10 mar. 2015

La policía sin apoyo de la justicia

Por Jaime Castro Ramírez

La autoridad es el poder legítimo que establece y hace cumplir los procedimientos de orden jurídico resultantes del ordenamiento institucional legislativo que dicta las leyes de la república. Donde se carece de autoridad no puede haber nada diferente a la anarquía generalizada, pues los individuos se sienten con el ‘poder’ envalentonado de hacer lo que les parece y sin respetar ningún orden. Esto significa que no hay justicia, o si la hay es solo de nombre porque no opera con el rigor exigido para que se llame justicia, y entonces lo que prevalece es el desorden que luego termina en el caos.

La policía en Colombia es víctima de la inoperancia de la justicia
La constitución de 1991 se encargó de crear vacíos de autoridad, pues no podía ser de otra manera si fue diseñada nada menos que bajo la presión de los carteles del narcotráfico para debilitar la autoridad que los ponía en cintura y bajo la óptica de la extradición, y también bajo la presión de la recién incorporada guerrilla del M19 a la vida civil, que como es el estilo de estos grupos que han actuado en la insurrección contra el orden legal establecido, propenden por una justicia débil, ojalá inexistente. De esa extraña combinación de fuerzas, opuestas al normal funcionamiento del Estado de derecho, no podía salir nada bueno en materia de justicia, como efectivamente ocurrió.

Pareciera que la primera autoridad damnificada porque perdió su rango de autoridad fuera la policía nacional, pues todo indicaría que se procedió a despojarla del mínimo respeto que le sería propio en un país respetable y que hiciera respetar la primera autoridad ante la sociedad, que es la autoridad policial.

Es verdaderamente lamentable y vergonzoso ante la sociedad y ante la comunidad internacional lo que está sucediendo en Colombia, pues solo en repúblicas bananeras puede ocurrir que cualquier individuo desadaptado social proceda a irrespetar de palabra y de hecho al policía, y peor aun que la justicia permita estos desafueros, pues a esos sujetos no les pasa nada judicialmente, y el policía se tiene que dejar ultrajar porque si actúa para hacer respetar la autoridad, entonces es denunciado por el agresor, y quien termina perjudicado en su actividad laboral, y enredado judicialmente, es el agente de policía, pues a ese desadaptado lo mandan para la casa, cuando debieran mandarlo a la cárcel por el agravante de irrespeto a la autoridad.

Quién lo creyera, pero la afrenta irrespetuosa del individuo al policía es la pésima imagen que con frecuencia se observa en Colombia, y esa es la imagen para mostrar a otros países donde sí opera la ley y donde la justicia hace respetar al policía.

Es exactamente el mundo al revés lo que sucede en Colombia en cuestión de justicia, pues además hay que agregar que el policía se desmoraliza porque expone su integridad personal capturando a bandidos, pero resulta que en cuestión de horas la justicia los deja en libertad y entonces estos sujetos continúan delinquiendo con mayor convicción porque saben que no hay autoridad que los castigue.

Tiene razón suficiente el pueblo colombiano cuando califica a la justicia con índices de desfavorabilidad superiores al 75%, y por si faltaba hay que agregarle el alto grado de corrupción que se ha descubierto en el poder judicial, corrupción que empieza desde las altas cortes.

En la mencionada constitución de 1991 entronizaron la figura de “la libre determinación y desarrollo de la personalidad” como gran descubrimiento de la genialidad de los constituyentes, en base a la cual se dio vía libre a conductas non sanctas y justificables mediante ese grande hallazgo, que luego fue reforzado ‘legalmente’ por el desarrollo que le dio al tema la Corte Constitucional, entidad que fue creada por esta misma constitución. Así por ejemplo, se justificó una especie de ‘degeneramiento humano’ permitiendo el consumo de drogas, bautizado con el calificativo de que se trata de la ‘dosis personal’ en uso de la libre determinación y desarrollo de la personalidad. Esto con el agravante que tras esa dosis personal se generó la comercialización en masa de pequeñas cantidades de drogas alucinógenas que fácilmente quien las distribuye las disfraza como su dosis personal para burlar a la autoridad policial. Bueno, si es que la policía ejerciera algo de autoridad y esa autoridad mereciera algo de respeto.

La asombrosa conclusión podría ser en el sentido de que desde la constitución del 91 hay espacio en Colombia para: permisivo desorden social, ausencia de autoridad, anarquía, no aplicar justicia, licencia para consumir drogas, irrespetar a la policía, etc.

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