No hay paz sin justicia

Por @Ruiz_senior

A la memoria de los once diputados 
del Valle del Cauca, cobardemente 
asesinados hace hoy seis años
para que no denunciaran a su captor.

Los rasgos profundos de la idiosincracia de los colombianos se resolvieron en el siglo XVI y cualquier crítica o interpretación que no tenga en cuenta esos datos es superficial y en últimas vulgar.

En esencia, se trataba de apropiarse de un territorio y de las riquezas que contenía, sometiendo a esclavitud o exterminando a los aborígenes. El ingenio de los nuevos amos les permitió disfrazar esa tarea como pedagogía de la religión del amor, y la distancia de la metrópoli y de cualquier autoridad superior los mantuvo a salvo de todo intento serio de aplicar las leyes: la decisión del emperador de proteger a los indios encontró en Jiménez de Quesada la famosa respuesta de "se acata pero no se cumple". Se finge someterse a la ley y se hace otra cosa.

Los descendientes de esos dominadores siempre se las han arreglado para mantener el control: la casta dominante se nutría con los nuevos funcionarios enviados por la Corona o la Iglesia en la época colonial, y después ha mantenido a raya a toda clase de competidores.

El comunismo y la misma industria del secuestro forman parte de esa tarea (toda clase poderosa surgida del trabajo paga rescates y extorsiones a las bandas controladas por el grupo de Alternativa): gracias a la "industria del futuro" (perfecto reemplazo del paraíso que vendían los curas hasta hace poco) forman mayorías electorales y fuerzas de choque gracias a las cuales los gobernantes son los hijos, nietos y bisnietos de los que gobernaban antes, ahora modernísimos y amiguísimos de la paz.

Todo eso es conocidísimo y casi aburrido de repetir, pero tiene interés ahora porque la retórica del resentimiento, que en otras partes correspondía a un anhelo igualitario, se explota para perpetuar una dominación monstruosa. Ya he explicado en otras partes que la Constitución del 91 con sus montones de derechos fundamentales y su acción de tutela permitió que la desigualdad aumentara en una década hasta diez puntos del índice Gini. Es decir, en Colombia el comunismo es una causa que mueve a los ricos (que siempre han vivido alrededor del Estado) envuelta en la citada retórica del resentimiento.

De modo que los estudiantes universitarios del último medio siglo siempre se han considerado parte de los "desposeídos" siendo más bien la minoría más afortunada. Y que las ventajas que se hacen pagar de los demás las conciben como "derechos" universales que le reclaman a una caja inagotable cuya llave tienen los políticos a los que fingen odiar. (Son los que nombraron a casi todos los afiliados de la CUT, extrañamente dados a promover enemigos.)

Bueno, un estribillo típico de esa retórica es el de "no hay paz sin justicia". Se trata de una expresión amenazante con la que se pretende legitimar la violencia que conviene a los revolucionarios, y que ahora se ha olvidado porque evocaría el problema de la impunidad de las FARC.

Pero el tema de este artículo es la idiosincrasia colombiana, cuya esencia es la mala fe. Y la mala fe es en sí la mentira. Y la mentira es la corrupción del lenguaje, y la corrupción del lenguaje se basa en ciertas figuras retóricas y en la polisemia.

Esa cómoda convivencia con la polisemia es un rasgo de los colombianos que una persona que vive lejos detecta enseguida y que inmediatamente anuncia asesinatos, secuestros, latrocinios y toda clase de infamias.

Así, "paz" es como llama la prensa a los "diálogos de paz", nada que ver con la definición de paz que da el diccionario. Y "justicia" no es un principio moral ni una virtud cardinal, sino una parte del Estado: el poder judicial. De paso conviene recordar que esa rama del Estado fue la única autoridad efectiva en tiempos de la Real Audiencia: otro rasgo idiosincrásico.

Y efectivamente, no hay paz (concierto con los criminales) sin justicia (sin control del aparato judicial). Sin poner a esa autoridad al servicio de los socios del gobernante. Fue por los diálogos de paz por lo que la Fiscalía tuvo la increíble audacia de dejar impune a Sigifredo López a pesar de todas las evidencias. Para confirmar esa voluntad de paz y tapar la monstruosidad que estaban cometiendo, el fiscal hasta le pidió perdón públicamente.

Ahora han ido más lejos: el Consejo Superior de la Judicatura ha presentado cargos contra la fiscal Martha Lucía Zamora por mantener detenido al angelino.

