Paz avanza en lo no negociable

Por Jaime Castro Ramírez

Los diálogos de paz necesariamente exigen posturas de firmeza de parte del Estado para no comprometer en la negociación lo no negociable, o sea, los modelos de políticas públicas que históricamente han hecho parte integral y filosófica de las estructuras económica, política y social de la organización republicana. Si estos modelos se tocan haciendo concesiones a la contraparte cuya posición ideológica siempre ha apuntado a su desvertebramiento institucional y democrático, pues simplemente se está claudicando a defender los principios esenciales que rigen el Estado de derecho amparado por su tradición constitucional, y en consecuencia, el resultado no es otro diferente a la entrega del país a quienes quieren someterlo ideológicamente. Esto significaría que no se negocia la paz sino el futuro incierto de la sociedad.

Negociando la política agraria

El primer error grave convenido por parte del gobierno de Colombia en la agenda de negociación de la paz con las Farc fue justamente el primer punto de esa agenda, el cual denominaron: “Política de desarrollo agrario integral”, donde se habla específicamente, entre otras cosas, de lo siguiente: acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, estímulo a la economía solidaria; puntos estos que quedan abiertos a la interpretación y aplicación de intereses particulares por parte de quienes lograron imponer su negociación, y que parecieran disposiciones calculadas para conseguir su poder político y económico, como es el hecho de decidir el uso de la tierra; según su criterio definir qué son tierras improductivas para disponer de ellas seguramente a través del mecanismo arbitrario de la expropiación; en cuanto a la formalización de la propiedad podría estar por delante la idea de ‘legalizar’ por parte de las Farc sus tierras mal habidas y tal vez circunscribirlas dentro de las llamadas ‘zonas de reserva campesina’ donde ellos mandarán; y en cuanto al estímulo de la economía solidaria, pues es la forma de culminar su propósito de índole socialista, es decir, llegar a la abolición del capitalismo en base a las teorías populistas enmarcadas dentro de la órbita del engaño para significar dizque la ‘humanización de la economía capitalista’.

Este entramado de la política de desarrollo agrario integral significaría el acabose de la producción agrícola, y lo que deja ver es la habilidad política de las Farc frente a la ingenuidad (o torpeza) del gobierno. Mientras que los primeros vuelan, los segundos pareciera que gatean en el escenario de la negociación, pues además, ¿quiénes de los plenipotenciarios del gobierno son expertos en el tema agrario para negociar un punto tan delicado (no negociable)? Respuesta: Ninguno, y ahí están las posibles consecuencias a la vista.

Bueno, la diferencia consiste en que la economía capitalista crea empresa, produce riqueza, crecimiento, da empleo y por lo tanto proporciona bienestar social, mientras que la economía solidaria-socialista es un sistema cerrado y confiscatorio a través de la intervención y expropiación de la propiedad privada y solo produce miseria, pues las pruebas están a lo largo de la historia donde quiera que se haya implantado el sistema socialista.

Entonces, ¿a cuál de los dos sistemas le corresponderá realmente el humanitario calificativo de la humanización de la economía?

La política agraria es parte muy importante del modelo económico colombiano, de tal manera que desde este punto de vista era prohibido para el gobierno someter este tema a negociación con quienes han sido por muchos años autores de asesinatos y violación de derechos humanos de campesinos, al igual que autores de su desplazamiento para adueñarse de sus tierras y con lo cual se convirtieron en terratenientes con bienes mal habidos. Este punto de la política agraria fue rápidamente evacuado en la negociación porque le interesaba a las Farc, y quién sabe cuáles otros puntos de su interés, y luego se estancó el proceso, pues últimamente se conoció por boca del propio presidente Santos que en el último año no ha habido avances, lo cual crea un desgaste intolerable, y también se incrementa la pérdida de confianza de los colombianos en dicho proceso.

El gobierno Santos pareciera que no entendió el por qué para sus interlocutores la política agraria era un punto de exigencia en la mesa de negociación, o si lo entendió pues muy grave su consentimiento de connotación antipatriota para el futuro del país. Ni forma de culpar a las Farc, pues hay que reiterar que ellos están en su derecho de proponer y exigir en la negociación todas las condiciones que consideren, mientras que al gobierno como representante de la sociedad colombiana le corresponde disponer la aceptación o no de esas condiciones, mirando la conveniencia de los intereses del Estado.

Lo que se observa es concluyente en el sentido de que el proceso de negociación de la paz avanzó con la normalidad requerida mientras negociaban lo innegociable para el Estado colombiano: la política agraria, (incluidos otros dos puntos), y después pareciera que ya no hay ningún afán por parte de las Farc, y el presidente Santos se siente incapaz de exigirles resultados poniéndole fecha de terminación a los diálogos.