenido de la última columna del increíble sicario moral Daniel Coronell, en la que intenta demostrar que Uribe mantenía un canal de comunicación con las FARC. Un público como el colombiano está pendiente de habladurías y no faltará el que crea que las pruebas de esos contactos son algo más importante o más grave que el hecho de ofrecerles una Constituyente, como hizo el gobierno Uribe en 2006, o de acordar con la banda una Constituyente que ni siquiera tendría que ser refrendada en las urnas, como hizo el nuevo coordinador político nacional del Centro Cemocrático, Fabio Valencia Cossio, en tiempos del Caguán.

No vale la pena preocuparse de si eso que cuenta Coronell es cierto. Si lo fuera, ¿qué cambiaría? Claro que se pueden mantener contactos con los criminales para obtener su rendición, cosa que representaría un logro magnífico para cualquier gobierno. Lo fascinante es que el sicofanta afirme que lo que hace Santos es "mucho menos".

Lo cierto es que, sin ir más lejos, los "diálogos de paz" de La Habana ni siquiera mencionan las muchas decenas de miles de millones de dólares que han obtenido los terroristas con la extorsión, el secuestro, la minería ilegal y la cocaína. Se da por sentado que no van a ser un estorbo para llegar a un acuerdo. Haría falta que demostraran que el gobierno de Uribe les proponía lavar sus enormes fortunas.

Lo cierto es que en años de negociación todo lo que ha ocurrido es que los terroristas han recuperado terreno, han vuelto a las regiones de las que habían sido expulsados y han aumentado los asesinatos de militares y policías así como la extorsión. La "paz" es sólo el despeje generalizado que les permite producir y exportar, a través de Venezuela o gracias a los contactos con las mafias mexicanas, cientos de toneladas de cocaína.

Lo cierto es que el gobierno Santos forma un mismo frente con los "reales jefes en la sombra" que denunció hace poco Plinio Apuleyo Mendoza y colaboran en la persecución de militares y políticos que incomodan a los designios del terrorismo. Bueno, ¿no lo forma también Coronell? ¿No intoxica al público su noticiero alentando y legitimando a los asesinos?

Lo cierto es que el gobierno presenta la negociación como un proceso democratizador, cuando sólo es el acuerdo con unos asesinos por el que la voluntad de los ciudadanos resulta valer menos que el poder de intimidación de aquéllos.

El problema de Uribe no es que intentara negociar con los terroristas en su gobierno sino que no se ha opuesto a la infamia de La Habana, no porque le guste sino porque teme quedar en minoría o ayudarles a sus enemigos a presentarlo como "enemigo de la paz". Ya en el momento en que se hizo pública la componenda, debió responderle a Francisco Santos, que afirmaba que "Uribe habría firmado un acuerdo como ése", y después debió desautorizar esos diálogos, exigir el cumplimiento de la ley, llevar a los genocidas a la justicia global, denunciar los innumerables prevaricatos del fiscal y otros funcionarios y las falacias de la negociación. Nada de eso ha hecho. Tampoco lo hará.

Pero no pretendo ser el consejero de Uribe. Llevo varios años explicando que la defensa de la democracia, la ley, la justicia y la libertad supone oponerse a esa componenda y que Uribe no lo hace, a tal punto que el tema de la campaña del Centro Democrático era la revolución educativa. Los ciudadanos tienen que saber en qué lado están, porque a veces parece que la fiebre del odio subvencionado (hay que ver lo que gasta Santos en pagar la propaganda, como a Coronell) sólo tiene por objeto crear una "polarización" falsa entre un bando de Valencia Cossio y otro de César Gaviria, ya que el uribismo acompaña la negociación de La Habana (habría que demostrar que alguien le respondió a Luis Carlos Restrepo cuando propuso unirse a ella, o a Rafael Guarín, que hizo lo mismo).

El problema en fin es si se va a hacer frente a la tiranía terrorista, y la respuesta parece ser que eso quizá ocurra después de que se haya implantado totalmente, porque mientras avanza nadie se plantea aplicar las leyes y denunciar a los genocidas, todos pendientes de las supuestas mayorías que conseguirá el caudillo que no quiere contradecir a los medios "pacifistas". El uribismo es el enemigo que no se resiste y que les conviene, al que le pueden atribuir nexos con sectores rurales que podrían haber acompañado a las AUC. Gracias a esa fiebre del odio pasa inadvertida la gran cuestión del premio y la legitimación del crimen, tareas a las que contribuyen los entusiastas de la persecución al procurador, a Londoño y a Uribe y que los demás no detectan porque no hay quien les diga la verdad.

Acerca de lo que mueve a quienes apoyan a Coronell hay que repetir algo que he explicado muchas veces: las bandas terroristas sólo son las guardianas del orden social. El "intelectual" bogotano que lee Semana no tiene interés en la verdad sino en formar parte de la jerarquía de los que se pensionan jóvenes y tienen servicio doméstico gracias a que se ganan 15 o más salarios mínimos por ostentar su cultura o explicar sus opiniones. La verdad le importa tan poco como las víctimas de los asesinatos: ¿para qué complicarse la vida si siempre hay alguna rumba a la que lo pueden invitar?

Sólo es que Colombia sigue siendo la misma sociedad de castas que fue la Nueva Granada y las fuerzas que podrían llevar a una asimilación al mundo moderno no han surgido o están dispersas y confusas gracias al embrujo del caudillo. Puede que la dominación totalitaria dure medio siglo o más, a fin de cuentas los rumberos que leen Semana y El Espectador son el modelo de los demás (Zuluaga prometía llevar a la universidad a todos los jóvenes).

7/10/2014

Justicia con principio de oportunidad

Por Jaime Castro Ramírez

Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, la justicia existe en razón a la respuesta jurídica imparcial que corresponde dar a expresiones de ciertas conductas de los individuos. La justicia tiene que ser la virtud de encontrar la manera justa de actuar ante las necesidades de justicia en las relaciones sociales. Donde no hay justicia no puede haber equilibrio en la sociedad porque se desvirtúa la principal característica de convivencia.

La justicia en Colombia y su principio de oportunidad
Una circunstancia que afecta negativamente el ordenamiento institucional colombiano y específicamente a uno de los tres poderes (el judicial), es la grande ineficiencia de la justicia en su forma de operar. Tanto es así que en muchas ocasiones suele ocurrir lo más contradictorio posible: se persiguen y se condenan inocentes, y no se procesan, o se liberan culpables.

