Por Jaime Castro Ramírez
La independencia de poderes como razón fundante de la democracia, exige obviamente pulcritud de acción de cada una de las ramas del poder, pues se requiere de esa clase de apoyo mutuo entre ellas para lograr articular los lineamientos de equilibrio institucional, respeto e independencia que fortalezcan el Estado de derecho, y cuyo resultado conduzca a poder establecer sólidas políticas públicas de gobierno, con las cuales se garantice el logro de los objetivos propios de un gobierno democrático.
La justicia en Colombia inducida a la corrupción por su origen político
Si la cabeza no funciona bien, lo demás se desvanece por falta de órdenes adecuadas de dirección. La corrupción en Colombia ha ocurrido en diferentes campos de la administración pública, en todos los gobiernos; pero en el gobierno Santos ha ocurrido lo más absurdo e increíble, pues cruzaron lejos la raya histórica promedio de corrupción que existía. Quién lo creyera que aparte de la corrupción generalizada, haya aparecido la cúpula del poder judicial como actor muy destacado en ese perverso escenario.
Para cualquier desprevenido analista de temas nacionales le sería muy difícil creer si le dicen que unos presidentes de la Corte Suprema de Justicia han incurrido en graves problemas de corrupción consistentes en aceptar cabildeo de abogados “calanchines” para ‘vender sentencias judiciales’ por grandes sumas de dinero, para favorecer a implicados en delitos, generalmente delitos de corrupción también. Como quien dice: ‘Tu mes das dinero y yo fallo a tu favor’. Qué horror, esto es más que vergonzoso. Y si así han obrado magistrados que han actuado como presidentes de alta Corte, y también lo han hecho magistrados de Tribunales, por ejemplo el tribunal del departamento del Meta, con tal ejemplo, cómo será el margen de corrupción de ahí hacia abajo en el orden jerárquico de esta rama del poder público, el poder judicial.
Campeones de la corrupción
Desafortunadamente, hay que decirlo sin rodeos porque es muy bien sabido por la opinión pública que el origen de la corrupción está en la clase política que es insaciable en esta conducta delictiva de apoderarse de los dineros del erario que han pagado los contribuyentes de impuestos. Esto desmoraliza a quienes pagan impuestos porque hacen un grande esfuerzo para pagar tributos, pero saben que muy buena parte de ese dinero va a parar a los bolsillos de bandidos que portan escarapela de políticos.
La contaminación de la justicia
Antes de la Constitución de 1991 los magistrados de las altas Cortes eran elegidos por el sistema de cooptación, valga decir que la designación para cubrir vacantes se hacía mediante el voto de los magistrados de la respectiva Corte. Así las Cortes eran corporaciones muy respetables, conformadas por verdaderos juristas comprometidos únicamente con el acatamiento a la majestad de la Constitución y la ley.
Pues resulta que un grave error de la Constitución del 91 fue quitar la cooptación y convertir la elección de los magistrados en origen político, es decir por parte del Congreso de la República. Esta Constitución creó el Consejo Superior de la Judicatura cuyos miembros son elegidos por el Congreso, y a la vez tal Consejo Superior escoge los candidatos a magistrados de las altas Cortes para que luego sean elegidos por el Congreso. Al quedar estas decisiones en manos de la política, esto convirtió la existencia de una justicia decente y honrada, en un engendro de corrupción, como lo que se está viendo actualmente.
En un país donde hubiera justicia, tales magistrados corruptos debieran estar ya en la cárcel, pero es que para completar la escena, estos individuos quedaron blindados por la Constitución con el título de “aforados”, lo que significa que no hay instancia judicial seria que los juzgue, sino que supuestamente los juzga es el mismo Congreso de la República a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, órgano este que históricamente ha demostrado su absoluta incapacidad de acción como investigador y acusador, es decir que sirve para nada, o bueno, sirve para amparar la impunidad de los famosos aforados, pues en estas condiciones delinquen con la tranquilidad de que no les pasará nada porque saben que la justicia no existe para ellos.
Donde no hay justicia reina el caos de la perversión y la anarquía por falta de autoridad. Solo una Constituyente elegida popularmente, y sin constituyentes que sean políticos de profesión, sería la única forma de corregir los graves entuertos de la justicia en Colombia.
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