28 ene 2014

Categorías sociales

Por Jaime Castro Ramírez

La naturaleza del ser humano está íntimamente relacionada con el Derecho Natural, que es aquel inherente a la persona, es decir que el origen del Derecho Natural está directamente relacionado con la propia naturaleza humana, y por consiguiente se puede categorizar jerárquicamente como de grado superior, pues esto obedece a la circunstancia de ser anterior al derecho y a las leyes estatales, y por lo tanto, a estos últimos les corresponde el deber de protegerlo.

En este contexto, el Derecho Natural es parte fundamental del contenido de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proferida por la ONU el 10 de Diciembre de 1948 con el propósito común de protección al ser humano, y por lo tanto tiene que considerarse factor esencial en el respeto y protección de los derechos fundamentales que consagran la dignidad humana, entre ellos, especialmente el derecho a la vida, independientemente de condiciones marginales que puedan conllevar a la equivocada apreciación de otorgarle connotación discriminatoria por aspectos como razas, colores de piel, credo, o niveles sociales.

Esta breve introducción para significar que llevando el debate al sentido de la razón filosófica natural, no es posible incurrir en ligerezas mentales que rayen en la irresponsabilidad de señalar distinciones humanas. Valga decir, establecer preferencia de favorecimiento proteccionista hacia ciertas personas de alto nivel social, y en consecuencia dejando entrever el ambiente de menosprecio, o por lo menos de desinterés por proteger a quienes no poseen tal condición; concluyendo entonces en la circunstancia de despreciar la significación humana de este último sector de la población, a cambio de privilegiar a una muy minoritaria clase social, denominada como ‘muy importante’.

Política cuidadosa de un gobernante
Lo anteriormente expuesto debe concurrir prioritariamente a hacer parte importante dentro de las políticas a desarrollar por los gobernantes de turno, pues es vinculante ejercer el mayor cuidado imparcial en la protección del valor humano. Sin embargo, quién lo creyera, pero suelen ocurrir infortunados pronunciamientos que conllevan la gravedad absoluta de ser expresados por autoridades a quienes el pueblo les ha conferido la potestad de gobernar, y por lo tanto les ha delegado la responsabilidad traducida en obligación de proteger al pueblo. El talante político de un hombre de Estado debe responder a su compromiso con la patria y específicamente con los derechos de la gente.

Lo dicho por el presidente de la república de Colombia
Constituye una verdadera preocupación ciudadana la frase pronunciada por el presidente Juan Manuel Santos el 22 de Enero de 2014 en su vivita a España, pues ni más ni menos, allí se le ocurrió decir lo siguiente: “Lo que me preocupa es que las FARC cometan algún crimen con una persona ‘muy importante’ que haga romper en pedazos el proceso de paz”.

Tan desafortunada esta expresión presidencial que conlleva a pensar, que según eso, en Colombia hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, y con los que no son ‘muy importantes’, a las FARC les estaría entonces permitido cometer crímenes y al presidente eso no le preocupa, ni habría por qué romper el proceso de paz; pues justamente esas declaraciones tenían que ver con lo ocurrido una semana antes en el casco urbano del municipio de Pradera (Valle del cauca) donde las FARC cometieron un atentado terrorista cuya consecuencia fue el asesinato de una persona y dejando 61 heridos, lo cual debió haber tenido un rotundo rechazo y condena pública a las FARC por parte del presidente de la república por ese hecho criminal, y por lo menos haber llamado a consulta a los plenipotenciarios que negocian en Cuba el proceso de paz con ese grupo terrorista. Lo que se le ocurrió decir fue que se trató de “un acto de torpeza de las FARC”.

Esta declaración del presidente en España conduce a la pérdida de confianza ciudadana en la institución presidencial, y por sobre todo pérdida de confianza en la responsabilidad del gobierno frente a la observancia de hacer cumplir el Derecho Natural que debe proteger obligatoriamente a todo ser humano.

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