A pesar de que la justicia colombiana siempre ha sido inoperante y parcializada en su aplicación, razón por la cual históricamente ha existido el dicho que “la justicia es para los de ruana”; por si faltaba, al llamado Nuevo Código de Procedimiento Penal que empezó a aplicarse a partir de Enero de 2005 le añadieron un contrasentido jurídico que denominaron “Principio de Oportunidad”. Con esto lo que hicieron fue pasar de la seriedad de la tradición jurídica del ‘Principio de Legalidad’, según el cual, todo hecho delictivo debía ser investigado y ejercer continuidad en el proceso hasta que sus autores fueran juzgados y castigados penalmente, pasar a imitar el sistema jurídico anglosajón implantando el ‘Principio de Oportunidad’, que le otorga facultades a la Fiscalía General de la Nación para que a su criterio, suspenda, interrumpa, o renuncie a la persecución penal de individuos autores de conductas punibles, aplicando un lineamiento de ‘conveniencia’ del sistema judicial, es decir, para que supuestamente haya mayor eficacia operativa de la justicia investigativa en el caso de delitos graves.

Colaboración con la justicia
El ‘Principio de Oportunidad’ en algunas ocasiones termina convirtiéndose en auxiliar de impunidad para culpables y en condena para inocentes. Un bandido que se acoge al principio de oportunidad no le importa mentir y jurar en vano acusando a otras personas, muchas veces inocentes, con el pretexto de ‘colaboración con la justicia’, procedimiento que le acepta la Fiscalía ofreciéndole rebajas considerables de penas, y en muchos casos convirtiendo en testigos protegidos a peligros delincuentes a quienes el gobierno premia enviándolos a otros países con sus familias.

La justicia politizada que opera en Colombia es un peligroso medio que propicia la maniobra revanchista de aceptar falsas denuncias con tal de, acusar, llevar a juicio, y condenar a inocentes, que en ocasiones se trata de cobrarle a alguien diferencias políticas, y con esto hacer alarde de presentar ante la opinión pública presuntos resultados, pero que bien pueden catalogarse de falsos positivos judiciales. Muy grave que la justicia opere direccionada hacia un horizonte de injusticia. Son recurrentes los casos en que la justicia colombiana ha tenido que reconocer su error y dejar en libertad a personas que han condenado siendo inocentes, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado al tener que pagar grandes sumas de dinero por concepto de indemnizaciones por los perjuicios causados.

En conclusión, en Colombia el llamado ‘principio de oportunidad’ se ha convertido en un mecanismo perverso de oportunidad para tergiversar la rectitud que debe operar en la aplicación de la justicia, y por lo tanto es un contrasentido la facultad de libre albedrío otorgada a la Fiscalía en cuanto a su aplicabilidad, pues es muy preocupante una justicia que le da credibilidad a falsos testimonios de bandidos para utilizarlos como ‘pruebas falsas’ para perseguir judicialmente en ocasiones a personas decentes, y sobre todo grave cuando se persigue a inocentes.

Hay algo de distancia entre la cultura anglosajona-inglesa, donde nació en la justicia el principio de oportunidad, y la cultura colombiana donde se suele utilizar cierto grado de malicia perversa. Reciente medición de la empresa encuestadora Gallup muestra que la justicia colombiana tiene un alarmante 79% de desfavorabilidad en la opinión pública.

6/10/2014

El narcotráfico en el Palacio de Justicia

(Textos extraídos del informe de la Comisión de la Verdad nombrada por la Corte Suprema de Justicia en 2009.)

COMISION DE LA VERDAD

La conexión del narcotráfico

44. El narcotráfico -sin duda uno de los flagelos más graves en la historia reciente del país- penetró los estamentos nacionales y tuvo su auge en los años inmediatamente anteriores a la toma del Palacio.

45. Desde la sanción de la Ley 27 de 1980 [35], mediante la cual fue Aprobado el Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América, los jefes del narcotráfico desataron una lucha brutal y sangrienta contra dicha ley.

46. A comienzos de diciembre de 1984, el grupo de narcotraficantes denominado Los Extraditables amenazó de muerte al presidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y a los ministros. Con mayor intensidad, los magistrados de la Corte fueron amenazados a raíz de que la corporación emitió un concepto favorable a la extradición [36] de Carlos Lehder, quien hoy purga condena en los Estados Unidos de América.

47. Con la muerte del comandante del M-19, Jaime Bateman, se frustró un encuentro con Pablo Escobar en Panamá.

48. En 1981 integrantes del M-19 secuestraron a Marta Nieves Ochoa Vásquez, hermana de miembros de la cúpula del Cartel de Medellín, que como reacción creó el grupo MAS, el cual desató una persecución contra integrantes de esa guerrilla, quienes devolvieron a la secuestrada y pactaron la paz con el Cartel de Medellín.

49. Entre 1984 y 1985, miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dineros de ese Cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, actitud que no fue compartida por otros integrantes del grupo subversivo.

50. El 30 de abril de 1984 sicarios de la mafia del narcotráfico asesinaron al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. A raíz de esto, el gobierno del presidente Betancur declaró el estado de sitio, llamó a los narcotraficantes “heraldos de la muerte”, dispuso que los delitos de tráfico de drogas y conexos con él fueran conocidos por la justicia penal militar y, previo concepto favorable de la Corte Suprema, empezó a conceder la extradición de colombianos, a la que inicialmente había sido renuente. En el discurso que pronunció en el funeral del Ministro, manifestó el Presidente:
El Presidente de la República da el primer paso adelante en esta emergencia nacional: […] ¡Alto ahí, enemigos de la humanidad entera! Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países, para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal.
51. Frente a las extradiciones que siguieron en 1985, el ministro de Justicia que reemplazó a Lara Bonilla, Enrique Parejo González, expuso: “El paso que acaba de darse, que no es fácil para el Gobierno por referirse a colombianos, es la ratificación de la política de luchar contra un fenómeno que tanto daño le está causando al país”.

52. El general Miguel Maza Márquez, en la entrevista con la Comisión de la Verdad, expresó: “Los extraditables en esa época le temían más a la extradición que a la pena de muerte. Cuando vieron que la salida política no les funcionó, empezaron a emplear medios coercitivos como las amenazas por la demanda de inconstitucionalidad interpuesta al tratado de extradición”.

53. Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte, ocurrida en agosto de 1985, estrecha amistad y unidad de acción con Pablo Escobar, y era el único autorizado por el movimiento subversivo para conversar con él. Como comandante del M-19, Ospina coincidió con miembros del Cartel de Medellín en afirmar que por cada colombiano extraditado sería asesinado un ciudadano estadounidense en Colombia.

