22 mar. 2016

Gobierno desubicado

Por Jaime Castro Ramírez

Las políticas de gobierno requieren el pensamiento claro de verdaderos estadistas para tener la firmeza de ejecutar bien la política que soporta la filosofía de Estado. Cuando no existe coherencia política de pensamiento y acción se confunde el hecho de gobernar con la incertidumbre que genera un confuso nacionalismo carente de raciocinio patriótico. La verdadera historia se construye con hechos memorables por su importancia histórica, no con hechos de alcance irrelevante por la incompetencia de sus actores.

El gobierno Santos no encuentra el camino adecuado
Ni el presidente de la república, ni sus ministros, que son quienes conforman el gobierno, no han podido encontrar el rumbo del país. La economía no crece, pero es que no puede crecer si la industria anda de capa caída, las exportaciones muy deprimidas, cascada de impuestos, empresas que habían traído inversión extranjera a Colombia se están retirando, en el actual gobierno se quebró Ecopetrol que fuera la principal empresa del país, y de paso quebraron a los miles y miles de accionistas que confiaron sus ahorros en esas acciones que hoy valen nada, el desempleo anda por arriba del 12%, un déficit fiscal desbordado, alarmante margen de corrupción, la firma del eventual acuerdo de lo que llaman paz fue aplazado indefinidamente después de casi 4 años de conversaciones; y por si faltaba, pésimo manejo de las nuevas demandas de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, con lo cual pretende continuar arrebatándole a Colombia grandes extensiones de mar y de plataforma continental.

Respecto a Nicaragua, el mal manejo del caso empezó por designar abogados incompetentes para esta clase de asunto, pues en vez de nombrar expertos en derecho público internacional, Santos decidió nombrar al exprocurador Carlos Gustavo Arrieta experto en derecho administrativo, y al exmagistrado Manuel José Cepeda que sabe de derecho constitucional, y pues ahí está a la vista el resultado negativo donde dicha Corte en una decisión dividida se declaró competente para admitir las dos nuevas demandas de Nicaragua contra Colombia, y seguro que Colombia será perdedora en posterior sentencia de la CIJ.

Nacionalismo alegre y sin raciocinio
La reacción del presidente Santos ante lo ocurrido en la Corte Internacional de Justicia consistió en un impulso desbordado de aparente patriotismo (actuación política para subir en las encuestas, pero no jurídica), para lo cual dijo: “La soberanía la defenderemos hasta la muerte y hasta el último centímetro”. Como se dice en el argot popular, esto no pasa de ser expresión de discurso ‘veintejuliero’. Además dijo: “Esa Corte no es lo que le conviene a Colombia”, como si en un escenario judicial fuera posible, o procedente, elegir los jueces que convengan al interesado. Lo que era procedente era elegir una buena defensa a través de buenos abogados internacionalistas.

Y para completar, Santos decidió tomar una medida de hecho que es la peor alternativa, y que consiste dizque en la “no comparecencia” futura de Colombia ante la CIJ, lo que significa no continuar con la defensa, y en consecuencia habilita entonces a dicha Corte para hacer uso del principio del derecho que consiste en que quien no comparece a una causa judicial será juzgado y condenado en ausencia, y por lo tanto Colombia será perdedora total ante las nuevas pretensiones nicaragüenses sobre la plataforma continental extendida, pues al no comparecer en el alegato de defensa, es obvio que la CIJ solo tendrá en cuenta los argumentos que le presente Nicaragua a su favor y en contra de Colombia. Además, no tiene ninguna consistencia jurídica asistir al tribunal a través de los mencionados abogados para presentar unas excepciones preliminares alegando que la Corte no es competente para conocer esas demandas, y luego decir que en adelante no habrá más comparecencia en el caso porque la decisión de la Corte fue declararse competente.

Alegar ahora que Colombia se retira de la jurisdicción de la Corte internacional de Justicia y que ya no pertenece al Pacto de Bogotá son patadas de ahogado por la sencilla razón de que esas medidas fueron tomadas extemporáneamente, razón por la cual la Corte asumió su competencia para investigar y fallar sobre las pretensiones de Nicaragua contra Colombia.

La canciller María Ángela Holguín agregó: “No confiamos en la Corte de La Haya porque no hay garantías de que en el litigio con Nicaragua se juzgue en derecho”. Esta es una frase infortunada porque de entrada indispone a esos magistrados al decirles que se apartan del derecho.

Ya en 2012 la canciller Holguín había cometido otra imprudencia con un pronunciamiento totalmente fuera de lugar antes del fallo de la CIJ que le quitó 75 mil quilómetros de mar a Colombia y se los adjudicó a Nicaragua. En columna de Enero 14 de 2013 que titulé “Responsabilidad presidencial”, a propósito de la canciller escribí lo siguiente: “La señora canciller tuvo una actuación, por decir lo menos, irresponsable, al opinar ocho meses antes de que fallara la CIJ en el sentido de que esa Corte decidía en forma salomónica, puntualizando que “a cada país le daba alguna cosa”. Ni siquiera fue consistente en lo que decía, pues a Colombia no le darían nada sino que le quitarían, es decir que todo era pérdida, como efectivamente sucedió. No hay duda de que esta grave imprudencia convirtió la defensa jurídica de Colombia en la condición de inútil, y por consiguiente se convirtió también en la pauta que facilitó la decisión final de despojo a Colombia de su soberanía”.

Ese es el infortunado talante con que se manejan las cosas de gobierno y las políticas de Estado en el gobierno Santos.

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