31 de mar. de 2015

Regaño público al procurador

Por Jaime Castro Ramírez

Las buenas maneras en las relaciones interpersonales son reglas de conducta básicas que se deben observar como requisitos elementales con los cuales se construye el talante que identifica los individuos en su comportamiento ante la sociedad. Existe grande diferencia entre tener carácter definitorio inteligente en poder de decisión para afrontar situaciones que así lo requieran, y lo que se llama tener mal carácter, pues esto último lo que genera son maneras inadecuadas e inaceptables que conllevan a un estado de animadversión en las relaciones sociales, y por supuesto que genera rechazo hacia quien así se expresa, pues además está de por medio el sentido del respeto hacia las personas.

Salida en falso del Presidente de la República regañando al Procurador
Se dice con el poder de la razón, por lo que significa en materia de respeto hacia los demás, que cuando se requiere llamarle la atención a alguien en sentido de reprenderle una acción, se debe hacerlo en privado, nunca frente a otras personas, y menos en público. Esto dicho en las relaciones sociales corrientes, ni qué decir entonces frente a la dignidad de personas que representan autoridad.

Pues resulta que el señor Presidente de la República no tuvo inconveniente en salir a la televisión a mostrar una faceta descompuesta respecto a lo que debe ser su manera de actuar, por supuesto una faceta no propia de su condición de jefe de Estado, a regañar en voz alta e irrespetuosa a una autoridad de la república como lo es el Procurador General de la Nación. Hay que decirlo, que frente al país, esta conducta genera pena ajena, y más por venir de parte del Presidente de la República quien es la máxima autoridad y por lo tanto le corresponde dar ejemplo de cordial coexistencia entre sus gobernados, y con mayor veraz impulsar la armonía en la funcionalidad institucional de la república.

Sorprende la actitud soberbia del Presidente al decirle al Procurador “Usted no se meta en lo de la paz”, y desconociendo que la constitución y la ley le obliga al Procurador a salvaguardar los intereses de la sociedad, razón por la cual Ordóñez Maldonado se siente “perplejo” de lo que observa que se está manejando en materia de concesiones a las Farc en la negociación de paz, y no solo el Procurador tiene esa grande preocupación sino que también la tienen la gran mayoría de los colombianos, pues en las condiciones que se conocen, eso no se podría llamar paz sino entrega del país a los victimarios del pueblo colombiano.

El procurador Ordóñez, personalmente le entregó al presidente Santos un cuestionario de la Procuraduría General de la Nación solicitándole respuestas sobre la negociación de paz, y específicamente con el objetivo de darle tranquilidad a los colombianos sobre lo que sucede en la Habana; sin embargo, la única respuesta ha sido ésta en tono irrespetuoso al señor Procurador al decirle “Usted no se meta”.

El deber del Procurador de cumplir con su obligación constitucional, a esto no se le puede llamar “hacer política” (como lo dijo el Presidente), pues si de este calificativo se tratase, se podría entonces invertir el orden de los factores diciendo que se ‘hace política sucia’ en contra de la ley que obliga al Procurador, y en contra de la institucionalidad que este funcionario representa.

Afirmar que hay enemigos de la paz no es más que un vulgar prejuicio de mala intención política, pues nadie está en contra de la paz justa para el conjunto de la sociedad colombiana, lo inaceptable es que no se cumplan un mínimo de condiciones por parte de las Farc, y que sea el Estado de derecho y los colombianos quienes se vean obligados a asumir el total del costo político, económico y social de la llamada paz, que al final no será paz.

Lo anterior no significa mucho pedir por parte del Procurador General de la Nación a nombre de los colombianos, es solo pedir una solución decente a la cual se le pueda llamar paz con propiedad.

27 de mar. de 2015

Vladdo contra la pena de muerte

Por @Ruiz_senior

Hace poco hablé con un colombiano cuyas ideas y actitudes me parecieron muy razonables, aunque al final llegamos a un punto de absoluta discrepancia, al que probablemente llegaría yo con la mayoría de los lectores de este blog: la idea de que lo que ocurre en Colombia es frecuente en otros países. Esa idea es la más monstruosa de todas, el fundamento del crimen. La suposición de que el músculo de mamífero se parece y no hay escándalo en que en algunas partes provenga de vacas o cerdos y en otras de seres humanos.

Nadie debe tener ninguna duda: en ningún país del mundo va a ocurrir que alguien quema a una persona viva y los demás lo toman con indiferencia mientras que los que encargan hacer eso se llaman defensores de derechos humanos. En ninguna parte puede ocurrir que el presidente del órgano legislativo diga que es preferible que los asesinos estén legislando y no matando, o que el fiscal se declare abiertamente partidario de los que queman gente viva. Todas esas monstruosidades se resumen en la idea de que Colombia no es diferente, de que el colombiano es una criatura moralmente asimilable al resto de la humanidad. Los que hacen esas cosas sólo comparten la opinión general y creen que sus proezas son casi lícitas.

Esta semana se me ocurrió leer la prensa colombiana y encontré un artículo de Vladdo sobre la pena de muerte. Inmediatamente me acordé del colombiano que cree que los problemas colombianos son similares a los del resto del planeta. Alguien como ese caricaturista es inconcebible en cualquier parte, pero ese artículo ya roza la broma macabra. Sólo que en Colombia hay un público para eso, la formidable clientela de las FARC, que hoy por hoy es la clase alta y que durante décadas ha suscrito la fascinante descripción de los activistas legales de las FARC (que aparecen como tales en los computadores de alias Raúl Reyes) como "defensores de derechos humanos". Cuando se trata de los "intelectuales" comunistas casi se los puede excusar, vista la rentabilidad fascinante de su tarea (un escrito de unas 30 páginas le reportó 46 millones a cada miembro de la Comisión Histórica, menos de los que obtuvieron Mockus con sus contratos con Ecopetrol o Natalia Springer por ayudar a la Fiscalía, mientras que cientos de ex decanos y ex rectores cobran más de 15 millones de pesos mensuales de pensión tras un par de décadas de divulgación de la propaganda de las bandas terroristas). No son ellos los que más asco y desprecio inspiran en Colombia, ¿Qué decir de millones de personas de ingresos modestos que se afilian a ese bando de la maldad porque SIENTEN que hacerlo les provee ascenso social? Si se cuentan los que sólo son indiferentes ante eso, ya saldrían la mayoría de los colombianos.

Comento el citado artículo.
¿Mataos los unos a los otros? 
En esta espiral de violencia de todos los tintes que vive Colombia, es común la proclividad a resolver las cosas a punta de bala
El tema de la pena de muerte es sólo un pretexto, el fondo es el viejo "argumento" universitario de que en lugar de la violencia hay que sentarse a dialogar.
Cuando a los 12 años leí La pasión de Sacco y Vanzetti, de Howard Fast –mi primer libro no infantil–, no entendí muy bien por qué una persona podía disponer de la vida de otra. Aquel libro relataba la historia de dos anarquistas italianos ejecutados en Massachusetts, en la década de los años 20, por un crimen que no cometieron. A esa edad me causó un gran impacto ver cómo un par de ciudadanos indefensos fueron procesados y condenados a la silla eléctrica en un sistema judicial politizado y discriminatorio. Ese texto, que ha inspirado numerosas películas y obras de teatro, fue mi encuentro racional ¡y brutal! con la pena de muerte, que desde entonces me parece inaceptable.
Alguien debería hacer un documental honesto sobre Sacco y Vanzetti, porque esas ejecuciones, sea cual fuera la culpabilidad de los dos anarquistas, sirvieron de excusa para una intensísima movilización de la Komintern en aras de llevar la lucha de clases a Estados Unidos. Aun admitiendo en gracia de discusión que su condena fue injusta, ¿alguien se puede imaginar cuántas personas inocentes morían ejecutadas entre tanto en el Imperio soviético, sin contar las que morían de hambre? Los partidarios de ese régimen criminal enviaron varios millones de cartas a Estados Unidos oponiéndose a la condena, en un acto de cinismo que anticipa lo que hace el gobierno de los criminales hoy en día en Colombia.