54. En las declaraciones rendidas por Otty Patiño y Rosemberg Pabón a la Comisión de la Verdad, se escucha:
Otty Patiño: Nunca tuvimos una relación de sometimiento con ninguno de estos grupos, pero si hubo relación, por supuesto, de de facilitar cosas, de transporte de cosas, de personas también, pero nunca… digamos… decir que nosotros íbamos a hacer algo en función de un interés de ellos… Creo que uno de los temas que más se especulan es el de la extradición, pero el tema de la extradición, yo creo que más que otra cosa es una coincidencia. […] yo no tuve… digamos… una directa relación con el mundo del narcotráfico, pero hubo unos compañeros que sí la tuvieron. La versión que yo tengo de ello es básicamente para conseguir armas, a veces para trasladarnos en aviones de ellos, de los narcos. Rosemberg Pabón: La única persona [autorizada] para hablar con Pablo Escobar era Iván Marino Ospina; era la única persona. Yo podía hablar con él, pero no a nombre de la dirección, porque había una persona… ¿Por qué se colocó a Iván? Porque Iván, por su carácter, por su forma, él era querido entre todos los bandidos, no solamente los narcos… los jaladores de carros de Pereira, le tenían respeto a él como guerrero.
55. A mediados de 1985 vuelven a reunirse miembros del M-19 con Pablo Escobar, y al suceder Álvaro Fayad a Ospina en la dirección del M-19, continuaron las actuaciones conjuntas de ambas organizaciones delictivas.

56. John Jairo Velásquez Vásquez, apodado “Popeye”, declaró a la Comisión de la Verdad que su “patrón” Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente dos millones de dólares por la toma del Palacio de Justicia, entregándoselos a Iván Marino Ospina, pero que no sabe lo que finalmente sucedió con ese dinero. Así relató “Popeye” a la Comisión:
Él [Pablo Escobar] le entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, pero esa plata fue perdida porque Iván Marino Ospina murió antes de la toma y la plata nunca la encontraron… Eso lo decía Pablo abiertamente, para la época él colocaba, más o menos en viáticos y todas las cosas les dio 40 millones de pesos de la época que era mucha plata… todo eso lo manejaba Pinina, que era un hombre superclave… Para ustedes hay un hombre muy importante, es el Arete [Carlos Mario Alzate Urquijo].
57. Por su parte, Carlos Castaño refirió para el libro Mi confesión [37], el acuerdo al que llegaron en su presencia, “a finales del mes de mayo de 1985”,

Carlos Pizarro y el cartel de Medellín para la toma del Palacio de Justicia por el M-19, por iniciativa de Pablo Escobar:
[Pablo Escobar:] “[…] la extradición está caminando y nos están jodiendo. Vamos a hacer una vuelta y aquí todos tenemos que colaborar. Nos encontramos en la obligación de hacer algo para salvarnos. Existen unos procesos jurídicos muy fuertes contra nosotros en el Palacio de Justicia. Es necesario borrarlos y no dejar huella de nada ante la ley. Tendrán que comenzar de cero y al obtener nosotros poder, nadie se atreverá a denunciarnos”. Fidel [Castaño] contestó: “Listo. Yo pongo unos fusilitos para lo que se necesite”. Y Escobar replicó: “Yo pongo la plata”.
58. También puede leerse en Mi confesión:
Estas fueron las palabras de Pizarro: “Un millón de dólares para el M-19 por eliminar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía y un millón de dólares adicionales por destruir todos los archivos”. Paso a paso, el abogado Guido Parra les explicó dónde encontrar los archivos a quemar y Pizarro enfatizó en la forma de proceder a la Sala donde se mantenían los procesos de extradición contra Pablo Escobar. Recuerdo como si fuera ayer, a otro narco que se levantó molesto diciendo: “¿Bueno, se van a tomar el Palacio o solamente la Sala donde archivan los procesos del patrón?”. Ahí intervino nuevamente el hombre que acompañaba a Pizarro: “No, no, no… Un momento. También es posible incinerar lo de él”. Por esto recibieron trescientos mil dólares más. Las armas que puso Fidel Castaño para la toma del Palacio, las entregué yo. Se les dieron dos metras, una MP5, un AR-15, un M-16 y otros fusiles. Escobar puso las armas cortas, granadas y dinamita. Esta última no sé para qué. [Nota: la MP-5 es calibre 9mm.]
59. Las diferencias que pueden encontrarse frente a relatos como el de “Popeye” no inciden contra otras deducciones, como la que puede inferirse de la gran humareda oscura que antes de que pasara una hora del ingreso del M-19 al Palacio y de que la Fuerza Pública hubiera podido llegar ahí, se aprecia que sale desde el primer piso por el costado oriental (carrera 7ª), lugar que coincide con el sector donde estaban las secretarías de la Corte Suprema, permanencia habitual de la mayor cantidad de expedientes. Tal humareda va desvaneciéndose, hasta desaparecer varias horas antes de desatarse el infernal incendio que, ya en la noche, consumió todo ese costado oriental del Palacio.

60. La ex presentadora de televisión Virginia Vallejo, que se ha manifestado como muy cercana por otra razón a Pablo Escobar, ha dejado entrever su conocimiento de la relación que él mantuvo con dirigentes del M-19 antes del asalto al Palacio de Justicia.

61. Días antes del asalto al Palacio, el grupo de criminales denominado Los Extraditables recrudeció sus amenazas de muerte a magistrados de la Corte Suprema, salas Constitucional y Penal, si no votaban por la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición.

62. A sus múltiples y aterradoras intimidaciones acompañaban grabaciones de charlas telefónicas de familiares cercanos de los magistrados, realzando la vulnerabilidad en que se encontraban. Así se lee en dos de las cartas amenazantes [38], ambas dirigidas al magistrado de la Sala Constitucional Manuel Gaona Cruz, asesinado por un guerrillero del M-19 cuando hacia el final de los horrorosos acontecimientos salió del baño que se encontraba en el descanso de las escaleras entre los pisos segundo y tercero del costado norte del Palacio:
[…] sabemos que a usted “le tocó” ser el ponente de una demanda sobre la nulidad de la extradición, firmada por el doctor Julio Martín Uribe Restrepo y fechada el 3 de junio de 1985. Sabemos obviamente que usted se la repartió para sí, porque desea que se siga extraditando nacionales hacia los Estados Unidos.
[…] Usted tiene un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación… y si se pasa un día sin que haya habido pronunciamiento, damos por hecho que usted acepta nuestra declaración de guerra.

[…] No aceptamos nada que se salga de nuestras condiciones y exigencias. Absolutamente nada, porque usted en una demanda anterior ya Traicionó a la patria y se vendió al imperialismo americano […].

“Respetado” doctor: El tiempo es inexorable y usted sabe muy bien que el plazo que le fijamos está próximo a vencerse y todo parece señalar que no le interesa su seguridad personal y la integridad de su familia.
63. A escasos días de la toma, la cúpula de los organismos de seguridad y los ministros de Gobierno y de Justicia, en una reunión secreta en el Club Militar, comunicaron a los magistrados de la Sala Constitucional y al Presidente de la Corte el gran peligro que corrían, ante la gravedad e inminencia del riesgo en que se encontraban frente a Los Extraditables.

64. El 6 de noviembre de 1985, día del asalto, la única Sala de la Corte que debía sesionar, como en efecto lo estaba haciendo, era la Constitucional. El tema que se iba a debatir era la exequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América, y para el efecto había ponencias presentadas por los magistrados Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero y Alfonso Patiño Roselli. [Nota: llamados Rehenes fundamentales.]

