El abuso de poder

Por Jaime Castro Ramírez

Cuando un individuo recibe la facultad de gobernar a través del poder que le confieren instancias superiores para ejercer actividades de mando, ese poder debe ser ejercido dentro de condiciones de prudencia y sensatez que demandan el buen suceso en el cumplimiento de la misión conferida. Sobredimensionarse en la actuación, más allá de los cánones del estricto cumplimiento del deber, esto constituye la comisión de una especie de desafuero, es decir, ejecutar acciones contrarias al buen juicio, lo cual desborda la razonabilidad y la prudencia para convertirse en un escenario donde se conjugan los intereses individuales que alimentan la prepotencia del poder, circunstancias que eventualmente pueden llegar a extralimitarse dando lugar al abuso de poder.

El talento humano produce historia memorable, los excesos humanos producen repugnancia histórica.

La feria de los millones en contratación de asesores externos en la Fiscalía

En el curso de estos últimos días los medios de comunicación han informado a los colombianos sobre un desafortunado y costosísimo procedimiento de contratación de servicios personales con asesores externos en la Fiscalía General de la Nación. La información que ha sido publicada habla de que en los últimos tres años la fiscalía ha formalizado 782 contratos de servicios personales por valor de 44.300 millones de pesos.

En Colombia se volvió común hablar de una expresión que es bastante mal vista socialmente y que la han denominado ‘carrusel de la contratación’.

Del dicho al hecho suele haber mucho trecho. La presunta justificación de la fiscalía para incurrir en estos excesivos gastos (con dinero de los contribuyentes) consiste en tratar de significar que los funcionarios que pertenecen a la nómina de planta en esa institución (aproximadamente 25.000) dizque no son suficientes, ni tampoco dizque tienen el conocimiento adecuado para producir cierta clase de ‘estudios especiales’, para los cuales proceden entonces a contratar asesores externos.

Los medios de comunicación dan cuenta, por ejemplo, de que entre los contratados por la fiscalía, pagándoles grandes sumas de dinero, para desempeñarse como asesores, hay nombres de exmagistrados del Consejo de Estado que votaron a favor de Eduardo Montealegre para que, lo que inicialmente le correspondía actuar por un año como fiscal general (completando el periodo de Vivianne Morales), con dicho voto se lo convirtieron en periodo institucional de cuatro años. ¿Esto no significará algo parecido a tráfico de influencias para devolver favores?

Al respecto de este aparente derroche de recursos del erario, llama la atención escucharle al fiscal Eduardo Montealegre una respuesta pública, quizás con premeditada prepotencia, diciendo que si es el caso gastaría otros 10.000 millones de pesos más en nuevos contratos de la misma naturaleza. ¿Será acaso una expresión desafiante con ínfulas de abuso de poder?

Por principio, a todo funcionario público le corresponde rendir cuentas al país sobre el resultado de su gestión, empezando por el presidente de la república. Sin embargo, llama la atención también que en este caso, el fiscal general de la nación, se niegue a asistir al congreso de la república para dar explicaciones en un debate de control sobre este asunto de la contratación en su entidad. ¿También tendrá que ver con prepotencia que inspira la vanidad personal de creerse intocable por la principal institución de la democracia colombiana que es el congreso de la república?

La sensatez en las actuaciones del ser humano genera admiración y respeto de parte de sus congéneres, las conductas que se apartan de lo razonable producen ante la opinión pública desconfianza y rechazo, y con mayor veraz si se trata de actuaciones de funcionarios públicos calificadas como irregulares.