Pero en Colombia nadie sabe nada de eso, por lo que Vladdo explota un tema que permite a los partidarios del terrorismo acusar a Estados Unidos de algo que la copiosísima inversión en propaganda durante casi noventa años ha hecho que parezca una obviedad. ¿Alguien recuerda una sola vez en que Vladdo o alguien de su medio condene los niños bomba que envían las FARC, o crímenes como la incineración del soldado Perdomo Rodríguez? En el mejor de los casos, les parecen muestras de la degradación del conflicto que se debe negociar como la gente civilizada, no a punta de bala. (Perdón por repetir eso, pero es casi lo único que falta entender: la persona que tolera esos discursos sin sentir malestar físico no es menos monstruosa que la que comete los crímenes. Más bien es más monstruosa.)
Ahora, cuando en el estado de Utah, en el oeste de Estados Unidos, se ha reimplantado el pelotón de fusilamiento para los condenados a muerte, vuelve y me asalta esa vieja pregunta: ¿qué puede llevar a alguien a matar a sus semejantes? Desde entonces, esta ha sido una inquietud recurrente en mi vida y después de muchos documentales, clases, lecturas, conferencias, películas, seminarios, etcétera, sigo sin hallar respuesta.
"Matar a sus semejantes" se vuelve una figura enternecedora: ¿en qué consiste esa acción? Hitler no mató a nadie, y de hecho se las arregló para que el Holocausto no pareciera iniciativa suya ni algo que él había autorizado. En cambio, los que pusieron la horca a los jerarcas nazis en Núremberg sí mataron a sus semejantes. ¿Qué puede llevar a alguien a hacer eso? Claro, el señor Santos, que teóricamente aprobó la Operación Fénix, mandó matar a su semejante mientras que Vladdo, que forma parte del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, concebido para rentabilizar el secuestro de Íngrid Betancur, en el que tomaban parte todos los defensores de Derechos Humanos que aparecen como parte de la conjura terrorista en los computadores de alias Raúl Reyes, ¡no mató a nadie! Otra vez: sin limpiarse lo colombiano el mundo se ve como tras unas gafas cuyos lentes fueran de plástico de burbujas. Nadie que haya matado a sus semejantes avergonzaría tanto a la humanidad como los colombianos que suscriben esas mentiras, que a fin de cuentas tienen como única función cobrar el asesinato e incineración del soldado Perdomo. 
[...] 
Y me pongo a cavilar: ¿cómo se le puede ocurrir a uno hacer parte de un pelotón de fusilamiento? ¿Qué puede experimentar un individuo al disparar directamente al corazón de otro? ¿Cómo dormirán luego los verdugos? ¿Podrán dormir?
No se pone a cavilar cómo puede uno vivir cobrando los secuestros, legitimando a los que los cometen, lucrándose copiosamente gracias a ellos. No, de repente todos los pelotones de fusilamiento son lo mismo y el mundo se divide entre los que aplican la pena de muerte y los buenos que se horrorizan de esa posibilidad, por mucho que manden niños bomba, hechos que NUNCA merecen la menor atención del humanista.

Todos estos asesinos sólo les proveen una justificación a sus clientelas, que creen que la farsa que viven se puede justificar y que "catedrático", "decano", etc. son lo mismo en otros países (un catedrático colombiano está mucho más lejos de uno de un país civilizado que Diomedes Díaz de Benjamin Britten). 
Claro que esa frialdad en la sangre también es común en Colombia, donde el año pasado hubo unos 13.000 homicidios, la mayoría cometidos con arma de fuego. En esta espiral de violencia es innegable la proclividad a resolver las cosas a punta de bala: desde una disputa de tierras hasta el robo de un celular; desde la discrepancia ideológica hasta los enredos sentimentales; desde un altercado de vecinos hasta un problema laboral; desde la lucha ideológica hasta un lío familiar.
El atracador que tiene el filo de su navaja cerca del cuello de su víctima se siente todo un pacifista porque calcula que si el otro está quieto todo saldrá bien. De lo que trata este artículo es del proceso de paz (llamémoslo así): el intento de aplicar la ley y detener al que viola niñas y mata policías se describe como agresión y ganas de resolver los problemas a punta de bala. Lo que pasa es que algo tan atroz, un cinismo que muestra a este canalla como alguien mucho peor que cualquier asesino de función más modesta, no tiene mucho rechazo en Colombia, donde el que no es del bando terrorista es servil ante los de arriba.
Estamos tan familiarizados con el asunto que pocas muertes violentas nos conmueven, a menos que se trate de figuras conocidas. Como es obvio, los medios no alcanzan a registrar la gran mayoría de asesinatos cometidos y solo informan de aquellos particularmente espantosos, crueles o numerosos; como cuando la guerrilla pulveriza un pueblo, la mafia vuela un avión o los ‘paracos’ cometen una masacre.
¿Cuántos años han pasado desde la última masacre "paramilitar"? Los asesinos son dichosos culpando a las armas. Pero no: el crimen organizado es el que más mata en Colombia y el que impide que se aplique la ley. El crimen organizado es la organización a la que pertenece Vladdo, que no dispara ningún arma tal como Eichmann no empujaba a nadie a ninguna cámara de gas.
Sin embargo, sin desconocer la gravedad de ninguna muerte individual o en grupo, legítima o ilegal, me inquieta mucho la lógica que guía a aquellos homicidas que se enfrentan cara a cara con su víctima; y cada vez que se conoce la noticia de un magnicidio, un atentado, un atraco o cualquier tiroteo –incluidas las ejecuciones–, me pregunto qué le pasará por la cabeza al victimario al apretar el gatillo. ¿Sentirá rabia? ¿Alegría? ¿Emoción? ¿Susto? ¿Desprecio? ¿Compasión? ¿O simplemente no siente nada? Quizás haya explicaciones científicas, antropológicas o psiquiátricas –las tiene que haber–, pero ya sea por orden judicial, en legítima defensa o en medio de un crimen, sigo sin entender por qué en Utah, en París o en el Meta los hombres nos tenemos que seguir matando.
El cinismo y el engaño de este malhechor no tiene límites: la pena de muerte tiene muchos detractores, y vista la clase de motivos de los que la apoyan con entusiasmo es muy explicable que los haya. Pero no es lo mismo que un juez condene a muerte a un criminal que ha tenido un juicio justo a que unos ambiciosos como los que le pagan al payaso-vampiro ordenen cientos de miles de asesinatos de personas inocentes. Ese engaño es otro crimen, pero es necesario para mantener el optimismo de las clases acomodadas cuya fuente de renta son esos asesinatos.
Colofón. Hace 25 años, con el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, la violencia nos quitó a un hombre valioso y este país dio otro paso hacia la oscuridad.
Claro que ese hombre valioso pertenecía a la dirección del Partido Comunista, que mataba a miles de colombianos cada año. Curioso, esos asesinatos eran obra del conflicto y el problema es que no se los premió antes. ¡Cuando mataban impune y abiertamente no se iba hacia la oscuridad! El que todo colombiano capaz de leer la prensa conozca a personas que razonan así y no los encuentre sencillamente criminales define al país: no el homicidio sino la disposición a lucrarse de él invocando buenas intenciones y sirviendo a los que lo cometen. Y la monstruosidad llega a tal punto que todos creen que es algo que pasa en todo el mundo.

24 de mar. de 2015

Paz sin entrega de armas

Por Jaime Castro Ramírez

La intención es el deseo deliberado de actuar conscientemente, de buena o de mala fe, frente a una a acción o situación específica. Filosóficamente se habla de la intencionalidad como una relación que existe entre la conciencia y el mundo exterior, es decir, que el individuo vincula el poder de su mente con el desarrollo de un hecho que conlleva a perseguir el logro de un objetivo determinado, llámese para hacer el bien a sus semejantes, o también para lograr el efecto contrario.

Paz que negocia el presidente Santos sin la entrega de armas de los terroristas
Hablar de paz requiere el soporte de unas condiciones específicas y esenciales, las cuales se tienen que cumplir en un escenario de sinceridad, pues aparte de que debe existir verdad, justicia y reparación a las víctimas, hay una condición sine qua non para que pueda funcionar la paz, y es obviamente la entrega de las armas por parte de quienes han actuado criminalmente en contra de la sociedad, y en contra del Estado de derecho y sus instituciones.