65. Además, estaba próximo el vencimiento del término que tenía la Sala Constitucional para presentar su proyecto ante la Sala Plena. La Comisión de la Verdad tuvo conocimiento de que al momento del asalto se estaba discutiendo la ponencia elaborada por el magistrado Gaona, que daba vía libre al Tratado de Extradición.

66. Recuérdese que el magistrado Manuel Gaona -frente a la sentencia N° 41 del 6 de junio de 1985, en la cuarta ocasión que fue estudiada [39] (la cual concluyó en inhibición por “falta de competencia”) [40] la exequibilidad de la Ley 27 de 1980, mediante la cual se aprobó el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos de América- manifestó que el estudio del Tratado se limitaba a si la Corte tenía potestad para su análisis, pero sin abordar la exequibilidad como tal.

67. Estimaba el Magistrado que el Tratado se hallaba perfeccionado y, por lo tanto, no procedía el estudio por parte de las instituciones de justicia internas, sino internacionales, en cuanto los tratados pueden tener control constitucional antes de que se produzca su ratificación, no después, cuando ya se ha convertido en un instrumento internacional, como había ocurrido para el 6 de junio de 1985, cuando el Tratado ya había sido estudiado cuatro veces y se había ratificado incluso desde que se estudió por primera vez.

68. En la proclama y en la demanda armada presentadas por el M-19 al producirse la toma, se incluyeron referencias al Tratado de Extradición suscrito con los Estados Unidos de América, cuya ley aprobatoria estaba bajo el estudio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para la elaboración del proyecto que habría de ser llevado a la Sala Plena acerca de su exequibilidad. En efecto, en la primera se lee, en lo pertinente:
Y como si todo ello fuera poco, mediante un impopular y escandaloso Tratado de Extradición, se entrega nuestra juridicidad, la más reciente y novedosa de todas las entregas que es golpe mortal contra la seguridad nacional. Centenares de compatriotas nuestros están seriamente amenazados, no sólo por la legislación de países extraños sino por la manifiesta animadversión de algunos de ellos, como es el caso concreto de los Estados Unidos de Norteamérica.
69. Por su parte, la demanda armada incluía los siguientes significativos Párrafos:
Es ésta una sana doctrina constitucional en cuya aplicación la Corte ha dejado, no en pocas ocasiones, mucho que desear. Entre otras, y a manera de ejemplo: la jurisprudencia que declaró exequible el Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay; la negativa de este tribunal de conocer de la constitucionalidad del tratado de extradición; y la aceptación de Juzgamiento de los civiles por parte de la justicia penal militar. [Nota: Evidente: la eliminación del fuero militar ha sido obra de los narcotraficantes, y sus amigos políticos.]
También, en manos del Pilatos de Contadora, nuestra nación perdió la facultad indelegable de administrar justicia _elemento esencial de soberanía_ por efecto del servil convenio celebrado con la OPIC [41], el 3 de abril, según el cual las controversias entre el gobierno colombiano y las empresas norteamericanas serán sometidas a un tribunal de las multinacionales. Así se mancilló la soberanía, ya afectada con la aprobación del acuerdo de extradición con Estados Unidos, y la dirección de la DEA en la manera de enfrentar el narcotráfico.
70. Al ocupar violentamente el Palacio, Luis Otero y otros comandantes del operativo accedieron directamente y con total prioridad a los costados oriental y nororiental del cuarto piso, los más distantes del sitio de ingreso, donde precisamente se hallaban los cuatro magistrados de la Sala Constitucional, a los cuales empezaron a llamar en voz alta, por lista, junto con el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, magistrado de la Sala Penal, todos catalogados como “rehenes fundamentales” por los guerrilleros. No dieron igual tratamiento, y por el contrario durante largo tiempo se desentendieron de ellos, al entonces consejero de Estado Jaime Betancur Cuartas, hermano del Presidente de la República, y a la fiscal [42] ante el Consejo de Estado Clara Forero de Castro, esposa del ministro de Gobierno, Jaime Castro Castro, quienes se hallaban en sus oficinas.

71. Yesid Reyes Alvarado, hijo del Presidente de la Corte, narró a la Comisión de la Verdad y a otras personas, como el periodista Yamid Amat [43], que su asistido judicialmente Antonio Cebollero y Campo, [44] quien compartía el sitio de reclusión con varios extraditables, le pidió algunos días antes del asalto al Palacio aconsejarle a su progenitor que anticipara sus vacaciones, legalmente previstas para diciembre, de lo cual puede colegirse el deseo de proteger al padre de su defensor. Así lo recordó Yamid Amat:
Yesid Reyes era abogado de Cebollero, y Cebollero estaba detenido donde estaban los narcotraficantes… Yesid Reyes me contó que Cebollero le pregunto un día en el año 85: “¿Su papá sale a vacaciones?, ¿cuándo sale a vacaciones?”. “En Navidad”. “¿Por qué no le dice que salga antes? Dígale que salga antes, que anticipe su viaje de vacaciones”. […] mire, ahí no hay duda que los narcos estaban metidos allí en la operación, por una parte, y, por la otra, ¿cuál es el objetivo de que la toma se dirigiera únicamente al cuarto piso, donde están los magistrados de la Sala Constitucional? Las dos personas que podrían ser más atractivas como botín de guerra o como rehenes, que eran el hermano del presidente y la esposa del ministro, para ellos no existen.
72. Aún después de la muerte dentro del Palacio de todos los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema: Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli y de los cuatro magistrados de la Sala Penal que allí se encontraban: Fabio Calderón Botero, Alfonso Reyes Echandía, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria, el narcoterrorismo no cesó su ataque: continuó sus amenazas hasta provocarle un fallo cardiaco al magistrado de la Sala Penal Luis Enrique Aldana Rozo, quien murió poco después en Houston, Texas, mientras esperaba un trasplante, y asesinó en la avenida 127 de Bogotá, el 31 de julio de 1986, al penúltimo sobreviviente de la Sala Penal, el magistrado Hernando Baquero Borda.

73. Otro magistrado de la Sala Penal de entonces, Dante Fiorillo Porras, estaba hospitalizado el 6 de noviembre de 1985 en la Clínica Shaio de Bogotá y, no bien había finalizado la toma, falleció al enterarse de lo que les estaba sucediendo a sus compañeros.

74. Finalmente lograron su propósito de producir la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición [45] y, todavía más, hacer proscribir la extradición de nacionales en la propia Constitución Política

75. Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia.

76. Es entendible que no todos los miembros del M-19 conocieran la conexión con el narcotráfico para la toma del Palacio de Justicia, lo cual se explica a partir de que integrantes de esa organización han sostenido reiteradamente que se trataba de una operación militar en la que prevalecía el criterio de compartimentación, según el cual sólo conocían los objetivos de la toma los protagonistas de ella.

