EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR EL M–19
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer la semana pasada un fallo en el que se condena al Estado colombiano por la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y las torturas que sufrieron 17 personas con motivo de la toma violenta del palacio de justicia.
En el fallo se aclara que ¨... la Corte no es un tribunal penal que analiza la responsabilidad de los individuos, por lo que el objeto del presente caso no se refiere a la inocencia o culpabilidad de las distintas autoridades estatales que presuntamente participaron de los hechos del caso, sino a la conformidad de los actos estatales con la Convención Americana. Por tanto, en el presente caso la Corte no se pronunciará sobre la responsabilidad penal de (persona alguna), ya que eso es materia de la jurisdicción interna colombiana¨.
Hecha esta aclaración sobre el alcance del citado fallo es necesario señalar que la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 durante los días 5 y 6 de noviembre de 1.985 fue una terrible y gravísima tragedia para Colombia.
El hecho violento que pretendió derrotar la institucionalidad del país cegó la vida de valiosos e ilustres ciudadanos, muchos de ellos destacados juristas pertenecientes a la máxima jerarquía del poder judicial.
Los directivos del M-19 que tomaron la decisión y los miembros que participaron en la toma están todos muertos. Ellos pagaron con sus vidas la locura que invadió sus mentes y sus corazones en esa hora fatal que no debió existir en la historia de nuestros días.
Los integrantes del M-19 que firmamos el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco en 1990, a la postre exitoso, y que no participamos ni en la toma de decisiones ni en los hechos sucedidos, en reiteradas ocasiones, hemos pedido perdón.
Por mi parte, sin que hubiera tenido participación intelectual o material alguna en los hechos, nuevamente hoy, en este día y en esta tierra en la que permanentemente se lucha por mejorar su democracia y que en su generosidad me ha permitido asumir responsabilidades públicas e institucionales, tales como concejal, alcalde, representante a la Cámara, senador y alto funcionario de gobierno, nuevamente pido perdón a toda Colombia y a todas las víctimas del holocausto.
Allí perdieron la vida mis mejores maestros, los que me enseñaron derecho en la Universidad Externado de Colombia: los doctores Carlos Medellín, mi profesor de Derecho Romano y mi presidente de tesis; Alfonso Reyes Echandía, mi profesor de Derecho Penal; Manuel Gaona Cruz, uno de mis profesores de Derecho Constitucional; Mario Calderón, también profesor de Derecho Penal y otros destacados magistrados y decenas de personas (mi compañero de curso el Dr. Ricardo Correal, gravemente herido) que se encontraban dentro del Palacio de Justicia.
Mis compañeros de insurrección armada, integrantes del M-19 que protagonizaron la toma, pagaron con sus vidas.
LA RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR PARTE DEL EJERCITO Y LA FUERZA PÚBLICA.-
Mas allá del establecimiento de las responsabilidades jurídicas o políticas que desencadenaron los hechos de la toma del Palacio de Justicia, en mi calidad de colombiano ex integrante del M-19 debo decir que las acciones emprendidas por el Ejercito Nacional y la fuerza pública para recuperar el control del Palacio fueron las que correspondían, derivadas de las obligaciones establecidas en la Constitución Nacional y la ley vigentes en ese momento.
En este sentido debo señalar que desde hace varios años, en forma discreta pero rigurosa, me preocupé por estudiar y conocer lo más minuciosamente posible la integralidad de los hechos y operativos que tuvieron lugar para la retoma del Palacio de Justicia.
La información obtenida y el estudio juicioso de los hechos me permiten referirme a dos circunstancias cruciales de la investigación que se adelanta por estos dolorosos acontecimientos: 1) La actuación del comandante de la Escuela de Caballería teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega y, 2) La desaparición de personas que llegaron vivas a la Casa del Florero.
