30 abr. 2013

Constituyente de las FARC

Por Jaime Castro Ramírez

La Constitución política, como ley superior de la república, no puede estar en un plano de disponibilidad para ser reemplazada por otra al libre arbitrio de voluntades individuales o de grupo y por eventos circunstanciales. Cuando esto ocurre, pues simplemente se está al vaivén de coyunturas que pueden conllevar hacia una especie de república bananera identificada por su inseguridad jurídica y su inestabilidad económica y política.

Este no es el caso de Colombia donde históricamente se ha mantenido la tradición democrática amparada por su tradición constitucional. La Constitución de 1886 duró 105 años y fue modificada solo en 8 ocasiones, lo que habla de su integridad en pro de un Estado unitario con sus fortalezas en lo social y económico, creó la independencia de poderes, la forma administrativa territorial nacional en departamentos, y todo lo relacionado con una sólida organización política e institucional del Estado de derecho.

Esta Constitución de 1886 fue derogada por la Constituyente de 1991 que creó una nueva Constitución motivada por un hecho coyuntural de un proceso de paz, a la cual en 20 años le hicieron 29 reformas. ¿Significa esto que no fue una verdadera obra constitucional y que era mejor la Constitución anterior del año 1886? Probablemente no era entonces cuestión de acudir a una Constituyente para crear una nueva Constitución.

Las FARC exigen una nueva Constituyente
El caso puntual de la Constituyente en que están empeñadas las FARC puede resultar traumático, y hasta funesto, para la república de Colombia. Las causas son muy obvias, pues exigen elevar a rango constitucional el contenido del acuerdo de paz, en situaciones de trascendencia perversa, como son por ejemplo los siguientes casos que quedarían incluidos en tal acuerdo como resultado de las negociaciones:

1. Que no reconocerán sus crímenes y por consiguiente no pedirán perdón a la sociedad colombiana, lo que significa que no habrá verdad.

2. Que los crímenes de lesa humanidad que han cometido queden amparados por ‘impunidad constitucional’ (total contrasentido), pues dicen que no pagarán ni un día de cárcel, con lo cual se institucionalizará que no habrá justicia.

3. Que quede reconocido constitucionalmente que las víctimas son ellos – las FARC – y por lo tanto las verdaderas víctimas no las reconocen, con lo que quedaría oficializado que no habrá reparación de ninguna naturaleza.

4. Que la Constitución autorice expresamente la división del territorio nacional con la creación de las repúblicas independientes llamadas “reservas campesinas” donde mandarán las FARC, y en consecuencia, a esas zonas no podrá ir la autoridad militar legítima del Estado.

De estos puntos que están dentro de lo poco que se tiene conocimiento por información de las FARC respecto a lo que se habla en La Habana (sin saber cuáles más), pueden resultar consecuencias verdaderamente funestas para el orden económico, jurídico, político y social del país; y nada menos que incluidos dentro del marco constitucional de la república, que es lo que persiguen con una Constituyente que seguramente exigirán que sea conformada en el 50% por miembros de las FARC.

Pero es que además existe el riesgo de una ‘paz parcial’ en cuanto puede haber desbandada de mandos medios y de tropa de este grupo subversivo hacia la conformación de bandas criminales que continuarán con el negocio del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores de edad, etc., y que por lo tanto se apartarán del acuerdo de paz firmado; lo que significaría que la paz solo tendría vigencia con la nómina de comandantes de las FARC.

El planteamiento no es, si se quiere o no la paz, pues quienes tendenciosamente afirman que hay enemigos de la paz se quedan con su simple necedad. La paz por supuesto que sí la queremos todos, pero para la cimentación de la paz es indispensable el equilibrio en las condiciones de equidad en que se pacte. Reitero lo siguiente: “La paz decente es patrimonio de todos, la paz con claudicación e impunidad es ‘paz’ para victimarios”.

Se concluye que la Constitución Nacional no es para refrendar audacias de dudoso contenido para el futuro de la democracia colombiana y su estructura económico-política, pues de lo contrario el calificativo de paz y convivencia puede resultar de sentido inverso.

Aunque el presidente Juan Manuel Santos ha afirmado categóricamente en varias ocasiones que NO HABRÁ Constituyente a la que se refieren las FARC, ojalá haga valer su palabra de ‘presidente de la república’, y no vayan a repetirse los bandazos y reversazos a los que el gobierno suele acudir para buscar acomodarse a situaciones que solo reflejan falta de autoridad.

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