Se han conocido varias exigencias de las Farc que son inaceptables para los colombianos (así lo dicen las encuestas), como por ejemplo la impunidad total al decir que no pagan cárcel por los innumerables crímenes de lesa humanidad que han cometido, la exigencia de la concesión de territorios con el calificativo de zonas de reserva campesina que significa la división y desintegración de la unidad del territorio nacional, decir que son víctimas y no victimarios, negarse a pedirle perdón público a los colombianos, etc. Todo esto es producto del cinismo sin límites que manejan las Farc, pero lanzar también como exigencia que el gobierno Santos les acepte en la negociación ‘no entregar las armas’, esto es simplemente el colmo de lo insólito, y significa que no se puede hablar de paz si los terroristas se quedan en poder de las armas, pues sería nada más y nada menos que quedarse con el medio propicio para continuar con la violencia ante cualquier circunstancia que según su criterio consideren no aceptable en un hecho posterior a la firma del acuerdo de paz.

Lo anterior implicaría una ‘paz’ efímera por sustracción de materia, es decir, por cuanto operaría la desaparición del sustento esencial de la acción llamada paz, y que tiene que ser justamente el desarme efectivo y desmovilización de los actores que han actuado fuera de la ley. Las Farc manejan la engañosa expresión de ‘dejación de armas’, pero que para ellos no existe el concepto de la ‘entrega de armas’, con lo cual plantean una forma ficticia de paz, o dicho de otra forma, acuden a una estrategia imaginaria diferente a la realidad de la paz.

En gracia de discusión se podría decir que las Farc están en su derecho de exigir lo que les parezca en la mesa de negociación, pero todo depende del presidente Santos que es quien tiene la palabra en nombre de los colombianos para decidir qué es lo que va a firma con el nombre de ‘paz’, y de lo cual obviamente dependerá el porvenir político, económico y social de la república.

Hablar de paz con armas que queden en poder de los violentos es aceptar por parte del gobierno un grande engaño para los colombianos porque eso no es paz. Al respecto, se podría concluir con un símil diciendo que solo en un escenario donde fuera presentada la obra titulada ‘la irrealidad’, donde unos actores representen la ingenuidad, quizás enajenados, o confundidos por la mala intención de otros actores, solo allí se podría escenificar un simulacro imaginario con el nombre de negociación de paz.

21 de mar. de 2015

El vagón de ganado

Por @ruiz_senior

Los vagones de ganado en que los nazis llevaban en sus víctimas a los campos de exterminio pueden servir de modelo de lo que en últimas constituye la vocación de todos los Estados. Al respecto conviene no olvidar el sentido que tiene el Estado según Franz Oppenheimer:
El Estado, totalmente en su génesis, esencialmente y casi totalmente durante las primeras etapas de su existencia, es una institución social, forzada por un grupo victorioso de hombres sobre un grupo derrotado, con el único propósito de regular el dominio del grupo de los vencedores sobre el de los vencidos, y de resguardarse contra la rebelión interior y el ataque desde el exterior. Teleológicamente, esta dominación no tenía otro propósito que la explotación económica de los vencidos por parte de los vencedores.
Según la fase histórica, ese despojo tiene un objeto diferente. Pueden ser los pobladores de los territorios que caen en manos de los imperios expansivos, como el romano, los esclavos importados por el Imperio español para que "se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas", o los kulaks rusos y los judíos alemanes cuando los conquistadores no tuvieron mejor botín que la población de su propio país. La estructura se mantiene aunque en las sociedades más maduras tiende a primar la ley sobre el interés del clan dominante y sus clientelas, de modo que los derechos concretos de los ciudadanos (a la vida y la libertad) no pueden ser transgredidos sin respuesta.

La dominación de una comunidad por otra condujo durante la mayor parte de la historia a la esclavitud, y en los últimos siglos, en que en todo el planeta rigieron Estados pero no siempre democracia ni derechos, la resistencia de los esclavistas a la cultura de la libertad se tapó con la retórica socialista. En Rusia. la abolición de la servidumbre tuvo lugar en 1861, 56 años antes del ascenso de los bolcheviques, que la reinstauraron en su versión más eficiente. También el país americano en el que el triunfo total de los comunistas les permitió quedarse tanto tiempo como en Rusia fue el último en abolir la esclavitud. Sencillamente, la clase de los funcionarios encontraba nuevos pretextos y nuevas retóricas para disponer a su antojo de la población sometida.

Es muy importante recordar el sentido del Estado cuando se piense en la política actual. Tras surgir como máquina de dominación controlada por un grupo pequeño y muy cohesionado, en las sociedades en que se enfrentaron diversas burocracias y una masa crítica de población que buscaba autonomía, es decir, en las de Europa y Norteamérica, se puso en el centro la oferta de garantías a los ciudadanos. En las sociedades en que la tradición esclavista perduró hubo que inventarse nuevas tareas, gracias a las cuales la burocracia podía disponer de los bienes ajenos. En la novela Los que vivimos de Ayn Rand se cuenta cómo las viviendas de las ciudades rusas fueron colectivizadas, es decir "okupadas" por turbas de menesterosos que servían como agentes de la burocracia para despojar a los propietarios. ¿Cómo se llamaba ese despojo? "Derecho a la vivienda". el supuesto "derecho" a exigir que los demás le provean a uno vivienda. La evolución de la vivienda en Rusia a partir de entonces puede explicar el fruto de esa política. Al igual que en Cuba, sobre lo cual ilustran ampliamente las fotos del bloguero @Yusnaby.

Pero mucho más productivo para la burocracia es el "derecho a la educación", que se vuelve en las sociedades con pasado católico la principal tarea del Estado sin que a nadie le parezca algo siquiera vagamente discutible. La esencia de esas sociedades es el parasitismo del clero y los grupos sociales ligados a él. La conquista de América proveyó recursos fabulosos para pagar ese parasitismo, y una excusa potente en la evangelización. Lo que ahora nos parecería una diferencia cultural (las formas de vida tradicionales de los aborígenes) ha sido durante toda la historia americana posterior al siglo XV una aberración que se buscaba extirpar. De ahí viene la certeza de todos los colombianos de que "lo que falta es educación". La vida sin la asimilación cultural era el pecado, y combatirlo era lo más urgente. Esa ideología se rastrea por ejemplo en el uso del eufemismo indígena porque indio es insulto (no tienen relación, los nacidos en un país son indígenas), con lo que la corrección política mezclada a la indigencia intelectual produce una flor ridícula. Para no ser indio hay que educarse, eso es que piensan todos los colombianos.

A medida que la población crecía y la masa de mestizos se hacía importante, se hizo necesario proveer a los dominadores de un pretexto más eficaz que la pureza racial. Para eso sirvieron los seminarios y universidades. A través de la educación se mantenía el control ideológico y se aseguraba el poderío de los grupos que heredaban el mando de los encomenderos. Nunca importó que no se aprendiera nada ni menos que no se investigara ni inventara nada. El que podía pagarse los estudios obtenía el "título", palabra que se usaba para aludir a las dignidades nobiliarias.

Esa función de la educación como marcador de la jerarquía social explica por qué en más de cuatro siglos los aportes de las universidades iberoamericanas al conocimiento sean literalmente inexistentes. De lo que se trata es de buscar un pretexto para librar a los de arriba del trabajo y asegurarles rentas a quienes predican.

A medida que aumentan los recursos, el mismo mecanismo se amplía sin cesar y el clero educativo crece al mismo ritmo, a tal punto que en Colombia es el gremio más numeroso de funcionarios.

Mención aparte merece la educación "superior", basada en el mismo principio de librar del trabajo por unos años a los privilegiados y proveerles certificados que legitiman su mando, a la vez que rentas a sus orientadores. Las materias mismas son una farsa, a tal punto que todo estudiante de secundaria se ha tenido que enfrentar a lecturas como El Cid, la Divina Comedia, La Montaña Mágica o Great Expectations (en inglés, estos ejemplos corresponden a personas que conozco, no a posibilidades). Con toda certeza, NINGUNO de los profesores que ordenan esas lecturas conocen los libros, pero los jerarcas de la educación no pierden nada con obligar a leer. Si al menos una parte ínfima de los que acaban carreras de letras fueran capaces de entender lo que publican los periódicos ya se habría obtenido algo. Sencillamente los que dirigen las universidades son unos ignorantes increíbles (conozco a varios) y basta que abran la boca para oírles los mayores disparates. Nadie es más desinteresado en hablar de filosofía que el "filósofo", que a fin de cuentas sólo está para transmitir su tedio a los estudiantes.

Sobre los problemas de la expansión de la educación a las multitudes, acompañada de la concentración en áreas cada vez más reducidas ("especialización"), son del máximo interés las "consideraciones intempestivas" que Nietzsche escribió en su juventud.

De todo lo anterior se hace evidente para mí que no puede haber progreso ni bienestar general sin hacerle frente a la mentalidad que está en la base de esa educación. Del mismo "derecho a la educación", cuya materialización más clara es que una persona es más sensata si no ha estudiado en una universidad colombiana que si lo ha hecho, que los estudiantes sobre todo aprenden a intimidar y ejercer violencia, como ocurrió recientemente en la Universidad Libre de Pereira, y que por descarado que sea el disparate que promueven los terroristas, que son los mismos profesores universitarios (algunos de cuyos alumnos hacen de capataces en el monte de la industria del horror), no encontrarán resistencia entre los afortunados doctores, que suscriben lo que sea porque está probado que ser de ese bando se premia bien (las pensiones que cobran los profesores colombianos, muchos de poco más de cincuenta años, pasan con frecuencia de los quince millones de pesos mensuales: su trabajo consistía en alentar la rebelión contra la desigualdad, y ni ellos ni nadie se molesta por eso).

Un ejemplo de mentira monstruosa es el cuento pacifista de que quien se opone a que los genocidas queden impunes y triunfen en toda regla obedece a intereses ligados a la "guerra" y se lucra de la muerte. ¿Es tan difícil darse cuenta de la falsedad de ese aserto típico de Petro? No, es facilísimo, pero al fin de cuentas la mentira y el parasitismo son la vocación del país.

La educación es otra cosa, no la misión del Estado sino la de cada persona, no la obtención de diplomas sino la superación constante, no la adquisición de una profesión (para la que siempre se está "sobrecalificado" porque los recursos de quienes trabajan en algo productivo se van a asegurar las rentas de quienes recitan la propaganda) sino la formación como personas que no depende de instituciones. Un Estado que no da garantías a sus ciudadanos de que no los maten ni aplica la ley sino que tiene por misión proveer el "derecho a la educación" es un Estado fallido y sus habitantes tienden a la hambruna y a la ignorancia más extrema, como ocurre en Cuba, el país que más gasta en educación como proporción del PIB con unos resultados más ruinosos que en vivienda.


El hecho de que no haya nadie que quiera ver eso (la campaña de Óscar Iván Zuluaga tenía como promesa central ofrecer diplomas para todos los jóvenes) sólo agrava la situación. El uribismo y las FARC están en el mismo bando, suponiendo que "lo que falta es educación" y no precisamente dejar de despojar a los que producen para asegurar las rentas de los parásitos.

Educación es propiamente lo contrario del vagón de ganado en que los regímenes totalitarios meten a la población para forzarla a recitar su propaganda, y si las FARC avanzan día a día en su control de Colombia es precisamente porque esa base ideológica no tiene ningún rechazo. La educación es el pretexto con el que la clase de los opresores recluta catecúmenos y agentes de su dominación. 

17 de mar. de 2015

Rumbo de la economía colombiana

Por Jaime Castro Ramírez

Los factores económicos que mueven la economía nacional son diversos, entre ellos se pueden citar algunos: La producción nacional de bienes y servicios (producto interno bruto PIB), márgenes de empleo o de desempleo, mercado internacional de importaciones y exportaciones, comportamiento de la deuda externa, tasas de interés, nivel de inflación, etc., y por supuesto que también influye el factor político en la orientación de las políticas de manejo económico.

Otro factor que tiene incidencia en el desarrollo económico es el crecimiento de la población, pues esto se refleja en la cantidad de demanda en el mercado laboral frente a la disponibilidad de oportunidades, y del consiguiente beneficio que ofrezca en cuanto al PIB per cápita, lo cual le da identidad al nivel de vida de la población.

Escenario económico colombiano
El primer semestre del 2015 da la pauta de lo que vendrá a corto o mediano plazo en materia económica para el país. Aunque el comportamiento de la economía es cíclico y de acuerdo a los manejos macroeconómicos se puede salir de dificultades en periodos no muy largos, sin embargo, no es descabellado pensar en que se genere una eventual situación de recesión económica. La oficina nacional de investigaciones económicas de Estados Unidos, define como recesión cualquier decrecimiento continuado de la actividad económica por dos o más trimestres consecutivos.

Además hay síntomas que indican cuándo se puede estar frente a un proceso económico recesivo, como los siguientes:

1. Incremento del desempleo como consecuencia del no crecimiento económico, pero si éste es negativo, viene entonces el agravante de los despidos laborales.

2. Disminución del consumo por factores como el aumento de precios y la disminución del poder adquisitivo por el efecto inflacionario.

3. Disminución del crecimiento del PIB como consecuencia de la disminución del consumo.

4. Aumento de inventarios en las empresas manufactureras por la misma razón del reducido consumo.

5. Incremento en la morosidad en el pago de los créditos por incapacidad de pago.

Actualmente en Colombia no estamos exentos de que estos síntomas se conviertan en realidad, pues para empezar, ya se observa un masivo despido de trabajadores del sector petrolero, que según informaciones puede llegar a unas quince mil plazas de trabajo, lo que puede significar el sostenimiento en sus familias de aproximadamente sesenta mil personas, y lo cual empujará hacia una crisis laboral que generará otros síntomas negativos de los aquí mencionados. Como consecuencia pueden venir también los despidos laborales en otros sectores de la economía cuya actividad ha estado vinculada al sector petrolero, como son los proveedores de productos y de prestación de servicios.

La actividad de la ingeniería colombiana en obras civiles es una damnificada directa, en lo cual el gobierno deberá tomar medidas de apoyo correctivo generando otros frentes de trabajo para preservar el empleo.

Situación tributaria y presupuestal del gobierno

El resultado de la ecuación es elemental si tiene en cuenta que a menor capacidad del aparato productivo para generar ingresos, obviamente se genera menor tributación, y por consiguiente la disponibilidad presupuestal estatal se reduce en la misma proporción. La consecuencia es entonces la disminución en la atención a programas de asistencia social lo cual redunda en desmejoramiento del nivel de vida de la gente.

El gobierno armó el presupuesto general de la nación para el año 2015 en base a un precio del barril de petróleo de US$95, y a razón de una producción de un millón de barriles diarios, y aún así era un presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos; pero ocurre que en lo que va de 2015 ha estado el precio promedio del barril en US$50, lo cual significa que ese ingreso se ha disminuido en un 47,37%, que en términos absolutos equivale a US$1.350 millones de dólares al mes. Al bajo precio del petróleo hay que agregarle que la producción ya no alcanza el millón de barriles diarios, y con la crisis del sector puede agudizarse tal disminución.

El actual gobierno orientó la dinámica de la economía en base al sector minero-energético, y a fe que obtuvo una grande bonanza con el precio del petróleo a 100 o más dólares el barril, bonanza de la cual no ahorró nada porque la derrochó en politiquería repartiendo la llamada ‘mermelada’ a diestra y siniestra, y cometiendo el error de descuidar sectores como el agrario y la industria básica que han venido últimamente en retroceso.

La situación fiscal se complica aún más por razón del 40% de devaluación de la moneda, lo cual implica que el servicio de la deuda pública externa se encarece en esa misma proporción, pues la consecuencia es que se debe pagar una cantidad en pesos muy superior por capital e intereses. Esta devaluación monetaria es inflacionaria porque se encarecen los precios de los productos importados, incluso productos como la harina de trigo que tiene que ver con subproductos de la canasta familiar de consumo masivo, y de muchos otros bienes y servicios; por ejemplo el caso de los vehículos que han subido de precio en un 15%.

El banco de la república proyectó una inflación del 3% para el 2015, sin embargo, viniendo de una inflación del 3.66% en 2014, y con el enrarecimiento del costo de vida en base al incremento de precios con que empieza el 2015, esa proyección inflacionaria no se cumplirá, pues en el primer bimestre de 2015 ya la inflación acumulada fue de 1.8%, sin dejar de decir que en Colombia se paga la gasolina más cara del mundo a pesar de los bajos precios del petróleo y a pesar de ser un país productor. El actual precio del petróleo ha hecho que en todos los países disminuya significativamente el precio de la gasolina, menos en Colombia.

La única fuente de ingresos que le quedará a la vista del gobierno para tratar de ‘subsanar’ el creciente déficit fiscal será acudir a nuevas reformas tributarias, lo cual terminará siendo peor el remedio que la enfermedad porque serán medidas asfixiantes para la economía, pues Colombia lidera el nivel impositivo en cuanto a las altas tasas de tributación, lo cual desmotiva la inversión y en consecuencia afecta negativamente el crecimiento económico, y por supuesto que a cambio de aumentar el recaudo tributario, éste se disminuye.

16 de mar. de 2015

Terror en Bogotá

Por @AdasOz

Más o menos hace unos seis meses, mientras me dirigía en un taxi hacia mi lugar de trabajo, el conductor me hablaba espontáneamente sobre la inseguridad que azota a Bogotá y sobre su descontento con la actual y mal llamada administración de Gustavo Petro. Entre otras cosas, me comentaba que ya en unos barrios de la ciudad hay milicias urbanas perfectamente organizadas, por lo que se está convirtiendo en una labor casi heroica entrar a trabajar en ellos.

Es muy grave que la falta de gestión en Bogotá y el pasado terrorista del alcalde hayan desencadenado en exactamente el mismo mal causado por el dictador Hugo Chávez en Venezuela, al crear su propio grupo paramilitar: las milicias populares del barrio caraqueño 23 de Enero. No en vano Petro admiraba al tirano vecino, pues eran amigos de vieja data, desde los tiempos álgidos del terrorismo del M-19.


Cabe recordar que desde que Petro asumió la enorme responsabilidad de manejar la capital, el desorden público se ha recrudecido, siempre precedido por marchas y manifestaciones que él mismo promueve declarando días cívicos en universidades y colegios públicos, donde él bien sabe que están concentradas las milicias. Durante el paro agrario, por ejemplo, las calles de Bogotá estaban inundadas de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, cuyo único objetivo era generar caos y destrucción a su paso, al igual que como sucedió en los años inmediatamente anteriores con las protestas contra Transmilenio que dejaron millonarias pérdidas al sistema de transporte y a la ciudad.

Recordemos también que durante el período transcurrido entre los años 2011 y 2012, época en la que los vándalos universitarios se ensañaban contra Transmilenio, al menos 8 estudiantes murieron manipulando explosivos para la creación de papas bomba. Uno de los casos más recordados es el de los tres estudiantes de la Pedagógica que resultaron muertos por esta misma razón y que en su momento la Policía investigaba por posibles nexos con la guerrilla. Nunca se supo que pasó con dicha investigación, pero a nadie parece importarle. Fue tan solo una noticia del momento.

Para el 2014, la situación que se vivió en Bogotá no era menos preocupante, pues al caos y a la inseguridad se le suma la zozobra que nos han venido dejando una serie de “petardos” que explotaron, algunos controladamente, en diferentes puntos de la ciudad. Desde mediados del año pasado los “agraciados” terroristas que dialogan en La Habana han venido sembrando terror, con la ayuda caritativa de sus camaradas del ELN, recordándonos que podríamos estarnos aproximando a revivir los peores tiempos del Cartel de Medellín. El 20 de junio del año pasado explotó un petardo en un CAI en la Plaza de Lourdes en la localidad de Chapinero, cuya autoría se atribuyó la organización terrorista ELN. Pocos días después, fueron encontradas seis bombas panfletarias de las FARC, de las cuales estallaron tres. Un mes después, los terroristas del ELN volvían a hacer de la suyas activando otros dos petardos panfletarios más y dejando listos otros tres, que afortunadamente fueron desactivados por la Policía. Por supuesto, nada de esto desveló a Petro y mucho menos tomó medidas para brindarnos a los ciudadanos seguridad, mientras estos últimos siguieron tranquilos con su rutina como si nada estuviera pasando.

En lo que va corrido del año 2015, es decir en menos de tres meses, la tranquilidad de los bogotanos se ha visto vulnerada por la explosión, en algunos casos controlada, de 7 petardos que todavía permanecen sin esclarecer y las autoridades tampoco han rendido cuentas de haber detenido ningún responsable. Lo único que sabemos es que la última explosión fue considerada un atentado a la Policía y que es muy probable que haya sido perpetrado por el ELN. Pero aún quedan muchos interrogantes por resolver, ya que cabe la posibilidad de que este grupo terrorista esté actuando en confabulación con las FARC, siendo el primero autor material y librando a los últimos de quedar directamente implicados en el crimen para que puedan posar de no haber roto el tan publicitado cese “unilateral” anunciado en diciembre pasado.

Llama la atención lo que señalo en rojo de un artículo publicado por el diario El Espectador horas después del atentado del jueves pasado:


Los medios reciben toneladas industriales de mermelada del gobierno, especialmente este pasquín, por lo que se han dedicado a publicar este tipo de sentencias tendenciosas que antes de informar generan dudas y zozobra en la ciudadanía. ¿Recuerdan cuando explotó la bomba contra Fernando Londoño en el semáforo de la Calle 74 con Av. Caracas, cuando los medios aseguraban que la “extrema derecha” había sido responsable del atentado, pero en realidad se confirmó que fueron las FARC? Bueno, así mismo están haciendo con los recientes casos de terrorismo en Bogotá. En Colombia el periodismo investigativo es una especie en vía de extinción.

Ahora bien, ya son tantos los casos de terrorismo en Bogotá, que para el alcalde ya es imposible sostener la mentira de que se trata de “casos aislados”, tal como nos ha querido hacer entender. También se hace evidente la falta de comunicación que existe entre la Policía y la administración Petro. Es más, me atrevería a decir que por alguna razón las autoridades están maniatadas frente a la investigación que todos estos casos merecen, pues ya era hora de que se hubieran tomado medidas conjuntas que conduzcan a la captura de los responsables y nos den certeza de quiénes están tras los hechos. Pero no ha sido así. Petro pone toda la responsabilidad sobre la Policía Metropolitana para él lavarse las manos hábilmente y salir rápido del problema.

Las bombas no parecen preocuparle al alcalde, pues así lo ha demostrado y su cuenta de Twitter da cuenta de ello:


Como ven, he elegido esta secuencia de trinos del alcalde no sólo para mostrarles la poca importancia que refleja Petro ante los actos terroristas que azotan a Bogotá sino también para que vean cómo él mismo desorienta y distrae sobre lo ocurrido el viernes pasado. Solo un cómplice actúa de dicha forma y se me antoja decir que el alcalde lo es. Tan solo dos trinos dedica al acto terrorista: el primero para dar cuenta de que no hubo muertos, con lo que minimiza el hecho, y el segundo para simplemente informar que fue un atentado contra la Policía. ¡Vaya tarea exhaustiva del alcalde! Habrá quedado sin aliento después de esos dos trinos.

Pero la gravedad del asunto no es esa sino el trino que lanza tan solo diez minutos después de confirmar el atentado. ¡Pero qué coincidencia, al alcalde lo están “amenazando” de nuevo! ¡Rápidamente recurre al viejo truco de las autoamenazas para victimizarse y zafarse de toda responsabilidad! Si bien es cierto que la noticia de las “amenazas” contra él y otros personajes de la izquierda armada fue publicada dos días antes del atentado, no es coincidencia que Petro la haya reciclado el día del suceso. A ustedes podrá engañarlos, pero a mí no y no estaría de más que se le abriera una investigación por denunciar falsas amenazas y por los actos terroristas ocurridos en Bogotá.

