Los delincuentes de las ramas estatales

Por Óscar Alberto Díaz García

(Publicado en Diario del Otún)

Los poderes del Estado no delinquen, pero si sus funcionarios y empleados. Aunque desde el punto de vista del marxismo-leninismo, nuestro estado de derecho es delincuente; por ahí empezó la historia de la revolución de Octubre y la ejecución del zar.

Dentro de la rama judicial, pareciera existir una competencia para saber quien prevarica más, y quien se pone a la cabeza impunemente, dado que tal como reza el adagio popular, “el alcalde no tiene quien lo ronde”. Con estos padres de la patria cuyo inmenso rabo de paja les impide la tarea de investigar altos funcionarios, la Comisión de Acusaciones de la Cámara es un ente de adorno.

Entre tanto, la Judicatura, el Consejo Superior, por ejemplo, prevarica. Y a sus miembros los escoge el Congreso de la Republica, siendo esta la causa, el origen de todos los males que nos aquejan. Traigo un par de ejemplos para ilustrar mi opinión al respecto. La semana anterior, el famoso Consejo Superior de la Judicatura, decidió indagar e investigar a los abogados escogidos para defender al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque según su criterio el Estado colombiano ya la perdió ante esos estrados.

Se olvidan los tales magistrados, que para el caso del Palacio de Justicia la última palabra la tiene la Corte Suprema, tribunal ante el cual apeló la defensa del coronel Plazas Vega, y la misma Procuraduría General de la Nación intervino pidiendo que aceptaran el recurso de Casación. La Corte Suprema hubo de aceptarlo, y de hecho eso significa que el coronel Plazas aun puede ser absuelto. Muy a pesar de la izquierda progresista, de medios de comunicación enemigos de los militares, y de las ONG que se lucran con cada demanda que le ganan a Colombia. Estas organizaciones que siguen los lineamientos del antiguo M19, y que recibieron la herencia de Pablo Escobar, contubernio responsable del desastre del Palacio de Justicia, pretenden probar que nuestro Ejército es una organización criminal, para alegría de la CIDH.

Si el Estado colombiano admite responsabilidades delictivas, deben sus funcionarios explicarle al pueblo soberano los términos precisos en que admite esas responsabilidades, porque una cosa es aceptar que en actos relacionados con el servicio y en determinadas circunstancias un miembro de la fuerza pública cometa delitos, y en consecuencia el Estado deba resarcir a las víctimas y sus familias por daños morales y materiales, y otra muy distinta aceptar que es política del estado eliminar a sus contradictores.

El Consejo Superior de la Judicatura asume que en lo del Palacio hubo desapariciones, que iniciando eran por decenas, para después bajarle a once; hoy hablan de dos. Y para ellos eso significa que hubo una Política de Estado que orquestó el crimen. Crimen que sigue en veremos por probar del todo, pues la última instancia aun no se ha fallado.

Alfredo Rangel en reciente artículo de la revista Semana, sostiene que “la responsabilidad individual sobre esos dos presuntos desaparecidos hay que esclarecerla, pero de hecho de dos desaparecidos aun fuese cierto, no se puede derivar que hubo una política criminal del mismo Estado”. Afirma a renglón seguido que la CIDH, de orientación netamente comunista, ha producido fallos contraevidentes tales como el caso del bombardeo en Santo Domingo, y el de Mapiripán, condenando a Colombia de forma aberrante. En Santodomingo las pruebas demuestran de sobra que los autores de la explosión mortal fueron las FARC, pero ellos lo desconocieron olímpicamente; en Mapiripán, falsas victimas arrepentidas, reconocen haber sido inducidos de frente por un Colectivo de Abogados de ingrata recordación. Si esa Corte es así, no tiene arreglo, y hoy la preocupación debería ser más bien en el sentido de si nos conviene y corresponde seguir reconociendo su legitimidad.

Agrega Rangel que “…hay países que no reconocen la tal corte, los Estados Unidos, Jamaica, Grenada y Canadá la desconocen, y otros como Venezuela Brasil y México a veces desconocen sus fallos; ellos no viven del qué dirán…” Nosotros ente tanto, de manera pusilánime, le comemos cuento a las mentiras que orquesta la izquierda retrógrada resucitada desde Cuba, impulsada desde Venezuela, y aceptada por los tres poderes vendidos, con el eco de ciertos grandes medios de comunicación. Ya se nos olvidó el despojo de la otra Corte, con lo de San Andrés.