11 feb. 2014

Incoherencia de gobierno

Por Jaime Castro Ramírez

El poder en una democracia, otorgado por el pueblo, requiere para su eficaz desarrollo factores esenciales que tienen que ser observados por el gobernante para cumplir sus deberes que ha jurado como compromisos con la Constitución de la república, y con la patria. Una condición de tal naturaleza es la ‘coherencia’ en el ejercicio del poder, pues el pueblo requiere políticas claras que conserven un lineamiento transparente y sin ambages que conllevan a contradicciones. Un gobierno que se contradice en sus acciones genera grande preocupación y desconfianza en la sociedad que le ha conferido el poder. Y por supuesto que genera la percepción de estar mal gobernados.

El gobierno de Colombia
Son recurrentes los hechos en que durante el gobierno del presidente Santos se han observado patinadas en sus actuaciones, pero en febrero de 2014 ocurrió quizás la más compleja en cuanto que en cierta forma compromete la institucionalidad del ejército de Colombia, debilitando la importancia de su misión militar que esencialmente es la de prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad del Estado, el estatus de la democracia, y la integridad de la sociedad, todo esto en base a la inteligencia. Todos los ejércitos del mundo, y desde siempre, han tenido dentro de sus estrategias militares una muy importante, esencial para el desarrollo operativo eficaz de su actividad, y es específicamente la denominada ‘inteligencia militar’.

Se presentó una especie de asocio, entre el Fiscal General de la Nación que decidió autorizar el allanamiento en una forma de asalto arbitrario a la sede de inteligencia del ejército nacional, de la cual se llevaron los computadores que contienen la base de datos de las investigaciones de inteligencia del ejército, lo que de hecho se entiende que son archivos secretos sobre la seguridad del Estado; y el presidente de la república que en primera instancia salió a avalar la actuación improcedente de la Fiscalía, pues no solo tuvo una actitud de valor acusatorio insinuando la condición de chuzadores a los miembros de la inteligencia (antes de investigar), sino que de inmediato procedió a retirar de sus cargos a dos Generales del ejército que dirigían esa actividad investigativa de inteligencia.

Dentro de la estrategia legal de los organismos de inteligencia de cualquier parte del mundo está el mecanismo de interceptar comunicaciones para detectar acciones que puedan perjudicar la soberanía y la integridad del Estado.

¿En dónde se desnaturaliza la institucionalidad? Pues justamente al permitir que la fiscalía viole el secreto institucional de la inteligencia militar al tener acceso a esos computadores. Y lo que puede ser más grave: sin saber dónde podrá ir a parar esa información (¿quizás a manos de los enemigos de la democracia?) cuyo efecto puede ser muy perjudicial en materia de seguridad para el Estado de derecho y sus instituciones. Ha ocurrido una circunstancia malévola para la seguridad nacional, que consiste en minar la acción de la inteligencia militar, lo cual se supone que solo podría suceder en una república bananera.

¿Dónde está la incoherencia del gobierno? Cuando el presidente de la república, en el primer momento amenaza con sancionar severamente, y acto seguido vota a dos Generales; pero al día siguiente sale a decir en los medios de comunicación que la actividad que se desarrollaba en ese centro de inteligencia era completamente legal. Aunque ya el daño estaba hecho a la credibilidad en la institución castrense y a los Generales que retiró de sus cargos sin fórmula de juicio, con el agravante de que los medios publicaron sus nombres al igual que sus fotografías, y agregando que eran Oficiales que habían participado en operaciones militares contra las FARC, como la operación Jaque, poniéndoles en riesgo su seguridad personal. Es grave que un jefe de Estado incurra en este tipo de contradicciones que desde luego afectan la institucionalidad, y afectan la imagen y el desempeño del gobierno. Este episodio de que la fiscalía allana la inteligencia militar y el presidente de la república vota Generales, puede concluir en un hecho que seguramente satisface a las FARC.

¿Maniobra de política sucia?
Es sorprendente para la ciudadanía el giro que en materia política quisieron darle al tema de lo ocurrido con la central de inteligencia militar, pues de inmediato el mismo presidente de la república utilizó expresiones que insinuaban duda sobre una posible culpabilidad de alguien, por ejemplo diciendo “quién puede estar tras de esto”, lo cual seguramente sirvió de base para que políticos del partido de la “U” y de la izquierda salieran a lanzar acusaciones señalando al expresidente Uribe. Nada más traído de los cabellos de los acusadores sin pruebas, pues según lo ordena la Constitución, el jefe supremo de las fuerzas militares es el presidente de la república, de tal manera que a Santos era que le correspondía asumir la responsabilidad política del supuesto hecho irregular, y no a un expresidente que nada tiene que ver con mando en la fuerza pública.

Esta puede haber sido una salida política en falso que les puede causar serios problemas en las urnas a quienes la intentaron como propaganda sucia, es decir, que les aplicaría lo del dicho popular: “fueron por lana y pueden salir trasquilados” porque el pueblo tiene capacidad de análisis.

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