3 feb. 2015

Persecución política

Por Jaime Castro Ramírez

La política en su concepción filosófica es un concepto de contenido integral en cuanto a su ordenamiento estructural, para bien del Estado, de la democracia y de la sociedad, pues así lo exige el mandato primario que tiene su origen en el pueblo que es quien a través del ejercicio del sufragio faculta a los gobernantes para ejercer el poder. Por consiguiente, la verdadera política no admite sesgos que contravengan los exigentes lineamientos de ese mandato del pueblo, y hará responsables ante la historia a quienes por acción u omisión opten por caminos contrarios a la orden recibida de gobernar bajo los cánones de la política decente.

Lo anterior implica que gobernar no es el cumplimiento de la voluntad individual del gobernante siguiendo el ritmo de sus pasiones, y menos aun si se trata de ejercer pasiones políticas, pues esta conducta desvirtúa el sentido de la democracia, y generalmente se usa el poder para cometer excesos en contra de la libertad de expresión, lo cual suele terminar atentando contra las libertades individuales para callar las voces opositoras al régimen.

La oposición política en Colombia
La constitución colombiana ordena el cumplimiento de las garantías políticas para la oposición como órgano legítimo de la democracia que le corresponde la misión es ejercer control político a través del debate de las ideas para construir buenas leyes. Una democracia sin oposición se convierte entonces en un simple unanimismo político donde no existe análisis legislativo serio para el tratamiento de los temas que interesan al país para su desarrollo económico, político y social.

Tal es el caso del bloque político creado mediante auspicio del gobierno Santos y que ha sido denominado como “la unidad nacional”, cuyo objetivo es que todos los proyectos de origen gubernamental que conforman su agenda legislativa sean aprobados sin reparo en el congreso de la república, lo que suele ocurrir recurriendo a lo que comúnmente se conoce como el pupitrazo, y haciendo uso de esa ‘mayoría’ que se olvida de su obligación de ejercer su compromiso con el pueblo utilizando la conciencia filosófico-política, y no desvirtuando la política a través de su ‘labor’ comprometida con los ‘halagos de la mermelada’ oficial. En este escenario lo que hacen el gobierno y la ‘unidad nacional’ no es otra cosa que torcerle el cuello a la política seria que están obligados a cumplir, y por lo tanto incumplirle a la sociedad colombiana, pues como ejemplos se pueden citar los fracasos absolutos en las reformas a la justicia, a la educación y a la salud.

El precio de no respetar a la oposición
La práctica de perseguir a la oposición política es propia de los gobiernos débiles, y son débiles porque optan por proceder a aplicar una conducta de gobierno contraria a sus compromisos con el pueblo que los llevó al poder, para lo cual deciden también proceder con prácticas de características totalitarias que reprimen los principios democráticos y la independencia de poderes, cuya consecuencia conlleva a vulnerar los derechos fundamentales de las personas, y si es necesario se acude al ‘argumento’ maquiavélico de la razón de Estado.

En Colombia se observa actualmente una desafortunada actitud oficial de rechazo al derecho a ejercer la oposición política, o llámese persecución a la oposición, pues esta es la forma de que funcione el modelo de unanimismo político emprendido por el gobierno, y se acude entonces a la cooperación del poder judicial para encausar y encarcelar a miembros importantes de la oposición a través de un medio malévolo que consiste en darle plena credibilidad a falsos testimonios de bandidos, que acuden a esa modalidad para obtener los beneficios consagrados en el muy discutible ‘principio de oportunidad’ que les concede la rebaja de penas. Se podría decir que se trataría del funcionamiento ‘legal’ de lo que se llamó el ‘cartel de testigos falsos’.

La democracia colombiana exige que se respete el derecho constitucional a las garantías políticas para que la oposición pueda ejercer su misión del control político al gobierno.

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