A los ocho minutos de haber utilizado las autoamenazas como distractor de la bomba contra la Policía, convoca a una nueva marcha por la “paz” el 9 de abril. ¡Bogotá no aguanta más movilizaciones!:


Ese “No Pasarán” me recuerda al “no volverán” chavista. Es el reflejo de la inversión de los valores morales promovida desde un cargo de alto poder donde las masas pueden ser fácilmente influenciables. Terroristas posando de adalides de la democracia, la libertad, la paz y los Derechos Humanos, mientras quienes se les oponen son acusados con delitos que nunca cometieron y son encarcelados sin derecho a defenderse. Bogotá ya es un enclave chavista, pero sus ciudadanos están todavía hechizados y no se sabe cuándo vayan a reaccionar.

13 de mar. de 2015

Embrujados

Por @ruiz_senior

El Leitmotiv de la propaganda del régimen de Santos y su proceso de paz es la dificultad de equilibrar la justicia y la paz. Así comienza la entrevista que publicó hace unos días El País:
El presidente Juan Manuel Santos entiende que el reto más dificil al que se enfrenta en el intento de negociar el final de la guerra civil colombiana, que ha durado 50 años y ha cobrado más de 200.000 vidas, es convencer a su pueblo de que es necesario sacrificar justicia para lograr la paz.
También es el tema de un artículo que publicó ayer el propagandista Miguel Ángel Bastenier.
... un conflicto en el que las concesiones más visibles las tiene que hacer el poder público, lo que en el país se llama justicia transicional y en lengua romance se traduce en que ningún guerrillero conozca la cárcel. Ese es el gran escollo, quizá no tanto para firmar como para cumplir lo firmado...
Creo que vale la pena relacionar todo eso con lo que conciben los colombianos como el proceso de paz, y es que siento que respecto a lo que está ocurriendo viven como embrujados, hasta ahora porque la prensa los confunde y porque la componenda de Santos con las FARC no tiene oposición, por una parte, y porque la situación económica durante los años de Santos no ha empeorado a tal punto que la gente la sienta, por la otra. Si hay que admitir cierta impunidad a cambio de ahorrarse el peligro de ver volar a los hijos por una bomba, la mayoría aceptará: sólo mueren todavía algunos soldados y policías, pero eso también pasará y todo mejorará, como se ve.

La gente que odia a los guerrilleros y comunistas puede indignarse con eso, pero siempre terminaría en minoría, ya que haría falta otra clase de seres humanos para el esfuerzo que habría que hacer para vencer a las bandas terroristas, ahora apoyadas por casi todos los gobiernos sudamericanos y protegidas por el propio gobierno colombiano, reconocido por todos los gobiernos y medios importantes de prensa del mundo. De hecho, a mí mismo me resultaría imposible argumentar en favor de la justicia implacable con las FARC si por ahorrarse miles de bajas y un régimen totalitario hubiera que renunciar a castigar todos sus crímenes.

¿Por qué el lema de los uribistas es "paz sin impunidad"? Alguien me comentó que esa frase la empezó a usar Francisco Santos antes que los demás uribistas. Viendo el pasado del personaje (defensor de la negociación de paz durante muchas décadas y promotor del Grupo de Memoria Histórica) me resulta irresistible la tentación de pensar que al hacerlo obedecía a una consigna acordada por la camarilla gobernante. No hay nada que convenga tanto al régimen como esa dualidad entre la paz posible y la exigencia irrenunciable de castigo. Es lo que impide que haya resistencia y lo que permite a los propagandistas como el ABC español "vender" la solución maravillosa como algo razonable. Los uribistas son una chusma fanática que no puede ver las limitaciones y ambigüedades de su líder y resulta fácil de manipular de esa forma.

Por si todavía hay que explicarlo: puestos a elegir entre continuar con "el conflicto" o renunciar a encarcelar terroristas, la inmensa mayoría de los colombianos optarían por lo segundo, y sería muy difícil convencerlos de lo contrario. Pero ¿es ésa la elección? Para eso es la consigna "paz sin impunidad" para que los uribistas pongan "pereque" por un problema inexistente quedando siempre en minoría. Es un lema concebido para favorecer a los terroristas.

Porque si ésa fuera la cuestión de la paz las negociaciones habrían durado unas pocas semanas y el referendo lo habría convocado Santos antes de salir reelegido por una mayoría abrumadora. ¿Cómo es que se negocia el sistema político, el régimen de propiedad de la tierra, etc.? ¿Cómo es que siquiera se permite negociar eso? Curiosamente los uribistas no discuten sobre el hacho de que se discuta, sólo presentan el reparo absurdo de la impunidad, que hace pensar que las FARC están pidiendo perdón y hay que ponerse duros.

Digo que los colombianos viven como embrujados porque no entienden que la negociación de paz con las FARC conduce inexorablemente al país a una tiranía como la cubana y a la multiplicación de los crímenes de las FARC. ¿Qué colombianos no lo entienden? Habría que ir de nuevo a la cuestión de la naturaleza de las guerrillas y de su relación con un statu quo sociológico que en últimas defienden. Los partidarios de las FARC sí ven que la paz es su triunfo rotundo, pero obviamente eso no les molesta. Los demás quieren vivir tranquilos y creen que por eso vale la pena dejar sin castigar los crímenes. No se les explica lo que ocurrirá después.

Como tema secundario al de la impunidad los uribistas presentan quejas por la "dejación" de armas, que no es la entrega de las armas. Pero vamos a suponer que los terroristas entregaran las armas y se quedaran desarmados. ¿Qué serían en las regiones en que han extorsionado, matado, violado y mutilado gente? ¿Se volverían buenas personas y tratarían con respeto a sus víctimas? ¿No tendrían alguna ventaja como grupo organizado capaz de ejercer una presión prácticamente prohibida a los demás? ¿Qué harían los funcionarios policiales respecto a ellos si obviamente la policía pasaría a estar controlada por gente afín, tal como ya lo está el poder judicial, todos los gremios docentes, la prensa, etc.? Pero ¿no serían después de todos sus crímenes impunes una facción política que a alguna hora triunfaría seguro gracias a su formidable financiación con los recursos de la extorsión pasada y el tráfico de cocaína (eso sólo por suponer, en gracia de discusión, que no continuaran con esos negocios)? ¿O es que acaso han renunciado las FARC al comunismo o han prometido disolverse?

Lo mismo se podría decir de la producción de cocaína: si la practican regímenes de países ricos como el venezolano, ¿por qué no van a continuar con ella las FARC? Todo el mundo sabe que continuarán y que gracias a ella dominarán el Estado colombiano, simplemente cooptando a la oligarquía y a las castas de parásitos que siempre las han apoyado. ¿O no lo saben? ¿Qué creen que pasará? 

Lo que llaman la paz, el reconocimiento del atracador como dueño parcial de nuestro sueldo, sólo es la imposición de la tiranía que buscan las FARC. La cuestión de la impunidad no existe, los uribistas no han exigido que no se negocien las leyes con los terroristas ni que no se discuta partiendo de reconocerles alguna legitimidad. Ni siquiera han cuestionado la increíble comisión histórica. Al aceptar la negociación y no declarar que no la acatarán ni oponerse a ella en las campañas electorales, están mucho más en el lado del gobierno que alguien que sólo quisiera ahorrarse sufrimientos renunciando al castigo: están propagando una mentira, haciendo creer a la gente que las FARC sólo intentan librarse del castigo cuando ya dominan el país. ¿Hasta qué punto saben que colaboran con Santos? Mejor dicho, ¿en qué rango empieza a haber incautos que creen que se está haciendo oposición y no contribuyendo como decorado al triunfo del mal?

10 de mar. de 2015

La policía sin apoyo de la justicia

Por Jaime Castro Ramírez

La autoridad es el poder legítimo que establece y hace cumplir los procedimientos de orden jurídico resultantes del ordenamiento institucional legislativo que dicta las leyes de la república. Donde se carece de autoridad no puede haber nada diferente a la anarquía generalizada, pues los individuos se sienten con el ‘poder’ envalentonado de hacer lo que les parece y sin respetar ningún orden. Esto significa que no hay justicia, o si la hay es solo de nombre porque no opera con el rigor exigido para que se llame justicia, y entonces lo que prevalece es el desorden que luego termina en el caos.

