Por Jaime Castro Ramírez
Una exigencia elemental en temas de importancia para la sociedad se define por la máxima claridad que debe existir en el desarrollo de su contenido, pues no es admisible el hecho de intentar suplantar el pensamiento racionalista con imposturas que tratan de desvirtuar la objetividad de la filosofía con que debe construirse la realidad de los hechos que harán historia. El relativismo, unido a las tendencias subjetivas, son factores de incertidumbre que no distinguen entre la verdad o la falsedad. Quienes actúan en estos escenarios de pensamiento aparentemente moderno y profundo, el cual no se entiende por el vacío de contenido, o no saben de lo que hablan y entonces exponen fantasías inconsistentes, o simplemente van por el camino tendencioso de pretender el engaño.
La realidad es una sola, no es medible por situaciones aleatorias, y por lo tanto no admite interpretaciones de probabilidad que contravengan su verdadero sentido.
El manejo de la negociación de paz en Colombia
El sentido común dice que en cualquier evento donde esté de por medio una negociación de intereses, antes de una decisión final existen unas condiciones que las partes exponen como requisitos de análisis y que requieren conciliarse mediante un acuerdo de voluntades para que pueda darse la transacción. Situación ‘similar’ debe ocurrir en una negociación de paz, pero con una diferencia: que la iniciativa condicional debe ser potestad del Estado, y en consecuencia es quien debe tener primacía de favorecimiento frente a las pretensiones del interlocutor, es decir, el narcoterrorismo, en el caso de Colombia.
Lo preocupante para los colombianos es observar que en la mesa de negociación de paz la situación parece ser a la inversa, o sea que las condiciones las ‘imponen’ las Farc frente a la posición genuflexa del Estado. Si la negociación termina con esta clase de ventajas y desventajas, situación auspiciada incluso por el propio jefe de Estado con sus teorías que favorecen a las Farc (‘dejación’ pero no entrega de armas, narcotráfico conexo a delito político, entrega de zonas de reserva campesina, entrega de poder político a través de regalar curules, etc.), es aquí donde entonces viene la impostura de negociar una paz sin dignidad para el Estado y sus instituciones, y para los colombianos, lo cual no es paz sino la entrega del país. El directo responsable de esta situación para Colombia es el presidente de la república quien debe firmar el acuerdo final al que se llegue.
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