11 oct. 2012

El derecho fundamental a la paz

Por @Ruiz_senior

Como ya he explicado muchas veces, lo más complicado para quien escribe sobre Colombia es hacer que los colombianos entiendan la excepcionalidad de su realidad. Todo el mundo concibe la vida en otras partes según lo que ha visto, y es rarísimo el colombiano que no cree que el resto del mundo es como Colombia.

Pero es necesario repetirlo mil veces hasta que la gente lo entienda. Aunque además de esa curiosa proyección de la experiencia inmediata al conjunto del universo hay algo más chocante, que es la inocencia de las palabras. Ninguna de las muchas atrocidades que tienen lugar cada día es tan espantosa como las cosas que se dicen, respecto de las cuales nadie tiene la menor incomodidad.

Por ejemplo, en ningún país del mundo podría decir el presidente de una cámara legislativa que es preferible que un asesino esté dictando leyes y no matando gente. Ése es perfectamente el discurso del asesino, que dirá eso para obtener lo que pretende al matar gente. ¿Para qué habría policía? Es mejor que el atracador se case con nuestras hijas y no tener que arriesgarnos a que las mate. Parece un dicho cualquiera pero es una atrocidad, y lo colombiano es esa incapacidad de asociar las palabras a los hechos, como el personaje de un cuento de Borges que lo podía recordar todo pero no asociarlo.

Cuando el presidente del Congreso dice eso está demostrando que el gobierno colombiano y los partidos "uribistas" de la Unidad Nacional, son abiertamente socios de las FARC y comparten el objetivo de los terroristas. ¿Cuánto varía eso de ser cómplices de los crímenes? Sin el menor pudor antiguos asesinos como Antonio Navarro declaran que sería peor para Colombia que estuvieran matando, pero es que las FARC siguen matando, aún más desde que se anunció la negociación, y después de que ya se les ofrecen curules sin votos es obvio que más asesinatos multiplicarán sus pretensiones.

Lo del señor Posada Sánchez, que además es vulgar porque lo han dicho toda clase de canallas, es con todo poca cosa comparado con las declaraciones sobre el "derecho fundamental a la paz" del fiscal. En cualquier otro país eso sería escandaloso en boca de un presidiario, pero Colombia es tal muladar que quien lo dice es un antiguo presidente de la Corte Constitucional.

Es decir, en el país de los tinterillos no parece haber uno solo que se haya preocupado de buscar el origen de ese "derecho". ¿En qué norma existe? ¿Cuándo se ha invocado ese "derecho fundamental" en alguna instancia jurídica de otros países? ¿Cómo es que nadie les pregunta a los millones de "juristas" del país sobre el sentido de ese derecho?

Es el argumento perfecto de un atracador. ¿Prefiere uno un tajo en la yugular o la aplicación de las leyes de defensa de la propiedad? Lo estrictamente colombiano es que el policía es el atracador y proclama que para evitar muertes se dejará de castigar el atraco, cosa aún más grave cuando de todos modos el atraco no ha cesado.

Esa declaración del fiscal es propiamente la retórica de las FARC, y ni siquiera tiene ninguna originalidad: podría apostar a que se encuentra en algún discurso de Piedad Córdoba. Lo increíble de este alto funcionario que presidió la máxima instancia jurídica del país es su desfachatez, no su ingenio. Pero insisto, hay una inmoralidad profunda en cada colombiano que le permite tolerar esos discursos sin sentir malestar físico.

El personaje ya se lució a principios de siglo, cuando presidía la Corte Constitucional: en una entrevista le preguntaron sobre la reforma de la justicia que promovía el entonces ministro Fernando Londoño Hoyos. Uno de los puntos era la exigencia a las cortes de que sus sentencias atendieran a un principio de realidad y aquello que exigieran pagar efectivamente se pudiera pagar. ¿Qué respondió? ¡Que eso equivaldría a hacer a las cortes cómplices de la ineficiencia del Estado!

Valdría la pena detenerse en esa perla para entender que no hay un problema en las selvas ni en los conciliábulos de La Habana o Caracas comparable al que hay en la cabeza de los colombianos. ¿De modo que el Estado debe mostrar la máxima eficacia en atender a las demandas de sus amos? Es como el sueño de todos los colombianos, de remediarlo todo a punta de decretos que deben cumplir los demás. Perdón, "el Estado". ¿Qué es el Estado? La Corte Constitucional, según este prócer, es ajena al Estado.

De lo que se trata simplemente es de la parcela de poder que controla el hampón, desde la cual se enriquece y nombra a sus "fichas". La queja por no ser cómplices de la ineficiencia del Estado es sólo el derecho de pernada sin límites que las camarillas de "juristas" alcanzaron después de 1991 tras el asesinato de los verdaderos jueces y con la única condición de hacerse aliados de los clanes de dueños tradicionales del Estado y de sus socios terroristas.

Colombia está hoy entregada a las organizaciones criminales mucho más de lo que lo estuvo en los ochenta respecto a los grandes carteles de la cocaína. Los mismos protagonistas, políticos, jueces y periodistas exhiben hoy una desfachatez que habría escandalizado a los socios públicos de Pablo Escobar ("liberales"), todo lo cual se refuerza con el poder ideológico de los totalitarios, dueños de todos los niveles de la "educación" desde entonces y claramente relacionados con dichas organizaciones criminales.

Pero todo eso es posible porque nadie quiere ver la exepcionalidad del país. El lector que quiera demostrar que sólo es un muladar dominado por los peores criminales podría interesarse por encontrar en la literatura jurídica de cualquier otro país alusiones al "derecho fundamental a la paz".

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