77. Lo anterior es acorde con lo expresado por Carlos Castaño al periodista Mauricio Aranguren Molina en la obra antes referida, citando al “estafeta” de Carlos Pizarro: “No todo el ‘M’ sabe de esta operación. Eso está claro”. A continuación se lee, en palabras adjudicadas al propio Castaño: “Años más tarde, me enteré de que aquello no lo conocían varios miembros del M-19, personas honestas como Navarro Wolff, Gloria Quiceno y Vera Grabe. Además de muchos otros”.

NOTAS

35 Esta ley fue demandada por inconstitucionalidad debido a vicios de forma y fondo en 1985 y para la época de la toma del Palacio de Justicia era analizada por la Corte Suprema de Justicia. 

36 Orjuela, óp. cit. p. 93. 

37 Aranguren Molina, Mauricio. Carlos Castaño: mi confesión. 8ª ed., Bogotá: Oveja Negra, 2002. pp. 41 y ss. 

38 El texto íntegro de estas cartas se transcribe en el Capítulo III de este Informe final
 Recuerde que no admitimos otra traición, ni vamos a tolerar que el grupo del Externado, esa mafia que usted dirige y orienta, salga a defender tesis diferente a la de la inconstitucionalidad del tratado. [Nota: curiosamente ahora los abogados del Externado odian es a los militares que salvaron a varios magistrados y no a los del M-19 que los masacraron.] El Tratado se tiene que caer y usted tiene gran responsabilidad en esa tarea. No nos defraude, porque no va a tener tiempo de lamentarse.
39 “Por ser esta la cuarta ocasión en que la Corte conoce de demanda contra la Ley 27 de 1980, por la cual se incorporó a nuestro ordenamiento nacional el Tratado de Extradición celebrado entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica y habida consideración de que en los tres pronunciamientos precedentes, siendo el último de reciente data, hubo apoyo de la Corte a una motivación distinta a la del presente fallo pero para llegar a la misma conclusión inhibitoria con que éste culmina”: Aclaración de voto de los magistrados Manuel Gaona Cruz y Hernando Tapias Rocha, G. J. 2422, 1er. semestre de 1985, p. 429. 

40 “La Corte, de acuerdo con lo esencial de sus jurisprudencias sobre esta materia, debe reiterar ahora que el objeto del presente proceso ya se encuentra más allá de su jurisdicción y, por ende, de su competencia”: G. J. 2422, 1er. semestre de 1985, p, 428. 

41 Parece referirse a Overseas Private Investment Corporation. 

42 Delegada del Ministerio Público, función entonces denominada “fiscal”. 

43 Entrevista de Yamid Amat con la Comisión de la Verdad. 

44 Como se mencionó, era procesado por falsedad documental y estafa, en relación con la transferencia de 13,5 millones de dólares que se encontraban depositados en una cuenta de la República de Colombia en el Chase Manhattan Bank de Londres. Estaba detenido en el mismo pabellón donde se hallaban algunos narcotraficantes cuya extradición era entonces tramitada.

45 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia N° 111, diciembre 12 de 1986, M. P. Jairo E. Duque Pérez, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor: “Declarar inexequible la Ley 27 de noviembre 3 de 1980, por la cual se aprobó el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, en cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República”. Esto último se debió, según la motivación de la referida sentencia, a que el Ministro de Gobierno, Germán Zea Hernández, a la sazón delegatario de funciones presidenciales por un viaje a República Dominicana del Presidente de la República, supuestamente no estaba facultado para sancionar la referida Ley. Consideró la Corte Suprema, con la participación de los magistrados nombrados para reemplazar a los fallecidos, que “la sanción que el Ministro Delegatario doctor Germán Zea Hernández le impartió a la Ley 27 de 1980, objeto de la presente impugnación, no se cumplió ‘con arreglo a la Constitución’ como lo exige el articulo 118 numeral 7 de la Carta Fundamental y por consiguiente, es necesario que el proyecto pase al Presidente para que se cumplan los trámites que aún faltan para que sea la ley de la República”. Aunque el propio Presidente de la República sancionó de nuevo la Ley, la Sala Plena de la Corte Suprema, ante una nueva demanda, resolvió, en sentencia N° 77 del 9 de julio de 1987, con ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz, resolvió que “como la norma contra la que se dirige la acción que por este proceso se tramita ya fue objeto de estudio y fallo definitivo por la Corte, dentro del proceso número 5-R; en virtud del principio de la Cosa Juzgada y de los efectos del fallo de inexequibilidad, debe la Corporación ordenar estarse en lo resuelto en la sentencia número 11 de 1986”

2/10/2014

Actuaciones de la Procuraduría en el caso Plazas Vega

(Divulgamos esta información porque es de la máxima importancia que todos los interesados en la política colombiana sean conscientes del sesgo abiertamente criminal, prevaricador, perverso, inicuo y canallesco del poder judicial, que queda evidenciado en la persecución al coronel Plazas Vega.)

1.- 15 de mayo de 1990
RESOLUCIÓN DE PROCURADURÍA DESVIRTÚA ACUSACIONES DE RICARDO GÁMEZ MAZUERA 

El 1.º de agosto de 1989 un ex soldado bachiller de la policía RICARDO GÁMEZ MAZUERA, presentó una carta ante notario, acompañado por el Cura Javier Giraldo, quien luego la llevó a la Procuraduría General de la Nación acusando a varios miembros del Ejército y la Policía por presuntos delitos cometidos en diferentes lugares del país y eventos de los cuales supuestamente fue testigo. Entre ellos acusando al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, de haber cometido toda clase de barbaridades criminales contra unos supuestos “desaparecidos” en los hechos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. El ex policía nunca se ratificó en las acusaciones 

Gámez Mazuera salió del país al otro día de la presentación de su denuncia hacia Río de Janeiro, a pesar de que no tenía ni dinero ni trabajo. Al parecer la ONG del padre Giraldo le pagó el pasaje. Su pasaporte estaba listo desde antes de las denuncias. En Río de Janeiro dio una rueda de prensa contra el Ejército y la Policía de Colombia ante un grupo de periodistas y ONG de DDHH que fueron las que le organizaron la rueda de prensa.  De Brasil viajó a Alemania, y de allí unos años después a BruselasNunca se ratificó. 

