12 feb. 2013

Gobierno sin oposición


Por Jaime Castro Ramírez

Si gobernar es ejercer el poder que el pueblo confiere a través del ejercicio de la política, es entonces absolutamente legítimo que el gobierno también actúe bajo unos lineamientos de  control político que le exijan el cumplimiento de los compromisos del programa de gobierno, en concordancia con la razonabilidad democrática de sus actos. Tal es la razón por la cual existe en Colombia el amparo constitucional a la figura de la oposición política.

Un gobierno sin oposición puede desviarse hacia los límites riesgosos del autoritarismo. Peor escenario no puede haber que aquel donde el ‘debate’ serio de las ideas pasa a un segundo plano, es decir que se transforma en simple apariencia de debate, aunque al final prevalece la imposición del criterio del gobierno.

Lo que hace políticamente el actual gobierno de Colombia
En las elecciones presidenciales de mayo de 2010, Juan Manuel Santos Calderón fue elegido por el partido de la ‘U’. Fueron perdedores: El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Verde, y el partido Polo Democrático. La lógica política diría que estos partidos perdedores de las elecciones debieron haber conformado el bloque de oposición en el congreso de la república durante el periodo constitucional 2010-2014.

Pues resulta que desde el primer momento el presidente electo se dedicó a ofrecer prebendas burocráticas, y lo que luego en términos de dinero su ministro de hacienda Juan Carlos Echeverri denominó “mermelada para todos”, para seducir a estos partidos a conformar una tal “Mesa de Unidad Nacional”, que no tenía otro fin que neutralizar a la oposición política y crear un sistema de UNANIMISMO para conseguir la aprobación de todos los proyectos que enviara al congreso de la república.

Con la única excepción del Polo Democrático (que es plena minoría en el Congreso), los demás se plegaron ante la oferta presidencial y abandonaron el importante criterio político de hacer oposición.

Consecuencias perversas
La política genera compromiso social para  quienes reciben un mandato del pueblo en las urnas. De tal manera que, comprar conciencias y vender criterios, deslegitima tal mandato y pervierte los principios de la política decente.

La “Unidad Nacional” no es cosa distinta a una ‘componenda política’ donde la aplanadora aprueba lo que sea, a cambio de la llamativa combinación burocracia-mermelada. En consecuencia, los proyectos que el gobierno lleva al congreso de la república no se someten a debates políticos serios, justamente por falta del recurso constitucional de la oposición política, y la demora de tales proyectos es solo mientras se someten a votación, pues la aprobación está garantizada, sin importar la calidad del contenido.

Por citar únicamente unos tres ejemplos, está el caso de la reforma tributaria de 2012 que fue aprobada en menos de tres meses (presentada Oct. 4 – aprobada Dic. 26) con suficiente número de errores; y qué decir del terrible fiasco aprobado que llamaron “Reforma a la justicia” y que el gobierno ante el reproche generalizado, se vio obligado a solicitarle al Congreso que anulara ese esperpento (después de aprobada esa reforma constitucional); y en tercer lugar se puede mencionar lo que el gobierno llamó “Marco jurídico para la paz”, y que otros llamaron “Marco jurídico para la impunidad”, de lo cual se van a aprovechar las FARC en Cuba para exigir, eso, la impunidad total por sus crímenes, pero además tener que decir que las FARC no tienen culpa por plantear tal exigencia, pues simplemente se acogen a lo aprobado legalmente por la “Mesa de Unidad Nacional” en el Congreso de la República.

Hay que reiterar que un gobierno sin oposición, que hace aprobar ‘cualquier cosa’, debilita la democracia y la institucionalidad. La  grandeza del verdadero pensamiento político no se puede confundir con la pequeñez egoísta de intereses individuales politiqueros.

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