Responsabilidad presidencial

Por Jaime Castro Ramírez

El concepto de responsabilidad identifica un estado de comportamiento dictado por la conciencia, a través del cual las personas asumen una postura de credibilidad y respetabilidad en el desarrollo de sus actos. Esta condición crea confianza recíproca entre las partes actuantes en eventos propios de las relaciones sociales, políticas y económicas, pues donde no hay confianza se desvirtúa el curso normal de los hechos que hacen parte de la cotidianidad dentro de la sociedad.

Un país requiere de gobernantes de la mayor ponderación en cuanto a las calidades que los acrediten como verdaderos estadistas. Para esto es necesario demostrar integridad de criterio y absoluta seriedad en el cumplimiento de la responsabilidad frente a las actuaciones de gobierno.

Caso del mar de San Andrés

El fin de año 2012 estuvo matizado con la referencia que el presidente Santos hizo en vísperas de navidad sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le asignó 75 mil kilómetros cuadrados de nuestro mar territorial a Nicaragua, pues al referirse a este hecho hizo uso del siguiente adefesio conceptual: “Este gobierno no tiene absolutamente ninguna responsabilidad”. Esta infortunada frase nos sorprende a los colombianos, ciudadanos que creemos en una patria unida y que por supuesto creemos en las autoridades cuya misión es regir los destinos del país.

La verdad suele imponerse como evidencia de los hechos que registra la historia. Esta opinión presidencial, que riñe con la realidad que debiera contextualizar su verdadero contenido, tiene que admitir la réplica que la filosofía política aporta como herramienta de debate ante una actuación de gobierno. En este caso, existen argumentos verificados por la sociedad colombiana que demuestran lo contrario de lo que el presidente de la república quiere evadir como responsabilidad de su gobierno:

1. La señora canciller tuvo una actuación, por decir lo menos, irresponsable, al opinar ocho meses antes de que fallara la CIJ en el sentido de que esa Corte decidía en forma salomónica, puntualizando que “a cada país le daba alguna cosa”. Ni siquiera fue consistente en lo que decía, pues a Colombia no le darían nada sino que le quitarían, es decir que todo era pérdida, como efectivamente sucedió. No hay duda de que esta grave imprudencia convirtió la defensa jurídica de Colombia en la condición de inútil, y por consiguiente se convirtió también en la pauta que facilitó la decisión final de despojo a Colombia de su soberanía.

2. Por si fuera poco la grave metida de pata por parte de la canciller María Ángela Holguín, el presidente Juan Manuel Santos lo admitió con su silencio, pues debió salir de inmediato a corregir semejante error que podría afectar el futuro de la soberanía colombiana, y sin embargo, su actitud fue la de cohonestar la opinión de su funcionaria. Reitero lo que dije en otro artículo en el sentido de que con estos antecedentes la Corte fácilmente entendió que el mismo gobierno colombiano no se oponía a que se le entregara a Nicaragua el mar que solicitaba, y que históricamente era de Colombia. Esto es tan evidente que ahí está el resultado del fallo, resultado que no pueden creerlo los prestigiosos abogados y asesores contratados por Colombia para la defensa, pues ellos con suficiente razón consideraban ganado el caso; pero insisto, el mismo gobierno colombiano (gobierno Santos) se encargó de convertir su concienzudo trabajo jurídico en inútil defensa.

El principio de responsabilidad es de obligatoria observancia en temas de Estado por parte de un gobernante, quien actúa como el primer representante de los intereses de la sociedad. Según los antecedentes aquí mencionados como actuación de la canciller y el presidente respecto al litigio con Nicaragua, ¿podrá Santos decir tranquilamente como presidente de Colombia que ‘su gobierno no tiene absolutamente ninguna responsabilidad’ en el despojo del mar de San Andrés? Muy difícil para el pueblo colombiano aceptar semejante postura de evasión de responsabilidad por parte de su presidente.

Aunque no hubiera ocurrido el grave episodio de error entre canciller y presidente, como gobernante, Santos no podía salir públicamente a evadir la responsabilidad política.

Gobernante que evade responsabilidades de Estado crea su propio desierto político. A los ciudadanos no se les puede engañar todo el tiempo, y menos tratando de hacerles creer lo inconsecuente con la patria. Por ahí se avecinan en Colombia unas elecciones presidenciales donde se hablará de reelección…