La policía en Colombia es víctima de la inoperancia de la justicia
La constitución de 1991 se encargó de crear vacíos de autoridad, pues no podía ser de otra manera si fue diseñada nada menos que bajo la presión de los carteles del narcotráfico para debilitar la autoridad que los ponía en cintura y bajo la óptica de la extradición, y también bajo la presión de la recién incorporada guerrilla del M19 a la vida civil, que como es el estilo de estos grupos que han actuado en la insurrección contra el orden legal establecido, propenden por una justicia débil, ojalá inexistente. De esa extraña combinación de fuerzas, opuestas al normal funcionamiento del Estado de derecho, no podía salir nada bueno en materia de justicia, como efectivamente ocurrió.

Pareciera que la primera autoridad damnificada porque perdió su rango de autoridad fuera la policía nacional, pues todo indicaría que se procedió a despojarla del mínimo respeto que le sería propio en un país respetable y que hiciera respetar la primera autoridad ante la sociedad, que es la autoridad policial.

Es verdaderamente lamentable y vergonzoso ante la sociedad y ante la comunidad internacional lo que está sucediendo en Colombia, pues solo en repúblicas bananeras puede ocurrir que cualquier individuo desadaptado social proceda a irrespetar de palabra y de hecho al policía, y peor aun que la justicia permita estos desafueros, pues a esos sujetos no les pasa nada judicialmente, y el policía se tiene que dejar ultrajar porque si actúa para hacer respetar la autoridad, entonces es denunciado por el agresor, y quien termina perjudicado en su actividad laboral, y enredado judicialmente, es el agente de policía, pues a ese desadaptado lo mandan para la casa, cuando debieran mandarlo a la cárcel por el agravante de irrespeto a la autoridad.

Quién lo creyera, pero la afrenta irrespetuosa del individuo al policía es la pésima imagen que con frecuencia se observa en Colombia, y esa es la imagen para mostrar a otros países donde sí opera la ley y donde la justicia hace respetar al policía.

Es exactamente el mundo al revés lo que sucede en Colombia en cuestión de justicia, pues además hay que agregar que el policía se desmoraliza porque expone su integridad personal capturando a bandidos, pero resulta que en cuestión de horas la justicia los deja en libertad y entonces estos sujetos continúan delinquiendo con mayor convicción porque saben que no hay autoridad que los castigue.

Tiene razón suficiente el pueblo colombiano cuando califica a la justicia con índices de desfavorabilidad superiores al 75%, y por si faltaba hay que agregarle el alto grado de corrupción que se ha descubierto en el poder judicial, corrupción que empieza desde las altas cortes.

En la mencionada constitución de 1991 entronizaron la figura de “la libre determinación y desarrollo de la personalidad” como gran descubrimiento de la genialidad de los constituyentes, en base a la cual se dio vía libre a conductas non sanctas y justificables mediante ese grande hallazgo, que luego fue reforzado ‘legalmente’ por el desarrollo que le dio al tema la Corte Constitucional, entidad que fue creada por esta misma constitución. Así por ejemplo, se justificó una especie de ‘degeneramiento humano’ permitiendo el consumo de drogas, bautizado con el calificativo de que se trata de la ‘dosis personal’ en uso de la libre determinación y desarrollo de la personalidad. Esto con el agravante que tras esa dosis personal se generó la comercialización en masa de pequeñas cantidades de drogas alucinógenas que fácilmente quien las distribuye las disfraza como su dosis personal para burlar a la autoridad policial. Bueno, si es que la policía ejerciera algo de autoridad y esa autoridad mereciera algo de respeto.

La asombrosa conclusión podría ser en el sentido de que desde la constitución del 91 hay espacio en Colombia para: permisivo desorden social, ausencia de autoridad, anarquía, no aplicar justicia, licencia para consumir drogas, irrespetar a la policía, etc.

7 de mar. de 2015

Las mentiras de "El País"

Por @Ruiz_senior

La reciente visita a España del presidente colombiano Juan Manuel Santos ha servido para que El País despliegue su labor propagandística, a la cual por otra parte ya tiene acostumbrados a sus lectores. El grupo Prisa posee en Colombia una importante cadena de radio, Caracol, muy favorecida por el gobierno de Santos en su copiosísima inversión en propaganda (bastaría ese dato para entender que el régimen colombiano no es en absoluto diferente de los de Bolivia y Venezuela). Esta semana El País le dedicó a Santos un editorial que paso a comentar.
Beneficios de la paz

Colombia disfruta ya de los efectos de la derrota de las FARC y del diálogo para el acuerdo final
Hay que prestar mucha atención al título y al subtítulo, porque hablar de derrota de las FARC requiere una determinación de mentir que sólo se puede permitir quien se dirige a un público que no sabe nada de Colombia. ¿Derrota de las FARC? En la campaña electoral del año pasado exigían claramente la imposición de un régimen comunista, como se puede ver en este vídeo.


No estaría mal que se analizaran las estadísticas de recuperación de las FARC . En los casos en que se registran descensos en 2014, se trata simplemente de que la extorsión ya no requiere amenazas porque el gobierno protege a las bandas terroristas.


La derrota de las FARC era un hecho hacia 2010. Hoy en día se puede hablar claramente del triunfo de las FARC, que tienen la hegemonía absoluta en los medios de comunicación, el poder judicial, las universidades y el legislativo, dado que los recursos públicos financian a los legisladores que apoyen a Santos y su proyecto de premiar el genocidio.
El proceso de paz iniciado en Colombia, con las conversaciones que desde septiembre de 2012 mantienen en La Habana el Gobierno y la guerrilla de las FARC, es un óptimo ejemplo de los beneficios que la sola perspectiva de normalización puede tener en la vida social y económica de un país y en su imagen internacional.
¿"Normalización" es el hecho de que los asesinos, secuestradores y traficantes de cocaína legalicen su copioso patrimonio y puedan a partir de él corromper todas las instancias de un país? Después de que se premie el genocidio y los asesinos en masa se conviertan en amos, Colombia no será más normal sino mucho más violenta y ajena a las sociedades democráticas que nunca.
Sin duda la diferencia más evidente es el número de vidas humanas salvadas por la simple baja intensidad de las hostilidades paralela a las negociaciones. Un informe presentado la semana pasada en Bogotá por la Fundación Paz y Reconciliación calcula que solamente durante 2014 se ha evitado que 5.000 colombianos resultaran muertos o heridos. Es una gran noticia para el conflicto armado más antiguo de Latinoamérica, que en medio siglo ha costado más de 220.000 vidas y millones de desplazados.
La fundación de que hablan miente hasta en el nombre, pues habla de "reconciliación" como si el genocidio cometido por las FARC fuera una riña entre iguales. Es una agencia de propaganda que paga el Estado colombiano como otras miles, y sirven para proveerles rentas a las clientelas de las FARC. Ese conglomerado social de tinterillos y charlatanes que cobran las masacres es el verdadero sentido de la banda terrorista, formada por rústicos y niños a los que controlan los compañeros de los jefes de esas fundaciones desde el Partido Comunista y desde sinecuras magníficas en alguna de las centenares de universidades que hay en el país (todas públicas, pues las "privadas" tienen prohibido el lucro y no pagan impuestos). Su existencia explica todo el "conflicto": la incapacidad de las castas que descienden de los encomenderos de vivir en un régimen como el que impera en Europa y Norteamérica. Para eso ha sido la orgía de sangre, para asegurarles el dominio.

