7 abr. 2015

Fiscal que no debe ser fiscal

Por Jaime Castro Ramírez

La justicia es el medio de interacción entre los individuos y las instituciones por lo cual se interpreta como un bien común para mantener la armonía social. Las normas jurídicas tienen que conllevar hacia un orden justo y en condición de igualdad, dando las pautas para juzgar a través de la verdad y darle a cada individuo lo que le corresponde. Para hacer armónico este orden social se requiere el concurso de verdaderos administradores de justicia, que sepan interpretar lo que significa la majestad de la justicia, pues quien en cumplimiento de estos menesteres se aparte del principio de obrar y juzgar correctamente está en el camino equivocado y en consecuencia no debe estar al frente de esta grande responsabilidad.

Fiscalía General de la Nación en manos del fiscal Montealegre
La constitución del año 1991 incorporó al ordenamiento institucional de la república la figura de la Fiscalía General de la Nación con el propósito de fortalecer la administración de justicia a través de descentralizar su funcionalidad con una institución que investigue y acuse, y luego le entregue a los jueces el acervo probatorio para que ellos juzguen aplicando las condenas a que haya lugar en cada evento de connotación penal judicial.

La orientación filosófica con que se crea una institución republicana no puede ser tergiversada por la mentalidad fundada en caprichos de funcionarios que prefieran convertirla en su terruño de intereses personales, y peor aun agregándole el agravante de ponerla al servicio de sus inclinaciones ideológicas, pues esta es la forma de llegar al peor escenario que es la politización de la función pública, y por consiguiente el acabose de la función social que debe cumplir. Ni qué hablar si se trata de politizar de la justicia.

Conducta de Eduardo Montealegre como fiscal
Hay que decirlo claramente que ha sido sorprendente para la sociedad colombiana observar el comportamiento del señor Fiscal General de la Nación al verlo involucrado en situaciones que se apartan de la filosofía institucional que debe regir los destinos de una importante entidad de justicia como lo es la Fiscalía. Pero además con antecedentes como haber tenido relación contractual con Saludcoop, entidad donde se generó la mayor corrupción en el sistema de salud en Colombia, y según la Contraloría General de la República, allí encontró que con esos dineros le pagaron a Montealegre más de cuatro mil millones de pesos, y que incluso recibió parte de esa plata después de ejercer como Fiscal. Y según el magistrado Pretelt, también está de por medio la actuación de Montealegre en Fidupetrol, antecedentes que en condiciones normales hubieran sido impedimentos éticos para ocupar el cargo de Fiscal. Aunque ya en ejercicio del cargo suma otros comportamientos no propios de un rector administrador de justicia, como son su intervención en política en la reelección de Santos, perseguir a opositores políticos, y actuar a favor de la impunidad de terroristas Farc en el sentido de que no paguen ni un día de cárcel por los peores crímenes contra la humanidad que han cometido como son los crímenes de lesa humanidad. Su misión debe ser la de aplicar la ley y exigir justicia.

Además Montealegre ha demostrado un revanchismo ilimitado, pues tan pronto la Contralora Sandra Morelli lo investigó por el caso Saludccop, de inmediato le armó a ella un expediente para investigarla por el contrato de arrendamiento de la sede donde funcionaba la Contraloría, y esa fue la respuesta a su responsabilidad por la cual esa entidad de control fiscal lo investigaba, y ante la represalia que se convirtió en amenaza de encarcelarla, ella tuvo que abandonar el país para evitar ser víctima de una injusticia.

Otro episodio reciente ha sido el referente al magistrado Pretelt, que sin antes hacerle el debido proceso investigativo, el Fiscal lo ha presionado para que renuncie, presión que según Pretelt obedece a la pretensión del Fiscal de tomarse la Corte Constitucional para que ese organismo apruebe la impunidad a las Farc, pues afirma Pretelt que Montealegre lo invitó a su casa para pedirle que actuara en esa dirección y que él no le aceptó tal propuesta. Al denunciar estos hechos, y negarse a renunciar, dice el magistrado que como respuesta de represalia, el Fiscal ahora persigue a su esposa llamándola a interrogatorio por un bien rural que ella adquirió a través de una transacción de compraventa.

Es procedente mencionar también los casos de persecución política del Fiscal a dirigentes opositores del partido político ‘Centro Democrático’, como lo ocurrido con los casos de llamados a interrogatorios judiciales a Oscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, y David Zuluaga. Esta actuación judicial tendría que ver con el hecho de querer ‘justificar’ de alguna manera el escándalo que armaron en vísperas de las elecciones presidenciales con el cuento reforzado del hacker, circunstancia que inventaron como estrategia política sucia con el propósito de perjudicar la campaña del candidato Oscar Iván Zuluaga, y por consiguiente favorecer el resultado electoral de la campaña reeleccionista de Santos, efecto que lograron causando un grande perjuicio político y moral a las mencionadas personas, y también a sus electores.

Estos factores desafortunados en la actuación del Fiscal Montealegre debieran motivar su renuncia al más importante cargo de la justicia investigativa y acusatoria, cargo que requiere otro perfil de Fiscal, perfil acorde a lo exigido por la verdadera administración de justicia.

No hay comentarios.: