26 ene. 2016

Detrimento del patrimonio público

Por Jaime Castro Ramírez

Las decisiones políticas y económicas de un gobierno requieren legitimidad de origen, es decir, que tienen que estar sustentadas con los respectivos soportes legales que les otorguen la legítima representatividad de aceptación social, pues esta condición constituye la característica fundamental de socialización de la idea para garantizar el apoyo requerido del pueblo.

Venta de Isagén fue un despropósito económico
Se había definido el procedimiento de venta de este activo de la nación mediante un proceso de subasta, lo que implicaba obviamente la participación de varios proponentes, procedimiento que consistía en partir de un precio base fijado por el gobierno, y a partir de ahí se sometía a una puja entre la pluralidad de proponentes hasta llegar a lograr el precio más alto, representativo del valor razonable, como producto de esa competencia de oferta.

Resulta que el gobierno decidió a mutuo propio cambiar las reglas de juego y desechó el procedimiento de someter el negocio a subasta, pues terminó vendiendo Isagén por el precio base de 6.5 billones de pesos a un solo proponente que fue el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management, lo que de por sí ya llevaba implícito una consecuencia de detrimento económico muy significativo por su cuantía, equivalente por lo menos a las 2 terceras partes de ese precio base.

Esto significa que si el gobierno fijó un precio base (totalmente subvaluado) de 6.5 billones de pesos, la puja en la subasta podría haber repuntado la proyección del precio de venta en 4.3 billones de pesos más; de tal manera que esta última cifra representa aproximadamente el perjuicio económico para el país en esa venta caprichosa y sin raciocinio de orden financiero. Especialistas en el tema energético sostienen que ese negocio valía 11 billones de pesos.

Entonces, la inquietud obvia del más desprevenido ciudadano es: ¿quién le responde al país por este detrimento económico al patrimonio público?

Este negocio fue el producto de una obsesión caprichosa del gobierno convertida en un contrasentido económico para los intereses nacionales, pues no tuvo en cuenta a la opinión nacional, ni a distintas fuerzas políticas representadas en el congreso de la república que se oponían a dicha venta de un activo de valor estratégico para el interés público, pues es nada menos que la segunda generadora más grande de Colombia que controla la operación de siete centrales de generación de energía, ubicadas en: Antioquia, Caldas, Santander y Tolima, y con una capacidad instalada de 3.032 megavatios.

Dudoso futuro para la administración y operación de Isagén
Brookfield Asset Management, nuevo propietario de Isagén en su condición de accionista mayoritario (57.6 %), que como se dijo antes, es un fondo de inversión, y por consiguiente no tiene ni la experiencia ni el conocimiento en el tema energético, lo que conduce es a la conclusión de que se trata de un simple especulador del mercado en negocios que le generen alta rentabilidad, pero en este caso no va a aportar ideas para la administración y operación de la empresa, lo que puede entonces redundar en afectación en la calidad del servicio de energía eléctrica a los colombianos. Preocupa cómo será el manejo futuro de esta empresa cuando los dueños mayoritarios no saben cómo hacerlo.

Desconfianza en el uso del dinero
Ante el escenario repetitivo de engaños por parte del actual gobierno a los colombianos, la consecuencia ha sido la pérdida de confianza pública en la palabra del gobernante, y por supuesto pérdida de confianza en sus anuncios. El presidente de la república salió a decir públicamente que el dinero de la venta de Isagén tiene destinación específica para la construcción de obras de infraestructura a nivel nacional, pero lo dicho, los colombianos ya no le creen, y en principio lo imaginable en la opinión pública es que de ese dinero saldrá la mermelada corrupta (compra de votos) y para financiar toda la parafernalia publicitaria de ese esperpento ‘acomodado’ a las circunstancias llamado plebiscito para la paz (la acomodada empieza por el umbral recortado a la cuarta parte de los votos exigidos por la Constitución), plebiscito que ni siquiera a las Farc les gusta.

AL MARGEN: Si el umbral del plebiscito ya no va a ser el 50% del censo electoral vigente sino el 13%, lo que en términos absolutos significa que ya no serán 16.5 millones de votos sino 4.3 millones, ¿dónde queda la legitimidad política de esa refrendación?

No hay comentarios.: