20 jun. 2017

El poder sin perspectiva

Por Jaime Castro Ramírez

Las realidades que la vida ofrece se presentan en diferentes matices, que pueden ser de condición variable, en la medida del resultado final obtenido.

Al tratarse de las responsabilidades del ser humano aplicadas al comportamiento en el desarrollo de las actividades propias de su cotidianidad, éstas tienen que tener relación de causalidad y de obvio compromiso frente a la misión que se asume en los diferentes escenarios en que corresponda actuar.

Es evidente que la responsabilidad depende del sentimiento interior y la voluntad con que el individuo afronte el cumplimiento de sus deberes, es decir, haciendo valer la idea de tener interiormente su propio juez, quien le debe indicar la razonabilidad con que se tiene que dar respuesta a los compromisos que le corresponda atender en el transcurrir de su vida.

Lo que no siempre sucede es que lo ideal prevalezca ante las imperfecciones que producen los vicios del pensamiento, pues suele ocurrir que las debilidades de conciencia se manifiestan afectando el procedimiento de conducta adecuado que se debe seguir dentro del marco de referencia de las actuaciones humanas.

Cuando tales reglas de conducta se tornan inconsecuentes con los sanos propósitos de acción, se incurre entonces en los vacíos que distorsionan los horizontes de bien por donde debe transcurrir el sentido común de la vida de la sociedad.

Al construir un ejercicio de origen político y de poder, se puede mostrar la trayectoria equivocada por donde se mueven los impulsos nocivos que convierten un grande propósito que avala la voluntad ciudadana, en un impredecible escenario de dificultades.

Un hecho desafortunado que ocurre en el manejo de la política, tiene que ver con la impregnación de las instancias del poder con vicios de diferente índole, y esto se relaciona con una imperfección del pensamiento y de la inteligencia, que consiste en ambiciones desmedidas de egoísmo, debilidades personalistas que generalmente terminan en hechos de corrupción por apropiación.

Se trata de conductas que afectan en forma muy significativa la verdadera dirección del Estado, pero además, afecta, y de qué manera, la tranquilidad en que debe desarrollarse las relaciones sociales de la comunidad. En condiciones de esta naturaleza es muy difícil esperar que un gobierno cumpla con su misión de atender los compromisos que son deberes con la sociedad, pues los intereses superiores del pueblo pierden su capacidad natural de beneficio, y la obligación constitucional del Estado de atender las necesidades sociales, se desvía hacia intereses personales de quienes interpretan que el Estado es una parcela de sus propias ambiciones y que por lo tanto los recursos de las arcas públicas están a su disposición para apropiarse individualmente de lo que por mandato de ley corresponde al bienestar social de muchos.

Una sociedad, a la cual se le niegan sus derechos y se le somete a las vejaciones del abuso del poder, llega el momento en que ya no resiste más desprecios y opresiones y entonces explotan los sentimientos reprimidos, lo cual puede tener una trascendencia de consecuencias impredecibles; tanto como hasta llegar incluso a poner en riesgo la estabilidad institucional de la nación.

Ante unas consideraciones de tal magnitud y que pueden ser posibles en la realidad, o por lo menos casos muchos se han visto en el registro de la historia; la responsabilidad es propia de quien asume esta clase de compromisos con la patria y luego en acción premeditada desatiende lo que juró cumplir, pero también existe la responsabilidad directa de quienes comprometen su voluntad, eligiendo, sin estudiar a conciencia, a quién eligen.

Como se aprecia, la responsabilidad es entonces de doble vía, pero la pregunta es: ¿quién responde ante la historia y ante la patria por los desafueros cometidos en contra de la razón y de la ley? Y la respuesta señala evidentemente la responsabilidad política del gobernante, que a través de maniobras, desde su interior engañosas, pero seductoras hacia el pueblo, logra el favor de la confianza ciudadana que luego acudió a las urnas a elegirlo. Esto se convierte así en una actitud de mala fe para engañar la voluntad popular, lo cual constituye una afrenta pública de deshonra contra la dignidad colectiva, y lo que posteriormente termina en episodios no menos calificables como de traición a la patria.

Se puede afirmar que todas estas circunstancias obedecen a cuestión de cultura, es decir, tienen su origen en la reversión de los principios en que se fundamentan las sanas costumbres que sirven de cimiento a la decencia, a la cultura ciudadana y a la cultura política. Por este camino se llega entonces a la degradación de los valores, que luego conduce igualmente a la degradación política y al consiguiente grave perjuicio a la sociedad que el individuo representa en el poder.

En conclusión, la salud política que necesitan: la patria, la institucionalidad y la democracia, dependen del raciocinio ciudadano para discernir, con plenos, conocimiento de causa y grado de certeza, sobre la conveniencia o no de decidir apoyos políticos a personas que se presentan ante la opinión pública como salvadores de la condición social. Sin embargo, resulta que tras de ese verbo, generalmente de corte populista, suele fingirse un criterio político, pero que no es más que un engaño camuflado en expresiones que prometen presuntas y fastuosas reivindicaciones, que de hecho se sabe que son irrealizables.

Como lo no posible, no produce nada; pues es obvio que el personaje elegido como gobernante simplemente transita por el sendero de la indecisión y el consiguiente vacío de gestión en materia de gobierno, pero a cambio, sí utiliza el poder para ir sobre-seguro por el camino que conduce al beneficio personal.

La historia de los pueblos la tienen que defender sus propios actores que poseen la suprema condición de constituyentes primarios, pues esto incluso les otorga la facultad para elegir un organismo denominado “constituyente” y ordenarle la elaboración de la ley de leyes o ley fundamental de la nación (constitución política), en la cual se establecen todos los instrumentos legales para defender la patria y la solidez de la institucionalidad que conforma el Estado social de derecho.

Valga decir también, que en una democracia existe por principio la verdad absoluta de que sin la aprobación por parte de la voluntad del pueblo, no es posible llegar al poder, luego, “elige bien y vive bien”, pues esta es la única forma sensata y responsable de poder aspirar a disfrutar de los derechos ciudadanos y evitar la acción de los manipuladores de oficio que menoscaban las bondades de la ciencia política.

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