25 mar. 2016

Todos a marchar contra el desempleo o por lo que quieran

Por @ruiz_senior

Sería interesante analizar lo que impidió la firma del acuerdo prometido el 23 de marzo, me atrevo a suponer que en definitiva Obama no se atrevió a promover el indulto a Ricardo Palmera ni la salida de las FARC de la lista de organizaciones terroristas, y que Santos les había prometido a sus socios algún logro en ese sentido. En todo caso no podrían firmar la paz y declarar abiertamente a Colombia un narcoestado reconocido por la DEA. Obviamente no van a dejar esa industria que deja rendimientos fabulosos, seguir negociando es más grato para todos, como una canción de Camilo Sesto que decía "Miénteme, porque sólo así me harás saber que aún nos podemos entender". "Negociemos, porque así tendremos una excusa para seguir en lo que interesa, que es controlar el ejército a punta de purgas, exportar cocaína, expandir la extorsión y someter mediante el terror judicial a quien se oponga." (Supongo que se publicarán explicaciones de más interés, no es propiamente el tema de este post.)

La detención de Santiago Uribe forma parte de ese terror judicial: cualquiera que se atreva a criticar la entrega del país a las FARC puede terminar preso, o viendo encarcelar a su familia con cualquier pretexto. Y como tal es lícito que se convoquen protestas masivas; uno podría lamentar que no ocurriera cuando detuvieron a Arias o a Ramos, o que Uribe y compañía no las hayan convocado para oponerse a la entrega del país al crimen organizado, pero en cualquier caso hay que apoyar la movilización: oponerse a la persecución del hampa judicial es un deber de cualquiera que crea en la democracia, en la ley, en la justicia, en la libertad y en los derechos humanos.

Lo que pasa es que no se convocan manifestaciones contra la detención de Santiago Uribe ni contra las demás persecuciones infames que impone el narcorrégimen, sino que literalmente se invita a quien acuda a buscar los motivos de su descontento. Los uribistas no soportan que se les diga que es una manifestación del uribismo, ni menos que es contra la paz. De eso no debe quedar duda, ellos apoyan la paz y aun quieren una Constituyente con las FARC. Lo curioso es que hasta ahora las marchas y protestas callejeras contra Santos y su paz son de unos pocos cientos de personas porque nunca las convoca Uribe ni los líderes uribistas. ¿Cómo es que cuando sí las convocan tienen vergüenza de hacerlo como tales?

Esa idea de que cada cual encuentre sus motivos de descontento retrata completo al uribismo: lo que se busca en definitiva atraer a gente cuyo problema son las dificultades económicas, fruto de la mala situación en que está el país. ¿Por qué la situación económica se deteriora? Pues porque cayeron los precios de las materias primas que son la mayoría de las exportaciones. ¿Es eso culpa del gobierno de Santos? Resueltamente no, también la situación económica se complicó después de 2008 y sólo a los peores propagandistas se les ocurrió culpar al gobierno de Uribe. Y no es que la gestión económica del gobierno de Santos sea defendible, pero al comienzo de su gobierno los altos precios de las materias primas aseguraban un crecimiento aceptable y no había resistencias.

Pero la gestión económica no es una cuestión que se remedie mediante manifestaciones. Alguna vez leí que unos economistas habían hecho un análisis histórico de la frecuencia de protestas callejeras y demostraron que aumentaban drásticamente cuando había recortes en el gasto público. Es decir, los manifestantes presionan a los gobiernos para que gasten más y por ese motivo son la causa del despilfarro, gracias al cual Europa occidental crece mucho menos que Norteamérica y Asia oriental. Las opciones correctas en la gestión de la economía no son las que pide la calle sino las que determinan los expertos.

Un ejemplo muy preciso de eso es el gobierno de Mariano Rajoy en España: las autoridades económicas internacionales, las agencias de calificación y todo el que entiende el asunto aplaude su gestión de la economía, pero entre los ciudadanos cunde el descontento por las dificultades que han tenido que pasar por efecto de la debilidad de su país. Los demagogos los soliviantan todos los días y de ahí salen muchos millones de expertos en economía y administración pública indignados por la corrupción y con recetas muy precisas para que la situación sea maravillosa. El país a estas alturas es ingobernable, pese a que se había alcanzado que estuviera a la cabeza de Europa occidental en crecimiento económico y creación de empleo. La elección de los ciudadanos destruye una buena gestión y lleva al país a la ruina. Las medidas que podrían generar más empleo no son las que mueven a los manifestantes.

En todo caso, no ocurre nada parecido en Colombia: los que salgan a manifestarse son los descontentos con la persecución y con la entrega del país a los terroristas. Esa clase de personas se identifican con Uribe en parte por el lloriqueo del expresidente y sus amigos (que les hace creer que le hacen oposición al régimen), en parte por la persecución de la propaganda oficial y en parte por identificación con su gobierno. Pero los líderes uribistas tienen exclusivamente interés en explicar que son tan amigos de la paz como Robledo y tan poco uribistas que no protestan por la detención del hermano de Uribe sino por el desempleo.

Esos líderes encauzarán cualquier descontento hacia sus cuentas mezquinas: ¿nadie recuerda los primeros meses del gobierno de Santos con bombas que el régimen y sus medios atribuían descaradamente a la "extrema derecha" mientras se rumoreaba que la cuota de Uribe en el gobierno era Rodrigo Rivera, uno de los líderes del partido de Samper, Serpa y Piedad Córdoba? Ese espíritu nunca se superará,

Pero es una buena cosa que la gente tenga la sensación de que si sale a protestar contra los terroristas no está sola: ojalá se acuerden de OPONERSE A LA INFAMIA DE LA HABANA. Nadie se lo prohíbe, al mismo Uribe y a sus amigos les conviene porque así tendrán más argumentos para corregir y mejorar la negociación, que sólo será perfecta cuando les ofrezcan garantías para sus cuotas de poder e influencia sobre los nombramientos.

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