5 may. 2014

Justicia selectiva

Por @AdasOz

Si los bogotanos alguna vez pensaron que la ciudad donde viven no podía caer más bajo que cuando estuvo administrada por Samuel Moreno, se equivocaron. A partir de octubre de 2010 Bogotá cayó en una suerte de arena movediza de la que le está quedando grande salir porque se ve solitaria pidiendo a gritos ayuda, elevando y agitando sus brazos en vano porque al parecer está a merced de nadie.

La elección de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá la sentenció y la condenó a padecer la incertidumbre y la zozobra por pretender “administrar” la ciudad basándose en la misma estrategia mediocre que usaba cuando era congresista: la polémica. Pero es que ninguna ciudad, y menos una tan grande y con problemas tan complejos por resolver como nuestra capital, resiste su estilo populachero y demagógico de “gestión”.

Petro terminó de convertir a Bogotá en un penoso lugar en el que reinan la ausencia casi total y absoluta de la ley y el orden. Y justo cuando el procurador Ordóñez quiso poner algo de orden haciendo buen uso de la ley al destituirlo e inhabilitarlo políticamente con una sentencia bien estudiada, el alcalde elaboró con agilidad y marrulla toda una teatral tramoya para impedir que la orden del Ministerio Público fuera efectiva.

Si entendemos al poder judicial como un brazo jurídico de quien es lo suficientemente poderoso y corrupto para comprarlo y ordenarle impartir justicia a su acomodo o del de un grupo político, entonces se convertirá en una fuente de abusos que servirá únicamente para blindar corruptos y terroristas como Gustavo Petro.

Así, pues, el alcalde destituido e inhabilitado pretende blindarse con las medidas cautelares dictadas por la CIDH manipulando la ley a su acomodo con el único fin de continuar delinquiendo impunemente desde altos cargos del poder, al mismo tiempo que vulnera nuestros derechos ciudadanos. Este megalómano empedernido ha impuesto en la ciudad, amparándose en un grupúsculo de magistrados corruptos que imparten justicia selectivamente, la ley del caos y de la anarquía.

El peligro que esta justicia selectiva supone para la sociedad colombiana es que muchos de los funcionarios públicos que ha destituido el Procurador, si bien lo quisieran, podrían interponer algún recurso parecido al que ha usado Petro con el fin de ser restituidos en sus cargos, pero entonces es ahí donde la justicia deja de existir.

La capital padece las consecuencias de esta justicia selectiva. La inseguridad aumenta día tras día, la suciedad de los andenes y las calles es cada vez más prolífica, las calles siguen rotas, el Transmilenio y el SITP colapsan, la invasión de carriles en la mayoría de las vías, sean de alto o bajo flujo vehicular, ya es descarada, los servicios públicos por las nubes al tiempo que su calidad empeora, y así, podría enumerar un sinfín de problemas producto de la falta de autoridad, del vaivén administrativo al que nos han sometido, tal como bien se menciona en este artículo de El Tiempo, mientras que nuestros impuestos se malgastan en promover la irracional estadía de Petro el narcisista en la Alcaldía de Bogotá.

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