Por @Ruiz_Senior
En una entrada reciente de este blog comenté "El totalitarismo del siglo XXI" como la persistencia del problema de la expansión del poder estatal bajo un ropaje distinto al de los socialismos del siglo XX. Un aspecto importantísimo que olvidé señalar es la tendencia a la tiranía judicial.
Es decir, si bien la expansión del poder estatal a partir de la Ilustración y las revoluciones burguesas ha ido acompañada de cierta democratización, en el sentido que "democracia" tiene en este blog, que es el régimen de libertades y legitimidad electoral de los gobiernos, que predomina en los países de mayor desarrollo económico y tecnológico, también ocurre que a partir de cierto punto ese poder se vuelve una amenaza para la democracia, pues quienes controlan el Estado tienden a someter a la sociedad. Los jueces, dada la autoridad que ostentan, tienden a cumplir muy bien ese papel.
Tenía toda la razón el magistrado Augusto Ibáñez cuando decía que el siglo XXI es el siglo de los jueces: en los países más diversos se detectan atropellos judiciales que sencillamente ponen en cuestión la democracia. Desde las sentencias estadounidenses que obligan a pagar fortunas gigantescas a alguna víctima de cualquier pequeña negligencia de una gran empresa hasta el reciente encarcelamiento en Italia de unos científicos porque no previeron correctamente un terremoto, se detecta un grupo humano que se erige en poder absoluto capaz de determinar cualquier cosa.
En una entrada reciente de este blog comenté "El totalitarismo del siglo XXI" como la persistencia del problema de la expansión del poder estatal bajo un ropaje distinto al de los socialismos del siglo XX. Un aspecto importantísimo que olvidé señalar es la tendencia a la tiranía judicial.
Es decir, si bien la expansión del poder estatal a partir de la Ilustración y las revoluciones burguesas ha ido acompañada de cierta democratización, en el sentido que "democracia" tiene en este blog, que es el régimen de libertades y legitimidad electoral de los gobiernos, que predomina en los países de mayor desarrollo económico y tecnológico, también ocurre que a partir de cierto punto ese poder se vuelve una amenaza para la democracia, pues quienes controlan el Estado tienden a someter a la sociedad. Los jueces, dada la autoridad que ostentan, tienden a cumplir muy bien ese papel.
Tenía toda la razón el magistrado Augusto Ibáñez cuando decía que el siglo XXI es el siglo de los jueces: en los países más diversos se detectan atropellos judiciales que sencillamente ponen en cuestión la democracia. Desde las sentencias estadounidenses que obligan a pagar fortunas gigantescas a alguna víctima de cualquier pequeña negligencia de una gran empresa hasta el reciente encarcelamiento en Italia de unos científicos porque no previeron correctamente un terremoto, se detecta un grupo humano que se erige en poder absoluto capaz de determinar cualquier cosa.
Muy expresiva resulta al respecto una respuesta del actual fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, cuando era presidente de la Corte Constitucional: cuando le preguntaron por una reforma judicial que promovía el entonces ministro Fernando Londoño, que imponía a los jueces que sus sentencias fueran realizables, el alto magistrado contestó "montealegremente" (adverbio que se debe entender como "reuniendo toda la desfachatez que todos los criminales del mundo juntos no podrían concentrar") ¡que ellos no iban a hacerse cómplices de la ineficiencia del Estado! Nótese la plena coincidencia con los jueces italianos, que ven a los científicos como esclavos forzados a dar resultados; aquí también los poderes elegidos resultan los sirvientes de los magistrados, a los que deben entregarles pleno cumplimiento de los derechos que se quieran inventar. Claro que este personaje es uno de los monstruos más infames que la fábrica de monstruos que es Colombia ha creado: Garavito, Tirofijo y Pablo Escobar resultan menos repulsivos que alguien que declara que el "derecho fundamental a la paz" está por encima del castigo de los crímenes contra la humanidad.
A favor de esa creciente tiranía obran elementos muy diversos, como la aceptación generalizada de la doctrina de los derechos de segunda generación, económicos y sociales, gracias a los cuales se establece que los demás deben pagarle a alguien su manutención y toda clase de servicios: basta con que aparezca un juez justiciero dispuesto a hacer valer esos "derechos" para que se vean todos los atropellos conocidos en Colombia gracias a la "acción de tutela".
Es frecuente que los jueces se enfrenten a los demás poderes del Estado: eso ocurre en la medida en que esos poderes defiendan de algún modo valores libertarios incómodos para los nuevos amos. Durante la década pasada fue frecuentísimo el enfrentamiento de las altas cortes contra el gobierno colombiano, pero en Venezuela se dio la sumisión absoluta. Casi se podría decir que la rebelión del poder judicial colombiano contra Uribe formaba parte de un mismo juego de sumisión a Chávez. En cuanto agentes de la expansión totalitaria, los expropiadores chavistas son perfectamente complementarios de los tejedores de retóricas que reinan en las instituciones judiciales en otros países de la región.
Finalmente debo señalar el otro elemento que favorece a la tiranía judicial, que es la capacidad de manipulación de los medios de comunicación: la envidia hacia la empresa próspera o la suposición de que es fácil prever los terremotos son tendencias para las que es fácil persuadir a mucha gente. Baste con pensar en los que creen que los automóviles que no necesitan gasolina están inventados pero que las petroleras no los dejan conocer. El linchamiento de cualquiera, como se vio con Andrés Felipe Arias, sólo necesita un Ministerio de la Verdad eficiente y un funcionario ansioso de ganar popularidad y movido hacia la tiranía por su propia condición.
Más motivos para pensar que el rumbo totalitario que tomó Santos, aconsejado por la astucia de tener de aliado a ese poderoso gremio, forma parte de una corriente general de estatismo, la mayor amenaza que tienen que afrontar en todo el mundo la libertad y la democracia.
Es frecuente que los jueces se enfrenten a los demás poderes del Estado: eso ocurre en la medida en que esos poderes defiendan de algún modo valores libertarios incómodos para los nuevos amos. Durante la década pasada fue frecuentísimo el enfrentamiento de las altas cortes contra el gobierno colombiano, pero en Venezuela se dio la sumisión absoluta. Casi se podría decir que la rebelión del poder judicial colombiano contra Uribe formaba parte de un mismo juego de sumisión a Chávez. En cuanto agentes de la expansión totalitaria, los expropiadores chavistas son perfectamente complementarios de los tejedores de retóricas que reinan en las instituciones judiciales en otros países de la región.
Finalmente debo señalar el otro elemento que favorece a la tiranía judicial, que es la capacidad de manipulación de los medios de comunicación: la envidia hacia la empresa próspera o la suposición de que es fácil prever los terremotos son tendencias para las que es fácil persuadir a mucha gente. Baste con pensar en los que creen que los automóviles que no necesitan gasolina están inventados pero que las petroleras no los dejan conocer. El linchamiento de cualquiera, como se vio con Andrés Felipe Arias, sólo necesita un Ministerio de la Verdad eficiente y un funcionario ansioso de ganar popularidad y movido hacia la tiranía por su propia condición.
Más motivos para pensar que el rumbo totalitario que tomó Santos, aconsejado por la astucia de tener de aliado a ese poderoso gremio, forma parte de una corriente general de estatismo, la mayor amenaza que tienen que afrontar en todo el mundo la libertad y la democracia.
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