Puesto que el crimen es paz, ¿por qué no va a ser delito aplicar las leyes? De eso se trata: también el líder de las víctimas de las FARC ha denunciado al fiscal de Derechos Humanos de Cali que ordenó su detención.

Se trata obviamente de montajes: esos dos fiscales tienen que estar a la vez intimidados y sobornados porque de otro modo podrían denunciar ante el mundo que el único dictamen que hay sobre la voz del video demuestra que es la del exdiputado. No tienen alternativa a someterse a la tiranía, como las víctimas de los procesos de Moscú.

Pero si el mal es el bien y el bien es el mal, ¿por qué no van a estar en la cárcel todos los que incomodan a los que secuestran, asesinan, mutilan, torturan, reclutan, violan, extorsionan, destruyen y trafican con cocaína? Es lo lógico, y los colombianos se hacen cómplices de esa realidad futura porque la verdad es que no se han resistido en absoluto a la infamia de Santos. En gran medida eso ya ocurre con el coronel Plazas Vega y el general Arias Cabrales, con Uscátegui y muchísimos otros militares y policías desconocidos cuya suerte inspira más bien risa a la mayoría de los colombianos.

Pero ahora la paz es más amplia y la justicia completa es lo que anuncia este columnista de El Espectador. Siendo la predicción del futuro del país merece una lectura completa.

Responsabilidad, complicidad, oportunismo
Por: Rodolfo Arango
El caso de la embajadora en Washington, Carlos Urrutia, ha destapado el capítulo de la responsabilidad general por el conflicto armado en el país.

El caso es una supuesta maquinación leguleya para comprar tierras pasando por encima de una prohibición que precisamente habrá hecho algún gobierno en aras de la paz: siempre se trata de posibles competidores de la oligarquía que al hacer productivo el campo terminan siendo rivales. El hecho de que se pudiera comprar tierras hace a ese abogado culpable de que otros secuestraran y mataran gente.

La primera reacción al examen colectivo al nivel de involucramiento en la violación masiva de derechos humanos es decir: “fueron otros” o “yo qué tengo que ver en el asunto”. Más de cinco millones y medio de víctimas, cifra documentada por la revista Semana recientemente, no pueden dejar a nadie impasible frente a la toma de conciencia sobre su participación, directa o indirecta, en el conflicto armado.

¿No es genial? Ya dejó sentado Hannah Arendt que "Donde todos son culpables nadie lo es". Ahora el terrible conflicto con cinco millones de víctimas, ¡documentadas por la revista Semana! no va a resultar con unos asesinos y unos secuestradores y unos que cobran esos crímenes (como ese arquetípico profesor universitario), sino que seguramente habrá otros cinco millones de responsables, ¡los que obligaron a los asesinos a matar y a los secuestradores a secuestrar!

Arendt hizo el retrato perfecto de asesinos como Arango y sus compañeros:

«Donde todos son culpables, no lo es nadie [...]. Siempre he considerado como la quintaesencia de la confusión moral que en la Alemania de la posguerra aquellos que estaban completamente libres de culpa comentaran entre ellos y aseguraran al mundo cuán culpables se sentían, cuando, en cambio, sólo unos pocos de los criminales estaban dispuestos a mostrar siquiera el menor rastro de arrepentimiento.»

No faltarán los idiotas que no han hecho nada, que no se han lucrado del crimen, que no han intentado hacer la revolución ni simpatizado con el comunismo, pero sí se sentirán culpables de que los grupitos de colombianos por la paz y de amigos de Enrique Santos Calderón encargaran miles de asesinatos, mientras que éstos resultan casi las víctimas.

Sigue el inefable profesor de Los Andes:

En la fase del posconflicto será central ventilar abiertamente la asunción de responsabilidad. Esto porque responder por acciones u omisiones propias ante el sufrimiento y la crueldad extendidos es propio de seres humanos reflexivos y dignos. Toda sociedad que ha sufrido los espantos de la guerra debe soportar luego el doloroso autoexamen sin el cual todo puede volver a repetirse. Acusar de resentidos, vengativos o moralistas a quienes piden asumir responsabilidades, en nada ayuda a la construcción un “nosotros” que pueda perdonarse de cara al futuro y emprender empresas comunes superando el resentimiento, la vergüenza, la indignación y la culpa.

