Fuero militar, garantía democrática

Por Jaime Castro Ramírez

El elemento básico para que funcione la institucionalidad constituida en el Estado de derecho, es la seguridad nacional, lo que equivale obviamente a la garantía para que también funcione la democracia. Es válida la licencia para afirmar que a la democracia le suelen aparecer impostores que utilizan la ortodoxia de la intriga soterrada para intentar menoscabar sus bases, y dentro de este escenario, abrir el espacio para los caudillos que con su retórica populista, alimentan el odio en las bases populares contra las clases dirigentes tradicionales, que con errores y aciertos, han mantenido la historia de la legitimidad democrática. Además de esta actividad proselitista practicada por la izquierda con la ayuda del mamertismo de las ONG y otros ‘servidores’ incondicionales, en Colombia hemos tenido durante más de cinco décadas la asechanza de una insurgencia comunista que ha intentado tomarse el poder por la vía armada.

Aquí aparece entonces la importancia mayúscula de las fuerzas armadas de la república, que a través de su compromiso patriótico, y con su propio sacrificio y el de sus familias, han mantenido la democracia para bien de la sociedad colombiana.

Personajes de ingrata recordación

La historia registra la paradoja de que la seguridad jurídica de los militares fue interrumpida por las mismas instancias del poder democrático que ellos han defendido, pues así lo decidieron en un momento infortunado de la justicia colombiana el fiscal Mario Iguarán Arana y el ministro de defensa de la época Camilo Ospina Bernal, quienes no tuvieron problema en modificar el fuero de la justicia militar mediante un documento que firmaron, y con esta figura les quitaron a los militares un derecho constitucional y los dejaron en manos de la justicia ordinaria. ¿A esto se le podría llamar violación de la constitución?

Con tal decisión lo que lograron fue hacerle un mandado a los grupos armados para que ellos desarrollaran la táctica que se inventaron de la ‘guerra política’ y su arma conexa de los ‘falsos positivos’ en contra de los militares, como respuesta a la rotunda derrota que el terrorismo estaba teniendo en la selva a manos del ejército colombiano. A través de sus secuaces, los terroristas desplegaron toda una campaña de desprestigio contra la fuerza pública atacándolos con esa arma perversa de los mencionados falsos positivos aplicados a toda baja que se presentara en operaciones de combate, pues por lo menos el 90% de los casos son falsas acusaciones que terminan en investigaciones penales en contra de los militares a quienes les arruinan sus carreras y el futuro de sus familias. Esto además tiene un agregado que consiste en convertir cada caso en una demanda al Estado con el fin de perseguir indemnizaciones económicas.

Gracias a Iguarán y a Ospina, le funcionó la guerra política al terrorismo porque la justicia ordinaria se dedicó a encarcelar militares víctimas de falsas acusaciones, utilizando la figura siniestra de la “presunción de culpabilidad”, con lo cual se les negaba la garantía del debido proceso, y por esta vía condenando inocentes. Consiguieron bajarle la moral a la fuerza pública hasta el punto que no querían combatir para evitar caer en manos de la mencionada justicia ordinaria que los condena sin tener conocimiento de los avatares propios de una guerra. Para eso existen los jueces militares. Actualmente hay más de 6.000 militares investigados y más de 1.400 encarcelados.

Restablecimiento del fuero militar

No se entendió por qué un simple acuerdo de un fiscal y un ministro fue suficiente para modificar lo que ordenaba la constitución nacional respecto al fuero militar, pero tampoco se entendió por qué tal acuerdo no pudo ser derogado, y a cambio, fue necesario acudir al congreso de la república para tramitar en ocho debates de dos legislaturas un acto legislativo para restablecerlo, trámite que fue concluido con su aprobación definitiva el 11 de diciembre de 2012.

No se hicieron esperar las críticas acerbas al proyecto por parte de las ONG como Human Rights Watch y otras, que alegaban que el resultado iba a ser impunidad. Sin embargo, el congreso de la república ejerció su misión independiente de legislador y aprobó el restablecimiento del fuero militar como herramienta legítima para que los militares puedan enfrentar el conflicto armado con garantía jurídica, en defensa de la patria y su democracia.

El fuero militar acata íntegramente la política de derechos humanos y prevé que los siguientes delitos específicos no serán de competencia de la justicia militar: genocidio, ejecución extrajudicial, tortura, desaparición, violencia sexual, y delitos de lesa humanidad. También contempla que la fiscalía y el ministerio de defensa tienen plazo de un año para examinar los casos que están siendo tratados por la justicia ordinaria y deben continuar en la justicia militar, o a la inversa.

Lo que se ha logrado con el acto legislativo que restablece el fuero militar es simplemente un acto de justicia para con los héroes de la patria. Un país que no protege a sus soldados está condenado a su derrota histórica.