Por Jaime Castro Ramírez
Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, la justicia existe en razón a la respuesta jurídica imparcial que corresponde dar a expresiones de ciertas conductas de los individuos. La justicia tiene que ser la virtud de encontrar la manera justa de actuar ante las necesidades de justicia en las relaciones sociales. Donde no hay justicia no puede haber equilibrio en la sociedad porque se desvirtúa la principal característica de convivencia.
La justicia en Colombia y su principio de oportunidad
Una circunstancia que afecta negativamente el ordenamiento institucional colombiano y específicamente a uno de los tres poderes (el judicial), es la grande ineficiencia de la justicia en su forma de operar. Tanto es así que en muchas ocasiones suele ocurrir lo más contradictorio posible: se persiguen y se condenan inocentes, y no se procesan, o se liberan culpables.
A pesar de que la justicia colombiana siempre ha sido inoperante y parcializada en su aplicación, razón por la cual históricamente ha existido el dicho que “la justicia es para los de ruana”; por si faltaba, al llamado Nuevo Código de Procedimiento Penal que empezó a aplicarse a partir de Enero de 2005 le añadieron un contrasentido jurídico que denominaron “Principio de Oportunidad”. Con esto lo que hicieron fue pasar de la seriedad de la tradición jurídica del ‘Principio de Legalidad’, según el cual, todo hecho delictivo debía ser investigado y ejercer continuidad en el proceso hasta que sus autores fueran juzgados y castigados penalmente, pasar a imitar el sistema jurídico anglosajón implantando el ‘Principio de Oportunidad’, que le otorga facultades a la Fiscalía General de la Nación para que a su criterio, suspenda, interrumpa, o renuncie a la persecución penal de individuos autores de conductas punibles, aplicando un lineamiento de ‘conveniencia’ del sistema judicial, es decir, para que supuestamente haya mayor eficacia operativa de la justicia investigativa en el caso de delitos graves.
Colaboración con la justicia
El ‘Principio de Oportunidad’ en algunas ocasiones termina convirtiéndose en auxiliar de impunidad para culpables y en condena para inocentes. Un bandido que se acoge al principio de oportunidad no le importa mentir y jurar en vano acusando a otras personas, muchas veces inocentes, con el pretexto de ‘colaboración con la justicia’, procedimiento que le acepta la Fiscalía ofreciéndole rebajas considerables de penas, y en muchos casos convirtiendo en testigos protegidos a peligros delincuentes a quienes el gobierno premia enviándolos a otros países con sus familias.
La justicia politizada que opera en Colombia es un peligroso medio que propicia la maniobra revanchista de aceptar falsas denuncias con tal de, acusar, llevar a juicio, y condenar a inocentes, que en ocasiones se trata de cobrarle a alguien diferencias políticas, y con esto hacer alarde de presentar ante la opinión pública presuntos resultados, pero que bien pueden catalogarse de falsos positivos judiciales. Muy grave que la justicia opere direccionada hacia un horizonte de injusticia. Son recurrentes los casos en que la justicia colombiana ha tenido que reconocer su error y dejar en libertad a personas que han condenado siendo inocentes, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado al tener que pagar grandes sumas de dinero por concepto de indemnizaciones por los perjuicios causados.
En conclusión, en Colombia el llamado ‘principio de oportunidad’ se ha convertido en un mecanismo perverso de oportunidad para tergiversar la rectitud que debe operar en la aplicación de la justicia, y por lo tanto es un contrasentido la facultad de libre albedrío otorgada a la Fiscalía en cuanto a su aplicabilidad, pues es muy preocupante una justicia que le da credibilidad a falsos testimonios de bandidos para utilizarlos como ‘pruebas falsas’ para perseguir judicialmente en ocasiones a personas decentes, y sobre todo grave cuando se persigue a inocentes.
Hay algo de distancia entre la cultura anglosajona-inglesa, donde nació en la justicia el principio de oportunidad, y la cultura colombiana donde se suele utilizar cierto grado de malicia perversa. Reciente medición de la empresa encuestadora Gallup muestra que la justicia colombiana tiene un alarmante 79% de desfavorabilidad en la opinión pública.
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