¿Quién va a asumir responsabilidad? Esta retórica es complementaria de la de las FARC, que ciertamente no se sienten culpables de ningún crimen sino más bien agentes de justicia. Como nadie se declarará responsable, sobre todo no podrán hacerlo los muertos que fueron los que provocaron con su existencia su asesinato, habrá que encargar a la justicia de castigar a los responsables. ¿No es fascinante la complementariedad de tal examen de conciencia con las promesas de impunidad y aun inimputabilidad total a las FARC? Es lo que digo: no hay paz sin justicia: no hay premio del crimen sin persecución de todo aquello que lo estorba. Ése es el sentido del escrito del prócer.

En el proceso de autoexamen por lo sucedido es crucial diferenciar tipos y grados de responsabilidad. Jaspers, reconstructor moral de la Alemania de posguerra, distinguía cuatro tipos de culpa: criminal, política, moral y metafísica. Elster, teórico de la justicia transicional en perspectiva histórica comparada, identifica ocho agentes del conflicto según grado de involucramiento: victimarios, víctimas, beneficiarios, colaboradores, miembros de la resistencia y “neutrales”, así como promotores de justicia y saboteadores en el proceso de transición a la democracia.

Cada párrafo refuerza esa sospecha de que el juicio de responsabilidad será simplemente persecución de los que incomoden a los triunfadores. ¿Es involucramiento moral la afinidad con el comunismo? ¿Va a entregarse a la justicia ese profesor?

No es lo mismo sembrar minas, reclutar menores, violar niñas, pagar paramilitares, torturar o desaparecer opositores que aprovechar las circunstancias para enriquecerse ante las ventajas que ofrece el conflicto. No debemos confundir cómplices con oportunistas, por encopetados que sean. Otra cosa es barrer las responsabilidades bajo el tapete o, lo que es más grave, legalizar ilegalidades, como pretende ahora el Gobierno en el Congreso cuando intenta sanear la compra ilegal de tierras a campesinos por parte de empresas nacionales y extranjeras. La ley, repertorio emocional de la sociedad, puede impedir que beneficiarios del conflicto resulten amparados. Millones de personas en situación de desplazamiento forzado y seis millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la violencia y la ausencia de Estado no pueden ser desconocidos por el legislador de una sociedad en tránsito hacia la democracia. Esto porque es necesario garantizar un mínimo de respeto, de responsabilidad colectiva por la situación del otro, con el fin de construir una sociedad justa. No todo daño se arregla con plata y negocios, aunque las penas con pan sean más llevaderas.

Más pruebas: el crimen es la compra de tierras, no faltaría más sino que una vez que los autores de las peores atrocidades son las nuevas autoridades (eso es lo que llaman paz y lo que obviamente Arango promueve) fueran a resultar juzgables. Se trata de juzgar a los que les incomodan, pues ¿no es para eso para lo que se habla de conflicto, como cuando se llama "pelea" a un atraco? La perla de la "sociedad en tránsito hacia la democracia" (que no podrá ser refrendada por los votantes porque estorbaría a la paz, según la nueva propuesta de las FARC, ni menos orientar sus leyes a partir de una Constituyente elegida por la gente) ya es como la prueba de la condición moral de Colombia.

Con calma pero con firmeza la población debe llamar a sus dirigentes políticos y sociales a asumir responsabilidades. Negar que funcionarios, empresarios, abogados y ciudadanos se beneficiaron del conflicto, en nada contribuye a la paz. En un país decente, la representación diplomática del país debería quedar en manos de quienes resistieron a la opresión, no de quienes se lucraron de las oportunidades durante el conflicto. A la hora de asumir responsabilidades, no es buena política taparse todos con la cobija del olvido. Podríamos aprovechar la oportunidad histórica de aprender de la dolorosa experiencia que hemos vivido, para así impedir que continúe o se repita.

Insisto: los que mataron y secuestraron no son responsables, sino quienes los estorbaron. Por eso hay muchos más militares presos que terroristas presos. Por eso todos los responsables de la trama civil están impunes. El problema es de la inmoralidad profunda de cada colombiano, algo que lo define en su ADN desde que se formó el país: nadie verá un problema en las propuestas de este prócer, que avanzan en el planeamiento de persecuciones cuando la mayoría de las víctimas del terrorismo todavía esperan su destino.

¿Alguien se imagina que otro columnista o algún político le respondiera a ese angelino? No, todos esperan que la interpretación los favorezca y se premie su adhesión a la paz. Es lo que hace el señor Uribe y sus innumerables cohortes de lambones tolerando la descarada impunidad de Sigifredo López: las siguientes propuestas de aliarse con Mockus o de darles curules a las FARC son el corolario lógico de esa infamia propia de los peores canallas.