Ciertamente el mayor problema que tiene Colombia es el Cartel de la Tutela, que no sólo es la Corte Constitucional sino una vasta clientela que la rodea. La aspiración de esa gente es en realidad la misma que hay detrás de las pretensiones de los terroristas: un régimen teocrático en el que todo el poder se concentre en unas pocas manos, las de los supuestos sabios, y la sociedad esté sometida a sus caprichos.
En realidad esa institución nació de la Constitución del 91, en buena medida impuesta por el M-19, y la corte viene a ser la garantía de una versión de esa carta que instituye una especie de socialismo hechizo tras el que no hay NADA más que la vieja sociedad esclavista. ¿Tenemos derecho a la salud y a la educación? Algo por completo sagrado, según la corte. ¿Tienen acceso a la salud y educación los colombianos? Sí, ciertamente, más allá de lo que digan los contratos y de la racionalidad de los costes, LOS COLOMBIANOS QUE TIENEN PARIENTES MAGISTRADOS Y SE LAS ARREGLAN BIEN PRESENTANDO TUTELAS. Los niños del semáforo no tienen relación con esas importantes personas.
La relación entre los sueldos de estos sabios y los de los ciudadanos de a pie viene a ser unas diez veces más desigual que en un país civilizado. Pero eso sólo respecto a los sueldos, si se contaran todas las horas de trabajo y los años de la pensión, la relación de desigualdad sería 30 veces mayor (es decir, si un obrero estadounidense se gana unos 20.000 dólares al año, puede que un magistrado se gane 100.000; en Colombia un obrero no se llega a ganar 4 millones de pesos, pero un magistrado, sin contar sus negocios particulares, se gana mucho más de 200 millones, y si se cuenta que se pensionan bastante jóvenes y viven muchísimos años cobrando la pensión, y tampoco es que trabajen mucho, cada hora de un magistrado vendría a reportarle 150 veces lo que le reportaría una hora a un obrero).
La afinidad entre la teocracia realmente existente de la Corte Constitucional y la ideal de "Alfonso Cano" es más que retórica: el senador Carlos Gaviria, cabeza de la lista de Wilson Borja y Jaime Caycedo, fue presidente de la corte; el ex "defensor del pueblo" (!) Eduardo Cifuentes (no confundir con Luis Eduardo Cifuentes pese a la similitud de condición moral) también había sido magistrado... El poder de esa corte va mucho más allá del hecho de gobernar, cosa que implicaría cierta representación directa y cierta responsabilidad.
Eduardo Montealegre, ex magistrado ahora felizmente retirado, pensionado y dedicado a sus negocios privados (valga la cacofonía), declaró en una entrevista cuando era presidente de la corte que ésta se oponía tajantemente al proyecto de reforma de la justicia que pretendía someter a los jueces a dictar sentencias realizables: ¡SE PRETENDÍA CONVERTIR A LA CORTE EN CÓMPLICE DE LA INEFICIENCIA DEL ESTADO! Es que estamos en Colombia. No hay lugar del mundo donde el descaro de los inicuos llegue a ser tan asombroso. "¡Seamos realistas, pidamos lo imposible!" es el principio de estos filántropos, y lo imposible es aquello que los favorece en sus pensiones multimillonarias a costa de la miseria de la mayoría.
¿Por qué habría de ser realizable aumentar los sueldos de los empleados del Estado en tiempos de Pastrana, si en opinión de la corte era justo y probablemente aludía al derecho fundamental a la vida? Claro que el magistrado ponente de tan noble decreto se pensionó en seguida y se presentó como candidato a la vicepresidencia. Y entre tanto, PORQUE ES EL PRECIO DE TANTA GENEROSIDAD, nadie puede confiar en la justicia porque corre el riesgo de ser víctima de las peores iniquidades, la mayoría de los crímenes quedan impunes en buena medida porque los procesos llevan un ritmo peor que lento.
Para no extenderse más al respecto hay que señalar una cuestión más bien sencilla: SI NO SE CONSIGUE REFORMAR LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA, EL GOBIERNO TIENE QUE PENSAR EN CONVOCAR UNA NUEVA CONSTITUYENTE. A lo mejor hay una mayoría de ciudadanos que se sienten defendidos por el Cartel de la Tutela y eligen a unos delegados que implantan definitivamente la teocracia más paradisíaca. En tal caso, se estaría respetando la democracia.
Tal como ocurre ahora, se corre el riesgo de hacer inviable el país. ¿Y no habrá una larga lista de futuros embajadores, ministros, etc., de un paraíso socialista entre la ristra de magistrados que acompañaron al candidato Garzón en su aspiración a la alcaldía? En última instancia, el prodigio de Estado Social de Derecho que predica la corte sólo se podrá aplicar plenamente tras el triunfo de Jojoy y sus infantes.
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