El 15 de mayo de 1990 la Procuraduría terminó su preliminar y se abstuvo de abrir investigación formal contra los militares denunciados por Gámez  debido a que pudo comprobar la falsedad de cada una de las acusaciones, al considerar el Ministerio Publico que: 
“…la queja   del señor RICARDO GÁMEZ MAZUERA contra personal militar carece de todo fundamento” (folio 6 de la Resolución del Ministerio Publico de fecha 15 de mayo de 1990)  
  y más adelante  
“…no se puede dar credibilidad a los hechos denunciados contra el Ejercito por el señor RICARDO GÁMEZ MAZUERA ya que como analizo anteriormente quedaron totalmente desvirtuados” (folio 8 de la misma Resolución), 
 y por eso en su parte RESOLUTIVA  decide la Procuraduría  
“ABSTENERSE de abrir formal averiguación disciplinaria contra personal militar de la Décimo Tercera Brigada”.   
En agosto de 1994 el guerrillero amnistiado GUSTAVO PETRO fue nombrado Primer Secretario de la Embajada de Colombia en Bruselas, por el Presidente CÉSAR GAVIRIA (Anexo fotocopia Decreto nombramiento), y en ese lugar apareció Ricardo Gámez Mazuera 

GÁMEZ MAZUERA repitió en Bruselas las denuncias en la prensa contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, en diciembre de 2005, coincidiendo con la apertura de una nueva investigación por los supuestos “desaparecidos” del Palacio de Justicia, pero se negó a presentarse a la justicia colombiana a hacer su ratificación.  
  
2.- 17 de septiembre de 2009
ALEGATO DE CONCLUSIÓN DE LA PROCURADURÍA PIDE SENTENCIA ABSOLUTORIA PARA EL CORONEL PLAZAS VEGA. 

El Procurador JESÚS VILLABONA BARAJAS, agente especial del ministerio Público en el proceso del coronel Plazas Vega, señala en su alegato de conclusión al finalizar el juicio contra el Coronel Plazas Vega,  del 17 de septiembre de 2009,  Causa 1153-03, lo siguiente: 

Arias Cabrales era el Comandante de la Operación (folio 50) 
…si algo emerge con claridad meridiana a partir de la exposición testimonial de los oficiales, suboficiales y soldados que intervinieron en esa operación y que declararon en este proceso, es que el mando de la operación en general siempre estuvo centralizado, formal y materialmente hablando, en cabeza del General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, como que fue él en persona, trasladando su puesto de mando hasta ese sector y físicamente allí, quien hizo la distribución de sus unidades subordinadas, asignándoles el rol que habrían de cumplir cada una de ellas en desarrollo de esa operación… 

La misión del T Cor. Plazas Vega (folio 50) 
…en lo que se relaciona con el Coronel PLAZAS VEGA, el mandato explícito y formal fue el de ablandar las posiciones enemigas con sus unidades blindadas para facilitar el acceso de las tropas de tierra y permanecer expectante o en reserva frente a un nuevo requerimiento, pero en manera alguna se le atribuyó y en eso es reiterativo su comandante ARIAS CABRALES, tanto en sus declaraciones, como en su indagatoria, nada que tuviera que ver con el manejo de rehenes, apenas su rescate y su inmediato traslado hasta la Casa del Florero. 

Sánchez R. reitera: Plazas no tenía responsabilidad sobre 
Casa del Florero (Folio 51) 
…que eran conducidas a la Casa del Florero, en lo que concernía al Ejercito Nacional, eran del resorte del Coronel SANCHEZ RUBIANO, oficial éste que al reconocer la presencia del Coronel PLAZAS VEGA en la Casa del Florero durante aquella trágica jornada, sostiene que sólo lo vio hablando con algunos de los rehenes, pero nunca en la pose de interrogador. De hecho, el coronel SANCHEZ RUBIANO en su declaración de la vista pública sostiene que la Escuela de Caballería no tenía responsabilidad en el manejo de la Casa del Florero y que la responsabilidad del coronel PLAZAS VEGA era simplemente operativa, “ni él daba órdenes, ni yo te daba órdenes”, señala textualmente; el coronel PLAZAS fue comandante de la parte operativa, “yo estaba en la Casa de! Florero”, remata... 


Soldado Cardona sostiene que el B-2 manejaba la Casa del Florero  
“…En afirmación de que era SANCHEZ RUBIANO, en su condición de jefe de la sección de Inteligencia, era el encargado del manejo de los rehenes desde el inicio mismo de la operación militar que se afianza incluso en el dicho del ya citado soldado de la Escuela de Artillería, JOSE YESID CARDONA GOMEZ, el mismo que dice haber sacado el 6 de noviembre a diez rehenes, entre ellos el administrador y una empleada de la cafetería, antes de caer herido, en cuanto sostiene que el Jefe del B-2 fue el que les dijo que condujeran a los rehenes a la Casa del Florero…” (fls 142-229, Cuaderno 9). 

Soldado Moreno cuidaba a Irma Franco y no dependía de Plazas Vega (Folio 51)  
“…Pero además, el soldado EDGAR ALFONSO MORENO FIGUEROA, orgánico del batallón de Policía Militar, en su declaración de la audiencia sostuvo que su comandante era el coronel CELSO GOMEZ MARTINEZ y su comandante directo era el capitán CHAPARRO, mientras que Comandante de la Escuela de Caballería no era su superior y que el oficial que le dio la orden de custodiar a IRMA FRANCO, detenida en la segunda planta de la Casa del Florero fue un teniente de apellido RINCON. La orden de custodia la recibió el día 7 de noviembre del teniente RINCON, al día siguiente de la toma. La custodió durante de dos a tres horas después de mediodía. La orden recibida fue la que la custodiara y de que no hablara con ninguna persona…” 

Plazas no podía impartir órdenes a E. Sánchez (Folio 51)  
“…Al no ser SANCHEZ RUBIANO subalterno de PLAZAS VEGA, mal podría éste entrar a impartir órdenes a aquél o a sus subalternos en el punto del manejo de rehenes y mal podría SANCHEZ RUBIANO o sus subordinados obedecerlas, pero tampoco en virtud de la asignación de roles mal podría PLAZAS VEGA entrar a usurpar el rol funcional de SANCHEZ RUBIANO, que como típica acción de inteligencia le había sido atribuida reglamentariamente atribuida a la Sección a su mando, tanto más cuando de manera directa y inmediata le había sido discernida, para ese específico operativo, por su superior jerárquico, esto es, el Comandante de la Brigada JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES…” 

Procuraduría pide el 17 set 2009 la absolución de Plazas (Folio 58)  
“…En suma, frente a la ausencia de la prueba plena que en materia de responsabilidad nuestro ordenamiento instrumental exige para condenar, en sentir del Ministerio Público debe proferirse sentencia absolutoria en favor de acusado LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA. 

Señora Juez, JESUS VILLABONA BARAJAS 
Procurador 19 Judicial Penal II…” 


3.- 22 de junio de 2010
APELACIÓN DE LA PROCURADURÍA PIDE: SE REVOQUE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCIA, SE ABSUELVA Y OTORGUE  LIBERTAD AL ACUSADO 

Reitera su criterio la Procuraduría cuando apela la condena de primera instancia. En contra de todas las evidencias, la Juez María Stella Jara profirió Sentencia condenatoria en primera instancia.  Por tanto el agente especial de la Procuraduría, presentó apelación el 22 de Junio de 2010, radicación No. 2008-2500, en la cual registra varios apartes, relativos al manejo de la llamada Casa del Florero, los cuales se transcriben a continuación: 

“…Respetada Doctora: 

En mi calidad de Agente Especial del Ministerio Público, actuante dentro de la causa de la referencia, y habilitado en tiempo para el efecto, de manera respetuosa comparezco ante su Despacho en el propósito de sustentar el recurso de apelación, oportunamente interpuesto contra la sentencia condenatoria proferida el 9 de los corrientes, en el propósito de que por el Tribunal Ad quem se REVOQUE tal decisión y de que, en su lugar, se ABSUELVA al acusado LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA de los cargos formulados en la Resolución de Acusación proferida por la Fiscalía…” (Folio 1 de la Apelación) 

Y más adelante: 

El Museo 20 de Julio o Casa del Florero, estuvo a cargo del Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, quien se trasladó con miembros del B-2 el Capitan OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, el sargento viceprimero FERNEY CAUSAYA PEÑA, el sargento viceprimero LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, el sargento segundo ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ tal y como se desprende del oficio de 27 de enero de 1986 firmado por el Teniente Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO (folio 71 del anexo 30), para que recibieran a los liberados, establecieran sus identidades y recogieran la información que les posibilitara conocer al enemigo, sus posiciones, sus jefes, los proyectos, las pretensiones, sus capacidades, la actitud que tenían, cantidad de retenidos y toda la información sobre el lugar de los hechos, la cual debía transmitir a sus superiores el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, según la declaración que rindiera en 1986…” 

Y cierra su apelación la Procuraduría así: 

“…En suma frente a la ausencia de la prueba plena que en materia de responsabilidad nuestro ordenamiento instrumental exige para condenar, que es la misma exigencia de certeza, en sentir del Ministerio Público ha debido proferirse sentencia absolutoria en favor del acusado LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA…” 

“…Por tal razón es que se impetra del Tribunal Ad quem la revocatoria de la sentencia condenatoria impugnada para que, en su lugar, se absuelva al señor LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA de los cargos formulados y que, de contera, se ordene su libertad. 

Señora Juez, 
JESUS VILLABONA BARAJAS 
Procurador Segundo Delegado…” 


4.- 13 de junio de 2011 
PROCURADURÍA PIDE LIBERTAD PARA EL ACUSADO Y REABRIR INVESTIGACIÓN A LA FISCAL ÁNGELA MARÍA BUITRAGO POR PREVARICATO, FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO 

Así lo hace la Procuraduría el 13 de Junio de 2011. Adicionalmente solicita que se reabra indagación penal contra la Fiscal Ángela María Buitrago por irregularidades en la investigación contra el sindicado.  
El diario El Espectador en su página Judicial lo presenta así:  
“…Supuesta suplantación de testigo Édgar Villamizar. Testigo clave de holocausto del Palacio habría sido suplantado: Procuraduría. También pidió que se reabra la investigación que se adelantaba por estos hechos a la ex fiscal Ángela María Buitrago.  
Que se reabra la investigación contra la ex fiscal Ángela María Buitrago, por la supuesta suplantación de un testigo en el proceso por el holocausto del Palacio de Justicia, solicitó la Procuraduría General de la Nación; sostiene que el principal testigo del caso pudo haber sido suplantado, alterando la veracidad de lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. 
El Ministerio Público considera que la actuación adelantada por la exfuncionaria en contra de varios militares que participaron en el operativo de retoma estuvo plagada de inconsistencias, toda vez que el material de prueba, a juicio del organismo de control, no demuestra la responsabilidad penal de agentes de la Fuerza Pública en la desaparición de 11 civiles. 
Frente al caso particular, señala que un testigo clave, como Édgar Villamizar Espinel, pudo haber sido suplantado, toda vez que en el expediente fue registrado también como Édgar Villareal, pese a que la fiscal y la parte civil han insistido que se trata de un error de digitación por parte del despacho a cargo. (Nota del A: es evidente que la Fiscal Buitrago miente, dado que el nombre aparece varias veces en la declaración, de modo que no hay error de digitación) 
Según la entidad, el testigo afirmó que su firma y su nombre fueron alterados, pues él ni siquiera fue conducido a Bogotá y había permanecido en la Séptima Brigada del Ejército, con sede en Villavicencio, Meta, en la época de los hechos. 
Asimismo, reiteró su requerimiento al Tribunal Superior de Bogotá para que revoque la sentencia que por estos hechos fue dictaminada en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega quien para la época de los hechos, comandaba la Escuela de Caballería del Ejército Nacional. 
Cabe recordar que en su momento el ex fiscal general (e ) Guillermo Mendoza Diago ordenó la remoción de la investigadora Buitrago en uno de los procesos que adelantaba por el homicidio del magistrado Carlos Horacio Urán, que se dio en el marco de la retoma del edificio. 
Horas después de conocerse la decisión, la misma Ángela María Buitrago presentó su renuncia al cargo que ocupaba en el ente acusador como fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia…” 


5.- 20 de noviembre de 2011  
EL PROCURADOR ALEJANDRO ORDOÑEZ ADVIERTE AL T.S.B. QUE SI CONDENAN A PLAZAS VEGA INTERPONDRÁ DEMANDA DE CASACIÓN 

