25 mar. 2014

Al fin una de Santos

Por Jaime Castro Ramírez

Ser gobernante implica la grande responsabilidad de cumplir sagrados compromisos con la patria, el Estado de Derecho y sus instituciones, la sociedad, y por supuesto que para lograr estos fines le corresponde cumplir el juramento de acatar la Constitución y la ley, pues si el Estado de Derecho pierde la autonomía de aplicar la Constitución y la ley, el paso siguiente es convertirse en un Estado fallido.

Por principio, Colombia es un país de leyes, y por consiguiente tenemos nuestro legítimo y propio ordenamiento constitucional y jurídico para resolver internamente y con absoluta validez legal los asuntos que competen al desarrollo de nuestra democracia. Obviamente esto significa que tenemos plena autonomía para ejercer con independencia lo que ordena la Constitución política colombiana, es decir, que no somos una colonia para que desde afuera nos manejen los asuntos internos de nuestro país.

El desafortunado caso del manejo de la alcaldía de Bogotá
Los habitantes de la capital colombiana hemos visto con horror, y casi que con ánimo de resignación, los últimos tres gobiernos, que por desgracia para la ciudad han sido de izquierda (Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro), y como es común en este tipo de gobernantes, pues el resultado de sus gestiones han dejado una huella de por lo menos veinte años de atraso económico, político y social de la ciudad; lo que se expresa en el estancamiento de frentes de desarrollo, como por ejemplo: obras de infraestructura vial, transporte masivo como el metro, planes de vivienda, desarrollo urbanístico, plan de ordenamiento territorial, etc. El común denominador en los tres alcaldes ha sido la carencia absoluta de la idea de gobernar y administrar como lo demanda la ciudad. En el caso de Moreno fue destituido del cargo y está encarcelado por graves acusaciones de robo descarado y a gran escala de recursos económicos de la ciudad; y luego el episodio escenificado por el señor Petro, quien también fue destituido del cargo e inhabilitado por quince años para ejercer cargos públicos.

La última de estas malogradas experiencias en cabeza del señor Gustavo Petro ha sido más que traumática, pues fue sancionado ‘por mal gobernante’ al exponer a la población a un alto riesgo de salubridad por mal manejo de la recolección de basuras, y por causarle perjuicio económico grave a la ciudad relacionado con el mismo tema de las basuras al cancelarle los contratos a empresas privadas que realizaban esta labor eficientemente, y luego asignarle esas funciones a la empresa de acueducto de Bogotá que no tiene ni idea cómo hacerlo. Para convertir en público el servicio de aseo, sinónimo de servicio ineficiente y corrupción (como la antigua empresa pública de aseo EDIS), procedió a comprar una flota de carros compactadores que no sirvieron y están botados, mas todos los cuantiosos gastos que implica implementar una nueva estructura para la prestación del servicio de recolección de las basuras, lo que seguramente un nuevo alcalde, sensatamente, desmontará por inconveniente, y entonces el proyecto Petro terminará solo en un fantasma costosísimo fallido.

El señor Petro acudió a medidas de hecho para desconocer la sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación, y por lo tanto desconocer la ley colombiana, pues cree que la justicia opera para los demás, menos para él. En respuesta a la disposición de la Procuraduría, decidió, primero no notificarse (lo notificaron por edicto), armar mítines de protesta en la plaza de Bolívar para no acatar la sanción, y en sus peroratas amañadas y al mejor estilo impostor le mentía a la gente diciéndoles que el motivo por el cual el Procurador lo sancionaba era por él ser de izquierda. Además de esta vulgar impostura petrista, el complemento fue invadir la justicia con cientos de tutelas improcedentes, para lo cual se valió de ingenuos serviles para que las tramitaran (la tutela es un recurso de uso personal), lo cual era simplemente una obstrucción a la justicia, pues la prueba es que luego las altas Cortes como el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado declararon la improcedencia de dichas tutelas. Pero el insaciable ánimo de Petro de pasar por encima de la justicia colombiana, lo llevó a demandar el caso de su sanción (por mal gobernante) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta CIDH, inmediatamente que las Cortes colombianas decidieron que la actuación de la Procuraduría contra Petro era en base a la Constitución y la ley, expidió un comunicado en el que le pedía al gobierno colombiano, nada menos que suspender una decisión de una entidad de rango constitucional. Grave intromisión en los asuntos internos del Estado de derecho colombiano.

Al fin Santos tomó una decisión de jefe de Estado
Ante la mencionada intromisión de la CIDH, Santos actuó como era su obligación hacerlo, es decir que legalmente y como jefe de Estado no tenía alternativa diferente que validar la actuación en derecho de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a la sanción al alcalde Petro, pues lo contrario hubiera causado un verdadero desbarajuste institucional. Sin embargo, existían dudas sobre la decisión presidencial, pues ese talante neutral de Santos de querer darle gusto a todo el mundo ha creado desconcierto ciudadano repetitivo sobre sus actuaciones como jefe de Estado. Incluso la CIDH primero citó al gobierno a exponer su criterio sobre el asunto Petro, y el gobierno no lo hizo, solo se limitó a enviar los documentos de la Procuraduría, circunstancia que aprovechó la CIDH.

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