Statu quo

Por @Ruiz_Senior

Esta expresión la popularizaron los revolucionarios para aludir al "orden establecido" que pretendían derrocar, algo que a oídos de la mayoría de los colombianos suena siempre grato, porque es fácil darse cuenta de que casi siempre se está entre la mayoría sufrida y no entre los pocos privilegiados. La revolución alude así a su sentido físico más elemental: a lo mejor sacudiendo las cosas se resulta entre los privilegiados. En cierta medida, esa opinión proviene también de la realidad social del país: los poderosos no lo son por ningún mérito, ni siquiera por ningún mérito de sus antepasados que no fuera parasitar a los demás.

Si se comparara a los colombianos, y en general a los hispanoamericanos, con los demás habitantes del planeta, resultarían unos grandes privilegiados. Uno piensa ¿qué aportes han hecho los hispanoamericanos al conocimiento, a la técnica o al arte?, y comparados casi con cualquier otro grupo humano el cálculo sería bastante próximo a cero. Pero si se piensa en los que han sufrido los pueblos en la historia a manos de imperios opresores, en las hambrunas atroces y en los regímenes monstruosos, los hispanoamericanos resultarían los que más suaves condiciones han experimentado, al menos desde el asentamiento de los españoles. Eso llega a tal punto que nadie concibe una hambruna y tranquilamente llaman "hambre" a la mala alimentación.

Lo gracioso es que desde hace décadas las organizaciones guerrilleras se esfuerzan por imponer un régimen de partido único como el que impera en Cuba, apoyadas por amplios sectores de las clases acomodadas urbanas, y esa situación, con su precio de sangre cotidiano e irremediable, ya es el verdadero statu quo que impera en Colombia.

La Constitución de 1991 se consideró el logro de la paz con algunas organizaciones comunistas, a la que se resistieron otras, toda vez que no estaban derrotadas y siempre tendrían la posibilidad de negociar. El acceso de los totalitarios al poder, sumado a la putrefacción de los partidos tradicionales, hizo que la paz alcanzada entonces al coste de grandes concesiones se entendiera como el primer plazo de la rendición total del país al comunismo. Desde el poder, los antiguos terroristas legalizados se han dedicado a proteger la actividad de las otras bandas, como todo el mundo ha podido comprobar.

Es famoso que según Bismarck "Con las leyes pasa como con las salchichas, mejor no ver cómo se hacen". La componenda que dio lugar a la Constitución de 1991 tuvo que ser un forcejeo en el que los asesinos del M-19 intentaban asegurarse parcelas del poder mientras que los ladrones del bipartidismo intentaban conservar alguna fuente de rentas. El texto que resultó es el que buscaban los totalitarios (los otros sólo estaban pensando en sus negocios particulares), que a su vez se las arreglaron para controlar el poder judicial, cosa que no tiene tanto misterio si se piensa en la suma de los recursos fabulosos del secuestro y la cocaína, además del apoyo de los grupos económicos que también esperaban, acertadamente, llenar sus arcas gracias a la multiplicación del gasto público.

De tal modo, la mayoría de las disposiciones de ese engendro promovido por Pablo Escobar corresponden al interés de los terroristas por seguir buscando el poder por la fuerza. Por eso la infinidad de menciones al "delito político", por no hablar de, por ejemplo, el parágrafo 17 del artículo 150, que prevé que el Estado indemnice a las víctimas de los terroristas después de dejarlos impunes:

[El Congreso podrá...] 17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Del mismo orden es el "derecho fundamental a la paz", que parece cualquier floritura pero es la licencia para matar.

Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Claro, cada persona tiene derecho a que la dejen en paz y el deber de dejar en paz a los demás. Por eso merecen castigo quienes salen a matar gente para hacerse ministros (en realidad para hacer ministros a quienes los adoctrinan y apertrechan, y en realidad para asegurarles los ministerios y el control a los que lo han tenido siempre). Pero, qué curioso, esa disposición le permite al Fiscal General de la Nación declarar que 

... el derecho fundamental a la paz está por encima de cualquier consideración, incluso sobre la obligación que tienen todos los países de castigar con cárcel los crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Es decir, "el derecho fundamental a la paz" se invoca para impedir el castigo de quienes violan ese derecho de los demás, y una autoridad judicial de primer orden se hace agente de la intimidación terrorista sin que a nadie le incomode. Es muy importante tener en cuenta eso, porque la ideología colombiana fuerza siempre una extraña inocencia forzosa: todo ocurre por obra de los demás, nadie tiene ningún deber y si José Obdulio Gaviria hablaba en términos solícitos del nuevo fiscal, y obviamente como TODOS los uribistas calla ante perlas como ésa, no va a tener sentido reclamarle nada.

Esa misma disposición constitucional la invoca Antanas Mockus para hacerse asesor de los terroristas: ese sagrado derecho no lo mueve, ni a nadie, a exigir a los terroristas que desistan de matar gente para imponer sus proyectos y ascender socialmente, sino para exigir a los demás que los premien. Cosa en la que, sin la menor vacilación, lo apoyan todos los que se declaraban sus seguidores en la década pasada, que obviamente no son niños pequeños y no van a reconocer que desde entonces se han estado lucrando de los crímenes terroristas.

Ya en una ocasión comenté otros rasgos geniales de esa constitución. Lo interesante ahora es por una parte recordar la situación vigente, en la que el orden legal sencillamente legitima el asesinato y fuerza el premio de los crímenes cometidos por los socios del M-19 (las FARC y el ELN eran las secciones colombianas del Foro de Sao Paulo, junto con el Partido Comunista y la banda de Petro, hasta que convino ocultarlas, tras el Caguán y la guerra contra el terrorismo de Bush).

Ese statu quo no se vio alterado por los ocho años de Uribe: ni al expresidente ni a ninguno de sus seguidores le pareció nunca importante alterar el fundamento legal de la nación. Lo verdaderamente importante era asegurarse el puesto, que es lo que hace que la inmensa mayoría de los defensores de la segunda reelección de Uribe, empezando por Juan Manuel Santos, hoy sean más o menos abiertamente aliados de las FARC. Tampoco ahora les interesa a los ubiristas tocar la sagrada ley fundamental, sólo la rentabilización del carisma del expresidente para cualquier componenda con los personajes más increíbles. Yo estoy casi seguro de que terminarán apoyando a Sigifredo López para alguna elección.

Y no obstante, la posibilidad de una Constituyente asusta a los terroristas. En una entrevista reciente Antonio Navarro Wolff lo registraba. Cuando le preguntan si el proceso de paz podría terminar con una Constituyente, dice:

La Constitución que tenemos es buena, moderna y equilibrada para darle espacio a un proceso de paz. Puede haber algunas reformas necesarias, pero yo no soy amigo de una constituyente. Es más, estoy convencido de que hacerlo sería abrir una caja de Pandora, puede llegar un retroceso de las ganancias democráticas de la Constitución de 1991. Estamos hablando de los sectores radicales. Ustedes y el país conocen bien quienes son los que pueden pescar en ese río revuelto.

No debería preocuparse. Realmente el statu quo que impusieron en 1991, en el que abolieron la democracia para sostener el viejo orden de castas (baste pensar en la diferencia de ingreso entre los empleados estatales, muchos de los cuales se siguen pensionando antes de cumplir cincuenta años, y las mayorías), y el único matiz proviene de sectores turbios, a medias leales al MOIR y a medias retrógrados ultramontanos que no dudan en añorar a Pinochet, que al mismo tiempo están dispuestos a cualquier componenda con cualquiera que les permita volver a sentarse en los puestos del poder, y cada vez más sólo soñar con eso.

La democracia tendrá que esperar a otra generación, y aun es improbable: de no ser por la expansión de la minería en la década pasada, Colombia podría estar acercándose al nivel de Zimbabue. Gracias a la perpetua guerra, protegida por la constitución que nadie quiere cambiar, eso seguirá por muchas décadas.