16 mar. 2013

No hay desaparecidos

(Como complemento al artículo "El precio de la paz" reproducimos esta declaración del brigadier general Jaime Ruiz Barrera, de la Asociación Colombiana de Oficiales en Reserva de las Fuerzas Armadas.)

MASACRE PALACIO DE JUSTICIA:……… ………………….. ¡No hay desaparecidos!

. Aparecieron diecisiete cuerpos calcinados entre los cuales podrían encontrarse a quienes se señalan como presuntos desaparecidos.

. No existen pruebas validas que confirmen las supuestas desapariciones.

. El M-19, único responsable de esta acción terrorista, fue indultado por el Estado colombiano.

. El proceso legal que se ha venido adelantando con ocasión de estos hechos, no ha permitido hasta el momento esclarecer totalmente lo ocurrido.

. No existe verdad judicial de carácter penal definitiva.

. Lo que se persigue es buscar una fuerte condena económica cuyo escandaloso monto podría ser del orden de los cinco millones quinientos mil dólares.

Casi veintiocho años después de la masacre perpetrada por el M-19 en el Palacio de Justicia, no hay evidencia alguna ni prueba contundente sobre posibles personas que hubieran resultado desaparecidas, como consecuencia de las operaciones militares desarrolladas para recuperar estas instalaciones y rescatar a las víctimas.

Lo único realmente comprobado hasta el momento, es la existencia de diecisiete cuerpos totalmente calcinados, que fueron encontrados en el interior del edificio y cuya identificación fue imposible realizar.

Este hecho permite concluir, que los supuestos desaparecidos podrían encontrarse entre estas personas que resultaron afectadas como consecuencia del incendio que provocó la organización terrorista, poco después de atacar y ocupar las instalaciones del Palacio.

En el año 1998, según la Fiscalía General de la Nación, se exhumaron varios cuerpos en el Cementerio Central y las pruebas de ADN que les fueron practicadas, tampoco permitieron establecer la identidad de los once supuestos desaparecidos. Sobre estos “desaparecidos”, se quiere hacer responsable al Ejercito Nacional, que defendió legal y constitucionalmente las instituciones democráticas. El M-19, único responsable de esta acción terrorista, fue indultado por el Estado colombiano.

El Tribunal Superior de Bogotá, en reciente sentencia relacionada con el caso, insiste en la desaparición de la terrorista Irma Franco y de otro posible militante del M-19 de nombre Cesar o Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la Cafetería del lugar. Excluye nueve de los que también han sido señalados como presuntos desaparecidos, por no existir pruebas suficientes que confirmen esta afirmación.

El proceso legal que se ha venido adelantando con ocasión de estos hechos, no ha permitido hasta el momento esclarecer totalmente lo ocurrido. Los verdaderos responsables, miembros de la organización terrorista M-19, inexplicablemente gozan de plena libertad.

La Justicia colombiana, basándose en falsas y dudosas pruebas de carácter testimonial, ha producido hasta el momento diferentes sentencias en cuatro procesos penales sobre los mismos hechos. En el momento actual, además de ser totalmente contradictorias, no se encuentran en firme y carecen del acervo probatorio requerido.

Consecuente con todo lo anterior, la defensa entablada por el Estado colombiano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, sustentada por el abogado internacionalista Rafael Nieto Loaiza, en la cual se establece que no hay desaparecidos, tiene plena validez jurídica. El mismo Tribunal Superior de Bogotá, tal como ya se dijo, descalifica a nueve de los que han sido señalados. Los otros dos también carecen de pruebas creíbles y suficientes que puedan demostrarlo.

En estas circunstancias, y ante la poca claridad y no definición de estos hechos por parte del sistema judicial colombiano, se confirma plenamente la tesis esgrimida por la defensa:….. ¡No hay desaparecidos!

Al no probarse la existencia de desaparecidos, el Estado colombiano no tiene ninguna responsabilidad penal por estos hechos. No hay verdad judicial de carácter penal definitiva.

Por otra parte es importante destacar que la Corte Internacional de Derechos Humanos, en concordancia con los tratados establecidos y la normatividad vigente, no tiene competencia para juzgar al Estado por infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sino únicamente cuando se trate de violaciones a los derechos humanos.

Para muchos estudiosos de este tema, lo que se persigue es buscar a toda costa una fuerte condena económica al Estado colombiano, cuyo escandaloso monto, podría ser del orden de los cinco millones quinientos mil dólares, tasados a razón de quinientos mil dólares por cada presunto desaparecido.

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