Acuerdos sin identidad

Por Jaime Castro Ramírez

En las relaciones entre miembros de una sociedad civilizada, lo primero que debe existir es la plena claridad en los conceptos mediante los cuales se interactúa y se plantean opiniones para luego obtener conclusiones, pues de este precepto depende la verdadera identidad del pensamiento que se quiere transmitir como medio de entendimiento entre los pueblos. Es decir, que no tienen validez alguna los conceptos abstractos, sino el uso de la praxis que conlleva a la verdadera acción del conocimiento que permite explicar en forma real los acontecimientos que tienen efectos en la vida social.

Es obvio que adquieren mayor preponderancia aquellos eventos que no son solo de interés individual, sino que definen situaciones cuya trascendencia involucra intereses del conjunto de la sociedad.

El llamado acuerdo agrario para la paz de Colombia

La realidad es que el gobierno no le dijo nada al pueblo colombiano respecto al contenido del tan anunciado ‘histórico acuerdo agrario’ con las FARC en los diálogos de paz, pues solo se limitaron a mencionar el título de los capítulos, pero no explicaron nada sobre los respectivos acápites que deben identificar el detalle del verdadero contenido de tal acuerdo. Esto significa que únicamente dejaron dudas en la opinión pública respecto a en qué están comprometiendo al Estado colombiano los negociadores del gobierno.

En base a dudas no se logra conquistar voluntades para que el pensamiento de la gente se direccione hacia el apoyo al proceso de paz. Por el contrario, el efecto que se consigue es inversamente proporcional al sentido de la causa que se persigue, pues nada menos que falta el ingrediente indispensable que es crear confianza pública, y la confianza pública se crea informándole con claridad al pueblo sobre los actos de gobierno, y con mayor veraz tratándose de negociaciones que implican concesiones del parte del Estado.

La falta de voluntad pedagógica por parte del gobierno para brindar información, es justamente la causa del bajo índice de positivismo de la gente expresado en las encuestas sobre el proceso de paz, pues es justificable tal grado de escepticismo en la medida en que la población se siente afectada por la desconfianza sobre lo que pasa en la mesa de negociación.

Es el primer punto de la agenda y ya surgen dificultades de credibilidad, y preocupaciones sustanciales, pues ahí hay aspectos neurálgicos, como por ejemplo saber con qué criterio se establecen puntos como los siguientes:

1. La redistribución de la tierra (¿vendrán expropiaciones?).

2. La llamada legalización de la propiedad (¿incluirá legalizar las tierras usurpadas por las FARC?).

3. Las zonas de ‘reservas campesinas’ (¿cuál será la organización, quién mandará allí?).

4. Tierras productivas e improductivas, tierras baldías.

5. Extensiones máximas que se pueden poseer (¿será un país de pequeños propietarios?).

6. Cuantía y forma de financiación del fondo que anuncian para la tierra. etc.

Al no saberse nada sobre cuál es el verdadero alcance en cuanto al significado del impacto del mencionado ‘acuerdo agrario’ en el territorio nacional, pues todo se traduce en preocupante incertidumbre. Con este estilo de manejo secreto, los demás puntos de la agenda de negociación generarán iguales inquietudes.

Además de que existe una controversia no carente de razón, y fundamentada incluso en una seria contradicción a la ley, pues hay quienes opinan que es discutible el porqué el gobierno aceptó negociar el tema agrario con quienes no tienen ninguna legitimidad para hacerlo, pero con el siniestro agregado de que han sido históricamente depredadores del campo, usurpadores de la tierra a los campesinos y autores de desplazamientos forzados, al igual que violadores de los derechos humanos de los campesinos; razones por las cuales ahora, en función de un acuerdo, se confunde la distinción víctimas-victimarios.

Este último punto, configurado en una contradicción, realmente carece de argumentos lógicos, filosóficos, y materiales, para lograr explicarlo. Sería perfectamente entendible, si se dijera que el desarrollo del sector agrario se estuviera pactando con la clase campesina y sus dirigentes, pues son ellos quienes conocen con acierto cuáles son las perspectivas de orden económico que hay que impulsar para poder estructurar la tenencia de la tierra, y orientar la producción agraria hacia la meta de lograr suficientes márgenes de eficiencia en productividad para atender el mercado nacional y el mercado de exportación, y a la vez contribuir a crear riqueza para el campo en términos de valor agregado.