Al enterarse el Procurador General de la Nación Doctor Alejandro Ordoñez, según especulaciones de los medios de comunicación, que los magistrados que no conocen el expediente se van a manifestar en contra de la ponencia absolutoria, decide salir a la prensa y manifestar que no se puede condenar una persona mediante una decisión contraria a Derecho.  
Advierte el Procurador ante los medios que de producirse una sentencia condenatoria en este caso, hará uso de una facultad que solo en circunstancias extraordinarias emplea y presentará Demanda de casación.  
El Procurador se ajusta a los dictados del Código Disciplinario  y busca evitar una actuación reñida con las normas y con los hechos.  
Así lo presenta el periodista de Caracol TV., Jorge Alfredo Vargas  
“…El Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, advirtió hoy que si el Tribunal Superior de Bogotá  ratifica la condena contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia, su despacho solicitará el recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia…” 
El Procurador aparece en persona ante la televisión y manifiesta: 
“…Si la decisión de Segunda Instancia… se confirma, pues acudiremos ante la Corte Suprema de Justicia interponiendo la Casación, porque no pueden existir en Colombia condenas contra Derecho y sin los debidos fundamentos probatorios…”
6.- 07 de febrero de 2012
EL PROCURADOR GENERAL MANIFIESTA QUE PLAZAS VEGA NO ES RESPONSABLE DE DESAPARICIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA. 
El Procurador General de la Nación, indignado por la decisión contra Derecho de los dos magistrados que condenaron al Coronel Alfonso Plazas Vega, abordado por los medios de comunicación, fue enfático en defender la inocencia del oficial. 
Así lo expresa le periodista Gabriel Aponte en el diario El Espectador, el 07 de febrero de 2012:  
"…Coronel Plazas Vega no fue responsable de las desapariciones": Procurador  
Consideró que no existen pruebas ni documentales ni testimoniales para condenar al excomandante de la Escuela de Caballería.  
Como un “chivo expiatorio” calificó el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega dentro de los procesos que se adelantan por los desaparecidos del Palacio de Justicia, ocurrido el seis y siete de noviembre de 1985. 
Según el jefe del Ministerio Público, los desaparecidos sí existen, sin embargo no hay pruebas que relacionen al excomandante de la Escuela de Caballería con dichas acciones, hecho por el cual reiteró la intención de la Procuraduría de presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ratificar la condena en contra del militar a 30 años de prisión. 
“La Procuraduría General ha venido interviniendo en estos procesos, no hay pruebas ni documentos que responsabilicen a Plazas Vega. Las victimas necesitan conocer la verdad, sí hubo desaparecido pero el responsable no es Plazas Vega”, precisó Ordóñez Maldonado en entrevista en la F.M. 
Y es que para el Procurador General, es necesario que determinar quién o quiénes fueron los responsables de la desaparición de 11 personas, sin embargo fue enfático en aclarar que ni el coronel Plazas ni el excomandante de la Brigada XIII general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años por estos hechos, participaron ni fueron los determinadores en estas acciones. 
“Aquí hay una guerra jurídica, en contra del Ejército el cual está viendo afectada la institucionalidad”, precisó el jefe del Ministerio Público en la entrevista radial cuestionando seriamente los argumentos presentados por el Tribunal Superior sobre una solicitud de perdón público por parte de las Fuerzas Militares a los familiares de las víctimas y a todos el país por los hechos ocurridos hace más de 26 años. 
Ante la sentencia proferida el pasado lunes, fue enfático en aseverar que existe una irregularidad frente a la ratificación de la condena, pues en el primer fallo en contra del coronel Plazas emitido en junio de 2010 se le condena por “nueve desaparecidos” y “en la segunda por siete”, manifestando así su inconformismo con lo alto de la pena establecida…” 

7.- 09 de abril de 2012
LA PROCURADURÍA INTERPONE DEMANDA DE CASACIÓN 
CONTRA  SENTENCIA DEL TSB QUE CONDENA A PLAZAS VEGA 

La Procuraduría General de la nación en cabeza del Procurador Delegado para el caso, Doctor Hernán Suárez Delgado, registró el Recurso de Casación del 09 de abril de 2012.  
En su argumento de 160 folios, el abogado Suárez Delgado manifestó: 
“…PRETENSIÓN. Conforme se deja expuesto, demando de la H. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia CASAR la sentencia de fecha, origen, sentido y contenido precisados a lo largo de esta demanda; DECLARAR demostrada la causal primera cuerpo segundo a cuyo amparo ha sido ejercido el recurso, y conforme a ello, en decisión de reemplazo, REVOCAR la condena proferida en contra de LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, y en su lugar, ABSOLVERLO  de todo cargo…” 
CASAR parcialmente la sentencia, en el sentido de revocar la Nulidad Parcial dispuesta por el Tribunal para que se prosiga la investigación respecto de los presuntos desaparecidos: Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspez Celis, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Gloria Anzola de Lanao, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Lucy Amparo Oviedo y, en su lugar absolver a PLAZAS VEGA, respecto de los mismos. De los señores Magistrados con toda consideración, (firma), HERNANSUAREZ DELGADO, Procurador 171 Judicial II Penal. Agente Especial para el asunto…” 

Reiterativamente la Procuraduría General de la Nación, con expresión pública ante los medios de comunicación pide la absolución, la revocatoria de la condena a un ciudadano y su libertad, sin ser atendido por los magistrados que llevan el caso.  
Esta es una violación flagrante al artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre:  
“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.  
Como caso excepcional el Ministerio Público que representa a los ciudadanos de la nación colombiana, no se limita a dar un concepto sobre una Demanda de Casación, sino que presenta la Demanda de Casación ante la evidente violación de los derechos del inculpado, y las decisiones judiciales contra Derecho.   

8.- 22 de agosto de 2012
LA PROCURADURÍA INSISTE EN QUE EL TESTIGO EDGAR VILLAMIZAR FUE SUPLANTADO 

Así lo presenta el diario El Espectador  
“…El Ministerio Público objetó los resultados presentados por el CTI de la Fiscalía en los cuales se ratificó la identidad de Edgar Villamizar Espinel.  
La Procuraduría General objetó nuevamente los resultados presentados por el CTI de la Fiscalía en los cuales se concluyó que el cabo en retiro Edgar Villamizar Espinal no fue suplantado cuando declaró en contra de un grupo de militares en el proceso por los desaparecidos del Palacio de Justicia. 
El Ministerio Público manifestó que Villamizar Espinel sí fue suplantado por lo que aclaró que el militar no fue el mismo que firmó la declaración acopiada en la Escuela de Caballería ante la entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Ángela María Buitrago, 
La Procuraduría presentó un memorial ante el juez 55 Penal de Bogotá quien adelanta el proceso contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y otros cuatro militares por el delito de desaparición forzada agravada. 
En su escrito, nuevamente la Procuraduría cuestionó el procedimiento hecho por el CTI para adelantar la prueba grafológica que determinó la identidad de Villamizar, señalando que este mismo ante la Procuraduría General había negado haber presentado la declaración contra los militares que estuvieron a cargo de la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985…”  

9.- 05 de febrero de 2013
LA PROCURADURÍA RINDE CONCEPTO ANTE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PIDIENDO ABSOLUCIÓN DE LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA 

La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, Doctora Elda Patricia Correa Garcés, presentó Concepto ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual concluye en los siguientes términos: 

“…PETICION. La prosperidad de los cargos formulados por la violación indirecta de la ley sustancial, en razón a los errores en la apreciación de los medios de prueba, y por lo tanto, la exclusión de ellos, llevan a la conclusión de que la sentencia de segunda instancia se queda sin respaldo probatorio, lo que significa que la responsabilidad del señor Luis Alfonso Plazas Vega no fue debidamente demostrada ni desvirtuada su presunción de inocencia…” 

“…Los argumentos expuestos en relación con las dos demandas de casación presentadas resultan suficientes para que la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal solicite, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, casar la sentencia impugnada y en su reemplazo absolver al señor Luis Alfonso Plazas Vega…” 

“…Igualmente se solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, casar parcialmente la sentencia de segunda instancia con el objeto de que declara la nulidad de los numerales de la sentencia que nada tienen que ver con el tema objeto de la apelación y en los que se ordenó, la publicación de la sentencia en la página web del Ministerio de Defensa por el término de un año, que el Ministerio de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Brigada XIII y la Escuela de Caballería celebren un acto público pidiendo perdón por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre. 
Señores magistrados  
ELDA PATRICIA CORREA GARCES 
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal 
Radicación No 38.957…” 

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Para ofrecer contexto a los lectores, añadimos este video nuestro sobre el conjunto del proceso.