El cartel de la tutela otorga derechos

Por Wilfredo Moreno

Cuando Uribe Vélez visitó por primera vez el Congreso como presidente se oyeron fuertes voces que señalaban lo conveniente que sería reducir las facultades de la Corte Constitucional. El senador Alfredo Ramos llegó más lejos, acusando a la Corte de ponerse por encima de los demás poderes, usurpando sus funciones.
Han pasado más de tres años de esa primera visita y todos los planes que se han hecho para establecer límites a las funciones de la Corte quedaron en el olvido. Eso ha hecho que a los magistrados se les haya crecido tanto el ego que ya se creen semidioses. Si el presidente más popular de la historia reciente del país no se dio la pela para ponerlos en su lugar, ¿quién podrá defendernos?
A un país consciente de que desea vivir con la economía de mercado le hubiera resultado fastidioso que unos magistrados hubieran amenazado al ejecutivo con sancionar y hasta llevar a prisión a varios de sus funcionarios por no resolver el problema de los desplazados. Ante todo, el problema del desplazamiento forzado no es nuevo para Colombia, las urbes del país están llenas de desplazados que llegaron huyendo en la «época de la violencia»: personas, familias enteras que no conocieron ninguna clase de ayuda estatal directa y hoy la mayor parte de ellos y de sus descendientes viven en mejores condiciones que los raizales de las ciudades adonde llegaron.
Los magistrados olvidan deliberadamente ese hecho y apegados a una Constitución que da para todo, borran de un solo tajo la creencia de que vivimos en un país que practica la economía de mercado y ordenan como los dioses del Olimpo que se les garantice automáticamente a los más recientes desplazados de la violencia todo aquello con lo que cuentan sus antecesores y que tardaron décadas en construir.
Parece que nadie les ha dicho a los magistrados que en Colombia aún no ha existido una votación masiva para avalar un régimen de socialismo marxista como el cubano, o bien no les importa que eso no haya ocurrido. Porque decir que el Estado debe garantizar el bienestar colectivo sólo cabe en las normas fundamentales de Estados comunistas. Ese mandato sólo existe en el papel, pues cuando se trata de llevarlo a la realidad todo termina en un gran desastre, como se puede verificar todos los días en la Cuba de Castro. El gobierno da «casa» a la gente, el sagrado «derecho a la vivienda»: la mayor parte de la población vive hacinada, familias enteras en un espacio tan pequeño pero tan pequeño que después de las «camas» caminan unos cuantos pasos para invadir el espacio del vecino, territorio dividido por unos pedazos de telas colgando, un baño para cuarenta familias, y el comedor sólo lo ven en la TV estatal (y forzosa) cuando Fidel cena. Comida y salud para todos, claro lo que nunca se dice es cuántas veces al mes se tiene acceso.
Volviendo a Colombia, uno ve que, en medio de las imperfecciones de nuestra sociedad casi de mercado, a los desplazados les va mejor cuando nadie les garantiza nada que cuando se les muestra sus «derechos».
He asistido a reuniones donde muchas agencias gubernamentales y ONG tratan de buscarle soluciones a esa gente, muchos de los desplazados ya se han convertido en expertos no sólo en leyes que les garantizan la felicidad automática y perpetua sino también en acorralar a todos los que tratan de tenderles la mano.
«Yo no digo que no quiera trabajar, sino que me busquen algo que sea más acorde con lo que hacía antes», decía uno de los representantes de los desplazados a un empresario que quería obtener un préstamo para poner a laborar a muchas de esas personas. Es decir, en plena urbe, hay que construir fincas para satisfacerlos.
Seguramente para muchos éste puede parecer un ejemplo sectario en contra de los desplazados, pero entonces ¿qué pasó con los millones de desplazados de los brotes de violencia anteriores a éste? ¿Hubo empresarios, entes gubernamentales o de otro tipo que se reunían con ellos para buscarle solución a los problemas que traían? ¿Hubo manos tendidas cuando la mayor parte de la población estaba en las mismas condiciones?
Con todas las imperfecciones que pueda tener nuestro régimen de mercado, se ha construido un tejido social mucho mejor que el de la Cuba de Fidel. A pesar de los problemas de nuestros pobres, seguro que no les gustaría vivir hacinados como la mayor parte de los cubanos.
Si nuestra sociedad, o por lo menos una parte de ésta, fuera consciente del lugar que le corresponde, lo más seguro sería que la Corte estuviera pagando cara la ofensa a los otros poderes del Estado.
A lo mejor no estaríamos polemizando sobre las facultades de la sagrada y todopoderosa Corte Constitucional sino más bien pensaríamos en cuál debe ser la norma fundamental de la nación.