Protestas ciudadanas

Por Jaime Castro Ramírez

La sociedad tiene intereses comunes que deben ser atendidos por los gobiernos de turno en la medida que las necesidades sociales requieran su atención. Este es un mandato constitucional y como tal es de obligatorio cumplimiento. Cuando los gobernantes, una vez instalados en el poder consideran que el pueblo pasa a un segundo plano en importancia, se equivocan del todo, pues con esta manera de proceder lo que consiguen es agitar la voluntad de las masas hacia la instancia de la protesta ciudadana para reclamar sus derechos. Y cuando el pueblo explota en esta clase de acciones es porque ha sido abandonado y por consiguiente desatendido en sus reivindicaciones en cuanto a sus mínimos necesarios para una vida ciudadana digna.

Protestas del sector agrario

Los campesinos son el sector de la población que menos reciben atención de la clase política, pues únicamente los consideran ciudadanos atractivos en épocas electorales cuando se les arriman a darles la palmadita en el hombro, a hacerles promesas, y a pedirles el voto, pero después de elegidos se olvidan que existen campesinos y por supuesto se olvidan de las promesas.

Mientras los gobernantes no adquieran conciencia de que el campo es la despensa alimentaria de las ciudades y que por lo tanto ese sector es de vital importancia, continuarán las protestas campesinas como única alternativa que les queda frente al olvido y engaño con que los tratan. Y hay que tener en cuenta que el campesino por principio es un individuo tranquilo, pero esa tranquilidad tiene su límite cuando se siente atropellado en sus derechos, de tal manera que es importante comprender su rango sociológico y atender sus inquietudes sin lugar a provocaciones, como suele ocurrir que en las protestas envían la policía a que los maltraten, pues en tal caso su respuesta pueden ser las medidas de hecho que generalmente son traumáticas.

En febrero de 2013 se presentó el ‘paro cafetero’ el cual tuvo consecuencias complicadas para la economía, principalmente por las obstrucciones de las vías nacionales que impedían el transporte de toda clase de productos y mercancías y la movilización de la gente, aparte de los hechos de violencia lamentables que se presentaron entre la policía y los campesinos. En medio del paro el gobierno Santos les hizo la promesa de mejorarles el precio de la carga de café a través de un subsidio para evitar la quiebra del sector, pues producir una carga de café cuesta $570.000.oo y al venderla se la pagan en $450.000.oo, problema generado básicamente por la revaluación del peso, y además por el alto costo de los insumos.

Resulta que seis meses después el sector cafetero alega el incumplimiento de lo prometido por el gobierno y se aprestan a un nuevo paro a partir del 19 de Agosto, pero con la diferencia que en esta ocasión no son solo los cafeteros sino que se van a sumar otros sectores del agro, y también los camioneros, lo cual puede resultar my complicado como factor alterante de la cotidianidad en el país.

Lo que es plenamente debatible es por qué el gobierno, aparte de no cumplir las promesas, espera que el pueblo tenga que acudir a estas medidas de protesta para hacerse escuchar en sus peticiones. Considerar que el pueblo es solo para pedirle el apoyo en las urnas y luego olvidarse de los compromisos es un acto de irrespeto ciudadano.

Los movimientos que conllevan a paros generan muchos problemas para la gente que nada tiene que ver con los mismos, generan actos de violencia que suelen terminar en muertos y heridos, destrucción de bienes que conforman el patrimonio de terceros, pérdidas muy onerosas para la economía en general, en fin, experiencias lamentables que el gobierno pareciera no entender, pues después de todo este lastre de consecuencias, termina cediendo en lo que le exigen los manifestantes.

¿Qué sentido tiene entonces no evitar todo este drama dialogando previamente con la gente? Y no solo termina cediendo en las peticiones de los manifestantes, sino afrontando cantidad de demandas judiciales de terceros solicitando indemnizaciones económicas por daños y perjuicios que les ocasionan tales paros. No hay duda de la política social equivocada del gobierno.