19 mar. 2013

Dádivas en nombre de la paz

Por Jaime Castro Ramírez

La paz es un estado de ánimo tranquilo consagrado en un derecho de los ciudadanos. A partir de este predicado que expresa un atributo representado en esa condición que le corresponde al ser humano, pareciera entonces un contrasentido tener que incursionar en terrenos adversos al reconocimiento de tal derecho, y por parte de humanos; pero más aún cuando el desarrollo del tema se plantea en escenarios con interlocutores que acuden a condicionar tal reconocimiento por medio de exigentes y onerosas dádivas políticas, económicas, y judiciales, que obviamente inciden en el ánimo colectivo de la sociedad que debe afrontar las consecuencias éticas, morales, institucionales, y de cualquier otra índole, generadas como producto de las concesiones otorgadas.

Caso de la paz en Colombia
La ‘negociación’ de la paz que el gobierno está adelantando, pero además en secreto absoluto para los colombianos, lo cual riñe con el principio democrático de informar al pueblo por parte del gobernante sobre las acciones de gobierno, parece encaminada a hipotecar gran parte del país y su democracia a favor de los interlocutores del gobierno, que son las FARC.

En lo poco que se conoce y que generalmente se filtra a través del micrófono de las FARC, se dice que algunas de las exigencias planteadas al gobierno consisten en las siguientes concesiones:

1- Entregarles regaladas a las FARC 15 curules en el congreso de la república, lo cual significaría tener que reformar la Constitución Nacional para agregar una o varias circunscripciones especiales (nacionales o departamentales), según se trate de curules en el senado o en la cámara respectivamente. Actualmente las curules en el senado son 102 y en la cámara de representantes 166. Es obvio que piden las curules regaladas y que no se someten a hacer campaña política para hacerse elegir por la sencilla razón de que los colombianos no los elegirán. Pero por otra parte, es fácil entender cuál será la tendencia de la misión que desempeñarán como ‘legisladores’…

2- Se pide por solicitud de las FARC anular las sanciones a Piedad Córdoba, lo que implica restablecerle la curul en el Senado y levantarle la sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación de no poder ser elegida a cargos de elección popular durante 18 años. Hay que reiterar: ¿Dónde quedaría la potestad de la autoridad y de la justicia si el gobierno accede a semejante desafío? Esto lo están presionando las FARC desde Cuba en una acción colateral al proceso de paz para que el Consejo de Estado falle en consecuencia, desde luego con la aquiescencia del gobierno.

3 – En cuanto al tema agrario, se habla de que la petición de las FARC es en el sentido de que les entreguen (les legalicen) 9 millones de hectáreas a través de la figura que han llamado “redistribución” y restitución de la tierra a ‘campesinos’. La restitución debiera consistir era en devolverle la tierra que ellos (las FARC) le han usurpado a los campesinos.

4- Terminación de procesos judiciales, valga decir, concederle impunidad total a las FARC. No se habla entonces de: verdad, ni justicia, ni reparación; lo que significa que el actor principal en la escena, que son las víctimas, no se tendrán en cuenta y por lo tanto serán ignoradas. Sería un muy grave error histórico social.

Bueno, el único responsable de del ‘perfil’ de la paz en Colombia es el presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón. La realidad diría que si estos temas se materializan en las condiciones expuestas, la esencia de la paz no se habrá logrado.

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