Por parte de la llamada izquierda democrática, el porvenir del conflicto es claro: se debe ir cuanto antes a una negociación política que permita una nueva Constitución, como proponía en 2002 el actual alcalde de Bogotá, o en todo caso a una reforma que tenga en cuenta buena parte de las pretensiones de la guerrilla. Que eso es una cortina de humo porque las guerrillas sólo quieren negociar para ampliar su poder de intimidación es algo que está demostrado, y que sólo se trata de que esa izquierda comparte los objetivos de la guerrilla, también. El problema está en el resto de la sociedad: ¿se deben cambiar las leyes como resultado de una negociación con la guerrilla? Es lo que deberían contestar al menos los candidatos presidenciales.
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