Silencio de Santos en la ONU

Por Jaime Castro Ramírez

Las expectativas que la gente espera ver cumplidas en cuanto al desempeño de sus gobernantes como representantes de la sociedad, se fundan en el anhelo que la imaginación produce como grado de satisfacción esperado en el resultado de esa gestión de representación que la sociedad le ha conferido al gobernante.

Entonces, misión cumplida de acuerdo al grado de satisfacción esperado, enaltece la condición de hombre de Estado frente al pueblo, pero si el resultado de dicha gestión lo identifica la deficiencia, y si tal circunstancia es matizada con maniobras de engaño, pues se concluye en un plano muy negativo donde la sociedad no tiene alternativa diferente que refugiarse en la desconfianza hacia quien gobierna, lo cual genera una consecuencia perversa en el sentido que puede afectarse significativamente la gobernabilidad.

En la época de la globalización y especialmente de la información, es fácil conocer lo que la gente piensa de quienes gobiernan, y cómo los califican, pues esto se logra gracias a la tecnología utilizada por la técnica estadística que manejan las empresas encuestadoras para auscultar opiniones masivas que definen tales perfiles.

Lo que Santos habló en Colombia pero calló en la ONU

Este puede haber sido el acto de la indignidad. Entrega de la soberanía colombiana

por parte de Santos a Ortega (Méjico Dic.1 de 2012).

En cuanto se refiere al tan mencionado caso que afecta en forma grave la soberanía colombiana respecto al despojo que la Corte Internacional de Justicia le hace a Colombia de 75 mil kilómetros cuadrados de mar, y se los entrega a Nicaragua, el presidente Santos optó por tomar una posición ambivalente y por lo tanto engañosa para tratar el tema  ante los colombianos: en discurso nacional criticó duramente el fallo de la CIJ (organismo que pertenece a la ONU), y terminó calificándolo de “fallo inaplicable”, aunque tal apreciación es solo presentación de fachada, porque lo que ocurre realmente es que el gobierno colombiano acata dicho fallo. Eso seguramente habrá sido hablado en el encuentro que tuvieron en Méjico Santos y Ortega. El diálogo puede haber sido del siguiente estilo: ‘Ese mar ahora es suyo presidente Ortega, pero permítame decirles a los colombianos que “el fallo es inaplicable”, porque necesito votos para mi reelección’. Tranquilo presidente Santos, puede decirlo, pues Ortega avisado no plantea guerra…

En estos términos aparece entonces muy clara la ambivalencia, que consiste en ‘acatar el fallo, pero aparentar patriotismo calificándolo de inaplicable’. ¿Qué significa esto para los colombianos? Pues evidentemente habrá que responder que lo de ‘inaplicable’ no significa nada para el pueblo que lo que requiere saber es cuál es la verdadera respuesta de firmeza del gobierno frente a la arbitrariedad de esa decisión de la CIJ. La respuesta presidencial es simplemente lo que se suele llamar un sofisma de distracción para querer aparecer como defensor de lo que no defiende, que es la soberanía nacional en esa zona de mar de la cual despojan a Colombia.  

En realidad lo que Santos está admitiendo (sin utilizar la franqueza para decirlo), es la derrota, y en consecuencia admite la entrega a la dictadura del señor Ortega de ese preciado patrimonio marítimo colombiano.

Si se trataba de defender los intereses patrios, el mejor escenario para que Santos hubiera expuesto el tema con la ‘vehemencia’ que lo hizo en Colombia, debió haber sido en la 68 asamblea general de la ONU que se celebró en Nueva York en septiembre de 2013. Pues resulta que, para sorpresa de todos los colombianos, allá no mencionó nada sobre este delicado asunto de nuestro país con Nicaragua.

Reiteramos que está entonces todo dicho sobre lo que el gobernante plantea a sus gobernados como una simple apariencia de patriotismo, versus lo que en verdad ocurre, pero que decide adoptar una actitud de engaño público ocultando esa realidad para tratar de reivindicarse políticamente, pues la caída vertiginosa de su popularidad en las encuestas lo tiene muy preocupado por sus cálculos políticos personales de reelección.