Respecto del primer punto debo declarar que fundado en esa indagación en la cual me esforcé para no dejarme arrastrar por la pasión o el subjetivismo, con profunda humildad y respeto he llegado a la conclusión, y estoy en condiciones de afirmar públicamente, que el teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue designado, dentro de los procedimientos del mando militar, como el oficial responsable para dirigir la retoma del Palacio de Justicia, actuó en el fragor de la batalla en el marco y dentro del respeto de los reglamentos militares para las acciones propias del combate y en cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la Ley.
El coronel Plazas, como lo veremos enseguida, no estuvo involucrado ni tuvo nada que ver con los hechos que se sucedieron al interior de la Casa del Florero y que condujeron a la comisión de delitos de desaparición de personas.
Constituye, por lo tanto, una grave injusticia mantener privado de la libertad a un oficial que lo único que hizo fue cumplir con dignidad el deber que le imponía su juramento de lealtad a la institucionalidad y la patria.
Mi solicitud respetuosa, en consecuencia, a la justicia colombiana para que se revise el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y se le devuelva la libertad que nunca debió perder.
Para Thania Vega, esposa del coronel, quien tiene asiento en este Senado de la República todo mi respeto y solidaridad en su condición de víctima de esta injusticia.
Respecto del segundo punto relativo a la desaparición de personas a partir de su ubicación en la Casa del Florero y su entrega a responsables de otras unidades debo señalar que aunque algunas de las desapariciones se han venido aclarando en el sentido de haberse establecido como verdaderos crímenes y hechos delictuosos, las investigaciones, inexplicablemente no han avanzado en su verdad verdadera, su verdad jurídica y su verdad histórica.
Aunque existen suficientes evidencias e indicios es necesario que las investigaciones avancen en el esclarecimiento de hechos criminales relacionados con la desaparición de personas que tuvieron lugar en la Brigada 20 de la época ubicada en el barrio San Cristóbal al sur de Bogotá.
Según declaraciones que reposan en varios expedientes, entre ellas por ejemplo, la declaración del sargento Bernardo Garzón Garzón ante la Fiscalía Regional el 21 de noviembre de 1994, folios 1, 2 y 3, varios de los comprometidos en la desaparición de personas no han sido vinculados a los procesos, ni mucho menos detenidos.
De acuerdo con dicha declaración, veinte años después, recientemente fue detenido el mismo Bernardo Garzón y el capitán de entonces Camilo Pulecio Tovar responsabilizado por el primero junto con otros miembros de la fuerza pública como autores o responsables de desaparición de personas detenidas en la Casa del Florero.
Refiriéndose al sargento Bernardo Garzón Garzón el periódico El Tiempo informa en su edición de fecha 30 de enero del presente año 2014, bajo el título ¨Fiscalía negociaría con el eslabón perdido del palacio de justicia¨ ¨...en enero de 2014, hombres del CTI de la Fiscalía que habían reactivado su búsqueda por orden de la fiscal Martha Lucía Zamora empezaron a recibir información sobre la presencia del ex militar en el Valle del Cauca. Allí fue ubicado por la Fiscalía. El capturado hacía parte de un grupo de inteligencia del Batallón Charry Solano que tenía como fachada la Asociación Nacional de Estudios Técnicos (ANET)¨.
Al concluir su misión en Colombia, el Embajador de Estados Unidos Myles Frechette afirmo que la Brigada 20 de Inteligencia estaba auspiciando la creación de escuadrones de la muerte. Su reporte fue incluido en el informe sobre DDHH publicado por el Departamento de Estado en 1997.
El país viene insistiendo en que se esclarezca la verdad sobre varios hechos criminales y violentos que durante años han estremecido a la sociedad colombiana. No es sano para una democracia como la colombiana en permanente lucha por la consolidación de su institucionalidad que algunos miembros de la fuerza pública se vean comprometidos e incurran en prácticas delictivas y criminales.
El coronel Luis Alfonso Plazas Vega paga una condena por hechos en los que no participó y delitos que nunca cometió. Si los tribunales quieren cumplir su cometido de alcanzar la justicia deben hacerlo esclareciendo suficientemente los hechos y condenando a los responsables de desaparición de personas en los trágicos acontecimientos del palacio de justicia.
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