16 jul. 2013

Soberanía nacional

Por Jaime Castro Ramirez

El país comprende la unidad conformada por la extensión territorial a la cual le corresponde históricamente la supremacía de su soberanía nacional, y por mandato constitucional los gobernantes tienen la obligación de hacer respetar esa condición de país soberano. Una actuación de omisión en tal sentido en que incurra un gobernante, le puede acarrear responsabilidades de graves connotaciones, incluso en el plano del delito de traición a la patria.

La unidad territorial que conforma ese ‘todo indivisible en su soberanía’ que se llama país, constituye una identidad común incluida en el concepto patriótico de la nacionalidad para quienes han nacido en él, y por lo tanto tienen también un destino común por su idéntico origen nacional que les hereda sus propias tradiciones. Tan importante entonces el concepto de soberanía, que bajo ese amparo nacional territorial, protegido por la Constitución Política, se tiene que proteger todo el conjunto de una nación en sus intereses de origen y de nacionalidad.

El reto del Catatumbo para el país Colombia
La ley 160 de 1994 creó las condiciones para la adjudicación de terrenos baldíos, lo cual fue reglamentado mediante decreto 2664 de 1994 y se le dio la categorización de zonas de reserva campesina y zonas de desarrollo empresarial. Pero estas medidas se tomaron con finalidades productivas y para desarrollar programas empresariales de grande contenido social.

Ahora se ha puesto sobre la mesa de negociación de la paz el tema de las “zonas de reserva campesina” pero dándoles una connotación política por parte de la insurgencia, pues según se ha filtrado información (porque el gobierno no informa), las FARC aspiran a que esas zonas queden bajo su control, es decir que allá no tenga competencia para actuar la fuerza pública. En esta forma de organización lo que se observa es la tendencia a crear una especie de ‘repúblicas independientes’ donde la autoridad del Estado no tenga alcance, ni tampoco exista injerencia en la administración ni en su control, pero que el Estado sí contribuya con el apoyo económico incluyendo en el presupuesto nacional el costo de funcionamiento de tales zonas de reserva campesina.

Hablando de soberanía nacional, la teoría de las zonas de reserva campesina, expuesta de esta manera, conllevaría al fraccionamiento de la unidad territorial de país. Tal es el caso de lo que proponen los líderes de las protestas en el Catatumbo (protestas que se dicen organizadas por las FARC), que esta región se convierta en una “zona de reserva campesina” de las características mencionadas. Y claro está que por su ubicación geográfica, esta región es estratégica para los propósitos políticos de las FARC, pues al quedar limítrofe con Venezuela es fácil entender la conveniencia de crear su república independiente al lado del gobierno que los ha acogido en su país como sus huéspedes de amigos incondicionales.

Resolver este asunto del Catatumbo es cuestión de simple firmeza en la aplicación de la autoridad por parte del gobierno Santos, pues le están midiendo el pulso de dos maneras con el tema de las ‘zonas de reserva campesina’: en la Habana negociando tal concesión, y en el territorio nacional pretendiendo lograrlo por la fuerza, como es el caso del Catatumbo.

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