Por Jaime Castro Ramírez
Si la política origina el poder, los gobernantes por definición tienen que ser rigurosos y fieles intérpretes del sistema político que rige los destinos del país que gobiernan, lo cual significa que no les es permitido incurrir en ningún tipo de desvío ideológico, pues tal circunstancia constituiría un acto de traición a la patria por la asechanza contra la organización política del Estado y su institucionalidad, al igual que contra el orden económico establecido. Para esto se requiere el pleno ejercicio de la capacidad de entendimiento sobre los principios que integran la cualidad de ser hombres de Estado.
Colombia no puede acercarse a tendencias políticas fracasadas históricamente
Es preocupante el panorama que se observa en materia política en la región, pues el llamado ‘socialismo del siglo XXI’ ha encontrado un ambiente propicio para su expansión a través de individuos que han hecho uso del populismo y se convierten en panfletistas del comunismo produciendo un ambiente de mentiras e infamia contra la democracia capitalista, con el fin de crear una estructura política engañosa. Países como Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua, con el liderazgo y patrocinio de Venezuela como gestor de este ensayo socialista fallido, están tratando de cambiar la historia, pero para mal, pues aquí sería pertinente citar a Churchill cuando decía: “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica de la envidia, y su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria”.
Estos países han hecho causa común dentro de organizaciones regionales que les protegen sus desatinos políticos, tales como el Foro de Sao Paulo y UNASUR, especialmente esta última que fue creada por iniciativa de Chávez, secundada por sus socios políticos, con el propósito de saltarse a la OEA y a la vez dejar fuera de acción a Estados Unidos y a Canadá que les incomodaban demasiado para sus pretensiones políticas. Lo que no se entiende es por qué Colombia aceptó hacer parte de estas organizaciones cuya filosofía política no es compatible con su tradición democrática republicana, pues el socialismo del siglo XXI lo que conforma son dictaduras que restringen las libertades en todo sentido, y para defender sus despropósitos terminan acabando con la alternancia en el poder, no importa que toque recurrir al fraude electoral y a la consiguiente usurpación del poder en las urnas (caso muy comentado y conocido internacionalmente el de Venezuela en las elecciones de abril de 2013).
Al actual gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Santos, le sería aconsejable, por el bien de la república y su democracia, poner en práctica el adagio popular que dice: “dime con quién andas y te diré quién eres”. Desde aquel 10 de agosto de 2010, día del abrazo del oso en Santa Marta y la desafortunada frase del “nuevo mejor amigo”, son varias las ocasiones en que se han dejado dudas en cuanto ‘para dónde va Colombia’ en manos de nuestro gobernante, pues pareciera simpatizar políticamente con los mencionados ‘ensayos fallidos’ del socialismo del siglo XXI. Primero muchos abrazos y coincidencias con Chávez, luego con Maduro, incluso se apresuró a reconocerle el fraude electoral y viajó de urgencia a UNASUR a confirmarlo en el poder, ninguna crítica al apoyo del gobierno venezolano a las FARC en su territorio, y por si faltaba, la influencia de los Castro de Cuba. Ahora dice Santos estar jugado por la negociación con las FARC, y sin saber el pueblo colombiano a qué atenerse en cuanto a las concesiones que les hará a nombre del Estado colombiano. ¿Será que está dispuesto a firmar ‘lo que sea’ con tal de decir que hizo la paz? Y si así fuera, ¿a eso se le podría llamar paz?
¡Es posible que el gobierno venezolano esté interesado en otro satélite político de su socialismo, quizás el más importante para sus intenciones expansionistas, que sería Colombia, y el gobierno colombiano no se haya percatado de tal intención! Esto equivaldría a decir que Venezuela vería con buenos ojos un gobierno en Colombia con suficiente influencia de sus camaradas de las FARC.
En conclusión, las altas instancias de la política democrática colombiana, incluida la academia, deberían hacer un ejercicio de análisis patriótico serio para determinar si existe una eventual intención de desviación ideológica que afecte nuestro régimen político-democrático y económico. A la historia de Colombia no se le puede permitir tener que registrar una tragedia de esta naturaleza para el país.
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