Por Jaime Castro Ramírez
La democracia es débil en cuanto en su nombre se atenta contra su propia filosofía, pues allí se crean escenarios que permitan deformar la integridad política que determina sus principios liberales, para luego acceder a instancias que conjugan circunstancias de tinte dictatorial, pero utilizando el sello populista de invocar la democracia para intentar justificar la licencia de cómo desdibujar la democracia sin que el pueblo se percate de la realidad. Estos son pactos subrepticios de engaño colectivo para conseguir la habilitación social a intenciones políticas perversas dictatoriales.
Ley habilitante, o en su defecto referendo habilitante
En Colombia ya se empezó a hablar de perversidades contra la democracia, y muy seguramente auspiciadas desde el propio gobierno. Se podría citar como origen y consecuencia de estos intentos el desafortunado antecedente, cuando Juan Manuel Santos, en una especie de enajenación de su condición presidencial, decidió acuñarle el calificativo de “nuevo mejor amigo” a un déspota dictador, pues en este andar parece haber aprendido la lección de ‘alta filosofía política chavista’ referente al tema de la ‘ley habilitante’, que no es otra cosa que un mecanismo populista engañoso para acabar con la democracia en nombre de la democracia.
La ley habilitante consiste en despojar al congreso de la república de su condición de poder legislativo para que a cambio le apruebe al gobernante un poder omnímodo para que gobierne como le parezca a través de decretos, es decir, concederle poderes absolutos con los cuales pasa a convertirse en dictador camuflado de demócrata. Este desafuero no tiene cabida en Colombia donde históricamente se ha respetado la democracia y la independencia de poderes, por lo tanto, que el gobierno ni piense en un disparate de esta naturaleza para desafiar la democracia.
Figura política como alternativa si no es la ley habilitante
Ante la razonable crítica política de la oposición sobre la ley habilitante para que el presidente Santos pudiera darle el manejo que quisiera al acuerdo de paz, se ha mencionado entonces la alternativa de un referendo habilitante de facultades extraordinarias que le de poderes amplios al presidente para el mismo fin, pero con la misma inconveniencia de ser igualmente una medida antidemocrática e inconstitucional si no se le explican al pueblo los diferentes temas sobre los cuales va a decidir positiva o negativamente, pues con cualquiera de las dos medidas (que en el fondo son lo mismo), lo que se persigue es un poder ilimitado para actuar. En consecuencia, lo democráticamente aceptable es que este tipo de definiciones, por su trascendencia, deben someterse a la decisión del pueblo, o en su defecto someterse al debate político en el congreso de la república, y no permitir que solamente dependan de la voluntad política de una sola persona como el presidente de la república. En democracia se tiene que actuar con decisiones democráticas.
Aunque el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, salió a decir públicamente que no es cierto lo de la ley habilitante, ni lo del referendo habilitante de facultades extraordinarias, hay una circunstancia cierta de desconfianza y es que al gobierno no se le puede creer, pues a lo que hoy dice que no, mañana dice que si, o viceversa.
Engaño de Santos de someter a refrendación del pueblo en las urnas el acuerdo de paz De entrada en el debate de estos temas delirantes de la ley habilitante, o del referendo habilitante de facultades extraordinarias, hay que recordar que el presidente de la república Juan Manuel Santos en muchas ocasiones y escenarios prometió que lo que se firmara en el acuerdo de paz con las Farc, lo sometería a que el pueblo lo refrendara en las urnas a través de un referendo, y que por lo tanto, lo que se haría finalmente sería lo que el pueblo decidiera. Pues resulta que, como suelen ser los resultados de las promesas presidenciales, ahora está echando para atrás este compromiso y dizque ya no habrá tal consulta al pueblo, es decir que no pasó de ser una expresión de engaño a los colombianos.
Al contrario, lo que quiere Santos ahora son mecanismos antidemocráticos que le den poderes habilitantes para decidir lo de la paz por su propia cuenta, pero eso sí, a nombre de todos los colombianos, en lo cual no nos sentiremos representados.
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