Reelección sin electores

Por Jaime Castro Ramírez

La política y los procesos electorales son consecuencia de la voluntad democrática del pueblo que elige a sus gobernantes y en consecuencia les otorga el poder de gobernar en representación de la sociedad. Obtener la voluntad popular es una facultad inherente a las condiciones propias del aspirante a gobernar, es decir, que de su pensamiento político, lealtad a sus consignas ideológicas, características de estadista, y otros hechos acreditables en su trayectoria, como por ejemplo realizaciones de tipo social que dependen de sus concepciones de desarrollo económico, de estos elementos depende ganar el afecto y el acompañamiento político del pueblo en las urnas.

Lo que puede ocurrir en Colombia con la reelección presidencial en 2014

Es de la lógica del pensamiento aceptar que la gratitud, como cualidad humana, debe extenderse exuberante como respuesta de reconocimiento a las buenas acciones que producen humanos, pero también puede conllevar, no a la gratitud, sino al rechazo a comportamientos inadecuados de los individuos frente a la sociedad.

En materia de gobernantes, no son pocos los afectos o desafectos que se pueden generar de parte de sus gobernados en el transcurrir de las circunstancias que son propias de sus gestiones o acciones de gobierno. El buen gobernante consigue acumular un patrimonio político como respuesta a su gestión como estadista, y además como fiel intérprete del escenario en el que le corresponde actuar como representante de la sociedad y defensor de los intereses comunes del pueblo.

Particularizando en el caso del Presidente Juan Manuel Santos y su aspiración a ser reelegido para el periodo 2014–2018, existen reparos insalvables que desfavorecen tal aspiración. Desde el mismo momento de inicio de su gobierno en agosto de 2010 emprendió el camino de un rumbo para el país inverso a lo anunciado al pueblo en la campaña presidencial. Desde ahí sus electores se han sentido traicionados por el engaño a su derecho de elegir con convicción en base a la honestidad y lealtad que deben ser principios inalterables del candidato con sus planteamientos electorales. Se hizo elegir utilizando el prestigio político de liderazgo ajeno, prometiendo continuar las políticas de gobierno que eran autoría de ese liderazgo, y en base a estas promesas logró obtener el apoyo político de ese líder que le endosó su caudal electoral, razón por la cual el pueblo aceptó también ir a las urnas a apoyar tales propuestas, pues de lo contrario no hubiera sido Presidente de Colombia. Pero resulta que luego de elegido, Santos resolvió sorprender a los colombianos dando reversazo a sus propuestas de campaña y empezó a gobernar en dirección opuesta a lo prometido, es decir, aplicando políticas contradictorias que no había anunciado a sus electores para hacerse elegir (ejemplo, su entrega incondicional a Chávez), y dejando a un lado las que había prometido cumplir. No es necesario describir aquí el detalle de tales contradicciones, ni su ineficaz acción de gobierno, pues sería hacer repetitiva la escena de lo que los colombianos conocemos muy bien.

Hay que reconocer que un Presidente de la república tiene el derecho a gobernar con su propia iniciativa, pero haciéndose elegir con ella, con su propio prestigio, sin hacer compromisos políticos hipotecantes de su independencia y luego no cumplirlos, pues esto simplemente tiene un nombre: engaño al pueblo.

Estos antecedentes dejan ver la dificultad política que va a tener el Presidente Santos para lograr su reelección, y dejan ver que esto no es producto de incógnita imaginación, sino la conclusión que la realidad permite observar como es la pérdida cuantiosa de electorado que lo eligió, pues de los nueve millones de votos que le fueron ‘cedidos’ en 2010, y de los cuales se hizo beneficiario con su elección, ahora son muchos los arrepentidos de haber votado por él, y por lo tanto votarán por otras opciones para impedir que sea reelegido el engaño.

La verdadera política requiere sinceridad de criterio y honestidad como respuestas a los compromisos adquiridos con el pueblo. Gobernante que pierde la confianza pública pierde su patrimonio político que es la credibilidad.