Promesas y engaño al pueblo

Por Jaime Castro Ramírez

Hablar del pueblo y su importancia equivale al participio que expresa las cualidades verbales, adjetivas, y sustantivas de ese magno concepto ‘pueblo’ cuya representatividad ha dado su capacidad de esfuerzo patriótico para conservar su dignidad histórica, y por consiguiente le corresponde exigir respeto por parte de los gobernantes. Tal respeto se refiere a los derechos que le son propios por su misma naturaleza como son los derechos sociales y todo su alcance, derecho a vivir en democracia, seguridad y tranquilidad ciudadana, etc.

Las promesas incumplidas significan engaño

Respecto a este tema es válido personalizar en el gobierno colombiano que encabeza el presidente Juan Manuel Santos, pues bien se le puede denominar ‘el mandato de las promesas incumplidas’, lo que significa ‘el mandato del engaño’.

Es solo recordar algunos de los anuncios presidenciales nunca convertidos en realidad: Las locomotoras de la prosperidad no arrancaron (quizás en reversa como la de la industria), descontaminación del río Bogotá, reformas a la justicia, la educación y la salud, reconstruir a Gramalote, anuncios de obras por la tragedia invernal, promesas de billones y billones de pesos en todas partes del país; pero tal vez la promesa más promocionada mediáticamente, y con la presencia de invitado especial, nada menos que el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon a la ceremonia de la sanción presidencial, fue la ley de víctimas y restitución de tierras.

Desde la vigencia de la ley 1448 del 10 de junio de 2011 (ley de víctimas), han transcurrido casi tres años y se podría catalogar como la promesa de mayor engaño, en este caso dirigida a los colombianos víctimas del conflicto armado, pues a nadie le han cumplido con la entrega del cheque por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000.oo) de indemnización que contempla dicha ley, y no le han cumplido porque es una ley sin ninguna planeación financiera, es decir totalmente desfinanciada, pues se habla de cuatro millones de víctimas lo cual cuesta 80 billones de pesos la sola indemnización de los 20 millones por cada víctima, pero además la ley contempla otros beneficios como salud, educación, vivienda, seguridad para los reclamantes de sus tierras. Además la estadística dice que se ha restituido escasamente el 1% del total del censo de tierras restituibles. Investigación de Human Rights Watch indica que en los últimos tres años por lo menos 17 personas han sido asesinadas por reclamar sus tierras, y registra también la información de que las personas afirman que debido a estos asesinatos no continuarían con las solicitudes de restitución.

Lo que se observa entonces con asombro es la violencia criminal desatada contra los reclamantes de tierras y la falta de garantías de seguridad y protección para esas personas por parte del Estado, lo que en consecuencia señala el fracaso total de la famosa ley de víctimas y restitución de tierras.

Qué pena con el ilustre visitante invitado Ban Ki-moon, a quien el presidente Santos trajo a que observara su autoría de la ‘reivindicación’ con las víctimas, y con lo cual no ha pasado nada; bueno, y qué pena con las víctimas del conflicto armado engañadas con la mencionada ley, pues no les han cumplido ni con la indemnización monetaria ni con la restitución de las tierras, ni con los otros beneficios anunciados.

Es trágico decirlo, pero el resultado que se observa son los muertos que amparados en dicha ley decidieron lanzarse a reclamar sus propiedades.