Pasaporte hacia Oslo

Por @AdasOz 

 Hasta el momento nadie sabe cómo los cabecillas del Secretariado lograron llegar hasta Cuba, pero es muy probable que haya habido complicidad con el gobierno venezolano. Ahora, gracias al Marco Jurídico para la Paz, el más grande logro conseguido hasta el momento por el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido levantar las órdenes de captura que la Interpol había interpuesto a los negociadores de las FARC, con el fin de que puedan viajar a Oslo a negociar el esquema de país que los terroristas, el presidente y sus auxiliadores están empeñados en imponernos.

Esta noticia no nos debe tomar por sorpresa pues hace pocos días el mismo Fiscal General ya nos había venido preparando para cuando ésta se hiciera realidad. Montealegre afirmó, sin vergüenza alguna, lo siguiente:

El derecho fundamental a la paz está por encima de cualquier consideración, incluso sobre la obligación que tienen todos los países de castigar con cárcel los crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Básicamente lo que dice el Fiscal Montealegre es que la paz está por encima de las leyes y de la jurisprudencia, dándole legitimidad al accionar terrorista, con lo que se hace cómplice. La paz es fundamental, sí, pero llegar a ella por medio de embelecos jurídicos que otorgan no sólo impunidad sino un estatus de igualdad a los terroristas con el Estado colombiano, es una vil canallada y el prevaricato del Fiscal en favor de los intereses de Juan Manuel Santos y sus socios narcoterroristas es más que evidente. ¿Cómo es que se pretende llegar a una paz duradera si las leyes y la jurisprudencia se acomodan a los caprichos de quienes se han empeñado en violar los derechos fundamentales de todos los colombianos y de personas de otras nacionalidades? Esto es muestra del gran debilitamiento que ha venido padeciendo el Estado colombiano bajo el gobierno de Santos. Ahora revivimos la década de los años 90 en la que los mandatarios se dedicaron a darles ventajas a mafiosos y terroristas por igual, con el agravante que ahora padecemos y es la complicidad de gobiernos vecinos como el de Venezuela y el de Ecuador con estos grupos criminales.

Pero donde no hay ley ni justicia es imposible llegar a una paz duradera y lo que hace este gobierno con sus diálogos de “paz” es una violación sistemática de la Constitución y de los tratados internacionales que Colombia ha ratificado. Como he dicho en varias ocasiones, este proceso sólo traerá más muertes y el premio al crimen perpetuará el terrorismo.

Estos terroristas, que están por imponer su voluntad sobre la de los colombianos cuentan con un exquisito prontuario de crímenes de lesa humanidad por los cuales acumulaban hasta ayer 268 órdenes de captura y condenas. Veamos: Sobre alias Iván Márquez, segundo cabecilla de las FARC, recaen 66 medidas de aseguramiento, 132 órdenes de captura y 28 condenas. Sobre alias Simón Trinidad, que actualmente se encuentra pagando 60 años de cárcel en Estados Unidos, existen 11 medidas de aseguramiento y 28 órdenes de captura. Y por último, sobre alias Jesús Santrich existen 3 órdenes de captura. Los delitos que se les imputan están relacionados con la práctica del secuestro, homicidio, rebelión, reclutamiento de menores, narcotráfico, desplazamiento forzoso y concierto para delinquir. Toda una sinfonía de crímenes que en un país serio se juzgarían y condenarían drásticamente, en lugar de minimizarlos y maquillarlos para poner por encima de los intereses del país la voluntad de unos cuantos que se lucran del narcoterrorismo. Al mismo tiempo que los entusiastas de la “paz” celebran y felicitan a Juan Manuel Santos por su “heroica” iniciativa de negociar el país con sus aliados terroristas, piden al unísono que se condene sin pruebas a gente inocente sólo porque han sido duros críticos o enemigos de los intereses de este grupo de criminales y sus auxiliadores. Y claro, como no son ellos quienes aterrorizan poblaciones enteras ni pretenden imponer un “innovador” sistema socio-económico para el país, con ellos no se negocia ni la presunción de inocencia, que es, como la paz, un derecho fundamental. ¿Quién dijo que evadir las leyes es un privilegio que nos traerá la paz? Aquí no hay contradicción así lo parezca, lo que existe es una inmensa complicidad con el crimen por acción u omisión, pues con toda seguridad muchos de los que alientan los diálogos con el peor cáncer que tiene Colombia se lucran directa o indirectamente del terrorismo. El mensaje que dejará este proceso que no tiene vuelta de hoja y que pretende ser llevado a los confines del mundo, es equivocado. En Colombia seguiremos cayendo cíclicamente en este tipo de procesos de “paz” porque representan impunidad y premio para los criminales; el cumplimiento de las leyes en defensa del Estado de Derecho, que está por encima de cualquier interés individual o de un pequeño grupo de la sociedad, tendrá que esperar.

Ya llevamos dos años y dos meses haciendo críticas “constructivas” al gobierno de Juan Manuel Santos, incluso muchos siguen pidiéndole, por más que éste muestra permanentemente que no dará su brazo a torcer, que rectifique su camino y retome el rumbo que nos prometió en campaña. Es hora ya de detener esa crítica y de entender que lo que debemos hacer es una oposición clara y firme contra el proceso de Santos con las FARC, ahora con mayor razón tras conocer la desafortunada noticia de que Chávez gobernará por 6 años más en Venezuela, y que es uno de los países “garantes” de la consabida “paz” para Colombia.