Imprudencia presidencial

Por Jaime Castro Ramírez -

Los estados de ánimo individuales son condicionados al impacto de las circunstancias que rodean su entorno. Pero si se trata del estado de ánimo de masas populares, es evidentemente más sensible a la reacción por el impulso común que arrastra voluntades casi que inconscientemente, el cual puede estar acompañado de comportamientos extravagantes que lindan incluso con conductas punibles, como son por ejemplo los comportamientos traducidos en violencia. Sin embargo, para que estos eventos de masas ocurran se requiere que existan causas poderosas y liderazgos que impulsan acciones reivindicatorias a través de medios de protesta.

En Colombia no había ocurrido que un gobernante fuera gestor de desórdenes

El sector agrario en Colombia, a pesar de su importancia como generador del medio vital alimenticio, tradicionalmente ha sido la cenicienta de la economía por el abandono a que ha sido relegado por los gobiernos de turno. Como el gobierno de Juan Manuel Santos no podía ser la excepción, el campesinado decidió entonces organizar un paro agrario a partir del 19 de agosto de 2013, el cual fue anunciado con meses de anticipación, y sin embargo el gobierno no hizo nada para evitarlo.

Pero lo más grave es que no solo el gobierno no hizo nada para evitarlo, sino que una imprudencia del presidente de la república agravó hechos que hasta ese momento no eran inherentes a la protesta. El paro empezó en forma tranquila en la fecha programada y así transcurría. Luego vino lo inesperado cuando apareció el presidente Santos con el ‘florero de Llorente’ que enardeció los ánimos de los campesinos. Sin el menor asomo de prudencia como jefe de Estado, expresó públicamente en la televisión y la radio frases como las siguientes: “Cuál paro”, “Yo pensé que era más”, “El paro agrario no existe”. Dicho de otra manera, no se necesitaron liderazgos particulares que impulsaran las acciones lamentables que luego sobrevivieron, pues eso lo logró el mismo presidente de la república.

Esta imprudencia fue el detonante y ‘ahí fue Troya’. Los campesinos se sintieron ofendidos y asumieron tales frases como un reto desafiante a su causa. La respuesta fue inmediata y contundente y vinieron entonces los bloqueos a las vías nacionales, enfrentamientos con la policía, la población no campesina se solidarizó y salió a las calles a apoyar el paro campesino, quedaron ciudades y poblaciones sitiadas y sin abastecimientos de alimentos por el cierre de vías, hubo heridos y muertos; y como en esta clase de eventos no pueden faltar los vándalos que se infiltran y luego se aprovechan de las circunstancias para cometer ilícitos, pues éstos hicieron su agosto a través de actos de violencia perjudicando a mucha gente en sus intereses patrimoniales y por supuesto en su tranquilidad.

En conclusión, el daño económico y social que sufrió el país fue demasiado grande, pero lo inconcebible es que haya sido propiciado por unas frases imprudentes del presidente de la república, quien es constitucionalmente el responsable de salvaguardar el orden público en el territorio nacional. Santos le debe al país explicaciones sobre esta trágica situación, y más que explicaciones, que no las habrá por carencia absoluta de razonabilidad en sus desafortunadas frases, le debe pedir perdón al país por su grave error que convirtió una protesta pacífica y tranquila en un verdadero campo de batalla donde imperó la anarquía.

Los hechos son los hechos y ante realidades acciones. Por ahí se dice que después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. El asunto no es que el presidente Santos sale ahora a decir que los campesinos tienen la razón de su protesta, quizás utilizando este ‘argumento’ como una táctica para tratar de enmendar su error, y si tienen la razón de su protesta, como efectivamente la tienen, ¿por qué salió entonces con sus frases insensatas a incendiar el ambiente desconociéndoles el paro tranquilo que adelantaban? Las políticas de gobierno no pueden ser manejadas a través de impulsos caprichosos del gobernante que no miden las consecuencias sociales.