10 dic. 2013

La diplomacia y la ley

Por Jaime Castro Ramírez

Las relaciones internacionales entre naciones amigas tienen su propio código de procedimiento que se llama diplomacia para el manejo de sus actividades comunes en la política internacional y en el ámbito de los negocios. Se trata entonces del entendimiento de amistad entre países, regulado por convenios de intercambio o acuerdos de cooperación, para la colaboración mutua en aras del progreso de los pueblos.

Lo que no es prudente hacer es valerse de la cortesía y de la política de buenas maneras que son propias de la diplomacia entre gobiernos, para solicitar, o para conceder, ‘favores’ en materia de justicia a quienes han violado la ley internacional, pues así como la diplomacia se puede entender como el idioma común entre las naciones, y requiere total respetabilidad, la ley transnacional también exige total respeto y cumplimiento de sus preceptos.

Gobierno de Colombia frente al proceso de paz y la justicia norteamericana

El día 3 de Diciembre de 2013, el presidente Juan Manuel Santos Calderón se reunió en Washington con el presidente Obama de Estados Unidos para tratar varios temas de la agenda bilateral, pero la visita de Santos tenía como tema central la de proponerle al presidente Obama que intercediera a favor de anular las solicitudes de extradición por narcotráfico, y secuestro de ciudadanos norteamericanos, que ese país tiene vigentes sobre cincuenta miembros de las FARC, incluidos todos los jefes.

El propósito de Santos era lograr el paz y salvo judicial de las FARC en cuanto a su situación de extradición, esto por efectos del proceso de paz que negocia con ese grupo armado ilegal, quienes quizás le exigen transigir el tema con el gobierno norteamericano para sanearlos judicialmente. Como la justicia norteamericana es inflexible en su aplicación (como tiene que ser si se habla de justicia), el Departamento de Justicia se anticipó a la reunión de Santos-Obama y declaró que apoyan la paz en Colombia, pero dejando claro que la deuda de los jefes de las FARC con la justicia de los Estados Unidos sigue en pie de hacerla cumplir, es decir que no tiene reversa.

El dicho popular dice que ‘cada cual juzga por su condición’. Como en Colombia se habla mucho en el sentido de que Santos estaría dispuesto a transar con las FARC el no pago de cárcel por los crímenes atroces y de lesa humanidad que han cometido, lo que equivale a pasarse por encima la justicia y aceptarles la impunidad total; pues resulta que en tal sentido se equivocó el presidente de Colombia con el intento de interceder ante el gobierno de los Estados Unidos por los mismos beneficiarios de la justicia colombiana.

Lo mínimo que le dieron a entender entonces a Santos es que ante el crimen no se puede claudicar y que la ley es para aplicarla con rigor. Esto en términos coloquiales significa que a Santos le pasó algo así como: ‘ir por lana y salir trasquilado’.

Un prudente talante político concluiría en que de los errores del poder se tiene que obtener un efecto de aprendizaje correctivo. Si tal efecto correctivo aplicara al gobierno de Colombia respecto al proceso de paz, tendría que concluir en que debe aplicar justicia y apartarse de los peligrosos linderos de la impunidad, pues esto debilitaría enormemente la esencia de la paz: verdad, justicia y reparación. La historia proporciona referentes cuyas circunstancias de homogeneidad, en ocasiones ayudan a encontrar soluciones a casos similares. Por ejemplo, en el mismo Colombia habría que hacer mención comparativa con el caso de la desmovilización del grupo criminal de los llamados paramilitares, donde el acuerdo con el gobierno de entonces incluyó el punto de que había que hacer justicia pagando por lo menos de cinco a ocho años de cárcel, decir la verdad, y reparar a las víctimas. Y son casos similares por la magnitud de los delitos de lesa humanidad cometidos tanto por los paramilitares como por las FARC.

La gran diferencia en cuanto al tema de justicia entre estos dos procesos de desmovilización de grupos ilegales en Colombia radica en que las FARC dicen que no pagarán ni un día de cárcel, porque las víctimas dizque son ellos, y en consecuencia no dirán la verdad, ni repararán a las verdaderas víctimas.

La solución no es entonces confundir las bondades de la diplomacia con desafortunadas intenciones de buscarle atajos a la majestad de la ley.

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