Fiscal, ¿árbitro electoral?

Por Jaime Castro Ramírez

La sensatez y la prudencia indican la forma adecuada como se debe proceder con el comportamiento de la conducta humana. No atender estos preceptos en el desarrollo de la actividad cotidiana conduce a escenarios de complejo resultado social por las serias dificultades que genera. Pero esto tiene mayor trascendencia en la medida del efecto multiplicador que produce cuando el comportamiento inadecuado proviene del abuso de poder que ejercen ‘personajes’ que deciden incurrir en terrenos que no les corresponde, o que no son de su competencia, generalmente con intenciones perversas, lo cual se configura a través de lo que se denomina extralimitación de funciones.

Este tipo de conductas perjudican intereses individuales y colectivos porque violan el sentido de la voluntad popular al intentar distorsionar su verdadero propósito, pues nada menos que constituyen un engaño contra la iniciativa propia.

Actuaciones del fiscal general de la nación en vísperas de elecciones

Las funciones constitucionales de un fiscal general de la nación son administrar justicia, en cuyo contexto le corresponde investigar y acusar para que los jueces profieran sus fallos, pero no debe tomar decisiones de otra índole, y menos pronunciarse en escenarios políticos tomando partido.

El fiscal Eduardo Montealegre ha tenido actuaciones desafortunadas que han inquietado grandemente a los colombianos por su no disimulado sesgo político, pues ha incursionado en aventuras de favorecimiento al régimen que gobierna a través de acusaciones a miembros de la oposición política.

En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2014, cuando en primera vuelta había sido derrotado por quinientos mil votos el candidato a la reelección, apareció entonces el señor fiscal creando la espectacularidad de un publicitado allanamiento a las oficinas de un hipotético ‘hacker’, que según la teoría del fiscal, dizque interceptaba comunicaciones en la Habana de los negociadores del proceso de paz. Con esta ‘bomba mediática’ y acusando (sin pruebas) a los directivos de la campaña ganadora de las elecciones en primera vuelta de estar dizque dirigiendo lo que supuestamente hacía el hacker, pues con esta intervención del fiscal logró el propósito de torcer la intención de voto de los ciudadanos que le creyeron en esa impostura contra el candidato de la oposición, lo cual efectivamente lo perjudicó, y le dio el triunfo en segunda vuelta al candidato a la reelección.

Qué coincidencia que ahora nuevamente aparece el fiscal, y justamente veinte días antes de unas elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, y ediles, en un nuevo escenario calificado por la opinión pública como intervención en política, pues decidió generar un expediente de acusaciones contra el líder del principal partido de oposición, lo cual es interpretado por analistas políticos como una maniobra para perjudicar los resultados electorales de la oposición, y en consecuencia pretender favorecer al régimen con la elección de sus candidatos. En conclusión, pareciera que el fiscal general de la nación haya asumido ‘funciones extras’ de árbitro electoral, pero eso sí, árbitro hincha de uno de los equipos del partido que arbitra, árbitro parcializado que le decreta ‘penales inexistentes’ a la oposición política, y lo hace en el momento menos indicado, es decir, al final del partido, cuando ya no queda tiempo de recuperarse del perjuicio ocasionado por esos goles electorales.

¿Buen complemento de acción política entre Presidente y Fiscal? La pomposa reunión en Cuba del presidente Santos y “Timochenko” para presentar ante el mundo la versión de haber convenido lo que llamaron “acuerdo de justicia”, ha terminado en serias dudas para los colombianos, pues a raíz de que el presidente de la república no ha dado a conocer el texto del acuerdo argumentando que falta terminarlo (después de haber hablado de un “acuerdo”), las Farc lo desmienten diciendo que ese acuerdo de justicia transicional está terminado y que por lo tanto no hay que quitarle ni agregarle nada. Por el contrario, acusan al gobierno de querer tergiversar lo acordado.

Ante este desconcertante panorama, se ha originado desconfianza pública sobre el contenido de tal acuerdo, pues esto ha generado tendencia a creer que Santos no lo da a conocer a la opinión pública por temor a perder electorado en los partidos de la ‘unidad nacional’ en las elecciones regionales que se aproximan para el 25 de octubre de 2015. Si esta inquietud ciudadana tuviere en la realidad tal alcance, ¿querría decir entonces que el hecho de no publicarlo antes de elecciones obedece a que el contenido del mencionado acuerdo es impresentable al pueblo por la magnitud de las concesiones otorgadas por parte del gobierno?

Lo anterior sería un grande despropósito de engaño al pueblo en el proceso electoral impidiendo que los ciudadanos conozcan la verdadera posición del gobernante respecto a concesiones a las Farc, y de esta manera encubierta pretender obtener votos inmerecidos para elegir a sus candidatos. Según esta versión, el acuerdo sería publicado después de elecciones cuando ya el gobierno no tenga a la vista ningún riesgo electoral que lo afecte.