La falacia de esas cuentas es que si efectivamente pudieran mostrar que se han reducido las muertes de policías y soldados a manos de los terroristas las publicarían. La verdad es que han aumentado a partir de 2010. Las cuentas "contrafactuales" son falacias. Las FARC sólo estaban presentes en pequeñas áreas de las fronteras de Venezuela y Ecuador y han vuelto a todo el país, por no hablar de la legitimación clara del gobierno de sus crímenes en los acuerdos alcanzados hasta ahora ni de la promoción continua en los medios de comunicación como si fueran líderes de algo distinto que del crimen organizado.
En paralelo, la consolidación del proceso de paz está teniendo un claro reflejo en la economía del país, que presenta un crecimiento sostenido en torno al 4%, y eso a pesar de las repercusiones que el hundimiento del precio del petróleo tendrá en las cifras macroeconómicas. Una sociedad en vías de reconciliación que ha sufrido un largo conflicto es optimista respecto al futuro, como lo son las previsiones de crecimiento que aventuran un gran salto adelante tras la liberación de energías que ese conflicto ha maniatado.
Casi cada palabra es una mentira. El crecimiento de la economía colombiana durante los años de Santos fue de 4,0 (2010), 6,6 (2011), 4,0 (2012) y 4,7 (2013). Era mucho mayor antes de que Santos anunciara su negociación a tal punto que en 2012, el año en que se anunció la negociación, bajó 2,6 puntos respecto a 2011. La situación de la economía colombiana recuerda a la de España tras el primer gobierno de Zapatero, en que la multiplicación del gasto público en propaganda, despilfarro y puestos parasitarios (cosa que en Colombia puede ser decenas de veces peor que en España) genera un gran crecimiento que después se paga. Ahora mismo el gobierno promueve una reforma tributaria que fuerza un empobrecimiento generalizado (el que dude de que eso es así me lo puede recordar dentro de un par de años). En comparación, durante los años de Uribe, con un gasto militar mayor, la economía crecía a tasas más altas. Las previsiones de crecimiento que auguran un gran crecimiento cuando las FARC tengan legalizadas áreas para producir cocaína, guarden las armas y presionen con sus sindicatos y grupos estudiantiles son producción de las mismas fundaciones de la que extraen cifras fachendosas los propagandistas pagados del socio de las FARC.
El tercer aspecto en el que se aprecia un notable cambio a mejor es en el creciente papel de referente que juega Colombia en la comunidad internacional y su capacidad de cooperar en la solución de otros enfrentamientos, aunque sean muy distintos en origen y evolución. Lo que importa es el ejemplo de voluntad de diálogo: por eso el ofrecimiento hecho por el presidente Juan Manuel Santos —presente hoy en Madrid en el Foro por la Paz en Colombia, organizado por EL PAÍS y la Fundación Buen Gobierno, patrocinado por Telefónica, BBVA, Ferrovial, Alcaldía de barranquilla y Avianca — para facilitar una mediación en Venezuela no debería caer en saco roto ni ser interpretada como una injerencia. Es una oportunidad real de aprovechar la experiencia adquirida en la resolución de conflictos.
Esto ya es un chiste: ahora el país es modélico porque en lugar de tener a los asesinos matando los tiene gobernando y pronto como amos absolutos. ¿Qué país no querrá resolver sus problemas así? España podría hacerlo, no es raro que el presidente del partido ligado a El País se reuniera con ETA antes de ser presidente. Por ilegítima que sea ETA, las FARC lo son mucho más, mucho peores son sus crímenes, mucho menos representativas de la sociedad y mucho más culpables de genocidio y todos los crímenes contra la humanidad tipificados. Sencillamente, el remedio que promueve el país es la abolición de las leyes en favor de la dominación del más fuerte. ¿Qué clase de gente lee esos editoriales? Pero además esa monstruosidad les resulta ejemplar.
Todavía queda lo más importante: culminar el proceso. “Falta lo más difícil, y los procesos se rompen en los puntos más difíciles”, advertía ayer con enorme cautela el presidente Santos en una entrevista con este periódico. Pero Colombia está en el buen camino: antes de alcanzarla del todo, ya conoce los beneficios de la paz.
Eso más difícil que queda es someter totalmente a la sociedad: hay muchos miles de militares presos, la mayoría inocentes (el que quiera saber cómo obran los jueces colombianos debería ver este vídeo), y los altos mandos han sido "purgados" desde la época en que Santos era ministro de Defensa, de modo que ahora la cúpula del Ejército y la Policía la forman mafiosos comparables a los militares venezolanos, que se muestran dispuestos a premiar en lo que haga falta a quienes matan a sus subalternos por decenas de miles para lucrarse. Pero la mayoría de la gente no quiere vivir sometida a las FARC ni soportará con tanta paciencia una dictadura cuyas atrocidades serán sin duda mucho mayores que las que se han visto en Cuba y Venezuela (ya es peor, hay más rivales de Santos presos o fugitivos que de Maduro).

Viendo las "reformas" que esperan imponer las FARC sin ser representativas de nadie, por encima de las urnas (ver el video arriba), es comprensible que al proceso le falte lo más difícil: que la población se resuelva a someterse a sus verdugos. Lo que le espera a Colombia en los próximos años es mucha más violencia que nunca, y nadie va a pedirles cuentas a estos desalmados que promueven al verdugo.

Ojalá los colombianos lean ese editorial. En España es más fácil engañar a la gente sobre eso.

3 de mar. de 2015

Confesión de Uribe sobre Santos

Por Jaime Castro Ramírez

La sinceridad es una virtud escasa en muchas mentalidades, pero que exalta a quien actúa sin disfrazar su pensamiento y reconoce cualquier evento propio de su responsabilidad que afecte en alguna forma intereses ajenos. Tal reconocimiento puede tener dos connotaciones de diferente significado en cuanto a su trascendencia, pues puede implicar equivocación de buena fe, o culpabilidad directa. Independientemente de su impacto en cuanto al grado de afectación, caracteriza favorablemente la intención sincera de voluntad para exponer las condiciones de forma, modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los eventos que comprometen al responsable, y que de por sí requieren un discernimiento de análisis para distinguir la incidencia entre su causa y efecto. En síntesis, se podría afirmar que la sinceridad es la expresión que concluye en la honestidad de criterio.

El expresidente Uribe habló sobre el criterio de su sucesor Santos

En una entrevista que le concedió el expresidente Uribe al periódico El Espectador el 24 de febrero de 2015, y refiriéndose al talante de su sucesor Juan Manuel Santos, dijo lo siguiente: “Yo soy un batallador, por todos los rincones de Colombia le dimos un marco de confianza como ministro (a Santos), contribuimos eficazmente a su elección como presidente. Simplemente nos engañó y el culpable soy yo, que cayó en ese engaño”. Y concluyó agregando: “Engañó a nueve millones de colombianos que lo elegimos hace cinco años”. Lo anterior lo justificó diciendo: “Lo grave del presidente Santos es que se comprometió hace cinco años a continuar la política de seguridad, de inversión, y la política social, y hoy tenemos un país nuevamente inseguro, una inversión con vacilaciones, con dudas, una política social con entredichos, una economía que ha perdido fortaleza con signos de debilitarse”.

Hay que abonarle a Uribe su valentía sincera, quizás tardía, en reconocer que su apoyo a la elección de Santos como presidente de la república terminó siendo infortunada desde el punto de vista de que su sucesor no cumplió lo prometido en la campaña de 2010, y que por lo tanto engañó al pueblo. Solamente habría que agregar que Uribe por prudencia no dijo que Santos se valió del prestigio de su gobierno para hacerse elegir utilizando la malicia para luego engañar a quienes lo elegimos. Lo real es que Santos no tenía ninguna posibilidad de ser presidente de la república si no acudía a utilizar, como efectivamente ‘utilizó’ el prestigio de su antecesor.

Sin embargo, en un elemental análisis habría que complementar lo dicho por Uribe en el sentido de que él fue más allá de la realidad al hacer una especie de confesión considerándose ‘culpable’ del engaño de Santos a los colombianos (se podría llamar confesión de engañado), y lo justo sería plantearlo en el escenario de haberse ‘equivocado’ de buena fe. La culpabilidad implica premeditación ante la ejecución de un hecho perverso, y aquí lo que en su momento se observó en la intención del entonces presidente Uribe de apoyar políticamente esa candidatura presidencial fue un acto de fe que derivó en confianza en lo que Santos prometía, de tal manera que bien se podría invertir el sentido de la prueba de culpabilidad acudiendo a la lógica de que el verdadero culpable es Santos como autor del grave engaño a que sometió al país.

Se puede llegar entonces al argumento concluyente de que una ambición política expresada maliciosamente no puede convertir a alguien en gobernante de un pueblo engañado y sin que se haga acreedor al reproche de sus conciudadanos.