Injusticia de la justicia

Por Jaime Castro Ramírez 

La historia de los pueblos dice que la justicia debe existir como factor de equilibrio o armonía entre los miembros de la sociedad, justamente para poner en práctica la virtud de determinar la concepción de lo ‘justo’ en las relaciones sociales, y a través de la aplicación de normas jurídicas, juzgar las conductas humanas imparcialmente.

Cualquier otra característica que difiera de este precepto de aplicación de ‘justicia justa’ puede conllevar a desvirtuar la mencionada armonía social, y por supuesto que por esta vía es posible llegar hasta la condición de atentar contra la dignidad humana.

Justicia colombiana

Por principio, la administración de justicia debe corresponder a jueces que cumplan la verdadera misión de intérpretes del sentido de la ley y que pongan su sabiduría al servicio de la dignidad de aplicar la majestad de la justicia.

En muchos pasajes de la historia de Colombia la justicia ha contado con el concurso de jueces impolutos en su ética y brillantes en su actuación imparcial en la aplicación de la ley. Sin embargo, en la última década el país ha pasado por una etapa de infortunado vacío en la forma como los jueces han decidido muchos casos judiciales. Un grave antecedente lo constituye el hecho de haberse politizado el criterio de los jueces, y en la misma medida, su actuación en las decisiones para condenar personas de bien en base a testimonios acomodados por parte de bandidos a quienes les ofrecen beneficios judiciales, entre esos beneficios, irse con toda la familia a vivir muy cómodamente a otro país por cuenta de todos los colombianos que pagamos impuestos.

El principal foco de politización de la justicia lo diseñó y lo puso en marcha nada menos que el principal ente de la justicia colombiana: la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de esta corte tomaron partido, y lo refrendaron con la perversa proclama que se inventaron diciendo que “estamos en el siglo de los jueces”. Primero se ensañaron contra el presidente Uribe, y a partir de ahí, cometieron resonantes despropósitos judiciales en contra de congresistas y funcionarios; pues en cuanto a los primeros, exponían el pretexto de investigarlos por paramilitarismo, pero resulta que todo parece indicar que la única condición para procesarlos era que fueran de alguna manera cercanos a Uribe, llámese por filiación política, o por el hecho de haber sido funcionarios en su gobierno. Es decir, que el objetivo era aplicar ‘justicia selectiva antiuribista’, y por consiguiente no les importó llevar la justicia a la despreciable instancia de justicia politizada.

Caso Andrés Felipe Arias

El procedimiento judicial que le aplicaron a Andrés Felipe Arias es el antípoda de la sensatez jurídica. Encarcelar inocentes no es la misión de la justicia. Mediante ley de la república 1133 de 2007 se creó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) cuya finalidad era beneficiar con préstamos subsidiados al sector campesino (pequeños, medianos y grandes), con el ánimo de mejorar la competitividad y por ende el nivel de vida de los agricultores, incrementando la producción y fomentando el empleo en el campo; pero además pensando en proteger los ingresos del agro que eventualmente resultasen afectados ante el efecto de los mercados externos como consecuencia de la internacionalización de la economía. A nivel de los grandes agricultores es donde se producen excedentes de exportación, y a la vez son los que generan empleo. Este programa fue diseñado por la OEA y aplicado con éxito en otros países, razón por la cual fue acogido por el gobierno de Uribe, y para trasparencia en el manejo de esos recursos, el gobierno contrató con el IICA (Instituto Interamericano de Ciencias Agropecuarias), organismo dependiente de la OEA, quien se encargó del estudio de las solicitudes y la adjudicación de los préstamos.

Los beneficiarios del programa fueron 316 mil finqueros de todo el país y de los cuales más del 95% fueron pequeños y medianos agricultores. Hubo inconveniente con cuatro familias pudientes de la costa que subdividieron sus propiedades para hacerse acreedores a más préstamos, a quienes posteriormente se les investigó y fueron obligados a devolver los dineros. Valga decir que estos individuos están libres.

Al ministro de agricultura Arias le correspondió entonces poner en marcha lo ordenado por la ley, y por cumplir la ley, y básicamente por haber sido ministro de Uribe, lo acusaron de peculado a favor de terceros por la trampa que hicieron los adjudicatarios costeños, pero resulta que no fue Arias el que adjudicó los préstamos. También lo acusaron por contrato indebido con el IICA por no haber licitado; sin embargo, la ley no exige que con organismos sin ánimo de lucro de ciencia e investigación, como efectivamente lo es el IICA, sea necesario acudir al mecanismo de licitación.

La conclusión es que el AIS sirvió para recuperar el sector agropecuario, se incrementó la producción en 5 millones de toneladas, y como consecuencia se logró también el beneficio de moderar los precios de los productos, lo cual se ha sostenido en el mercado. Pero paradójicamente el AIS sirvió para atacar la honra y encarcelar a un hombre valioso, a un inocente y honesto ex-ministro. ¡Libertad para él!