La campaña chavista

Por @Ruiz_senior

A escasas siete semanas de las elecciones legislativas, Colombia está en plena campaña y eso basta para explicar muchas noticias que surgen en todo momento.

La incógnita es si los terroristas conseguirán una representación mayoritaria ahora que cuentan con formidables recursos estatales y tienen la prensa a su servicio. Para que no se note de qué modo los candidatos pertenecen al Partido Comunista-FARC, se reparten en tres partidos: la Alianza Verde, el Polo Democrático y el Partido Liberal. Dados los importantes ministerios que tienen hoy en día, es totalmente seguro que su representación doblará, si no triplicará, a la del Centro Democrático de Uribe. Hay que prestar mucha atención a los candidatos. Por ejemplo, les enlazo una lista de los primeros renglones de la lista al Senado de la Alianza Verde.

Esa situación tiene que ver con la disposición del votante, que por su primitivismo y desvalimiento no vota sin verle un provecho preciso a esa acción, y desconfía de todos los políticos. Eso determina que el voto clientelar, a menudo incentivado directamente, tienda a ser mayoritario en las legislativas.

Pero con todo, la popularidad de Uribe y el rechazo que la traición de Santos genera lleva a una persecución desesperada con recursos cada vez más abiertamente criminales. Una columna reciente de Daniel Coronell sobre el asesinato de Jaime Garzón insinuaba que había sido encargo de Uribe, cosa para la que al parecer ya tenían los testigos dispuestos a declarar. Mucho me temo que pronto saltarán esos testigos a los titulares.

Los atentados terroristas también forman parte de esa propaganda, por mucho que haya quien lo dude: se combinan con el optimismo generalizado en la prensa sobre la paz, de modo que el público asustado (con toda certeza, las atrocidades aumentarán antes de las elecciones) está dispuesto a apoyar a los que parecen amigos de los terroristas y no a los que van a devolver al país a la "guerra".

Dentro de ese juego en el que el gobierno explota a toda hora su extrema afinidad con la prensa y con el poder judicial, la persecución al MIRA es un capítulo más. La Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional terminaba ganando siempre varias curules que le pueden ser necesarias a Santos para aprobar el suicidio del Congreso y la convocatoria de una Constituyente con amplia participación de representación particular (corporativa o estamental) no elegida: es decir, una Constituyente dominada por la manguala de la Unidad Nacional y los terroristas, tanto por la ingente cantidad de recursos que invertirán en la elección de sus candidatos (compra de votos) cuanto por el peso de los representantes no elegidos, que serán obviamente de las FARC.

Lo interesante es la habilidad con que encontraron una forma de convocar a las mayorías, incluidos de forma casi unánime los uribistas, para esa persecución. Por la mala fe característica del país, la gente no entiende que los derechos humanos como el de no discriminación forman parte de los deberes de los Estados respecto de sus ciudadanos y no de los particulares. Un tendero puede discriminar entre los aspirantes a ocupar una vacante en su negocio por todos los motivos que quiera, tanto el sexo como la raza, la ideología o cualquier otra circunstancia. Lo mismo puede pasar con un grupo religioso o cultural, está constituido con ciertas normas internas y nadie puede obligarlos a someterse a otras.

En el caso de la organización de las Piraquive, hay un sustento teológico que la fundadora invoca, y sin que sea mi interés tenerlo en cuenta, me parece que ante su público esa justificación tendrá sentido y es necesaria, pero ante la sociedad no lo es: aquel que quiera pensar que es la conveniencia comercial la que desaconseja dejar predicar a minusválidos está en todo su derecho y eso no quiere decir que haya ninguna transgresión de la ley.

Es decir, como parte de la campaña electoral del contubernio terrorista se explota esta persecución que consigue atraer a las mayorías por esa disposición tan típica a perseguir al que no les gusta y a no valorar la ley sino sólo la autoridad como amiga que puede conceder favores. Pero además está el factor de la envidia: se acusa a los jefes del grupo de lucrarse copiosamente gracias a los diezmos, cosa que podría aplicarse a cualquiera que trate con personas, al psicoanalista y al astrólogo, para poner un caso (ni hablar del maravilloso patrimonio de la Iglesia católica, que no procede propiamente de las limosnas). El verdadero problema es por una parte el sectarismo de los católicos, y por la otra la envidia por el éxito ajeno.

No voy a comentar las discusiones sobre si esas señoras falsean el cristianismo: la noción de libertad religiosa supone precisamente que las herejías tienen derecho a existir. Cobrar diezmos no es delito, explotar elementos esotéricos tampoco. Los que prefieran la Iglesia católica u otras iglesias evangélicas o la que sea pueden denunciar todo lo que quieran a ese grupo por sus características doctrinales o por sus procedimientos, pero eso no es tarea del Estado cuando no se encuentre tipificado en el código penal. Y ciertamente sus predicadores pueden ser los que ellos quieran.

Ese aprovechamiento de las manías y creencias del pueblo es típico del chavismo. La persecución de las Piraquive, hábilmente orquestada por la dirección de los frentes de Agitprop, los medios y hasta la Fiscalía, que salió al día siguiente a encontrarles causas pendientes, tal como a cualquier político que incomode al gobierno, recuerda poderosamente las bajadas de precios del gobierno de Maduro, que le dieron el triunfo en las elecciones recientes: las mayorías sienten que el margen de beneficio de los comerciantes es un robo y ciertamente no se preocupan mucho de las pérdidas que puedan experimentar esos "ladrones".

El último elemento de propaganda, también típicamente castrista, son los actos de repudio contra Uribe por parte de militantes entrenados para eso y obviamente bien financiados. La prensa convierte en gran noticia el hecho de que diez personas insulten al ex presidente o le tiren tomates y a partir de entonces los digitadores de las redes sociales hacen un ruido incesante para hacer creer a la gente, sobre todo a los jóvenes, que el de Uribe fue un gobierno de violencia y no precisamente de recuperación de la seguridad, y que el pueblo lo rechaza. Ese desprestigio de la seguridad democrática es una campaña muy bien orquestada por el terrorismo, o sea por el gobierno, que hoy por hoy son lo mismo.

Es exactamente el contexto venezolano: un Estado riquísimo dedicado a la propaganda (en Colombia los medios son el origen del poder, no es previsible un conflicto con Santos), violencia incesante contra la oposición, persecución judicial, calumnias, maquinaciones, montajes. Claro que en Venezuela Chávez tuvo más cuidado de recurrir al asesinato selectivo, pero no tenía la excusa de las FARC, a cuyo dominio los colombianos de hoy en día se han acostumbrado.

Lo que viene en las próximas semanas es aterrador, pues todas esas campañas de violencia callejera y persecución mediática y judicial arreciarán. Y no parece que en el uribismo haya mucha disciplina ni liderazgo para responder al menos en las redes sociales a esa presión. Uno a veces tiene la sensación de que no saben qué es un partido político ni qué es organización. A pesar de la ventaja de la legitimidad y aun del apoyo popular (que no asegura una mayoría de votos por el clientelismo arraigado que expliqué arriba), a la hora de la evaluación en las redes sociales queda la impresión de que los terroristas contaran con una amplia mayoría.