Sometimiento de la constitución y la ley

Por Jaime Castro Ramírez

Las democracias del mundo tienen su soporte de legitimidad política e institucional en la majestad de la respetable carta de navegación que construyen para consolidar su rumbo de países libres dentro del Estado de Derecho.

La importancia de la Constitución de la República es entonces de una trascendencia mayúscula, pues constituye la base para enaltecer la trayectoria institucional, el desarrollo organizado del ente país a través de las leyes fundadas en el mandato constitucional, al igual que dispone los derechos fundamentales de la sociedad.

Así como la Constitución es el norte para la vida republicana, por obvias razones tiene que ser respetada integralmente en todo su ordenamiento, es decir que se constituye en una obra institucional totalmente invulnerable. Esto explica el por qué solo puede ser cambiada o modificada por el constituyente primario (el pueblo) a través de una asamblea nacional constituyente elegida en las urnas con su voto, o por el congreso de la república por medio de un acto legislativo tramitado en dos legislaturas ordinarias y en ocho debates.

Lo que va a ocurrir en Colombia con la Constitución

El presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón, está en plan de acabar con la importancia de la Constitución colombiana, pues ha aceptado, nada más y nada menos, que lo que para los colombianos son inaceptables concesiones que él les ha hecho a las Farc en la llamada “negociación” de paz, cometer el adefesio institucional de que ese tratado de impunidad, donde hasta el narcotráfico fue considerado conexo a “delito político” para expedirle paz y salvo judicial a las Farc, y como dijo el Procurador, para convertir lo de la Habana en el mayor lavadero de activos, quede incorporado a la Constitución este acuerdo elaborado con esencia vende-patria haciendo parte del bloque de constitucionalidad, lo que significa incluirlo en el texto constitucional con la categoría de ‘valores y principios’ para así asegurar la permanencia y obligatoriedad de ese contenido venenoso para la democracia, razón por la cual para muchos colombianos constituye la entrega del país político, económico y social. Esto es muy grave institucionalmente porque significa que el presidente de la república le dio categoría de ‘Asamblea Constituyente’ a los criminales de las Farc y a los enviados por el gobierno a la Habana, pues quiere decir que les otorgó poder para que elaboraran parte del articulado de la Constitución, lo cual va en contravía de lo ordenado en la misma norma de normas sobre las instancias que pueden cambiar o modificar su contenido.

En este escenario de incertidumbre democrática apareció una frase que asombró por lo contradictoria y por el sentido engañoso para los colombianos, pronunciada por el presidente Santos a su buen estilo: “Las Farc se someten a la Constitución y a la ley”. Pues al respecto habrá que decir señor presidente Santos que lo que se trata es de una arremetida antidemocrática, y de acuerdo a lo que está sucediendo, debilitando el Estado de Derecho, lo dicho por usted significa exactamente lo contrario: La Constitución y la ley se someten a las Farc.

Además de otros esperpentos jurídicos que se han inventado gobierno y Farc, tales como el denominado “Tribunal de paz” al cual le dan característica de poder constituyente que acaba con el equilibrio de poderes, y por consiguiente no generará decisiones de paz sino de discordia social. Y qué tal la “ley habilitante” para darle poderes al presidente Santos para que elabore decretos con fuerza de ley que no podrán ser cambiados en su contenido, es decir que reemplaza al congreso de la república para legislar respecto a los temas que conforman el acuerdo de paz con las Farc. Esto es demoledor para la democracia porque el presidente de la república acude a un mecanismo dictatorial siniestro, pues esta es la clase de poder que exigen los dictadorzuelos para imponer su propia voluntad (en contra de la voluntad popular), con lo que Santos llevará al país por un rumbo político incierto, de lo cual dependerá luego el rumbo económico y social. Se sabe muy bien el resultado de las leyes habilitantes del chavismo en Venezuela: la ruina del país en todos sus órdenes.

Complicidad política de la ‘unidad nacional’

Lo peor que le ha podido pasar a Colombia en el gobierno del presidente Santos ha sido el contubernio político entre el gobierno y los partidos que se han alineado en la llamada “unidad nacional”, pues esto ha sido funesto para el país porque a través de la “mermelada” corrupta el gobierno ha comprando todos esos congresistas para que le aprueben en el congreso de la república todo lo que les lleve a su consideración, incluida la perversidad de la “ley habilitante”.

En consecuencia, todos esos señores congresistas que le han vendido el alma al diablo serán responsables ante la historia y ante el pueblo colombiano de lo que le pueda suceder al país y a su democracia, pues se convierten en simples cómplices de su eventual derrota.