El tribunal de la venganza

Por Jaime Castro Ramírez

Dentro de la dinámica del devenir de la sociedad suelen aparecer instancias nefastas que interfieren lo que debiera ser el curso normal de su historia, es decir, un acontecer razonable y justo en relación con los hechos que conforman su propio destino. Al buen estilo inquisidor, existe la mentalidad perversa de hacer posible generar escenarios donde el objetivo es aniquilar al contrario a través de acusaciones con intrigas siniestras que abren el camino al espíritu desenfrenado de venganza. El resultado de estas acciones solamente conlleva a escenas de violencia, pues el mal que causan encuentra una respuesta de confrontación de incalculables consecuencias.

La justicia especial para la paz - JEP

En Colombia se va a poner en marcha el más cuestionado y disparatado sistema de “justicia” de ‘imposición’ de que se tenga noticia. Y es de imposición porque lo exigieron las Farc en la Habana, y el gobierno Santos simplemente se limitó a aceptarlo, como aceptó todas las demás exigencias que quedaron consignadas en el acuerdo que firmaron.

La JEP es algo así como la columna vertebral del llamado ‘acuerdo de paz’, y lo es desde el punto de vista de retaliación, o figura diseñada por las Farc cuyo objetivo es llegarle a los militares y civiles con su ánimo henchido de venganza. El nombre de ‘justicia especial para la paz’ es exactamente un contrasentido toda vez que de paz no tiene absolutamente nada, pues no es justicia para aplicarla a las Farc porque en el acuerdo quedó establecido que ellos no pagarán ni un día de cárcel (impunidad total), o sea, que en conclusión, se trata entonces de una justicia fantasma únicamente para perseguir a militares y a terceros a quienes las Farc señalen como procesables judicialmente por ese ‘tribunal de la venganza’. Es un contrasentido porque a cambio de paz generará más violencia.

La sola conformación de ese tribunal dejó plasmadas todas las dudas posibles. Quienes eligieron a los 51 magistrados de esa Corte fueron extranjeros de conocida procedencia política izquierdista, y por obvias razones ideológicas escogieron a magistrados de igual característica política, de los cuales algunos ya han prejuzgado con nombre propio sobre la persecución que pretenden implantar. Esta circunstancia de prejuzgamiento, en condiciones normales de justicia en democracia, haría que esos magistrados quedaran impedidos para actuar en esos casos puntuales, pero sin embargo, las Farc alegan que según lo acordado en la habana, para los magistrados de la JEP no existen impedimentos de ninguna naturaleza.

La JEP va a ser el caos de la justicia colombiana, va a ser la culminación de la entrega del país al comunismo Farc. Ese tribunal tendrá un poder omnímodo, es decir, absoluto y total. Tanto es así que incluso podrá desconocer sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, sentencias que ha sido proferidas por las cortes de la justicia tradicional colombiana de acuerdo a la Constitución y la ley, cuando los magistrados de la JEP consideren que tales sentencias sean óbice para ejercer su poder de persecución hacia sus objetivos.

En el proceso de implementación del acuerdo SantosFarc respecto al tema de la JEP, el congreso de la república ha querido ocuparse en disponer que sean válidos los impedimentos aplicados a magistrados de la JEP, y que ese tribunal no tenga competencia para llamar a juzgamiento a terceros, o sean civiles. En este punto las Farc dicen dos cosas: primero, no aceptar los mencionados impedimentos a tales magistrados; y en segundo lugar, siguen demostrando su alto grado de cinismo, pues alegan que los civiles no pueden quedar fuera del alcance de la JEP porque dizque eso constituye un escenario de “impunidad” respecto a la actuación de la justicia ordinaria. ¡Miren quiénes hablan de impunidad! Es verdaderamente el colmo de la burla y el irrespeto con el pueblo colombiano.

Significa que la tal JEP es el paz y salvo judicial para las Farc, y la condena para militares que se jugaron la vida en defensa de la patria, y en defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos, y también condena de venganza contra civiles.