Por Jaime Castro Ramírez
Los pueblos tienen un derecho adquirido con característica de
privilegio, y es el derecho a ser informados por parte de los gobernantes de
turno. No se trata entonces de una acción voluntaria, ni de una concesión
otorgada por el poder, es absolutamente una obligación, pues el origen del poder es la política,
pero el origen de la política es el pueblo, lo cual significa que posee la
facultad del poder primario, solo que lo delega en un representante de la
sociedad que adquiere la condición de gobernante.
En consecuencia, se puede deducir que en una democracia el
orden jerárquico se establece a partir del primer peldaño en importancia que le
corresponde al pueblo, de donde proviene entonces la razón de ser del derecho
propio a ser informado.
En este escenario solo puede actuar la obligación con la
lealtad ciudadana que elige al gobernante, y la obligación en el cumplimiento
de los compromisos con la patria. Esta clase de obligaciones no dejan espacio
para el silencio premeditado que oculta la rendición de cuentas a la sociedad,
pues la audacia del silencio solo conlleva a la instancia de la duda.
Es parte de los lineamientos de la filosofía política
interpretar que así como un gobernante se debe a su pueblo, el pueblo requiere
y exige que el gobierno acate puntualmente sus responsabilidades con la
sociedad y con el Estado.
La paz que se negocia en
Colombia
El pueblo colombiano observa con sustantiva preocupación las
condiciones en que se desenvuelve el proceso de paz que el gobierno Santos
negocia con las FARC en Cuba, y justamente por falta de información de parte
del gobierno. Esta preocupación ciudadana se inició desde el mismo momento en
que se tuvo conocimiento de que hacía más de 6 meses que el presidente de la
república Juan Manuel Santos había autorizado ‘contactos secretos’ en Cuba
entre representantes del gobierno y miembros de este grupo terrorista.
Hay que decir que lo que el pueblo colombiano debió conocer
en ese momento por boca del presidente Santos, resultó enterándose de este
secreto oficial de inicio de contactos
fue gracias a la información proporcionada por el expresidente Álvaro
Uribe Vélez.
Cuando Santos se vio descubierto en su silencio negociador,
manejado “a espaldas del pueblo”, simplemente se vio también obligado a
reconocer públicamente que había autorizado tal encuentro en Cuba, pero no
corrigió el error de faltar a la obligación de informarle al país, pues
continuaron las negociaciones con el ingrediente de la subrepción respecto de
lo que allí se habla, sin importarle que el pueblo exige el derecho a la
información sobre qué es lo que están negociando en materia de concesiones del
Estado.
La paz es trascendente en implicaciones para los destinos del
país en temas sociales políticos y económicos, de tal manera que el principal
actor en la escena, que es el pueblo, no puede ser excluido de la condición de
conocer oportunamente el detalle de lo que en ese escenario se negocia, pues al
contrario, lo que es vinculante para el gobierno, aparte de informar, es darle
la oportunidad al pueblo de opinar. Esto significa que no es aceptable el hecho
de que únicamente en una instancia final Santos salga simplemente a decir que
lo que allí se negociaron fueron: tales
y cuales cosas, y que luego los colombianos solo tengamos que limitarnos a
asumir las consecuencias de lo hecho a nuestras espaldas.
Se requiere ponderación y sensatez política, pero
especialmente responsabilidad del gobernante frente al hecho de comprometer con
las FARC en esas negociaciones la democracia y el orden político y económico
del país.
Lo contradictorio del
proceso de paz en materia de información
Esta si es una nota especial para un ‘quién lo creyera’: “Lo
que se sabe en Colombia sobre el proceso de paz en Cuba es lo que informan las
FARC”. Verdaderamente insólito, pero
esta es la verdad. La obligación del gobierno que elegimos los colombianos de
informar y rendir cuentas ante el pueblo sobre este caso, no se cumple, y
entonces tenemos que ser observadores de lo que quieran decir las FARC en los
comunicados que leen ante la prensa, con la obvia dificultad de creer si lo que
ellos dicen es o no la realidad de lo que están negociando con los
plenipotenciarios enviados por el gobierno.
El gobierno no se ha dado cuenta que las FARC le están ganando
la partida informativa, y tampoco se ha dado cuenta de lo negativo que lleva
implícito esta circunstancia, que el pueblo se informe a través de las FARC, y
no por el gobierno. Seguramente es una estrategia que las FARC están explotando
al darse cuenta del silencio oficial frente a este tema trascendental, y saben que el pueblo
necesita ser informado. Tremendo vacío por parte del gobierno Santos, y más
aún, ignorar que el silencio le resta credibilidad popular al proceso de paz.
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